El comiso de bienes por parte de la SUNAT es una sanción que tiene efectos económicos al privar a un sujeto de un bien que le genera ingresos. Si bien existe en nuestro ordenamiento jurídico sustento para efectuar dicha sanción, lo que se busca a través de este trabajo es procurar hallar una solución ante las advertidas irregularidades cometidas por la Administración Tributaria ya que se evidencia la emisión de documentos por parte del Fedatario Fiscalizador que al parecer pretenden “corregir” las actas probatorias, con posterioridad a su emisión; evidenciándose así que sobre él recae la conducta atípica de redactar documentos sin amparo legal a fin de subsanar, a nuestro entender, un error no advertido durante la intervención. Este último punto, respecto a aquellos actos que emite el Fedatario Fiscalizador durante la intervención al sujeto y como consecuencia el comiso de bienes, resulta ser la interrogante del presente trabajo de investigación; dado el deber de la SUNAT de respetar el principio de legalidad, se ha advertido que la Administración Tributaria emite otros documentos (entiéndase no llamadas actas probatorias), no reguladas en ninguna norma, a través de las cuales sustenta la emisión de sus actos administrativos durante un procedimiento de acreditación de la propiedad y/o posesión de bienes comisados. Lo apropiado resulta ser que se adecúe el Reglamento del Fedatario Fiscalizador procurando delimitar que las actas probatorias son los únicos documentos que permitirán dar inicio al procedimiento de acreditación, mas no otros documentos emitidos con posterioridad.

El propósito de la investigación es comprender lo que se busca con políticas de gestión de conocimiento en la administración pública peruana, tema poco investigado. En particular, se documenta cómo la gestión de conocimiento, como discurso y práctica, fue incorporada en la agenda y diseño de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el período 2011 - 2016. La gestión de conocimiento, como forma de gestión, busca mejorar la productividad organizacional, y sus estrategias de trabajo pueden involucrar el aprovechamiento del conocimiento del personal, la habilitación de espacios para la generación de ideas o la introducción de sistemas de información que incorporen el llamado “conocimiento tácito” de los expertos de una organización. A través de un estudio de caso, la presente investigación describe las expectativas de quienes diseñaron la referida Política al introducir el concepto de gestión del conocimiento como parte de los lineamientos. Además, se analizan los avances en la implementación de los instrumentos de gestión relacionados. Como principales conclusiones, se reconoce la introducción de la gestión del conocimiento como una idea novedosa en el desarrollo de un marco orientado a resultados que permita mejorar la gestión de instituciones públicas peruanas. Sin embargo, no existió una implementación concreta para la disponibilidad de herramientas y protocolos, a fin de introducir la gestión de conocimiento en la operación directa de las entidades públicas.

INDECOPI se ha pronunciado en diferentes resoluciones tales como N° 0703-2017/SDC, 116- 2018/SEL, 117-2018/SEL, 0368-2019/SEL, 0597-2021/SEL, entre otras, mediante las cuales ha resuelto determinar como barrera burocrática tanto los requisitos exigidos para la colegiación como el cobro por la colegiatura. En ese sentido, la presente investigación versa sobre la legitimidad que tiene INDECOPI de fiscalizar las actuaciones de los Colegios Profesionales, respecto a la prevención y eliminación de barreras burocráticas ilegales o irracionales al momento de colegiar a los profesionales, ya que el Decreto Legislativo N° 1256 en el artículo 2 señala que dicha norma es aplicable a las entidades de la Administración Pública. Por ello, el primero objetivo ha sido determinar la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales y si son entidades de la Administración Pública. Asimismo, como segundo objetivo se analizó si los Colegios Profesionales están comprendidos como entidades de la Administración Pública en el inciso 6 u 8 del Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por último, se ha determinado si los requisitos de colegiación y cobro son considerados como barreras burocráticas. Al respecto, se ha concluido que los Colegios Profesionales poseen una naturaleza jurídica privado – pública, sui generis, lo cual implica que no son consideradas Administración Públicas en sentido estricto. Ahora bien, la naturaleza pública de los Colegios Profesionales se sustenta en el ejercicio de la función pública, el cual se ejerce cuando se procede a colegiar a los profesionales, ya que ello implica una modificación en la situación jurídica de la persona, pues les habilita ejercer su profesión bajo la comprobación de los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico.

El objetivo del presente estudio es: Determinar si la facultad discrecional de la Policía Nacional del Perú en la decisión de cambios generales vulnera los principios de motivación de resoluciones y predictibilidad. La justificación, se destaca en que, ante la facultad discrecional, para que la administración pueda tomar decisiones en función a la oportunidad, la norma faculta a la administración pública otorgándole un margen para que pueda tomar dichas decisiones. Entre los principios que componen la buena administración, que no solo es un principio, sino que es un derecho, que otorga un rango distintivo del deber de toda autoridad de motivar sus decisiones y demostrar y acreditar que dichas decisiones, han sido adoptadas en forma objetiva y congruente con la finalidad de interés público. En la esfera metodológica, se utilizó el enfoque cualitativo, asimismo la técnica utilizada, fue el análisis de la información, que se inició con la recopilación y lectura del material relevante del objeto de la investigación para concluir con su interpretación. La conclusión principal, consiste en que se puede afirmar que los cambios o modificaciones que se han realizado en la esfera de la Policía Nacional del Perú, respecto a las asignaciones de los Oficiales PNP, que se realizan de manera anual, no se viene realizando acorde al Principio de la Buena Administración, ni al cumplimiento de los Principios de Motivación de las Resoluciones y el Principio de Predictibilidad, por ello muchas veces, en los nuevos cambios generales, los profesionales asignados no son los más idóneos, no se tiene en cuenta la meritocracia, incumpliéndose lo precisado en el artículo 166 de la Constitución Política, como es la garantía del orden interno. / The objective of this study is: To determine if the discretionary power of the National Police of Peru in the decision of general changes violates the principles of motivation of resolutions and predictability. The justification stands out in that, given the discretionary power, so that the administration can make decisions based on opportunity, the rule empowers the public administration by granting it a margin so that it can make such decisions. Among the principles that make up good administration, which is not only a principle, but also a right, which grants a distinctive range of the duty of all authorities to motivate their decisions and demonstrate and prove that said decisions have been adopted objectively. and consistent with the purpose of public interest. In the methodological sphere, the qualitative approach was used, likewise the technique used was the analysis of the information, which began with the collection and reading of the relevant material of the object of the investigation to conclude with its interpretation. The main conclusion is that it can be affirmed that the changes or modifications that have been made in the sphere of the National Police of Peru, regarding the assignments of the PNP Officers, which are made annually, have not been carried out according to the Principle of Good Administration, nor to compliance with the Principles of Motivation of Resolutions and the Principle of Predictability, for this reason many times, in the new general changes, the professionals assigned are not the most suitable, the meritocracy, failing to comply with the provisions of article 166 of the Political Constitution, such as the guarantee of internal order.

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar las reformas legislativas planteadas por el Proyecto de Ley Nº 4407-2018-CR, Proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos administrativos, presentado por un grupo de congresistas miembros de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República el pasado 30 de mayo de 2019. Al respecto, el Proyecto de Ley antes mencionado sugiere dos modificaciones normativas al artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, referido a la inaplicación con efectos generales: (i) la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas declaradas ilegales y contenidas en actuaciones materiales y (ii) la extensión del mandato de inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales materializadas en disposiciones administrativas a todas las entidades de la Administración Pública a nivel nacional. Sobre el particular, luego de un análisis profundo de las mismas, coincidimos con la primera de las reformas toda vez que existen tipos de actuaciones materiales que producen efectos jurídicos generales y que, en consecuencia, pueden ser inaplicadas con efectos generales mientras que, respecto de la segunda reforma, consideramos que la ampliación no debe postularse para el universo de entidades sino tan solo para las municipalidades ya que son éstas las que motivaron la presentación del Proyecto de Ley.

El presente informe gira en torno a una controversia jurídica originada por el precedente vinculante que se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Caso Salazar Yarlenque. En aquel precedente vinculante, se legitimó la posibilidad de que los órganos administrativos que reparten justicia puedan inaplicar normas infraconstitucionales que se manifiesten como incongruentes con relación a valores garantizados constitucionalmente y que reflejan el ordenamiento jurídico dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho. No obstante, pasado varios años, otra sentencia del sumo interprete constitucional decide dejar sin efecto el precedente vinculante materia de esta controversia, en tanto arguye que se ha distorsionado la interpretación del alcance de las funciones jurisdiccionales en el Estado según el cual esta función correspondería exclusivamente al Poder Judicial y sus órganos adscritos. En ese sentido, este trabajo de suficiencia profesional profundiza en la discusión constitucional respecto de los límites y alcances de las funciones jurisdiccionales de la administración pública como una de las entidades clave para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. En consecuencia, se analizará la validez de la aplicación del control difuso, como herramienta jurídica legitimada por el artículo N.º 138 de la Constitución, por parte de los órganos administrativos que reparten justicia para decidir por la inaplicación de normas jurídicas que, aunque sean lícitas, representen un elemento potencialmente perjudicial para el interés general y la defensa de los derechos fundamentales de los administrados. / In this article, a legal controversy arises regarding the binding precedent established by the ruling of the Constitutional Court in the context of the Salazar Yarlenque case. In the above-mentioned binding precedent, it was legitimized the possibility that the administrative agencies that impart justice can disregard infra-constitutional rules that are contradictory to the principles and values constitutionally guaranteed and that define legal system under a Social and Democratic State of Law. Nonetheless, many years later, a different ruling of the Constitutional Court decided to overturn the binding precedent that is subject of this controversial case, as it argued that the interpretation of the scope of the jurisdictional functions in the government has been misinterpreted, whereby these powers would exclusively concern Judiciary Branch and its associated institutions. In that regard, this article of professional sufficiency deepens in the constitutional discussion regarding the boundaries and scope of the jurisdictional functions of public administration as one of the key entities for the proper functioning of the state administration apparatus. Consequently, this paper will analyze the legitimacy of the application of diffuse control, as a legal tool authorized by article 138 of the Constitution, for administrative institutions that administer justice in order to rule on the inapplication of legal norms that, regardless of being lawful, represent a potentially harmful component to general interest and to the protection of fundamental rights of those who are subject to the administration.

La presente investigación tiene por objeto proponer la modificación del artículo 11.2 del Decreto Supremo 007-2018 que aprueba el Reglamento Interno de los Centros de Atención Integral al Adulto Mayor para la incorporación de la mesa de diálogo como mecanismo de participación en la creación del Reglamento Interno de los Centros de Atención Integral al Adulto Mayor. Para ello fue necesario analizar la protección del adulto mayor a nivel internacional como nacional, así como desarrollar el contenido del principal instrumento de participación ciudadana en la gestión pública que es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y contrastarla con la Ley N° 26300, norma que regula los mecanismos de participación y control ciudadano, todo ello teniendo en cuenta los enfoques del propio derecho de participación. Todo ello a través del método analítico y análisis documental, el mismo que permitió arribar a la conclusión de que la efectivización del derecho de participación de las personas mayores requiere enfocarse desde el ámbito de participación ciudadana, es por eso que el mecanismo más adecuado para ello, es la mesa de diálogo.

El control de convencionalidad desde su creación jurisprudencial, desde el año 2006 (en caso Almonacid Arellano vs Chile), ha establecido un tipo de mecanismo de control entre las normas internas de cada Estado y la Convención Americana de derechos humanos. Es en el caso, que las primeras contravengan a las segundas. Si bien este mecanismo de control fue desde un inicio para los jueces de los Estados parte, sin embargo, esto ha evolucionado a la fecha, llegando a ampliarse a otros operadores de justicia, incluso a los de la administración pública, conforme lo establece la sentencia de fondo y Sentencia de cumplimiento de la Corte IDH. “Gelmán y otros vs Uruguay”, donde establece que no solo es una facultad para los jueces, operadores de justicia el control de convencional, sino también, para la autoridad pública en función de su tarea encomendada por el Estado, debiendo de primar este tipo de control a fin de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana. Por lo tanto, el presente trabajo tiene por la finalidad de identificar de qué manera se aplicaría o se realizaría la labor interpretativa de este tipo de control por parte de la autoridad, a raíz de esta sentencia, si es posible o no; y, como sería el procedimiento a seguir para una correcta aplicación e interpretación de la Convención por parte de la autoridad ante una norma interna que restringe o limita derechos humanos establecidos en la CADH. Además, se pretende establecer el mecanismo correcto para la aplicación e interpretación de este control, sin conllevar a inaplicar una norma interna o interpretar indebidamente la norma con el tratado internacional, por cuanto de acuerdo a nuestra legislación nacional y jurisprudencial, la autoridad pública no tiene las facultades para realizar el control difuso de carácter “administrativo”. / Since its creation in 2006 (in the case of Almonacid Arellano v. Chile), the control of conventionality has established a type of control mechanism between the internal norms of each State and the American Convention on Human Rights. This is in the event that the former contravene the latter. Although this control mechanism was from the beginning for the judges of the States parties, however, this has evolved to date, extending to other operators of justice, including those of the public administration, as established in the judgment on the merits and Judgment of compliance of the IACHR Court. "Gelmán et al. v. Uruguay", where it establishes that not only is it a power for judges, operators of justice, to control conventional, but also for the public authority in function of its task entrusted by the State, and that this type of control must prevail in order to guarantee the rights established in the American Convention. Therefore, the purpose of this work is to identify how the interpretative work of this type of control would be applied or carried out by the authority, as a result of this sentence, if it is possible or not; and, how would be the procedure to follow for a correct application and interpretation of the Convention by the authority before an internal norm that restricts or limits human rights established in the ACHR. In addition, it is intended to establish the correct mechanism for the application and interpretation of this control, without leading to inapplication of an internal norm or improper interpretation of the norm with the international treaty, since according to our national legislation and jurisprudence, the public authority does not have the authority to perform the diffuse control of "administrative" character.

La presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de los factores asociados a la resistencia al cambio de la reforma del servicio civil de los servidores públicos del Gobierno Regional de Lambayeque. Por ello, se aplicó el método deductivo-sintético a fin de realizar el análisis de la información recopilada, se tomó una población finita, que estuvo conformada por 76 servidores públicos del Gobierno Regional de Lambayeque. Como se puede evidenciar, constituye una población pequeña, por lo cual se utilizó la totalidad de la misma; aplicando el diseño no experimental transversal y para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de 14 preguntas. De la aplicación de la encuesta, podemos afirmar que los resultados obtenidos determinan que los factores de resistencia al cambio, por la implementación de la Ley del Servicio Civil, se asocian directamente con la desconfianza, que se da por el desconocimiento de los alcances de la Ley Servir, su Reglamento, entre los servidores públicos, ocasionando de esa manera una percepción equivocada de la realidad, aumentando el alto grado de desinterés por parte del propio servidor público. Los encuestados atribuyen una difusión no eficiente por parte del Estado, lo que ocasiona desinterés y desinformación, que conllevará aún más la resistencia al tránsito total de la Ley. Finalmente, la presente investigación será de utilidad para diversas investigaciones, y para la misma entidad de Gobierno Regional, a fin de ayudar a implementar acciones que permitan el tránsito para la total aplicación de la Ley del Servicio Civil de Servir.

El conocimiento es un importante activo intangible para la competitividad e innovación en las organizaciones. Específicamente en el sector público, gestionarlo permite obtener capital intelectual para responder a retos complejos y generar valor para la sociedad. No obstante, su desarrollo se ha concentrado en ámbitos académicos y de investigación; y los estudios o investigaciones respecto a la práctica existente son reducidos. En el Estado peruano, la Gestión del Conocimiento fue introducida en el 2013 a través de la Política de Modernización de la Gestión Pública. Sin embargo, su implementación no se concretó como sucedió con otros aspectos del proceso de modernización. A pesar de lo anterior, hubo entidades que empezaron a desarrollar iniciativas vinculadas a esta temática, aunque de forma aislada y en base a sus necesidades organizacionales. La presente investigación, la cual es de carácter cualitativo, y sigue un enfoque descriptivo y exploratorio, analiza las experiencias en Gestión del Conocimiento de siete entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo. Así, busca identificar las condiciones, comprendidos como factores habilitadores, que influenciaron en su desarrollo; además de conocer sus principales características, diferencias y similitudes. De esa manera, se determinó que los principales factores que han influenciado en ellas son el liderazgo y la estructura organizacional. A esto se sumó la cultura y los recursos disponibles, los cuales fueron importantes para la ejecución de sus actividades. Asimismo, se concluyó que las experiencias analizadas no demuestran un desarrollo de la Gestión del Conocimiento a nivel estratégico, transversal y que apuesta por el aprendizaje organizacional. Por el contrario, su enfoque fue centrado en el almacenamiento y transferencia del conocimiento. No obstante, es innegable el aporte que representan para entender el panorama actual y tomar acción en base a la práctica desplegada.