En el marco de las contrataciones del Estado, observamos que muchas veces existen irregularidades no sólo por parte de los privados, sino también de parte del Estado quien muchas veces abusando de su poder, permite que se realicen obras, servicios y prestaciones a su favor cuando existe un contrato que se ha declarado nulo después de haberse ejecutado prestaciones, y por otro lado aquellas situaciones en las que el particular de buena fe ejecuta obras adicionalmente sin que cuente con autorización expresa en el contrato, pero que lo realiza porque existe una aceptación tácita del Estado. Además en un tercer supuesto están aquellas adquisiciones o prestaciones de servicios que se dan sin que exista contrato alguno. Finalmente, lo que se busca en la presente investigación es incorporar un principio general del Derecho como lo es la figura del enriquecimiento sin causa a la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de especializarlo a nivel administrativo, así como también cubrir un vacío legal pues la actual Ley de Contrataciones no dice nada al respecto. Por ello será necesario incorporar dicha figura a nuestra Ley además de establecer los supuestos en que se puede aplicar el principio de enriquecimiento sin causa, con el fin de evitar un uso abusivo de esta institución.

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El objetivo de la presente investigación ha sido identificar los factores que promueven el incremento patrimonial no justificado y su efecto en los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz en el período 2021. El método utilizado ha sido la encuesta, a fin de recoger información de los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz, que se encuentra en el CIUU 5122-5 – venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. Las conclusiones que llegamos a determinar son que los factores sociales, culturales, económicos y tributarios influyen significativamente en el incremento patrimonial no justificado de los contribuyentes del distrito de José Leonardo Ortiz – 2021.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Poder Judicial y los Tribunales Arbitrales, han señalado en la mayoría de resoluciones, que mediante el enriquecimiento sin causa se puede pagar la utilidad al contratista que ejecutó prestaciones a favor del estado sin mediar un contrato, lo que es un error, ya que el enriquecimiento sin causa brinda una tutela semi – resarcitoria, es decir solo busca reponer el equilibrio patrimonial. En el presente trabajo utilizo el método dogmático porque considero que en el Perú existe un profundo desconocimiento conceptual de la figura del enriquecimiento sin causa, además utilizo el método jurisprudencial ya que analizo las sentencias que resuelven casos que versan sobre enriquecimiento sin causa, de lo cual he concluido que salvo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no corresponde reconocer la utilidad a los proveedores del estado que hayan ejecutado prestaciones sin contrato, pues al realizarse el pago de esta manera se le está restando coherencia al sistema de contratación estatal, ya que el proveedor se ve beneficiado al lograr el mismo resultado que si celebrará un contrato público, evitando el gasto de tiempo y dinero que implica participar en una licitación. Asimismo, considero necesario establecer mediante una modificación normativa que establezca que el enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación pública no da derecho al reconocimiento de la utilidad al proveedor, ya que la legislación vigente no ha regulado adecuadamente las consecuencias de esta fuente de obligación, por lo que se generan pronunciamientos diversos, entorno a la manera de aplicación de esta figura.

El presente artículo legal tiene como finalidad desarrollar propuestas legislativas adecuadas que reconozcan el carácter autónomo del delito de inmigración ilegal en el Perú, utilizando métodos cualitativos, métodos de registro y observación, siendo la herramienta desarrollada un cuadro de descripción general manual de observación. En cuanto a los resultados, se obtuvo la existencia de una imperiosa necesidad de modificar el artículo 401 del Código Penal Peruano, debido a que se le convierte en tipo penal autónomo de aplicación específica. Del mismo modo, es sumamente importante sustentar los criterios normativos que serán tomados en cuenta para la propuesta.

El delito de Enriquecimiento Ilícito se encuentra tipificado en nuestra legislación desde hace más de tres décadas y, desde su tipificación, poco se analizado en doctrina sobre su naturaleza y sobre el bien jurídico protegido con el mismo. Si bien un sector importante de la escaza doctrina nacional que ha escrito sobre el tema lo ha considerado desde siempre un delito residual y/ subsidiario; es también cierto que un porcentaje de dicho sector, solo se remite a repetir una vieja posición que sienta sus bases en la ratio legis del legislador de 1981 –año en que se incorporó este delito en nuestro Código Penal-. Asimismo, es casi unánime la posición nacional en torno a reconocer en el Enriquecimiento Ilícito un bien jurídico protegido que adolece de especificación –e, incluso, que abunda en lo subjetivo cuando se mencionan la ética o la moral de los funcionarios públicos-. Esto último coadyuva a la interpretación errónea del tipo y fortalece – por un claro desinterés en desarrollar más profundamente el tema- la posición del delito como subsidiario. Si bien no comparto la tesis de la subsidiariedad, solo pocos autores han argumentado seriamente dicha posición, mientras que la gran mayoría de ellos se han remitido –sin análisis detenido- a la doctrina extranjera –sobre todo la argentina y la colombiana-. Si bien en torno a este delito se han planteado algunas problemáticas en el marco de su aplicación a un caso concreto, considero preciso e ineludible, de cara a una correcta interpretación y posterior análisis de los problemas derivados de su aplicación, la determinación del bien jurídico específico protegido. Es a partir de dicha concretización que la tarea de interpretación se dificulta menos y, como también argumentaré, se llega a conclusiones distintas a las que hemos dado por sentadas desde siempre. Para tales efectos, he dividido este trabajo en tres capítulos. El primero tiene como finalidad fortalecer al bien jurídico como fin de protección del Derecho Penal. He considerado preciso sentar posición al respecto al tratarse de un delito contra la Administración Pública, que, por su naturaleza supraindividual, ha sido objeto de críticas en razón –sostienen- de su intensa abstracción; además, porque, al ser el funcionario público el único protagonista en el mismo, se trata también de un delito de infracción de deber –en donde aquél ocupa una posición especial jurídico institucional-, aspecto que, luego de afirmado, podría llevar a la confusión de la base dogmática de la que se parte –así, no se asume en este trabajo un punto de partida funcionalista por su excesivo formalismo, pero tampoco se descartan los aportes que, alienados con las propias consideraciones, efectivamente coadyuvan a un mejor entendimiento sobre el tema-. Posterior a ello, se desarrollan los argumentos relacionados con la protección de los bienes jurídicos supraindividuales –en donde se ubican los delitos de corrupción de funcionarios-; así, como se podrá apreciar, parto de una protección autónoma y no personalista en esta clase de delitos. Ello facilita expresar posición en torno a la alegada contraposición entre la estructura de los tipos en clave de peligro abstracto y el principio de lesividad en el grupo de delitos bajo la rúbrica de “delitos contra la Administración Pública”.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:30:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renato Montans de Sa.pdf: 1199020 bytes, checksum: e5a7bb03261c59bea19df4348b35fc75 (MD5) Previous issue date: 2010-05-10 / The judicial estoppel exercises an undeniable safety function in the legal relationships submitted to the Judiciary. The mandatory, as an essential characteristic of the jurisdiction, can only be completely in force if what has not been decided cannot be either invalidated or reduced by a later decision. However, this protection provided by the State is circumscribed by limits set by the law. The protection granted by the res iudicata cannot be bigger than the res iudicanda. Its limits are contained within the dispute itself. In spite of the fact of the dispute being polysemy, it being possible to confuse it with the process itself, it constitutes, to the end proposed by this paper, the conflict of interests (or part of it) projected to the process. The doctrine does not conflict by assessing that the judicial estoppel is an institution of an eminently practical nature: immunization of the decision submitted to the jurisdiction. In this way, only the part that modifies the reality of the subjects of the process interests to the stability of the judicial estoppel, meaning, the dispositive. Our ordinance does not create this same protection for the logical iter that took the judger to reach his conclusions. In spite of it being important and essential for the understanding of what has been decided, the fundaments are not reached by the res iudicata. The fundaments have a close relationship with the causa petendi formulated by the author and the causa excipiendi presented by the defendant as if an imaginary shaft that connected the two ends, as assessed by the authorized doctrine. The system would be reduced to an almost inexistent safety if new arguments that modified the causa could be drawn in a new demand since they had not been drawn in the first one. The present paper has as its objective to face what material of the first process becomes unchangeable or irrelevant (according to the doctrine) for further discussions. In this way, the study of the preclusive coming into force of the judicial estoppel has in the theory of a triple identity, in its entire analysis, the essential structure for the understanding of the institution / A coisa julgada exerce inegável função de segurança das relações jurídicas submetidas ao Judiciário. A imperatividade, como característica essencial da jurisdição, somente pode ter sua vigência de maneira plena se aquilo que foi decidido não puder ser infirmado ou reduzido por posterior decisão. Contudo, esta proteção conferida pelo Estado está circunscrita a limites estabelecidos pela lei. A proteção conferida pela res iudicata não pode ser maior que a res iudicanda. Seus limites encontram-se dentro da lide. A despeito de lide ser expressão polissêmica, podendo se confundir até mesmo com o próprio processo, constitui, para os fins que este trabalho propõe o conflito de interesses (ou parcela dele) projetado ao processo. Não destoa a doutrina em asseverar que a coisa julgada é instituto de natureza eminentemente prática: imunização da decisão submetida à jurisdição. Dessa forma, somente a parte que modifica a realidade dos sujeitos do processo interessa à estabilidade da coisa julgada, vale dizer, o dispositivo. Nosso ordenamento não cria essa mesma proteção para o iter lógico que levou o julgador a chegar as suas conclusões. A despeito de importante e essencial para compreender o que foi decidido, a fundamentação não é alcançada pela autoridade res iudicata. A fundamentação tem estreita relação com a causa de pedir formulada pelo autor e a causa excipiendi apresentada pelo réu, como um eixo imaginário que ligasse as duas pontas, como assevera autorizada doutrina. O sistema seria reduzido a uma segurança quase inexistente se novos argumentos que alterassem a causa de pedir pudessem ser deduzidos em nova demanda, desde que não deduzidos na primeira. O presente trabalho tem por objetivo enfrentar qual material do primeiro processo se torna imutável ou irrelevante (conforme a doutrina) para posteriores discussões. Desta forma, o estudo da eficácia preclusiva da coisa julgada tem na teoria da tríplice identidade, e toda sua análise, a estrutura essencial para o entendimento do instituto

Made available in DSpace on 2011-05-04T12:36:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009 / O diabetes mellitus é uma doença crônica atualmente considerada um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Reconhecendo que as estatísticas de mortalidade constituem importante instrumento para a análise das condições de saúde das populações, foi realizado este estudo com o intuito de contribuir com os dados dos indicadores epidemiológicos. Foi investigada a causa básica de morte para estabelecer a magnitude da mortalidade por diabetes mellitus em Manaus-AM no período de 1997 a 2002, utilizando como fonte de dados os registros de óbitos do Sistema de Informação sobre Mortalidade SIM e a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE para os respectivos anos do estudo. Foi caracterizada com base em indicadores indiretos a qualidade das informações contidas nas declarações de óbito. As taxas de mortalidade e mortalidade proporcional foram calculadas e analisadas segundo o sexo e a faixa etária de Manaus e do interior. A partir dos dados obtidos, concluiu-se que houve aumento nas proporções de óbitos ocorridos em hospitais, bem como aumentou o número de indivíduos que foram a óbito e receberam acompanhamento médico no período da doença. Destacou-se melhoria no preenchimento da variável exames complementares. As taxas de mortalidade e mortalidade proporcional segundo o sexo apresentaram maior magnitude no sexo feminino tanto da capital como do interior, sendo a relação mulher/homem maior no interior. Os resultados apontaram crescimento com o avançar da idade. / Mellitus diabetes is a chronicle disease, which is currently being considered one of the major public health problems in Brazil. Given that mortality rates are a useful device for analysing the health conditions of populations, the present study was undertaken with the aim of contributing to the data on epidemiological indicators. The basic cause of death was investigated in order to establish the magnitude of the mortality caused by mellitus diabetes in Manaus-AM from 1997 to 2002. Records on death certificates of the Mortality Information System – SIM, and on the number of population estimated by the Brazilian Institute of Geography and Statistics– IBGE for the respective years of this study, were used as the source for our data. Information found in the death certificates was characterised on the basis of indirect indicators. Mortality and proportional mortality rates were calculated and analysed for Manaus and the interior according to sex and age group. On the basis of the data obtained it was concluded that there was an increase on the death rates occurring in the hospitals, as well as on the number of individuals who came to die while undergoing medical follow-up at the time they were being treated. There was a noticeable improvement on the fulfilling of the complementary exam variable. Mortality and proportional mortality rates according to sex presented the highest magnitude in females both in the capital and interior, being the woman/man ratio higher in the interior. Findings point out that the disease grows more severe with the age.

In this paper, the author analyzes the alleged consent, stating their stance against it and proposing, instead, the alleged will, considering that the last is right for describe the legal fiction used to recreate the moment in which the legal holder knows the fact and have the possibility of providing consent to excute the ‘ilicit’ action. In this line, the author reviewed the theories that explain the legal nature of the alleged will, rejecting it as a noncriminal behavior and considering it an autonomous underlying justification. Also, the author describes the requirements of this alleged will, differentiating it from other situations as subrogation. Finally, the author makes a review of the two categories where the alleged will occurs: performances in foreign interest and actions on self-interest. / En el presente artículo, la autora analiza la figura jurídica del consentimiento presunto, señalando su postura contraria a dicha formulación y proponiendo, en su lugar, el término voluntad presunta, por considerarlo más exacto para describir la ficción jurídica utilizada para recrear el momento en el que el titular del bien jurídico habría consentido la actuación del autor, en caso de haber conocido el hecho y de haberse encontrado en la posibilidad de brindar su consentimiento. En dicha línea, la autora repasa las teorías doctrinarias formuladas para explicar la naturaleza jurídica de la voluntad presunta, descartando que se trate de una causa de atipicidad penal y optando por considerarla una causa de justificación autónoma. Asimismo, la autora describe los requisitos que deberá tener esta voluntad presunta para ser considerada válidamente como una causa de justificación autónoma, diferenciándola de otros supuestos como la subrogación. Finalmente, la autora hace una revisión de las dos categorías donde puede presentarse la voluntad presunta: las actuaciones en interés ajeno y las actuaciones en interés propio.

El presente trabajo se enfoca en la mejora de la calidad concerniente a los elementos estructurales de un centro comercial, a efectos de reducir y minimizar las No Conformidades más relevantes que se presentaron en obra. El proyecto se basó en la construcción y ampliación de locatarios de un centro comercial que tendrá como fin su alquiler. Mediante la aplicación del Análisis Causa Raíz y con las herramientas de diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto, se pudo encontrar las posibles causas del incumplimiento de la calidad en los elementos estructurales, las que subsecuente se validaron a fin de determinar acciones correctivas. En el primer capítulo se señala el planteamiento del problema, problemas principales, secundarios, justificación del estudio, limitación y los objetivos generales y específicos. En el Segundo Capitulo se señala el marco teórico, donde menciona la calidad en el Perú, la gestión de la calidad total, los costos de la calidad en la construcción, ingeniería de la calidad y definiciones. En el tercer capítulo se indica la utilización del Análisis Causa Raíz, las herramientas Diagrama Causa Efecto y Diagrama de Pareto. En el cuarto capítulo, se presenta el desarrollo del análisis de causa raíz mediante una secuencia de pasos. En el quinto capítulo, La Evaluación Económica, Presupuesto de obra, Costo de Reparación y Análisis del Gasto Incurrido. Finalmente, en el capítulo seis, se presentará las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. / This work focuses on quality improvement concerning the structural elements of a shopping center, in order to reduce and minimize the most relevant Non-Conformities that occurred on site. The project was based on the construction and expansion of tenants of a shopping center that will be rented as its purpose. By applying the Root Cause Analysis and using the Ishikawa diagram and Pareto diagram tools, it was possible to find the possible causes of quality noncompliance in the structural elements, which were subsequently validated in order to determine corrective actions. In the first chapter the problem statement, main and secondary problems, justification for the study, limitation and general and specific objectives are indicated. In the Second Chapter the theoretical framework is pointed out, where it mentions the quality in Peru, the total quality management, the costs of quality in construction, quality engineering and definitions. The third chapter indicates the use of Root Cause Analysis, the Cause Effect Diagram and Pareto Diagram tools. In the fourth chapter, the development of root cause analysis is presented using a sequence of steps. In the fifth chapter, The Economic Evaluation, Construction Budget, Repair Cost and Incurred Expense Analysis. Finally, in chapter six, the conclusions and recommendations of this work will be presented. / Trabajo de investigación