En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer el nivel de eficacia que la producción normativa generada en nuestro país, ha tenido respecto a la lucha contra el fenómeno de la corrupción administrativa, teniendo en consideración que es considerado como uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. El trabajo desarrolla en primer término un esfuerzo teórico por establecer el fondo de cuadro respecto al concepto, naturaleza, características, clasificación y materialización del fenómeno de la corrupción, de forma tal que el desarrollo del mismo responda a los conceptos o lineamientos generales esbozados y pueda ser comprendido a la luz de dichos criterios. A continuación, el trabajo de investigación centra su enfoque en la corrupción administrativa, su definición, así como la forma como el fenómeno se presenta al interior de la administración estatal, para luego proceder a enfocar los alcances de la responsabilidad administrativa que es susceptible de generarse como resultado de la acción de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se aborda fundamentalmente la acción del Estado frente a la corrupción, analizándose la producción normativa generada, los conceptos desarrollados por las Convenciones Internacionales, el papel de las organizaciones involucradas en el combate de la corrupción, un breve enfoque sobre la percepción del fenómeno a la luz de la opinión pública y un breve análisis sobre la jurisprudencia nacional e internacional en torno al problema de la corrupción y la aplicación del procedimiento administrativo sancionador. Este capítulo concluye con un análisis crítico sobre los esfuerzos desplegados en materia normativa frente a la corrupción administrativa. Finalmente, nuestro trabajo en su tercer capítulo plantea a la luz del análisis previo, lo que consideramos deben ser las líneas maestras a seguir para articular un eficaz esquema normativo y operativo para enfrentar a la corrupción administrativa.

En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental

El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabilidad administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador: el régimen de responsabilidad administrativa objetiva. No obstante, la implementación de este régimen ha generado un debate en relación con el principio de culpabilidad. La cuestión es si dicho régimen vulnera el mencionado principio. Cabe recordar que el principio de culpabilidad es considerado como un límite importante al ius puniendi del Estado, aplicable tanto en sede administrativa como penal. Por tanto, la vulneración de esta significaría que la Administración tenga el camino libre para determinar la responsabilidad de un administrado eximiéndose de determinar la culpa o dolo de este. En relación con dicha cuestión, también existen posiciones a favor que consideran que, mientras no se afecte los derechos fundamentales, como la vida o la salud, y si se trata de un bien jurídico constitucionalmente protegido, estaría justificada su implementación. Teniendo en cuenta la controversia sobre este asunto, resulta necesario también revisar experiencias comparadas a fin de conocer el tratamiento, específicamente del régimen de responsabilidad administrativa en materia ambiental, de manera que se pueda tener una idea más amplia de nuestra situación. / The recognition of the environment as a protected legal asset has meant that, in our legal system at the level of Administrative Law, a special regime has been established in order to determine administrative liability in the framework of an administrative sanctioning procedure: the regime of strict administrative liability. However, the implementation of this regime has generated a debate regarding the principle of culpability. The question is whether such a regime infringes that principle. It should be recalled that the principle of guilt is considered an important limit to the State's ius puniendi, applicable in both administrative and criminal proceedings. Therefore, the violation of this law would mean that the Administration has a free hand to determine the liability of a person subject by exempting itself from determining the fault or intent of the latter. In relation to this issue, there are also positions in favour that consider that, as long as fundamental rights, such as life or health, are not affected, and if it is a constitutionally protected legal good, its implementation would be justified. Taking into account the controversy on this issue, it is also necessary to review comparative experiences in order to understand the treatment, specifically of the regime of administrative liability in environmental matters, so that a broader idea of our situation can be obtained. / Trabajo académico

En el presente trabajo analizamos la responsabilidad administrativa de los empleadores por el incumplimiento de nuevas obligaciones o mejoras en materia de facilidades sindicales introducidas por convenio colectivo, a partir de la reflexión de la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las disposiciones normativas sobre las facilidades sindicales y de la finalidad del sistema de inspección de trabajo, como una tutela adicional para la garantía de los derechos fundamentales laborales del trabajador. La naturaleza dual de los tipos de cláusula del convenio colectivo nos lleva a la conclusión que la tipificación de la infracción administrativa referida al incumplimiento de las facilidades sindicales puede ser llenada o complementada por las cláusulas normativas de los convenios colectivos, mas no, por las cláusulas obligacionales. / In this paper, we analyze the administrative responsibility of employers for non compliance with new obligations or improvements related to the granting of facilities for the exercise of union activity introduced by collective agreement, based on the study of the clasification as a seriuos infracctionof non-compliance with the normative provisions related to the granting of facilities for the exercise of union activity and the purpose of the labor inspection system, as an dditional protection for the guarantee of the fundamental rights of the worker. The dual nature of the types of clause in the collective agreement leads us to the conclusion that the classificaction of administrative infraction referring to the failure to comply with union facilities can be complemented by the normative clauses of the collective agreements, but not by the obligatory clauses. / Trabajo académico

La investigación ha determinado los requerimientos de los consumidores y los atributos que son necesarios considerar en los productos. Concretamente, los 4 requerimientos más exigidos son: que las medias sean cómodas, que tengan buen acabado, que sean indeformables y que tengan colores firmes. Esto varía por Nivel Socioeconómico (NSE).

Existe un consenso generalizado que el Perú constituye una ‘democracia sin partidos’, y de igual manera, que, pese a intentos institucionales de reforma electoral y partidaria, nuestro sistema partidario es persistentemente esquivo a la recomposición. Frente a la afirmación de que en el Perú resulta extremadamente difícil formar partidos políticos, al menos refiriéndose estrictamente a partidos políticos de carácter programático, resulta particularmente interesante realizar un repaso al sistema de partidos existente hoy en día, así como la exploración de las dinámicas de construcción partidaria en un sistema caracterizado como colapsado. Para ello, en primer lugar, resulta necesario dejar en claro desde una perspectiva teórica el estado del sistema de partidos peruanos, y dejar en claro porque constituye un sistema de partidos en persistente colapso. Asimismo, se realizará breve repaso por la evolución del sistema partidario como tal, así como los principales factores que evidencian el rumbo de su evolución. Finalmente, tras dilucidar las dinámicas y pautas de construcción y articulación partidaria, se expondrán casos particulares que evidencian la construcción de partidos en un sistema colapsado. La conclusión denota la imposibilidad de articular un partido de carácter programático, estable y duradero, no a menos que la utilización de recursos administrativos y dinámicas clientelistas persistan como los mecanismos más importantes para formar un partido en el Perú hoy.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar la resolución N°1648- 2017-TCE-S1, expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante TCE), por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; la misma que es de vital importancia al exponer un impreciso análisis sobre la valoración de los medios probatorios (sobre documentos presuntamente falsos) y la indebida aplicación de los principios del procedimiento administrativo. Al respecto, el TCE otorga valor probatorio suficiente, para verificar la falsedad de los documentos, a las declaraciones contenidas en cartas simples; y aplica el artículo 220 del decreto Supremo N°056-2017-EF, sin considerar el estándar probatorio que se fija en el articulado para realizar un análisis de la validez de dichas cartas. Este análisis es incompleto porque no aborda la necesidad de verificar de manera técnica si las firmas suscritas en los documentos presuntamente falsos son reales o no, vulnerando diversos principios administrativos. Los fundamentos de la resolución N°1648-2017-TCE-S1 y las actuales resoluciones no solucionan los problemas jurídicos cuando el TCE quiere analizar y demostrar la falsedad de los documentos. En contraposición a ello, únicamente expone a las empresas en ser desacreditadas por simples declaraciones de los suscribientes (que posteriormente se desdicen, obedeciendo a intereses ajenos), sin mediar antes una prueba técnica como la pericia grafo-técnica sobre los documentos cuestionados, con lo que habría una mayor seguridad jurídica en las contrataciones públicas.

Este trabajo expone los problemas que afronta una S.A.C. sin directorio y una S.R.L. cuando el gerente general cesa o se ve imposibilitado temporalmente para ejercer sus funciones y la junta general no puede instalarse con carácter de universal por la inasistencia de la totalidad de sus integrantes, en ese escenario, los accionistas tienen que recurrir a la vía notarial o judicial para convocar válidamente a una junta general con el objeto de nombrar al nuevo gerente general, sin embargo, estas vías suelen ser muy costosas y demandan mucho tiempo, en ese lapso, la sociedad corre el riesgo de paralizar sus operaciones al encontrarse acéfala por la falta de un representante con facultades suficientes que le permita desarrollar con normalidad su objeto social. Estudiaremos los distintos tipos de representación, expondremos la forma en la que se encuentra regulada en la LGS y en el ALGS la administración y representación en una S.A., S.A.C. sin directorio y una S.R.L., analizaremos legislación comparada sobre la materia, los precedentes de observancia obligatoria y resoluciones del Tribunal Registral, y dos casos prácticos. Finalmente, sustentaremos la necesidad de implementar una estrategia de política legislativa tendiente a lograr la modificación de la LGS y del DS N° 006-2013-JUS, a efectos de permitir que los socios o accionistas otorguen a uno o más apoderados las mismas facultades que al gerente general.