Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La hipótesis sobre la que se desarrollará este trabajo es que al Estado le asiste el deber de mantener software seguro, en primer término, como una manifestación de los principios y preceptos constitucionales y legales de aplicación general que lo guían en su actuar, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones de promover el Bien Común y respetar en toda su actuación los principios de eficiencia y eficacia Administrativa; y en segundo término, por la obligación de respetar las normas técnicas específicas para el ejercicio de potestades públicas mediante Gobierno Electrónico, debiendo proveerse para ello herramientas jurídicas adecuadas para el desempeño de esta labor, que al menos compatibilicen los estatutos jurídico - privados de los titulares de derechos sobre el software utilizado por la Administración y los deberes del Estado. Aquí cobran gran relevancia el Derecho de Autor y el Derecho Penal Informático. Como consecuencia de lo anterior, debemos analizar la problemática de la seguridad de los sistemas que sustentan el Gobierno Electrónico desde el punto de vista de los principios que informan el Derecho Público, especialmente los principios de eficiencia y eficacia, debiendo estudiar la normativa general y especial aplicable al Gobierno Electrónico, que está conformada por la Constitución Política de la República, las leyes que regulan la Administración del Estado y los Decretos Supremos sobre Gobierno Electrónico, además de referirnos a derechos de la personas que eventualmente podrían verse vulnerados, como la protección de la vida privada y la protección de datos personales; todo con el fin de incentivar y dar inicio a futuras investigaciones jurídicas sobre seguridad de la información y las comunicaciones en el ámbito del Gobierno Electrónico, ya que este tema se proyecta como una de las grandes problemáticas de la Administración del Estado en la denominada era digital o de la información. Este es nuestro objetivo general. También se pretende establecer el marco jurídico preciso en que se funda la obligación del Estado de mantener software seguro, además de identificar los puntos en que se producen contradicciones entre los derechos de los particulares, de los titulares de derechos sobre el software y los deberes del Estado como garante del Bien Común y ejecutor del Gobierno Electrónico, intentado proponer una interpretación, modificación o creación de reglas y principios que permitan su armonización

El proceso de descentralización ha presentado como característica esencial la carencia de un modelo claro y consensuado por las elites, y entre éstas y la sociedad civil. Este estudio de caso tiene por objetivo proponer cuáles serían los niveles y secuencias satisfactorias de centralización/descentralización para el Estado chileno. Para ello, se sustenta en el enfoque de la economía política y el neoinstitucionalismo, utilizando una metodología de tipo analítica y descriptiva, apoyada por herramientas cuantitativas y cualitativas. Se ha recolectado información a través del análisis bibliográfico y entrevistas en profundidad de corte semi estructurado. Los objetivos específicos de la investigación han sido descifrar la matriz institucional para explicar la trayectoria del proceso de descentralización, describir a los actores, estudiar las variables que caracterizan las distintas dimensiones de la descentralización, y formular una propuesta de niveles y secuencias satisfactorias de descentralización. Los principales hallazgos del estudio son, en primer lugar, que el centralismo está institucionalizado no sólo en reglas formales sino también en las informales, marcando así la infraestructura institucional y la manera de hacer las cosas. Esto se ha expresado en que la matriz institucional tiene como enfoque de economía política predominante el de Principal-Agente. Por otro lado, el centralismo se ha instalado como una cuestión que no se circunscribe exclusivamente al ámbito público, sino que también abarca a la esfera privada. En segundo lugar, la trayectoria institucional ha generado un país social y económicamente segregado, con una fuerte centralización del poder político, económico y social en la Capital. Los actores con mayor capacidad de veto en el mercado político son los que tienen menor compromiso con los procesos de transferencia de poder hacia los niveles subnacionales y la sociedad civil. Por ende, cualquier cambio profundo implicará una transformación en la manera de ejercer el poder. En tercer lugar, se observa que el proceso de descentralización presenta problemas de inconsistencia dinámica: sus costos políticos y económicos son de corto plazo, pero sus beneficios se expresan a largo plazo, lo cual genera muy pocos incentivos al Ejecutivo para realizar cambios institucionales profundos. La investigación ha concluido que el proceso de descentralización chileno se ha caracterizado por la carencia de capital humano avanzado, la duplicidad de competencias y funciones, y la escasez de recursos financieros, debida a la fuerte centralización de los ingresos y de la decisión del gasto. En la agenda pública se ha puesto énfasis en la descentralización política, sin embargo, la experiencia a nivel local es que ésta no ha sido catalizadora de mayores procesos de descentralización en las otras dimensiones. Se considera que es la descentralización fiscal la que debe ser promovida, ya que detona muchos otros procesos en lo administrativo, de capital humano, y de planificación estratégica y territorial, a nivel local y regional. Se recomiendan dos vías paralelas para avanzar en la descentralización. Por un lado, cambios a largo plazo que permitan generar reformas políticas, que se espera impacten en el sistema de creencias de las elites y una redistribución del poder en la sociedad. En el mediano plazo, una propuesta pragmática que pone el acento en el aumento de las capacidades de los receptores territoriales por medio del fortalecimiento de la dimensión fiscal de la descentralización, para lo cual se recomienda: i) un proceso sistémico pero gradual, es decir, sólo a aquellos territorios que hayan certificado capacidades; ii) a nivel regional, los instrumentos a utilizar son los Convenios de Desarrollo y el Presupuesto Regional, para permitir mayor autonomía de gasto; iii) a nivel local, es imperativo generar incentivos para el asociativismo municipal, traspasar atribuciones para que puedan decidir sobre la tasa del impuesto territorial, y devolver las exenciones que el fisco determina unilateralmente; iv) para ambos niveles es necesario generar incentivos significativos para la captura y retención de capital humano avanzado. La ejecución de medidas requiere una reformulación del rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, algunos cambios en las leyes del nivel regional y local, y cambios importantes en la Ley de Presupuesto.

Ingeniero Civil Industrial / El siguiente trabajo corresponde a un estudio exploratorio sobre buenas prácticas en la gestión financiera municipal. Su alcance se acota a tres ámbitos donde es interesante levantar experiencias: impuesto territorial, derechos de aseo y servicios deportivos. Entre los objetivos se encuentra i) desarrollar un diagnóstico de los ingresos municipales, ahondando en los ámbitos seleccionados; ii) explorar y caracterizar tres buenas prácticas (una por ámbito) en municipios previamente seleccionados; y iii) proponer criterios para la transferencia de estas prácticas. Los antecedentes muestran que el 60% de las comunas tienen baja autonomía y el 56% una alta dependencia en la gestión de ingresos permanentes (autonomía del gasto). Pese a ello, la literatura consultada permite plantear como hipótesis de trabajo que los municipios tienen potencial para implementar prácticas en pos de sobrellevar las restricciones que condicionan dicha gestión financiera municipal. La metodología contempla la aplicación de un instrumento único de levantamiento de buenas prácticas en municipios donde, a juicio experto, puede existir evidencia experiencias destacadas. Las prácticas exploradas son Integración de la Información sobre Impuesto Territorial en la Municipalidad de Santo Domingo; Gestión de Cobranza por Derechos de Aseo vía Impuesto Territorial en la Municipalidad de San Miguel; y Gestión de Servicios Deportivos en la Municipalidad de Providencia. A partir de la exploración realizada, se encuentra que la integración de información que ejecuta Santo Domingo tiene por objetivo darle al municipio un rol activo como fiscalizador sobre los antecedentes de los predios de la comuna a fin de percibir los niveles correctos de ingresos que, por ley, se debiesen recibir. En lo que respecta a San Miguel, la práctica se traduce en un Convenio de Cooperación que busca apoyar administrativa y logísticamente a Tesorería General de la República en actividades de cobranza y recaudación a fin de disminuir los niveles de morosidad que tiene la comuna en el pago de contribuciones y derechos de aseo. Y en Providencia, se tiene como práctica la implementación de modelo de gestión deportiva que considera el diseño y la operación servicios deportivos de calidad para posicionar el deporte como un medio para mejorar la salud y calidad de los habitantes de la comuna. En las tres prácticas se corrobora que i) son resultado un largo proceso (entre 10 y 12 años), ii) el liderazgo de los alcaldes fue clave para potenciar la implementación de soluciones prácticas acordes a las características de cada municipio, ii) las personas y funciones son trascendentales considerando la existencia de actividades de análisis y coordinación que distan de ser procesos automatizados, iv) se necesitan recursos financiero tanto para la habilitación de los municipios tanto para la implementación como operación de las prácticas, v) ausencia de incentivos en el diseño de las experiencias, y vi) dificultad en la definición de una línea base para su evaluación. Finalmente, la transferencia de estas prácticas requieren i) una formalización que sea flexible en cuanto a las características de los municipios receptores (principalmente, en lo que respecta al capital humano y recursos financieros disponibles), ii) plantear indicadores que permitan medir y dar visibilidad a los resultados, y iii) evaluar la posibilidad de aprovechar potenciales sinergias de gestión al integrar dos prácticas en una, o bien al generar una relación colaborativa entre municipios para reducir el coste de actividades costosas.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El objetivo del presente estudio consistió en evaluar el diseño institucional de la independencia política y técnica de las Superintendencias en nuestro país, y cuanto condicionan estos factores el cumplimiento de sus roles en el contexto técnico, social, político y económico. Dicha evaluación se realiza considerando la reducción del papel del Estado. Y el hecho que ya no gestiona, direcciona y ejecuta las actividades económicas de sectores de interés público, lo cual no significa la eliminación de su rol como organización jurídico-política, sino más bien su transformación, desde la provisión directa, a la de supervisión y control. Una vez planteados los conceptos que justifican la intervención del Estado a través de organismos que regulen y fiscalicen los mercados, especialmente de sectores de interés público que cuando presentan fallos se crean órganos estatales, llamados, Superintendencias. Las Superintendencias entonces realizan un ejercicio normativo, en caso de falla de mercado o por razones sociales (interés público comprometido), y desde esa perspectiva, sus objetivos son esencialmente dos: promover la competencia y garantizar la eficiencia vinculada a la correcta y adecuada utilización de los recursos disponibles. La metodología aplicada fue de carácter descriptivo-interpretativo, y se realizó en dos etapas, un análisis y descripción de temas como: nociones del rol fiscalizador y regulador del Estado, sus justificaciones, características de las Superintendencias en Chile, objetivos, fundamentos y funciones, recomendaciones de entidades internacionales como la OECD; y en segundo lugar se complementó con la aplicación de una entrevista de corte semiestructurado a profesionales destacados, ligados al ámbito de las Superintendencias, para obtener sus opiniones respecto a estos organismos. Para ello se abordaron cuatro dimensiones: técnica, social, política y económica. Del análisis se desprende que de cumplirse algunos requisitos como: la independencia presupuestaria, la autonomía de los directivos que están a cargo para ejercer la función fiscalizadora y reguladora, una actuación y gestión transparente donde se hagan cargo de las decisiones que toman y los impactos que causan; se estaría utilizando gran parte la capacidad fiscalizadora y reguladora del Estado como modificadora de conductas. De las deficiencias encontradas se emitieron algunas recomendaciones las que se enmarcan en los siguientes temas: independencia del poder político, transparencia en sus procedimientos, trabajo con instituciones extranjeras y realizar un proceso sancionatorio racional y justo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el moderno Estado Constitucional la libertad constituye el valor sobre el cual se asienta la organización política societaria, pues configura el límite natural al poder público. Sin embargo, a menudo somos testigos de como la actividad estatal – específicamente la Administración - infiere en nuestras vidas, afectando, por consiguiente, nuestra libertad; ya sea positiva o negativamente. Precisamente, la actividad del Estado limitativa de derechos, se denomina actividad de policía. Ahora bien, la policía actúa utilizando diversas técnicas, que se diferencian entre sí, por la distinta forma en que afectan la libertad de los privados, es decir, más o menos intensamente. En este sentido, una de las técnicas de intervención más represivas es la autorización, la que podemos definir, en primera instancia, como un acto administrativo que habilita a los particulares para desarrollar una determinada actividad; esto significa, que en múltiples supuestos, es imperioso obtener un acto de consentimiento de la autoridad administrativa, pues sin él sería imposible desarrollar la actividad que en cada caso se pretende efectuar. Pero, ¿por qué es necesario obtener una autorización para ejercer una actividad determinada?, ¿ no somos acaso libres para elegir y realizar la actividad que deseemos?, de no ser así, ¿no basta ampararnos, para ejercer la actividad que pretendemos, en la disposición constitucional que consagra la libertad de empresa?. El presente estudio pretende responder éstas y otras interrogantes que surgen en torno al tema. Con tal objeto, nos abocaremos a analizar la situación existente en la doctrina comparada, principalmente española, ya que nuestro país carece de estudios al respecto. Debemos hacer presente, que esta memoria más que un diagnóstico, ofrece una exposición de planteamientos de varios tratadistas, quienes analizan la autorización a partir de su propia realidad jurídica. No obstante, esperamos que constituya un real aporte, de manera que sea el inicio para futuros y más acabados análisis, que al mismo tiempo configuren una herramienta que permitan comprender y vislumbrar la importancia de un adecuado manejo de esta técnica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria pretende demostrar que la facultad de juzgamiento no se encuentra radicada exclusivamente en el Poder Judicial. Por razones de índole histórica, jurídica o práctica, hay variados órganos pertenecientes a la Administración del Estado que hoy ejercen una clara y definida función jurisdiccional, toda vez que conocen, juzgan y hacen ejecutar las resoluciones dictadas por ellos, a fin de solucionar la litis que se les presenta a su conocimiento. El juzgamiento por órganos que no sean tribunales de justicia podría parecer inconstitucional. Sin embargo, nuestra Carta Magna establece, además de la justicia ordinaria, una justicia electoral, otra constitucional e incluso otorga facultades juzgadoras a un órgano netamente administrativo como es la Contraloría General de la República.

Ingeniero Civil Industrial / El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto FONDEF "Sistema de Gestión del Conocimiento para la Transferencia de Innovaciones y Buenas Prácticas de Gestión entre Gobiernos Locales", el cual busca ayudar a municipalidades que ven limitada su capacidad de gestión en distintas áreas y la forma de generar ingresos, dada la centralización existente. El trabajo desarrollado dentro de este proyecto tiene por objetivo adecuar y protocolizar una metodología de evaluación de impacto para la transferencia de tres prácticas en gestión municipal, las cuales son: Aumento en la Recaudación de Impuesto Territorial, Diferenciación de Precios por Sobreproducción de Basura vía Patentes Comerciales y la Mejora de la Gestión de Servicios Deportivos Acuáticos. Dado a que se está trabajando con municipalidades y a las características propias de las prácticas que se están analizando, se concluye que los diseños cuasi-experimentales son los que más se adecúan para realizar una metodología de evaluación de impacto. Específicamente se utilizan los métodos de Pareamiento con Diferencia en Diferencias y de Grupos de Control Reflexivos. El primero se utiliza cuando es posible construir un grupo control y el segundo cuando no, debiéndose el municipio comparar contra sí mismo. La metodología documentada ha sido separada en dos grandes etapas: una evaluación ex ante y una evaluación ex post. La ex ante abarca el levantamiento de todo lo necesario para comenzar con el análisis y la evaluación de impacto, explicándose la forma de caracterizar las prácticas, levantar los primeros indicadores, seleccionar los posibles beneficiarios y levantar la línea base de los municipios a los cuales son transferidas las prácticas. En la evaluación ex post se muestra como realizar un análisis en profundidad de todo lo que pueda afectar la implementación de las prácticas, ya sea de factores internos como exógenos. En esta etapa corresponde realizar la evaluación de impacto a través de uno de los dos métodos mencionados anteriormente. El desarrollo de este trabajo ha permitido comprender que no tiene sentido realizar una evaluación de impacto sin un análisis adecuado del problema. Saber en profundidad lo que sucede al interior de los municipios y lo que externamente puede estar influyendo en la implementación de las prácticas, permite tener una mejor evaluación de los resultados y de la verdadera incidencia de lo que se está implementando. Además, si las prácticas transferidas no tienen el impacto esperado, se deben analizar otros beneficios que ellas puedan reportar, como por ejemplo que los procedimientos instaurados sean los correctos para desarrollar una labor determinada, o bien que producto de ellas se consiga un mejor clima organizacional dentro del municipio, una mejor atención a los usuarios o una optimización de los procesos involucrados, justificándose de igual forma la implementación de las prácticas.

Ingeniera Civil Industrial / El estudio descrito en este documento, tiene como objetivo realizar una caracterización del Programa de Bienes públicos para la Competitividad que forma parte del comité InnovaChile de CORFO, con la finalidad de mejorar el modelo de gestión y sentar bases para una posterior evaluación de impacto. En cuanto a la necesidad y justificación de realizar la caracterización, esta recae en que no existen estudios asociados, que den cuenta de la evolución e impacto del instrumento desde el año 2005. La metodología utilizada, comienza con una revisión bibliográfica profunda, que permite hacer una caracterización general del programa. Sumado a esto, se realiza una exhaustiva investigación de las bases técnicas de los concursos ligados al programa, logrando determinar cuatro periodos relevantes para este, el primero y más extenso es el del año 2005 al 2010, luego viene el del año 2011, 2012 y finalmente el periodo comprendido entre el año 2013 y 2014. Posteriormente se realiza una jerarquización, análisis y selección de variables relevantes de las bases de datos entregadas por CORFO, que poseen información de la postulación y adjudicación de los proyectos durante estos 10 años. En esta etapa, es posible reconocer 2 elementos que distorsionan los datos, los cuales corresponden a la crisis subprime del año 2008 y 2009, donde se entrega una mayor cantidad de financiamiento con la finalidad de dinamizar sectores que ayuden a mitigar la crisis. Por otro lado se presenta el terremoto del 2010, que genera que se otorguen una menor cantidad de subsidios y cuyo foco es ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas. Adicionalmente, se observan hallazgos importantes en cuanto a la duración y los beneficiarios de los proyectos. En el primero, se destaca negativamente que aproximadamente un 70% de los proyectos cerrados entregaron su informe final con atraso y en el segundo resalta el hecho de la baja participación de las empresas en las adjudicaciones, alcanzando sólo un 15% de cobertura con respecto al total de sus postulaciones. Se finaliza el estudio, con la evaluación del programa, mediante el modelo colombiano de Evaluación de consecución de objetivos , cuyo finalidad es determinar si los objetivos planteados por el programa se han cumplido y en qué medida. A pesar de que el modelo colombiano, es sencillo y permite una gran flexibilidad a la hora de su aplicación, no se pudo llevar a cabo de la mejor manera, dado que existían muchos datos de los resultados que son necesarios para construir los indicadores, que no están a mano o simplemente no existen. Es debido a esto que no se puede concluir de forma exhaustiva con respecto al cumplimiento de todos los objetivos del programa, quedando la evaluación incompleta. Sin embargo, la aplicación del modelo, sirvió de todas formas para poder determinar cuáles eran los elementos faltantes para poder desarrollar una evaluación de impacto en el futuro. Además permitió evidenciar la falta de un sistema de control de gestión. Es así que como recomendación principal entregada en este trabajo se encuentra la implementación de un sistema de control de gestión que incorpora indicadores ya exigidos y algunos nuevos, tanto para el término del proyecto como también para realizar el seguimiento a 5 años. Sumado a esto se sugiere implementar de forma On Line la entrega de respuestas de parte de los beneficiarios, de esta forma podrán ser datos de fácil acceso.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Día a día, el Estado requiere de nuevas y mejores ideas que permitan garantizar la creación de valor público hacia la ciudadanía. En este sentido, la colaboración se ha posicionado en el sector público como una estrategia de innovación para resolver problemas mediante la participación de múltiples actores de naturaleza pública, privada, del tercer sector, e incluso ciudadana. Ahora bien, gestionar la innovación pública bajo una enfoque colaborativo requiere ahondar en temáticas que van más allá de los resultados. En efecto, lo anterior implica responder, entre otras preguntas, cómo estructurar un proceso de innovación, qué métodos utilizar y cuándo, o bien cuáles son los principales criterios para conformar equipos de trabajo. Atendiendo a esto, el presente estudio tiene por objetivo generar recomendaciones que contribuyan a gestionar procesos de innovación pública colaborativa inter-institucional. Estos responden a un tipo específico de trabajo colectivo, donde dos o más instituciones públicas trabajan de manera conjunta para idear e implementar soluciones a problemas que tengan en común. Para lograr lo anterior, se estudian dos casos de innovación colaborativa inter-institucional en el marco del Proyecto "Sistema de Gestión del Conocimiento para la Transferencia de Innovaciones y Buenas Prácticas de Gestión entre Gobiernos Locales", D10I 1034, financiado por FONDEF de CONICYT. La primera experiencia corresponde a la colaboración articulada en la Sub-Red de Salud Pública de la comuna de La Florida, en pos de mejorar la efectividad y eficiencia de la derivación de pacientes con pie diabético desde consultorios hasta hospital. La segunda, por su parte, da cuenta de la colaboración establecida entre las administraciones de las piscinas temperadas de las comunas de Providencia, Peñalolén y Santiago, a fin de mejorar la sustentabilidad operacional de dichos recintos. En los dos casos el proceso colaborativo comienza con la definición de un desafío específico formulado en base a un problema mayor. Luego, se conforman equipos de trabajo con participantes de distintas instituciones públicas con el objetivo de abordar el desafío de manera colaborativa. Posteriormente, se llevan a cabo múltiples instancias de colaboración, diseñadas para generar compromisos y acuerdos conducentes a cambios concretos. Por último, en ambas experiencias se logra la implementación de promisorias soluciones en lo que respecta a los problemas abordados. Finalmente, a partir de lo anterior se generan recomendaciones que apuntan a cinco ámbitos claves para la gestión de procesos colaborativos de innovación inter-institucional. Estos apuntan a: i) identificar si se requiere innovar a través de un trabajo colaborativo, ii) conformar equipos de trabajo que aborde el desafío en cuestión, iii) garantizar el cumplimiento de roles mínimos necesarios para gestionar la innovación colaborativa, iv) promover espacios de colaboración donde se privilegie la gestión de conocimiento tácito por sobre el explícito, y v) buscar evidencia de los resultados obtenidos a partir de las soluciones implementadas.

Seminario para optar al grado de Ingeniería Comercial, Mención Economía / El trabajo realiza un análisis profundo a los sistemas de incentivos que buscan mejorar el desempeño en el sector público. La evidencia de la reciente literatura desencadena conclusiones importantes en la efectividad del uso de incentivos en los desempeños, concluyendo que los sistemas de incentivos sí influyen en un mejor desempeño. Estas pruebas son respaldadas por los diferentes sistemas observados en los países de la OCDE como en Chile. En el caso del Estado chileno se encontraron dos diferentes políticas de incentivo ligadas a remuneraciones que buscan mejorar el desempeño del sector público, el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC), a lo que se añade el Sistema de Alta Dirección Pública. Este grupo de estrategias de incentivos son aplicados de manera institucional, grupal e individual (solo para los altos directivos). De lo anterior, nace la necesidad de investigar el efecto, generado por estos incentivos, en el desempeño de los funcionarios públicos. La investigación desemboca en la elaboración de un análisis cuantitativo del efecto generado por las políticas en el desempeño, llegando a la conclusión de que algunas de estas políticas existen un efecto positivo y significativo en el desempeño.