La gestión por procesos es un pilar de la modernización del Estado peruano y su importancia radica en la mejora de la producción de bienes y servicios encargados a distintas entidades, por ello tiene como fin último el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el avance de las entidades en su implementación ha sido poco pese a la existencia de un marco normativo y metodológico. En ese sentido, esta investigación tiene por objetivo identificar los factores críticos que limitan la implementación de la gestión por procesos en entidades públicas del Poder Ejecutivo; específicamente, en ministerios. Por ello, el estudio tiene un alcance exploratorio-descriptivo con enfoque cualitativo, y tiene por estrategia general un primer acercamiento a los factores a través de la revisión bibliográfica que permita establecer un listado teórico de los factores, y posteriormente, un estudio de tipo fenomenológico para el cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos en gestión pública (validación) y a funcionarios de las entidades (exploración). Los factores críticos identificados fueron: gestión del cambio cultural, transformación de la estructura organizacional, integración de la tecnología, servicio civil con capacidades, orientación al ciudadano; y, la normativa flexible y soporte del ente rector que viabilice el avance de la implementación.

El caso “Pura Vida Nutrimax” – hasta el día de hoy –nos lleva a reflexionar sobre el alcance que tiene una decisión del Indecopi en el mercado y, como a su vez, genera un impacto en los proveedores, consumidores y en la misma Administración Pública. Si bien es cierto mucho se cuestiona acerca de la naturaleza del producto, lo cierto es que Gloria S.A. contaba con un título habilitante otorgado por la autoridad técnica competente quien autorizaba la comercialización de su producto, además de su denominación la misma que se trasladó de forma precisa y detallada en la etiqueta. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿Gloria S.A. habría cometido realmente un acto en la modalidad de engaño con la publicidad del producto “Pura Vida Nutrimax”?. El objetivo del presente Informe Jurídico es demostrar que la actuación de Gloria S.A. es conforme a derecho y no es susceptible de generar el acto de engaño que se denuncia. Además de ello, comprobar que existe una vulneración al Principio de Confianza Legítima al momento en que la propia Administración Pública induce a error a Gloria S.A. y no reconoce su registro sanitario otorgado válidamente. Finalmente, determinar que la medida correctiva ordenada no restablece los efectos del acto de engaño alegado. Así pues, a través de un análisis interpretativo de la normativa vigente, de la diversa bibliografía relacionada a la materia del presente Informe, así como de la definición de algunos conceptos generales, se podrá concluir que la publicidad del producto “Pura Vida Nutrimax” no es susceptible de inducir a error al consumidor y que, por el contrario, existe un eximente de responsabilidad administrativa al momento de inducir a Gloria S.A. a error.

Por medio del presente documento hemos avizorado diversos problemas jurídicos que giran en torno a un caso de discriminación en el consumo ocurrido en el 2016, y por el cual principalmente hemos considerado pertinente realizar un análisis robusto en lo referido a temas como: 1) la diferencia entre el trato diferenciado ilícito y un trato discriminatorio, 2) aspectos legales referidos a la actividad inspectiva de la Administración Pública; y, por último, 3) la pertinencia y necesidad de la imposición medidas correctivas. En ese sentido, luego de realizar un análisis extensivo de los hechos, hemos consultado variada doctrina nacional y extranjera con respecto a los puntos antes señalados, así como una revisión de temas desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional y otros precedentes de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI que han sido de utilidad para esclarecer el panorama del contexto en el cual se desarrolló dicho caso, y que a su vez, nos permite observar el panorama actual con una óptica más crítica, y lo que nos ha permitido llegar a distintas conclusiones con respecto a los problemas jurídicos planteados, algunos de los cuales ya han venido siendo regulados; no obstante, aún observamos puntos de mejora en la regulación, a efectos de desalentar este tipo de infracciones que suponen una especial afectación a los derechos humanos de los consumidores.

El Presente estudio tiene como objetivo la identificación de procesos y estructura organizacional para una entidad del estado que forma parte de un Ministerio del Perú. Se presenta los métodos empleados, alcances, productos intermedios y finales y; el razonamiento lógico profesional que la consultora propuso y desarrolló para cumplir con los objetivos de la alta dirección. Así mismo, se expone la repercusión en el beneficio hacía la población y hacía los usuarios de los servicios que la entidad pública brinda a la sociedad civil. La alta dirección de la entidad, a través de la entonces Directora, comunicó en el pedido de consultoría, la necesidad de identificar el sistema de gestión, pues hasta ese momento la oficina había respondido a las necesidades de representación cultural de los seis Elencos Nacionales de Artes Escénicas; conformado por un equipo de más de cuatrocientas personas, entre artistas altamente calificados y personal administrativo; de acuerdo al ritmo de las presentaciones que ellos habían tenido históricamente. Pero, no se contaba con un plan estratégico, un método de gestión o un horizonte de desarrollo de tareas. El hábito de respuesta a pedidos, desde cada Elenco y sin saber gráficamente cuáles eran los procesos, mantenía con un alto nivel de estrés al personal administrativo, una sensación de desorden y una invalidación del valor de la oficina dentro del Ministerio. Es por eso que el estudio parte de la identificación de la misión, visión y los objetivos estratégicos, a través de entrevistas a actores principales y de un trabajo de gabinete donde se analizó documentos misionales públicos; para finalizar con el mapeo de procesos y la identificación gráfica del método de gestión que hasta ese momento se había desarrollado. En este estudio se definen los procesos comunes principales del área, identificados luego de entrevistas. Este método desarrollado por la consultora, a lo largo de los meses de mayo a agosto del año 2017, dio pie a una mejora en el clima laboral, debido a que facilitó la comunicación entre el personal administrativo y el personal artístico, así como una mayor claridad de los actores internos y externos, dando espacio a que se reconozcan las partes del trabajo individual de cada uno de los miembros del equipo y, su forma de repercutir en la entidad, en la performance de los artistas en los elencos, en la identidad artística del Perú frente a la población nacional e internacional, y a su vez, ayudando a la entidad a posicionarse dentro del Ministerio al que pertenece. Con los procesos principales identificados y graficados, así como con el sistema de gestión, se pudo plantear mejores horizontes de planeamiento estratégico, en base a un ritmo anual. Lo que da pie a establecer métodos de mejora continua y calidad para la siguiente administración de la entidad, sobre todo en relación a actores externos y a beneficiarios. Dentro de los beneficiarios, se encuentran la población en general, el sector artístico, el personal administrativo y la alta dirección. El trabajo de consultoría realizado el 2017 fue base para mejorar la gestión de la entidad, que el año 2019 tuvo un rol decisivo dada su participación en la inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos, dando la talla internacional de nivel artístico y logístico, como los eventos de dicha envergadura requieren.

El presente trabajo académico tiene por objeto principal analizar la naturaleza de la competencia otorgada a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI respecto a la posibilidad de que pueda declarar con efectos generales la inaplicación de una barrera burocrática ilegal contenida en una ordenanza municipal, norma con rango de ley; ello en virtud a la controversia surgida respecto a la posibilidad de que dicha eliminación en la realidad encuentre su punto de sustento en la eliminación y/o expulsión de la norma legal del Ordenamiento Jurídico; en esa misma línea, el presente trabajo abordará si es que se está cumpliendo realmente con el objetivo propuesto por la norma, la cual es brindar a los administrados la debida celeridad para la eliminación de trabas que afecten su derechos constitucionales económicos. Dichos ejes de investigación, a la fecha, no han sido abordados en mayor detalle, lo cual genera que la controversia referida aún tenga cabos sueltos que deben ser investigados y justificados; es por ello, la importancia del desarrollo del presente trabajo, el cual ha podido concluir que la naturaleza de las competencias de la CEB del INDECOPI es totalmente legales y constitucionales; no obstante, a la fecha, dichas competencias no cumplen con los fines por las cuales fueran dadas.

Esta investigación es importante porque ayudó a conocer comó funciona el control de los bienes muebles por parte de las entidades estatales, con el fin de cumplir con las normas del control patrimonial. De la misma manera permitió conocer los bienes muebles que no se rigen de la normativa de educación. El problema que existe en la UGEL de Chiclayo, es la deficiencia en la gestión de bienes muebles de las instituciones educativas, como son las pérdidas de los insumos o materiales. Asimismo, también existe un mal control en sus bienes patrimoniales, es decir, su lista de inventario no coincide con los reportes del SIGA, esto se debe a que los colegios no informan a la UGEL adecuadamente por otro lado la falta de personal capacitado para la verificación de los bienes muebles de cada colegio dado a esto .El objetivo de la investigación es llegar a determinar la influencia que tiene la gestión de bienes sobre el control del patrimonio en cada institución educativa. El enfoque que se tuvo en cuenta es de tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo, diseño no experimental-transversal-prospectiva; la población estuvo conformada por los Centros educativos que se encuentran en la jurisdicción de Chiclayo,la nuestra estuvo conformada por 9 instituciones de la UGEL Chiclayo. Según los resultados se concluye que se encontraron bienes dados en donación, dados de baja estando aun en buen estado, reportes de hurto y perdida, por lo que se pudo deducir que no existe una buena gestión en el control de los bienes muebles.

El presente artículo tiene como tema central la inclusión de las entidades del régimen público a la competencia de inspección laboral, puesto que la existente Ley No. 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, publicada el 22 de julio de 2006 mediante Decreto Supremo No. 019-2006-TR, consigna una restricción normativa en cuanto a la competencia inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, excluyendo a las entidades públicas de mantener una forma de vigilar, promover y supervisar el correcto funcionamiento de las normas socio-laborales, de salud y seguridad, que le corresponde a los trabajadores por estar sujetos en el marco normativo de la Constitución Política vigente, los principios laborales y el Convenio Internacional de Trabajo No. 81. En ese sentido, como objetivo general de la presente investigación se plantea un régimen unificado en la competencia de inspección laboral, es decir, que se amplíe la competencia inspectiva para las entidades estatales, en el sentido de que prioriza una adecuada competencia inspectiva para quienes no tienen acceso a ella por depender de un determinado sector laboral, lo que resultaría necesario en beneficio y primacía del respeto de su dignidad humana, y resguardo de sus derechos socio – laborales por el simple hecho de ser trabajadores.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

La presente exposición recoge mi experiencia como asistente administrativa de la oficina de administración y finanzas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, cargo que desempeño hace dos años y cuatro meses en dicha institución. Dentro de las funciones atribuidas a mi persona, está la atención de los documentos remitidos a esta oficina por parte de las unidades orgánicas, específicamente de la unidad de control patrimonial, como de las otras direcciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En este sentido, esta experiencia muestra cómo nace la idea de presentar un proyecto que modifique el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como de los percances surgidos en el camino que traen como resultado un mayor entendimiento del ámbito en el que se desenvuelve la entidad.

El derecho constitucional a la libre iniciativa privada, libertad de empresa y la libre competencia no deben contravenir el interés público; por ello, es necesario que la administración pública establezca medidas como exigencias, prohibiciones, cobros legales y razonables, a fin de proteger el interés general de la sociedad. Sin embargo, las entidades de las administraciones no realizan un adecuado análisis de impacto regulatorio, por lo que los agentes económicos se ven afectados en cuanto al acceso y permanencia en el mercado. El Decreto Legislativo N°1256 fue publicado a fines del 2016 y la finalidad de esta norma fue fortalecer las competencias del Indecopi. Una de las novedades fue el alcance de la inaplicación con efectos generales de aquellas Resoluciones que declaran ilegales las Barreras Burocráticas materializadas en disposiciones administrativas; sin embargo, en la exposición de motivos, no se evidencia una justificación adecuada respecto a la exclusión de las Barreras carentes de razonabilidad, pues en estas últimas los efectos recaerán, únicamente, a la parte denunciante y no a los demás que se vean afectados por la medida cuestionada. En este sentido, el presente informe tiene como finalidad demostrar y proponer la viabilidad de la inaplicación con efectos generales en las Barreras Burocráticas carentes de razonabilidad materializadas, únicamente, en disposiciones administrativas. Para ello, el primer capítulo versará sobre la regulación actual del procedimiento de eliminación de Barreras Burocráticas y en el segundo capítulo se desarrollará el análisis de la inaplicación con efectos particulares y generales de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad a propósito del Proyecto de Ley N°500-2021-CR. / The constitutional right to free private initiative, business freedom and free competition are not unlimited, while the exercise of said rights must not contravene the public interest; For this reason, it is necessary that the public administration, in function of the administrative police, establish measures such as requirements, prohibitions, collections, etc. legal and reasonable, in order to protect the general interests of the company. However, the entities of the administrations do not carry out an adequate analysis of the regulatory impact, which is why the economic agents are affected in terms of access and permanence in the market. However, the regulation for the elimination of bureaucratic barriers has been in constant change. Legislative Decree No. 1256 repealed Article 26 Bis of Decree Law No. 25868 and was published at the end of 2016. The purpose of this regulation was to strengthen Indecopi's powers. One of the novelties was the scope of the non-application with general effects of those Resolutions that declare illegal bureaucratic barriers materialized in administrative provisions; However, in the explanatory statement, it does not reflect an adequate justification regarding the exclusion of unreasonable Barriers, since in the latter the effects will fall solely on the complaining party and not on the others who are affected by the disputed measure. In this sense, the purpose of this report is to demonstrate and propose the feasibility of non-application with general effects on unreasonable bureaucratic barriers materialized solely in administrative provisions. For this, the first chapter will deal with the current regulation of Legislative Decree No. 1256 and in the second chapter the analysis of the non- application with particular and general effects of illegal bureaucratic barriers and care of reasonableness regarding Bill No. 500-2021-CR. / Trabajo académico