La presente investigación, comprende un análisis sobre los efectos que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46° de la Ley N° 27785, emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00020-2015-PI/TC, ha ocasionado sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República; así como, explorar de manera referencial los efectos que la falta del ejercicio de la potestad sancionadora de dicha Entidad, ha ocasionado respecto a la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional; y, a su vez, realizar un breve análisis respecto a los argumentos planteados en la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31288, que cuestionan la nueva tipificación de las conductas infractoras. Para tal efecto, en la investigación se ha recurrido a la consulta bibliográfica, hemerográfica, documental, normativa, así como a la búsqueda en recursos de internet, tales como blogs y noticias. Como conclusiones de la investigación, se tiene que no obstante el reconocimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría, dicha Entidad no ha podido sancionar a los servidores y funcionarios públicos que incurrieron en inconducta funcional por más de dos años; que los procedimientos administrativos sancionadores que estaban en trámite, han debido ser concluidos por la imposibilidad jurídica de continuarlos; que en el lapso de tiempo en que la Contraloría no pudo ejercer su facultad sancionadora, miles de funcionarios públicos involucrados en inconductas funcionales, no han podido ser sancionados, ocasionándose perjuicio para la Administración Pública; y, que el análisis de la nueva tipificación de las infracciones introducidas por el TC, debe realizarse caso por caso y teniendo en cuenta la definición de conceptos jurídicos indeterminados y la tipificación indirecta. / This investigation includes an analysis of the effects that the declaration of unconstitutionality of Article 46 of Law No. 27785, issued by the Constitutional Court in File No. 00020-2015-PI / TC, has caused on the sanctioning capacity of the Government Accountability Office; as well as, to explore in a referential way the effects that the lack of exercise of the sanctioning capacity, has caused regarding the fight against corruption and functional misconduct; and, in turn, carry out a brief analysis of the arguments raised in the unconstitutionality claim against Law No. 31288, which question the new classification of the offending conducts. For this purpose, the research has resorted to the bibliographic, hemerographic, documentary, and normative consultation, as well as the search in internet resources, such as blogs and news. As conclusions of the investigation, it is necessary to say that despite the recognition of the sanctioning capacity of the Government Accountability Office, this Entity has not been able to sanction the public servants and officials who incurred in functional misconduct for more than two years; also, the administrative sanctioning procedures that were in process must have been concluded, due to the legal impossibility of continuing them; moreover, in the period of time in which the Government Accountability Office was unable to exercise its sanctioning capacity, thousands of public officials involved in functional misconduct have not been able to be sanctioned, causing damage to the Public Administration; and, in addition, the analysis of the new classification of the infractions introduced by the Constitutional Court, must be carried out on a case-by-case, and taking into account the definition of undetermined legal concepts and the indirect typing.

El incremento del uso de la tecnología, producto de la pandemia, ocasionó que las entidades financieras crearan nuevas formas de realizar transacciones bancarias mediante el uso de la banca por internet y aplicativos móviles, pero a la vez se generaron nuevas formas siniestros o fraudes cibernéticos, entre ellos el phishing. Los usuarios al verse afectados por estos sucesos acudieron al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en adelante Indecopi, a interponer sus diversos reclamos por operaciones no reconocidas; sin embargo, esta entidad en sus resoluciones finales, analizaba el deber de idoneidad del proveedor financiero a partir del correcto ingreso de los datos confidenciales sin tomar en cuenta otras medidas de seguridad que a este tipo de servicios les competen, para así, finalmente, declarar responsable de su realización al consumidor. Por ello, la presente investigación analizó dichos criterios jurídicos ya establecidos, el deber de idoneidad, las normas complementarias de las entidades financieras y jurisprudencia a nivel internacional para finalmente establecer los criterios jurídicos adecuados mediante un precedente de observancia obligatoria que deberían seguir las resoluciones de Indecopi para determinar responsabilidad administrativa en este tipo de situaciones. Siendo un trabajo interpretativo, de tipo documental el cual, en su desarrollo, ha utilizado un modelo de investigación bibliográfica analizando resoluciones finales de este tribunal durante enero del 2020 – octubre del 2022.

La presente investigación tiene como objetivo determinar los criterios para la imputación de la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado en delitos especiales y de infracción de deber, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica del fichaje y análisis documental. Al analizar la doctrina comparada, se ha logrado advertir que no existe un desarrollo jurídico sobre la autoría mediata en aparatos de poder con instrumento doloso cualificado, para los efectos de imputar responsabilidad penal a los sujetos que cometen delitos especiales o de infracción de deber. En el Perú tampoco se ha abordado el análisis de la problemática, donde los sujetos investidos con estatus superior a los comunes, cometen delitos especiales y de infracción de deber en la condición de integrantes de una estructura criminal. Por ello, se concluye que el problema deberá ser resuelto considerado la tesis del injusto personal, en la medida que el instrumento cualificado ejecute materialmente la conducta. Asimismo, se deberá recurrir a los criterios del injusto personal, el dominio típico de la organización y el dominio del riesgo típico del resultado, alineándose a la tesis de la unidad del título de imputación. / The objective of this research is to determine the criteria for the imputation of perpetration-bymeans in apparatuses of power with a qualified fraudulent instrument in special crimes and breach of duty, using qualitative methodology, with the use of the technique of documentary analysis. In analyzing comparative doctrine, it has been noted that there is no legal development on perpetration-by-means in apparatuses of power with a qualified malicious instrument, for the purpose of imputing criminal liability to individuals who commit special crimes or breach of duty. Peru has also not addressed the analysis of the problem, where the subjects invested with a higher status than the common ones, commit special crimes and breach of duty in the condition of members of a criminal structure. Therefore, it is concluded that the problem should be solved by considering the thesis of personal wrongdoing, to the extent that the qualified instrument materially executes the conduct. Likewise, the criteria of personal unjustness, the typical dominion of the organization and the dominion of the typical risk of the result should be used, aligning with the thesis of the unity of the title of imputation.

El presente trabajo se traza como objetivo contribuir en el quehacer práctico de los operadores jurídicos que aplican y/o cuestionan la aplicación del acto que decide ampliar el plazo de caducidad regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, haciendo especial énfasis en la motivación que se exige de este y su impugnación dentro del procedimiento sancionador. Sobre el particular, se advierte que, al estar frente a una potestad discrecional de la Autoridad Administrativa, a la cual su regulación le atribuye un carácter excepcional, le corresponde al órgano competente fundar su decisión en argumentos objetivos y razonables, según las circunstancias del caso en concreto, de los que se advierta la necesidad de extender el plazo primigenio previsto en la norma cuando se advierte su inminente incumplimiento. Arribado a lo anterior, se plantea que su cuestionamiento, en tanto acto de trámite que no imposibilita continuar con el procedimiento o produzca la indefensión del administrado, debe realizarse a través de una alegación dentro del procedimiento o al finalizar el mismo junto con la impugnación que se haga de la resolución final. De esta manera, se descarta también que la motivación contenida en este acto de ampliación pueda objetarse a través de una queja, en tanto vía descartada para cuestionar actos administrativos

En la presente investigación, se planteó como objetivo principal fortalecer la aplicación de los controles internos y concurrentes para detectar y prevenir los riesgos en la contratación de personal fantasma en las municipalidades, para conseguirlo, se analizó el fenómeno y las causas de corrupción, los casos de contratación de personal fantasma en municipalidades y su afectación al erario público, asimismo, se examinó la normativa del Sistema Nacional de Control, se hizo un breve repaso por los tipos y modalidades de control gubernamental, y se verificó la publicación de informes de control concurrente entre los años 2017 al 2022 en materia de contratación de personal operario municipal. La metodología empleada fue analítica-descriptiva con un enfoque cualitativo de tipo documental, que permitió analizar los puntos de vista de cada autor, conceptos, teorías y estadísticas. Los resultados develan a la corrupción como el principal problema que dificulta el desarrollo del país, su presencia abarca todas las regiones, causando pérdidas millonarias en el erario público de las municipalidades, instituciones en las que además existe una deficiente implementación del Sistema de Control Interno; también, se advierte la escasa realización de servicios de control concurrente en la contratación de personal operario municipal; concluyéndose que el control interno se fortalece e implementa mediante el desarrollo de sus ejes y componentes, y el control concurrente, a través del aumento de metas y la obligatoria programación de estos servicios, así como la aplicación de operativos sectoriales e hitos de control específicos en los servicios de serenazgo y limpieza pública.

La corrupción es una patología extendida en nuestro país desde hace siglos. De hecho, de acuerdo con las encuestas, el 62% de la ciudadanía considera que el principal problema que enfrenta nuestro país es la corrupción de funcionarios y autoridades. Sin embargo, 9 de cada 10 personas víctimas de corrupción no presentan la denuncia, principalmente debido a que consideran que si denuncian ‘no pasará nada’, ‘no habrá resultados’ o ‘no quieren más problemas’. Esta última respuesta demuestra el sentimiento de desprotección de los ciudadanos, de parte del Estado, ante la denuncia de actos de corrupción y, por ende, que nuestro sistema de denuncias y protección de denunciantes presenta problemas. Si bien el Perú ha adoptado medidas e implementado legislación especial para proteger a los denunciantes y salvaguardar la integridad, es necesario que se hagan esfuerzos adicionales para fortalecer dichas protecciones, aumentar la conciencia y examinar y evaluar sistemáticamente el sistema de denuncias. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza la protección de denunciantes de actos de corrupción en el ámbito administrativo como herramienta de lucha contra la corrupción y el tratamiento que el Perú le ha dado. Asimismo, a partir de experiencias extranjeras, propone acciones a tomar para fortalecer dicho sistema.

El propósito de esta investigación es proponer la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción para garantizar los derechos de control ciudadano, utilizando la metodología cualitativa de revisión documental, obtuvo como resultados que la revocatoria es un derecho de control ciudadano a todas las autoridades de elección popular, pues del modo en que se les legitima en el cargo, es factible de deslegitimarlos, atendiendo a conductas de corrupción, que menoscaban su integridad y dificultan el adecuado funcionamiento de la administración pública. Se ha demostrado que el cargo de congresista debe ser pasible de revocatoria, ante la comisión de actos de corrupción como medida de control ciudadano, no debiendo exceptuarse del control constitucional, más aún cuando a partir de dicho cargo se pueden favorecer animismos, o a terceras personas con quienes tienen vínculo, perjudicando así al Estado. Se propone la revocatoria al mandato congresal por actos de corrupción, para garantizar los derechos de control ciudadano.

La corrupción pública es uno de los más graves problemas que enfrentan los Estados Modernos debido a que dificulta el desarrollo económico, desestabiliza la gobernabilidad democrática e imposibilita el ejercicio de los derechos fundamentales, limitando el desarrollo humano y atentando contra el fin supremo del Estado: garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el bienestar general. En esta última década, el Estado Peruano ha venido implementando medidas de “lucha” contra la corrupción fundamentalmente coercitivas a través del ejercicio del Ius Puniendi. Sin embargo, dichos esfuerzos han resultado insuficientes para reducir los altos niveles de corrupción que aún persisten. Para ello, el presente trabajo académico tiene como objetivo enfatizar la urgencia de contar con “nuevas estrategias anticorrupción en las administraciones públicas” que sean de calidad y eficientes, orientadas a prevenir y detectar casos de corrupción, fundamentadas a partir del desarrollo de los principios jurídicos y constitucionales de buena administración y el deber de lucha contra la corrupción; y proponer la implementación del compliance público como una novedosa herramienta anticorrupción que promueve el mejoramiento la gestión pública, permitiendo optimizar los recursos públicos (económicos y humanos) e incrementando la eficiencia en el ejercicio de la función pública

El presente informe tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos de la Resolución N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, la cual halló responsable a Lan Perú S.A. por la infracción del deber de idoneidad, en tanto se habría acreditado que canceló sin justificación objetiva el vuelo 2383 en la ruta Iquitos – Lima programado para el día 5 de noviembre de 2015. Para ello, el informe jurídico evalúa la competencia de Indecopi para pronunciarse sobre infracciones que se encuentran reguladas en la Ley de Aeronáutica Civil. En segundo lugar, se desarrolla el contenido del deber de idoneidad y garantías, así como las causas objetivas que configuran la fractura del nexo causal y liberan de responsabilidad administrativa al proveedor. De esta manera, haciendo uso de la doctrina y jurisprudencia, se analiza si Lan Perú S.A. infringió el deber de idoneidad o si se configuró una falla técnica ajena al mantenimiento programado de la aeronave, circunstancia imprevista que está reconocida en la Decisión 619 de la Comunidad Andina y eximiría de responsabilidad a la administrada. Finalmente, se evalúa la pertinencia de que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome posición sobre controversias de protección al consumidor relacionadas al servicio de transporte aéreo. / The objective of this paper is to analyze the legal problems of Resolution N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, which blamed Lan Perú S.A. for the violation of the duty of suitability, as it would have been proven that flight 2383 on Iquitos – Lima route scheduled for 5th of November 2015 was canceled without justification. For that, the legal report evaluates Indecopi's competence to rule on infractions that are regulated in the Civil Aeronautics Law. Secondly, the content of the duty of suitability and the guarantees is discussed, as well as the objective causes that structures the rupture of the causal nexus and exempt the company from administrative responsibility. Thereby, using the doctrine and jurisprudence, it is analyzed if Lan Perú S.A. breached the duty of suitability or if it was a technical failure unrelated to the scheduled maintenance of the aircraft, which is an unforeseen circumstance that is recognized in Decision 619 of the Andean Community and would exempt the company from liability. Finally, is discussed the relevance of the General Directorate of Civil Aeronautics taking a position on consumer protection controversies related to the air transport service.

El presente artículo jurídico estudió la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas administrativas restrictivas de derechos fundamentales para el manejo de la crisis sanitaria, en el mismo sentido, analizó la discrecionalidad de la administración pública, para tales efectos se procedió a reconocer las facultades y potestades que posee la misma, enmarcarlas en el escenario de la pandemia y verificar cuales son los límites y parámetros establecidos para el desarrollo de la discrecionalidad administrativa, analizando el contexto en el que se desarrolló la pandemia y en atención a las deficiencias que esbozó el poder ejecutivo al manejar la crisis es que, se sustentó la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para incorporar criterios para que la actuación de la administración pública en un estado de emergencia sanitaria no trasgreda derechos. Para alcanzar los objetivos planteados, se ha empleado un tipo de investigación documental bibliográfico a través del método analítico de las distintas fuentes referentes a la normativa y jurisprudencia tanto nacional e internacional, así como también el estudio de la doctrina, tesis antecesoras y libros. Como consecuencia de este estudio, se determinó que las medidas si fueron proporcionales y razonables, sin embargo, es necesario establecer parámetros mínimos de orientación que permitan a la autoridad actuar en situaciones similares.