La presente investigación versa sobre el arbitraje potestativo como mecanismo de resolución de conflictos económicos, institución controvertida que se encuentra en permanente evolución, mediante modificaciones normativas como a través de los laudos que emitidos en su práctica. Con la promulgación del Decreto Supremo No. 014-2011-TR, que modifica el artículo 61° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LCRT), se formaliza el establecimiento del arbitraje potestativo, abriendo paso a una nueva discusión: ¿el arbitraje potestativo del artículo 61º es de origen causado o incausado? A partir de este contexto, es necesario realizar un análisis constitucional y crítico que reafirme la naturaleza potestativa e incausada del arbitraje contemplado en la LRCT, así como resaltar algunos problemas prácticos en su procedimiento y, a su vez, proponer soluciones para ellos. El trabajo contiene tres capítulos. El Capítulo I tiene como objetivo establecer el marco teórico en el que se desarrolla el trabajo de investigación, esto es, los conflictos colectivos de derecho del trabajo en el sector privado. El siguiente capítulo busca plantear diversos aspectos respecto a los antecedentes del arbitraje potestativo en nuestro país, llegando a la conclusión de que el mismo siempre tuvo naturaleza potestativa e incausada desde la promulgación de la LRCT. Así, este capítulo se ocupa de analizar la constitucionalidad de esta institución con respecto a la normativa internacional y de la normativa interna. El tercer capítulo trata –básicamente- de analizar el procedimiento del arbitraje potestativo. En ese sentido, a través del análisis del procedimiento en base a los dispositivos normativos sobre la materia, así como de lo verificado en casos reales, se realizan ciertas propuestas de mejora. Finalmente, se concluye con ciertas reflexiones en torno al uso del arbitraje potestativo incausado, y la necesidad de una regulación del mismo.

Para darle viabilidad jurídica al arbitraje potestativo como mecanismo alternativo de solución pacífica de los conflictos laborales, se han emitido reglas en la etapa de nombramiento de árbitros, entre ellas, las referidas a los plazos para la elección de árbitros, la prohibición de nombramiento sucesivo y la sustitución ante los supuestos de renuncia o inasistencia de los árbitros. No obstante la finalidad señalada, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo se interpone recursos (apelación) y cuestionamientos administrativos (oposición) en un escenario en que las partes actúan sin observar estas reglas. Frente a esta práctica, cabe preguntarse si es correcto reconocer en la Administración la facultad de efectuar el control de legalidad de las actuaciones del empleador o la organización sindical en la etapa de nombramiento de árbitros. Tal cuestión pretendo abordar en el presente trabajo, partiendo de la naturaleza de la intervención administrativa en la negociación colectiva y el arbitraje potestativo, y el deber de fomento y promoción que debe observar el Estado, de acuerdo al mandato contenido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú. De este modo, llego a la conclusión que la recusación es el mecanismo idóneo para plantear cualquier cuestionamiento respecto de la no observancia a las reglas para el nombramiento de árbitros, la cual debe hacerse valer ante el propio tribunal arbitral, una vez instalado. La postura asumida en el presente trabajo no admite otra opción.

This article explains how it was formed and shaped the Facultative Labour Arbitration optional by the judgments of the Constitutional Court, in order to that the workers or the employer may resort and request the initiation of arbitration which their counterpart must be submitted obligatorily, without previous arbitration clause or agreement. the constitutional system requires that the labor arbitration has to be an alternative mechanism to the negative response of the previous negotiations. / El presente artículo explica cómo se ha formado y perfilado el arbitraje potestativo laboral mediante las sentencias del tribunal Constitucional, con el fin de que los trabajadores o el empleador pueden recurrir y solicitar el inicio de un arbitraje al que su contraparte deberá someterse obligatoriamente, sin necesidad de cláusula arbitral o acuerdo previo. El sistema constitucional exige que el arbitraje laboral sea un mecanismo subsidiario ante la respuesta negativa de las negociacionesprevias.

El presente caso gira en torno a la demanda de amparo interpuesta por la Federación de Trabajadores del Sector Comunicaciones del Perú (en adelante “la FETRATEL”) contra Telefónica del Perú (en adelante TDP) por la vulneración a sus derechos de la negociación colectiva y de libertad sindical en el marco de las negociaciones del convenio colectivo 2008- 2009 entre las partes. El desarrollo de este expediente tiene una relevancia transcendental toda vez que no solo se discute sobre la naturaleza del arbitraje potestativo en el Perú a la luz de la jurisprudencia del TC, de los órganos internacionales así como de las posiciones sobre su causalidad o no, sino que se cuestiona la extensión de beneficios de un convenio colectivo suscrito con otro sindicato en el marco de una negociación colectiva y su impacto en la visión de los trabajadores de la Federación como interlocutores válidos que puedan defender los intereses de los trabajadores sindicalizados. Así, este caso se constituye como uno de gran relevancia jurídica por abarcar inclusive varias materias materias del Derecho (Consitucional, Laboral y Arbitral), siendo por ello posible desarrollar un rico y vasto desarrollo sustantivo y procesal en torno a los problemas jurídicos advertidos en el presente informe.

En Perú, los empleadores que realizan actividades que implican cierto riesgo se encuentran obligados a contratar un seguro especial que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a través del cual se brinda cobertura en salud y pensiones a los trabajadores a raíz de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. El presente informe tiene como principal objetivo analizar el criterio de la Corte Suprema comprendido en la Casación Laboral 1278-2018 AREQUIPA respecto de la solicitud de reconocimiento judicial de una pensión por invalidez por enfermedad ocupacional en virtud del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo por parte de un trabajador minero. Para esos efectos; en primer lugar, se describirán los hechos y documentos que sustentan la solicitud a nivel judicial. En segundo lugar, se expondrán los pronunciamientos de las distintas instancias judiciales, incluyendo la de la Corte Suprema, para así detallar los principales problemas jurídicos que se desprenden del caso. En tercer lugar, se analizará cada uno de los problemas jurídicos en torno las posturas asumidas por las instancias judiciales para así justificar la postura asumida de la autora sobre cada uno de ellos. Finalmente, se establecerán las conclusiones y las recomendaciones de la autora para contribuir en la mejor comprensión y aplicación de la legislación que regula la pensión por invalidez. / In Peru, employers who perform activities that involve certain risk are obliged to contract a special insurance which is the Complementary Risk Work Insurance through which health and pension coverage is provided to workers as a result of a work accident or occupational disease. The main purpose of this report is analyze the criteria of the Supreme Court included in the Labor Cassation 1278-2018 AREQUIPA regarding the request for judicial recognition of a disability pension due to occupational disease by virtue of the Complementary Risk Work Insurance by a mining worker. For such purposes; firstly, the facts and documents supporting the request at the judicial level will be described. Secondly, the pronouncements of the different judicial instances, including that of the Supreme Court, will be presented in order to detail the main legal problems arising from the case. Thirdly, each of the legal problems will be analyzed in relation to the positions taken by the judicial instances in order to justify the position taken by the author on each of them. Finally, the author's conclusions and recommendations will be established to contribute to a better understanding and application of the legislation that regulates the disability pension.

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis sobre la incidencia generada en el ámbito de la negociación colectiva, en particular, del arbitraje potestativo, a raíz de la publicación de la última modificación al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Decreto Supremo N° 009-2017-TR. Este tema resulta sumamente relevante, toda vez que, se comprende al arbitraje como un medio de solución pacífico de controversias, cuyo fin es impedir que el conflicto se mantenga abierto y que las partes lleguen a negociar. En virtud de lo señalado precedentemente, la modificación a las reglas previstas para el arbitraje potestativo, puede crear un escenario distinto que no necesariamente conlleve a las partes al resultado esperado.

La presente investigación versa sobre el análisis del arbitraje potestativo incausado y su compatibilidad con la negociación directa en un conflicto laboral. El arbitraje potestativo es un mecanismo de solución de conflictos regulado en el ámbito legal nacional, y a pesar de la controversia que ha causado, se viene implementando constantemente en la práctica. El arbitraje potestativo causado se configura cuando se presentan alguna de las dos causales descritas en el artículo 61-A° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha inclinado por una postura que establece que el arbitraje potestativo es uno de naturaleza incausada, es decir, no es necesario la configuración de las causales descritas en el artículo citado para su aplicación. Ante dicha controversia, y observándose en la práctica una importante implementación del arbitraje potestativo incausado, surge la interrogante de conocer si es que el arbitraje potestativo incausado genera alguna incompatibilidad con el derecho a la negociación directa. A partir de este contexto, se realiza un análisis de la normativa nacional e internacional que sirve de base para la aplicación del arbitraje potestativo incausado, así como los efectos que ha causado su aplicación práctica en las negociaciones colectivas. La presente investigación contiene dos secciones. La primera sección tiene como objetivo establecer los conceptos relacionados a los conflictos laborales, la negociación colectiva como derecho constitucional y los mecanismos de solución de conflictos. La segunda sección realiza un análisis a la figura del arbitraje potestativo, en base a la normatividad nacional y a la jurisprudencia, haciendo un especial énfasis en el arbitraje potestativo incausado y los efectos que tiene en la negociación directa, utilizando data estadística. Finalmente, se concluye con ciertas reflexiones referentes a la aplicación actual del arbitraje potestativo incausado, y propuestas de regulación del mismo.

The following article offers a point of view about the arbitraje as an alternate resolution method for workplace conflicts, in this way, a more critical point of view can be developed about the possibility of the arbitraje usage regulated in the “Ley Procesal del Trabajo” which once again has been regulated in the “Nueva Ley Procesal del Trabajo”. For that purpose, the author analyzes the different points of view existing in the doctrine as well as the ones in the jurisprudence about the labour arbitration situation in the “Ley General de Arbitraje”, followed by this, it will be analyzed the regulation contained in the “Nueva Ley Procesal del Trabajo”. / El presente artículo nos brinda una visión acerca del uso del arbitraje como método de resolución de conflictos alterno en el ámbito de los conflictos laborales, así, se desarrolla una mirada crítica sobre la posibilidad del uso del arbitraje que se encontraba regulada en la Ley Procesal del Trabajo y que, nuevamente, ha sido regulada en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Para ello, el autor analiza las posiciones existentes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sobre la situación del arbitraje laboral en la Ley General de Arbitraje, luego de lo cual se analizará la regulación contenida en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

En el Perú el cese colectivo está regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, T.U.O del D.L. 728; el cese colectivo se produce cuando el empleador de manera unilateral decide la terminación de contratos por causas objetivas relacionadas a una crisis empresarial. Las causales establecidas en la Ley de Productividad Laboral son las siguientes; a) El caso fortuito y la fuerza mayor; b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra; y por último d) La reestructuración patrimonial. En el presente trabajo se aborda las causales objetivas de caso fortuito y la fuerza mayor, y los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; esto en relación con el rol que cumple la Autoridad Administrativa dentro de la etapa administrativa de procedimiento establecido. Asimismo; se realizan diversos cuestionamientos al procedimiento de cese colectivo, esto según lo establecido por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dentro del análisis de los cuestionamientos nos centramos en la suspensión perfecta, aprobación automática con verificación posterior; fases que se encuentran dentro del procedimiento del cese colectivo. De la misma forma también se analiza aquella presentación simultánea de la negociación de las medidas terminación de contratos y la solicitud de suspensión de contratos

La presente investigación se propone determinar cómo se vinculan el arbitraje laboral con el derecho de huelga, en el marco de la Ley de relaciones colectivas de trabajo. Por medio de la metodología dogmática descriptiva, se concluye que el arbitraje potestativo incausado vulnera el derecho de huelga, luego de establecer que la doctrina mayoritaria y los operadores de justicia mantienen una visión patológica del conflicto colectivo laboral y de la huelga, pese a lo establecido en los Convenios Internacionales del Trabajo, las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, es propuesta de la tesis la reforma de la Constitución y la Ley en pos del respeto y garantía del derecho de huelga, y la restricción del arbitraje laboral.