El presente informe se centra en el análisis de la Resolución N° 6 emitida en el Expediente N° 00351-2021-0-1817-SP-CO-02 por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial del Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundado en parte el recurso de anulación del laudo arbitral de fecha 29 de diciembre 2020, presentado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el arbitraje contra ella seguido por Alimentos Andinos P&A E.I.R.L. La referida resolución tuvo como objeto determinar si la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral vulneró el derecho a la motivación en su tipificación bajo las causales del literal b) y d), del inciso 1 del art. 63 de la Ley de Arbitraje, que contemplan la falta de motivación suficiente y la decisión sobre materias no sometidas al arbitraje, respectivamente. El problema principal del caso se refiere a la interpretación de un plazo estipulado en el contrato para acudir al arbitraje, como uno de caducidad, lo que afectaba la admisión de la controversia en esta sede. Los instrumentos normativos empleados son la Ley de Arbitraje, específicamente los artículos 41, 62 y 63, que establecen los principios de competence-competence e irrevisabilidad y las causales de nulidad de los laudos arbitrales. El informe examina si el Tribunal Arbitral aplicó correctamente los principios mencionados y si la Sala Superior se ajustó a las causales de nulidad al revisar la decisión arbitral. Se concluye que es imperativo que los tribunales judiciales respeten los límites establecidos por la ley en cuanto a las causales de nulidad de los laudos arbitrales, preservando así la independencia y eficacia del sistema arbitral como un mecanismo eficiente para la resolución de disputas comerciales. / This report focuses on the analysis of Resolution No. 6 issued in Case No. 00351- 2021-0-1817-SP-CO-02 by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which declared partially founded the appeal for annulment of the arbitral award dated December 29, 2020, filed by the Ministry of Development and Social Inclusion, in the arbitration against it followed by Alimentos Andinos P&A E. I.R.L. The purpose of said resolution was to determine whether the decision adopted by the Arbitral Tribunal violated the right to motivation in its typification under the grounds of subparagraph b) and d), paragraph 1 of Article 63 of the Arbitration Law, which contemplate the lack of sufficient motivation and the decision on matters not submitted to arbitration, respectively. The main problem of the case refers to the interpretation of a term stipulated in the contract to go to arbitration, as one of expiration, which affected the admission of the dispute in this venue. The normative instruments used are the Arbitration Law, specifically Articles 41, 62 and 63, which establish the principles of competence-competence and unreviewability and the grounds for nullity of arbitral awards. The report examines whether the Arbitral Tribunal correctly applied the aforementioned principles and whether the Superior Chamber complied with the grounds for nullity when reviewing the arbitral decision. It concludes that it is imperative that the courts respect the limits established by law regarding the grounds for nullity of arbitral awards, thus preserving the independence and effectiveness of the arbitral system as an efficient mechanism for the resolution of commercial disputes.

El presente informe tiene como finalidad analizar la Resolución N° 5 del Expediente N° 00205-2022-0-1817-SP-CO-01, mediante el cual se discute la anulación de laudo bajo la causal del literal b) numeral 1 del artículo del Decreto Legislativo N° 1071 emitido el 22 de agosto de 2022 entre el Hospital Nacional Dos de Mayo que actúa como demandante, y el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Salud que actúan como demandados. En este proceso se discute si el Tribunal Arbitral Unipersonal emitió una decisión debidamente motivada conforme lo establece la ley. Para ello se realizará un análisis exhaustivo si la causal invocada para la anulación de laudo es la más adecuada. Asimismo, se expondrá la relevancia de las decisiones motivadas y cuáles serían los estándares idóneos de estos para evitar recurrir al recurso de anulación de laudo. En ese sentido, concluimos que la sí existió una vulneración al derecho de motivación en el caso presentado y que la causal correcta que se debió alegar está establecida en el literal c) numeral 1 del artículo del Decreto Legislativo N° 1071 para fundamentar la falta de motivación en el laudo arbitral. / The purpose of this report is to analyze Resolution No. 5 of File No. 00205-2022- 0-1817-SP-CO-01, through which the annulment of the award is discussed under the cause of literal b) numeral 1 of the article of Legislative Decree No. 1071 issued on August 22, 2022 between the Dos de Mayo National Hospital, which acts as plaintiff, and the Cirujano Mayor Santiago Távara Naval Medical Center of the Peruvian Navy and the Health Directorate, which acts as defendants . In this process, it is discussed whether the Unipersonal Arbitration Court issued a duly reasoned decision as established by law. To do this, an exhaustive analysis will be carried out if the cause invoked for the annulment of the award is the most appropriate. Likewise, the relevance of the motivated decisions will be explained and what would be the ideal standards for them to avoid resorting to the appeal for annulment of the award. In that sense, we conclude that there was a violation of the right to motivation in the case presented and that the correct cause that should have been alleged is established in literal c) numeral 1 of the article of Legislative Decree No. 1071 to substantiate the lack of motivation in the arbitration award.

El presente informe tiene como objetivo exponer los hechos y problemas jurídicos surgidos en el arbitraje seguido bajo el Expediente N° 386-65-13, el cual fue administrado por el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se sustentó en la disputa jurídica entre ACEROS Y TECHOS SA y la Sociedad Conyugal Quispe-Cusi (conformada por Emiliano Quispe Duran y Alejandrina Cusi de Quispe) acerca del Contrato de opción y los efectos de unas arras retractativas fijadas en el contrato suscrito entre las partes. Al respecto, se realizará un análisis de las figuras jurídicas que se identifican de los hechos del caso y las posiciones asumidas por las partes durante todo el proceso arbitral. Las figuras a analizar son: I) Contrato de opción, y II)Arras Si bien las figuras jurídicas a analizar han sido abordadas en reiterados trabajos de investigación, se busca, con el presente análisis, cuestionar la forma y los criterios en los cuales el árbitro aplicó las figuras al momento de laudar y sustentar sobre el presente conflicto. Sobre el particular, en extremo final del trabajo se realizará una opinión respecto al Laudo, en donde se analizará como se ha aplicado las figuras jurídicas en el presente proceso arbitral.

El presente Informe analiza cuestiones jurídicas relevantes del Expediente 142-2011-PA/TC; un proceso de amparo en que se pretendió la declaración de ineficacia de un Laudo Arbitral por vulnerar derechos fundamentales. Se analizan las siguientes cuestiones. En primer lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía previa o paralela al amparo. En segundo lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía idónea igualmente satisfactoria al proceso de amparo para tutelar derechos fundamentales. En tercer lugar, si la pretensión es fundada. En cuarto lugar, si la actuación del TC consistente en emitir pronunciamiento de fondo sin correr traslado de la demanda a la parte demandada vulnera los derechos de defensa y a la pluralidad de instancia. En quinto lugar, si debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje. La importancia del análisis de estas cuestiones radica en la necesidad de establecer reglas claras para regir la relación entre el arbitraje y la jurisdicción, así como de que estas reglas sean razonables y conformes con nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, la metodología empleada en el trabajo consiste en el contraste de las cuestiones antes mencionadas con las fuentes jurídicas constitucionales, procesales y arbitrales pertinentes. Finalmente, las conclusiones obtenidas son las siguientes: Con relación al primer problema, el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía paralela al amparo. Con relación al segundo problema, el proceso de anulación de laudo arbitral, por regla general, es una vía idónea igualmente satisfactoria que el amparo. Con relación al tercer problema, la pretensión es infundada. Con relación, al cuarto problema, la actuación del TC vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la pluralidad de instancia. Con relación al quinto problema, sí debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje.

El presente informe contiene un análisis jurídico de los alcances de la jurisdicción arbitral y tiene como principal insumo la emisión de la sentencia en el Expediente No. 6167-2005-PHC/TC. Dicho caso se origina en la contienda arbitral entre Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., y Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. La elección del expediente obedece a su riqueza y diversidad temática ya que encontramos en él distintas ramas del Derecho relacionadas con el proceso, como el arbitraje, el proceso penal y el proceso constitucional. Así, en cada una de estas materias se analiza los principales problemas que se presentan en el caso. Por consiguiente, el informe abarca relevantes materias referidas a estas especialidades, tales como la recusación de un árbitro, los recursos en el arbitraje, de la renuncia de un árbitro y si poseen la calidad de vocales de la Corte Suprema, del hábeas corpus y del recurso de agravio constitucional. Para dar respuesta a los problemas que surgen del expediente se acude a jurisprudencia y doctrina en materia arbitral, procesal y constitucional. El informe concluye que el arbitraje es una vía alternativa para la solución de conflictos de orden constitucional que, como vía jurisdiccional independiente, cuenta con las facultades que impiden la intromisión de cualquier tercero en esta jurisdicción, reconocida como tal por la Constitución. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en su labor como máximo intérprete de la Constitución, distingue y reconoce la competencia de los árbitros para tomar decisiones en el ámbito que se desarrollan.

En el presente caso, la empresa IMPREGILO, en adelante el contratista, elevó a controversia las liquidaciones presentadas por ella y por PROVIAS NACIONAL, en adelante la entidad, solicitando que su liquidación sea declarada aprobada ya que la liquidación de la Entidad no fue presentada mediante Resolución conforme lo establecido en el art. 43 de la Ley N°26859, Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado - LCAE. Subordinadamente solicitó que de considerar la liquidación de la Entidad es válida se incluya conceptos ganados en Laudos de otros arbitrajes, intereses legales y mayores gastos directos (afectación en precios de partidas). Para dilucidar cuál de las liquidaciones es válida, se realizó i) el análisis del artículo 43 de la LCAE concluyéndose que este establece la formalidad para la Entidad de pronunciarse sobre la liquidación del contratista mediante Resolución; ii) si la liquidación del contratista fue consentida por la Entidad correspondiendo se declare aprobado, lo cual consideramos que en efecto la liquidación del contratista es válido al cumplir con el procedimiento de liquidación de los artículos 43 de la LCAE y artículo 119 de su reglamento, de los datos no se advierte que hubo observaciones a la liquidación del contratista de parte de la entidad; tampoco hubo reconvención respecto del contenido del mismo iii) el tratamiento normativo de la aprobación y el consentimiento de la liquidación, respecto de lo cual consideramos que ambos términos son usados en la normativa de manera indistinta; iv) la validez de la liquidación presentada por la Entidad, que consideramos no cumple con los requisitos de validez y por lo tanto es inválido; y v) si corresponde la modificación de la liquidación de la Entidad mediante Laudo, respecto de lo cual se advierte que el Tribunal ordena la inclusión de conceptos en la liquidación, con lo cual es la Entidad que finalmente reliquida el contrato de obra. Dentro de los montos incorporados a la liquidación comprenden montos correspondientes a una indemnización por mayores gastos directos, cuyo análisis de responsabilidad civil, consideramos no se ha sustentado sólidamente. De acuerdo a lo expuesto, se concluye que la liquidación válida es la presentada por el Contratista, habiendo sido consentida por la Entidad que no elevó a controversia esta, y presentó una liquidación con defecto de validez, contrariamente a la valoración del Tribunal que considera que el pronunciamiento sobre la liquidación del contratista no necesariamente debió realizarse mediante Resolución, a pesar de que la propia LCAE lo establece expresamente

El presente artículo aborda la aplicación supletoria de las normas de derecho privado en la resolución de laudos durante los arbitrajes en los que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actúo como Entidad durante el periodo del 2003 al 2019. Para ello, la autora realizó una investigación de los mencionados laudos que se obtuvieron de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Como resultado, se identificaron cuatro casos en los que la autora considera que la decisión del laudo estuvo fundamentada en argumentos basados en las normas de derecho privado, lo cual no resultaba pertinente legalmente, debido a que pudo haber sido aplicada la normativa de contrataciones del Estado. / This article approachs the supplementary application of private law rules in the resolution of awards during arbitrations in which the Programa Nacional de Asistencia Alimentaria acted as an Entity during the period from 2003 to 2019. For this, the author carried out an investigation of the aforementioned awards that were obtained from the platform of the Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. As a result, four cases were identified in which the author considers that the decision of the award was based on arguments based on private law, which was not legally relevant, since the State contracting regulations could have been applied. / Trabajo académico

El objetivo del presente informe jurídico es analizar la Resolución número 21 del expediente 209-2011-0 (la “Sentencia”), que versa sobre anulación de laudo. La Sentencia aborda una situación sobre infracción a la imparcialidad a la luz de las conductas y vínculos desplegados en el caso en concreto (conductas agresivas). Asimismo, tomando como punto de partida ello estableceremos supuestos respecto al deber de imparcialidad y si este se ve afectado o no por (i) la conducta agresiva de un árbitro; y (ii) el vínculo del árbitro con el secretario arbitral o con un miembro del consejo. Segundo, se enfocará el análisis en el aspecto de la motivación y la valoración de pruebas teniendo como eje central si la no consideración de ciertos medios probatorios vulnera el derecho a la valoración de pruebas. En el presente estudio usaremos el método de investigación dogmático jurídico (o documental), puesto que recogeremos lo que ya se ha expuesto en la doctrina y en la judicatura respecto a la temática. Concluiremos que la imparcialidad es un concepto relevante, ya que debe guiar el actuar de los árbitros durante el desarrollo de sus labores; sin embargo, no está exento de polémica por lo que merece ser aún más esclarecido. En el ámbito de la motivación concluiremos que el principio de unidad de la prueba debe guiar la valoración de la misma y que la motivación no necesariamente debe contener una mención y análisis de todas las pruebas, sino de aquellas que son relevantes para el proceso / The objective of this legal report is to analyze Resolution number 21 of file 209- 2011-0 (the “Judgment”), which deals with the annulment of the award. The Judgment deals with a situation regarding infringement of impartiality in light of the conduct and links displayed in the specific case (aggressive conduct). Likewise, taking this as a starting point, we will establish assumptions regarding the duty of impartiality and whether or not it is affected by (i) the aggressive conduct of an arbitrator; and (ii) the relationship of the arbitrator with the arbitral secretary or with a member of the council. Second, the analysis will focus on the aspect of motivation and the evaluation of evidence, having as a central axis if the non-consideration of certain means of evidence violates the right to the evaluation of evidence. In the present study we will use the legal dogmatic (or documentary) research method, since we will collect what has already been exposed in the doctrine and in the judiciary regarding the subject. We will conclude that impartiality is a relevant concept, since it should guide the actions of the arbitrators during the development of their tasks; however, it is not exempt from controversy, so it deserves to be even more clarified. In the field of motivation, we will conclude that the principle of unity of the evidence should guide its evaluation and that the motivation should not contain a mention and analysis of all the tests, but of those that are relevant to the process

El presente informe tiene como objeto analizar y cuestionar lo resuelto en el Laudo N° 313 – 15 – B – FPF en el marco de una relación laboral especial – entre un futbolista profesional y su Club -. Para ello, examinaremos lo decidido en el Laudo sobre las tres pretensiones del jugador: el pago de remuneraciones pendientes, indemnización de despido arbitrario y beneficios sociales. La controversia se origina cuando el Club Universidad San Martin decide despedir al jugador Jesús Álvarez cuando, en el 2012, los futbolistas profesionales del Perú decidieron no presentarse a la primera fecha del torneo oficial de fútbol. A razón de esta, se emite el Laudo en el que declaran infundada la principal pretensión del jugador: la indemnización de despido arbitrario. El presente informe arriba a una solución distinta a la planteada por los árbitros. Para ello es determinante la construcción jurídica realizada sobre la aplicación del periodo de prueba en la relación laboral de los futbolistas profesionales. Se utiliza lo establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en la Ley de Régimen Laboral del Futbolista Profesional, en el Convenio Colectivo: Estatuto del Futbolista Profesional del Perú, en la jurisprudencia y en la doctrina para proteger los derechos constitucionales del trabajo y protección frente al despido arbitrario de los futbolistas en el Perú. / The purpose of this report is to analyze and question the decision of Award No. 313 – 15 – B – FPF in the framework of a special employment relationship – between a professional footballer and his Club -. To this end, we will examine what was decided in the Award on the three claims of the player: the payment of outstanding remuneration, compensation for arbitrary dismissal and social benefits. The controversy originated when Club Universidad San Martin decided to fire the player Jesús Álvarez when, in 2012, the professional soccer players of Peru decided not to show up for the first date of the official soccer tournament. Because of this, the Award is issued in which they declare the player's main claim unfounded: compensation for arbitrary dismissal. This report arrives at a solution different from the one proposed by the arbitrators. To this end, the legal construction carried out on the application of the probationary period in the employment relationship of professional footballers is decisive. The provisions of the Law on Labor Productivity and Competitiveness, the Law on the Labor Regime of Professional Soccer Players, the Collective Agreement: Statute of the Professional Soccer Player of Peru, and jurisprudence and doctrine are used to protect the constitutional rights of labor and protection against arbitrary dismissal of soccer players in Peru.