A lo largo del siglo XX, las organizaciones indígenas han cambiado los métodos para reconocimiento sobre sus territorios y derechos. La transición ha ido de la acción violenta a los procesos judiciales y presentación en organismos internacionales. Por otra parte, desde el Estado se fue construyendo una institucionalidad indígena que encauso los reclamos de las comunidades nativas, a través de leyes y oficinas especializadas. En el marco de esta dinámica se promulga la Ley del derecho a la Consulta Previa. La implementación de la Ley No 29785 requirió de la creación y adaptación de un conjunto de instituciones u oficinas responsables de diseñar las herramientas técnicas del proceso y acompañar a los actores, tanto estatales como a las comunidades nativas involucradas en la consulta. Con un poco más de diez años de vigencia de la ley, esta investigación se propuso analizar los alcances y límites en las capacidades del Estado durante la implementación de los procesos consulta previa en dos casos de significativa importancia. A través de los años se ha ido construyendo una serie herramientas técnicas y fortaleciendo a un conjunto de funcionarios – como abogados, científicos sociales e intérpretes- capacitados y especializados en consulta previa. No obstante, las limitaciones propias del aparato estatal como el recambio de funcionarios o el incumplimiento de acuerdos han complicado el proceso de implementación de la ley.