El presente informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis y dar respuesta a los problemas jurídicos identificados en la Casación N° 661-2016-PIURA. La Casación, permite abordar temas relevantes sobre los elementos típicos y la configuración del delito de colusión; así, se espera que el presente informe sea un aporte relevante a la doctrina. El informe aborda tres problemáticas. Primero, se cuestiona al patrimonio estatal como bien jurídico penalmente relevante para el delito de colusión. Por otro lado, se pone en tela de juicio el alcance de la responsabilidad penal en el delito de colusión que ha establecido la Corte en sus pronunciamientos. Finalmente, como problema jurídico complementario, se aborda si la pericia contable ha sido el medio idóneo para probar defraudación patrimonial en el caso concreto. Tras el análisis jurídico correspondiente, basado en doctrina y jurisprudencia actual, se ha llegado a las siguientes conclusiones: (i) el patrimonio estatal es el objeto del delito de colusión y la imparcialidad en las contrataciones con el Estado es el bien jurídico protegido por este, sin embargo, en su modalidad agravada nos encontramos ante un tipo pluriofensivo; (ii) ningún argumento dogmático estima la exclusión de responsabilidad penal de participes en el delito de colusión por no desprenderse del texto normativo del tipo penal, por tanto no son correctos los argumentos utilizados por la Corte para absolver a diversos funcionarios públicos; (iii) existen otros medios probatorios igual de idóneos que la pericia contable que habrían permitido agotar mayores estándares de identificación de perjuicio patrimonial. / The purpose of this legal report is to conduct an analysis and provide response to the legal issues identified in Cassation No. 661-2016-PIURA. The Cassation allows for the exploration of pertinent matters concerning the statutory elements and configuration of the crime of collusion; therefore, it is expected that the content developed herein will make a valuable contribution to the doctrine. The report addresses three problematic issues. Firstly, it questions the legal relevance of state assets as a protected legal asset within the offense of collusion. Secondly, it challenges the scope of criminal liability established by the Court in its pronouncements regarding the crime of collusion. Lastly, as a supplementary legal issue, it examines whether accounting expertise has been the appropriate means to prove patrimonial fraud in the specific case. Following the corresponding legal analysis based on current doctrine and jurisprudence, the following conclusions have been reached: (i) State assets constitute the object of the crime of collusion, and impartiality in contracts with the State is the protected legal asset; however, in the aggravated collusion, the offense encompasses multiple offenses; (ii) no doctrinal argument supports the exclusion of criminal responsibility as accomplices from the crime of collusion solely due to their absence in the normative text of the penal statute; therefore, the arguments used by the Court to absolve various public officials are incorrect; (iii) there are alternative means of evidence equally suitable as accounting expertise, which could have allowed for a higher standard in identifying patrimonial damage.

El trabajo titulado Beneficios del Proceso de Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas como posible afectación al fin de Prevención General de la Pena tiene relevancia jurídica su investigación, puesto que, a la fecha se encuentra vigente un nuevo proceso de colaboración eficaz a favor de las personas jurídicas y/o corporativas, proceso que no es aplicado generalmente por los Magistrados de nuestro país, al ser un proceso nuevo que viene surgiendo; sin embargo, dicho proceso debe de ser analizado con mucha minuciosidad, ya que al otorgar beneficios premiales, genera espacios de impunidad, más aun cuando se aplica beneficios no solo a la persona natural sino también a la empresa, siendo que este doble beneficio por una misma información, trae con ello, un menaje para el delincuente potencial que pese a que cometa delitos tiene aún la posibilidad de evitar una condena efectiva. Por consiguiente, a través del presente artículo se ha buscado describir si la imposición de benéficos premiales por colaboración eficaz a las personas jurídicas afectaría o no los fines de prevención general de la pena. Sin desconocer que el proceso de colaboración eficaz ha demostrado ser un mecanismo eficiente en lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada por lo que su uso, recientemente ha aumentado considerablemente, inclusive se ha ampliado esta figura a las personas jurídicas o también llamada por el derecho procesal Brasileño colaboración eficaz corporativa, sin embargo debe de existir una especial fundamentación que haga suponer que los fines de la pena en su vertiente de prevención general no será vulnerada, y que el potencial criminal al conocer que tiene una oportunidad que no se le impondrá la pena por sus delitos, no actuara con el mismo respecto al cumplimiento a las normas sociales.

La práctica en el sistema político actual conlleva a que muchos de sus actores (directivos, candidatos y demás integrantes de un partido político) utilicen dinero ilícito en sus campañas políticas, lo que lamentablemente termina encuadrándose en un ilícito como tal, que necesariamente debe encontrarse establecido dentro del marco del derecho penal en un Estado democrático. Esta es, en esencia, la razón de ser de la existencia del delito financiamiento ilícito de los partidos políticos, a pesar de existir consenso en la necesidad de tipificación de esta figura delictiva, subsiste una incertidumbre acerca de la identificación del bien jurídico que protege este ilícito penal. Por este motivo, la investigación se centra en identificar el bien jurídico del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos; proponiendo, para tal efecto, al pluralismo democrático como objeto de tutela en este tipo de ilícitos.

La presente investigación aborda los límites en las capacidades estatales derivados de las prácticas de corrupción. Para ello, se toma como caso de estudio las prácticas de corrupción en el control del ingreso y del uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, y su objetivo es comprender cómo se han implementado dichas medidas. A partir de ello, se proponen tres objetivos específicos: primero, se busca describir las dinámicas de ingreso y uso de los teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho y Miguel Castro Castro. Segundo, se busca determinar las prácticas de corrupción asociadas a las medidas de control del ingreso y uso de los teléfonos móviles y su efecto sobre la implementación de las mismas. Tercero, se busca explicar los límites de dichas medidas de control ante el fenómeno de la corrupción. De lo analizado, se tiene que la capacidad de un organismo estatal puede verse mermada no solo por la insuficiencia de recursos o cobertura de sus funciones, sino también por la existencia de dinámicas de pequeña o “micro corrupción”, que están asociadas a vulnerabilidades en las medidas de control de ingreso y uso de teléfonos móviles, las cuales se explican debido a la falta de recursos para la implementación de la normativa existente y a la necesidad del mantenimiento del frágil equilibrio existente en estos espacios. Asimismo, estas dinámicas continúan reproduciéndose debido a que dichas medidas de control tienen un impacto limitado, pues solo apelan a la concientización de los involucrados sobre el problema (campaña contra la corrupción, incentivos simbólicos, etc.), menguando así la eficiencia para ejercer un control efectivo por parte del Estado. / This research addresses the limits on state capacity derived from corrupt practices. Therefore, it is taken as a case of study, the corruption practices in the control of entry and use of cell phones in penitentiary establishments of Lima, during the period between the years 2011 and 2016, and its objective is to understand how such measures have been implemented. Based on this, three specific objectives are proposed: first, the aim is to describe the dynamics of entry and use of cell phones in the penitentiary establishments of Lurigancho and Miguel Castro Castro. Second, it seeks to determine the practices of corruption associated with control measures regarding the entry and use of cell phones and their effect on the their implementation. Third, it seeks to explain the limits of those control measures against corruption practices. Thus, the capacity of a state agency can be reduced not only by insufficient resources or coverage of its functions, but also by the existence of small or "micro-corruption" dynamics, which are associated with vulnerabilities in control measures of entry and use of cell phones, which are explained due to the lack of resources for the implementation of the existing regulations and the need to maintain the fragile balance in these spaces. In addition, these dynamics continue to be reproduced because the control measures have a limited impact, since they only appeal to awareness of those involved in the problem (anti-corruption campaign, symbolic incentives, etc.); hence, the efficiency to exercise control by the State is reduced.

El objetivo general establecer el impacto de la ausencia de catálogo de infracciones por responsabilidad administrativa funcional en la corrupción de funcionarios, 2019 a 2021. La metodología utilizada fue cualitativa. Se concluye que hubo un impacto social pues la ciudadanía percibió la normalización de la corrupción e incluso el inadecuado actuar del TC, así como mermo la iniciativa a denunciar estos hechos. Es decir, existió una percepción negativa de la ciudadanía respecto a la imposibilidad de procesar y sancionar a funcionarios que no actúan conforme a ley. Así también impactó en la ineficacia de los informes de control pues no conllevarían a la identificación de sanciones. Así mismo, conllevó a que únicamente a través del procedimiento disciplinario se determinaron sanciones por conductas sancionadas en función a la potestad disciplinaria de las entidades como empleadores, pero no permitió excluir a funcionarios corruptos de la administración pública. Finalmente se afirma que ocasionó un impacto institucional en la corrupción de funcionarios, pues no se pudo cumplir con los fines del control gubernamental. / The general objective was to establish the impact of the absence of a catalogue of offences for functional administrative responsibility on the corruption of civil servants, 2019 to 2021. The methodology used was qualitative. It is concluded that there was a social impact as citizens perceived the normalisation of corruption and even the inadequate action of the TC, as well as a decrease in the initiative to denounce these facts. In other words, there was a negative perception among citizens regarding the impossibility of prosecuting and sanctioning officials who do not act in accordance with the law. It also had an impact on the ineffectiveness of control reports, as they would not lead to the identification of sanctions. It also meant that only through the disciplinary procedure were sanctions determined for conduct sanctioned in accordance with the disciplinary powers of the entities as employers, but it did not allow corrupt officials to be excluded from the public administration. Finally, it is affirmed that it had an institutional impact on the corruption of civil servants, as it was not possible to fulfil the purposes of governmental control. / Trabajo académico

En los últimos tiempos la ejecución del presupuesto público asignado a cada uno de los gobiernos locales, para la contratación de obras públicas, ha presenciado una serie de deficiencias a causa de los actos de corrupción cometidos por las autoridades, la falta de personal capacitado para la elaboración de los expedientes técnicos de contratación y la falta de capacidad de gasto. Esta realidad viene generando una mala inversión de los recursos públicos asignados a cada municipalidad, recursos que tienen la finalidad de promover y mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las personas. Aunque los gobiernos locales cuenten con presupuesto para desarrollar tales fines, estos no logran concretizarse, desperdiciándose la oportunidad de invertir correctamente el presupuesto asignado. Si bien es cierto, el Estado, ha venido implementando medidas que permitan el buen desarrollo de los procesos de contratación de obras públicas, estas no vienen dando los resultados esperados. Por las razones antes expuestas, la presente investigación tiene como finalidad proponer la implementación de oficinas orgánicas en las municipalidades provinciales, las cuales servirán de apoyo a las municipalidades distritales, para revisar y constatar que los expedientes técnicos no presenten irregularidades, y así garantizar la eficiente ejecución presupuestal de obras públicas. / In recent times, the execution of the public budget assigned to each of the local governments, for the contracting of public works, has witnessed a series of deficiencies due to acts of corruption committed by the authorities, the lack of trained personnel for the preparation of technical contracting files and lack of spending capacity. This reality has been generating a poor investment of public resources assigned to each municipality, resources that have the purpose of promoting and improving social development and people's quality of life. Although local governments have a budget to develop such goals, they fail to materialize, wasting the opportunity to correctly invest the allocated budget. Although it is true, the State has been implementing measures that allow the proper development of public works contracting processes, these are not giving the expected results. For the reasons stated above, the purpose of this research is to propose the implementation of organic offices in the provincial municipalities, which will serve as support to the district municipalities, to review and verify that the technical files do not present irregularities, and thus guarantee the efficient budget execution of public works.

En el presente trabajo académico se analizan dos problemas jurídico penales identificados en la Casación 160-2014-Áncash. El primero de ellos tiene que ver con la clarificación del contenido del elemento normativo “razón de cargo” previsto en el tipo penal de peculado a la luz de los conceptos deber general y deber específico del cargo, propuestos por un sector de la doctrina y recogidos en la indicada resolución judicial. En esa dirección, luego de ensayar una definición de ambos conceptos, el autor propone un solo y único concepto de deber que permita comprender y aplicar de una mejor manera el artículo 387 del Código Penal. De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación del principio de confianza en los casos en que se imputa la comisión de un delito de corrupción al más alto funcionario de una entidad pública. Al respecto, con base en lo establecido por la doctrina y jurisprudencia, el autor identifica que en tales supuestos la operatividad de este filtro de imputación objetiva está sujeta a la observancia de deberes de vigilancia, control y supervisión por parte del superior jearáquico respecto a la conducta de sus subordinados. Finalmente, antes que constiruirse en un aporte netamente teórico, el tratamiento de ambos problemas jurídicos apunta a contribuir a que la resolución de casos prácticos en materia anticorrupción sea lo más sustentada y lograda posible. / In this academic work, two legal-criminal problems identified in Cassation 160-2014-Áncash are analyzed. The first of them has to do with the clarification of the content of the normative element "reason for the charge" provided for in the criminal type of embezzlement in light of the concepts of general duty and specific duty of the position, proposed by a sector of the doctrine and collected in the aforementioned judicial resolution. In this direction, after testing a definition of both concepts, the author proposes a single and unique concept of duty that allows for a better understanding and application of article 387 of the Penal Code. On the other hand, the second legal problem that is addressed focuses on the application of the principle of trust in cases in which the commission of a crime of corruption is imputed to the highest official of a public entity. In this regard, based on what is established by doctrine and jurisprudence, the author identifies that the operation of said objective imputation filter in such cases is not unconditional, but subject to the observance of surveillance, control and supervision duties by the superior hierarchical with respect to the behavior of his subordinates. Finally, rather than constituting a purely theoretical contribution, the treatment of both legal problems aims to contribute to making the resolution of practical cases in anti-corruption matters as supported and successful as possible.

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los últimos años, este fenómeno que aqueja a la sociedad, se ha presentado continuamente en los gobiernos sub nacionales (regionales y locales), basta con dar un vistazo a los casos más sonados en el ámbito nacional. En ese contexto, este estudio se centró en el Gobierno Regional de Apurímac, específicamente durante el periodo de gestión 2011-2014, al analizar la estructura de redes de corrupción, donde se investigó la vinculación directa e indirecta entre los actores involucrados y la relación con el ex gobernador regional apurimeño, quien actualmente, viene siendo procesado por actos de corrupción. Dentro de la investigación, la pregunta a responder fue ¿Cuál es la estructura de las redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del Gobierno Regional de Apurímac? La cual implica tres sub preguntas, a fin determinar los vínculos generados entre los actores; comprender las formas de corrupción más comunes y debatir las posibles causas que dieron lugar a la formación de estas redes. Finalmente, si bien los hechos realizados por los actores involucrados pueden ser catalogados como formas de corrupción, nos conlleva a analizar que talvez la estructura organizacional del gobierno regional sea propicia para generar éstas redes, como consecuencia de una débil descentralización y falta de meritocracia para designar funcionarios, lo que es un pasivo para el Estado peruano y un problema para las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción. / Corruption is one of the main scourges of our country, which weakens institutionality and affects credibility in the democratic political system, generating disinterest and disappointment in the population. And in recent years, this phenomenon that afflicts society has been continuously presented in sub-national governments (regional and local), it is enough to take a look at the most popular cases in the national sphere. In this context, the study focused on the Regional Government of Apurimac, specifically during the 2011-2014 management period, when analyzing the structure of corruption networks, where the direct and indirect link between the actors involved and the relationship with the former regional governor of Apurimac, who is currently being prosecuted for acts of corruption, was investigated. Within the investigation, the question to answer was: What is the structure of the corruption networks in the regional management 2011-2014 of the Regional Government of Apurimac? Which involves three sub questions in order to determine the links generated between the actors, understand the most common forms of corruption and discuss the possible causes that led to the formation of these networks. Finally, although the facts carried out by the actors involved can be classified as forms of corruption, it leads us to analyze that perhaps the organizational structure of the regional government is conducive to generate these networks, as a result of weak decentralization and lack of meritocracy to designate public officials, which is a liability for the peruvian State and a problem for government policies to fight against corruption.

El objetivo general del trabajo es presentar un análisis de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0017-2011-PI/TC, la cual versa sobre la demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones de la Ley 29703 que modificaron el art. 384 (delito de colusión) y el artículo 401 (tráfico de influencias del Código Penal). Para realizar el análisis, primero se desarrolló lo contenido en la doctrina y la juriprudencia; después, se describió el razonamiento del Tribunal plasmado en la sentencia, para al final presentar la postura y el análisis jurídico personal. En primer lugar, se identificó la afectación de la interpretación sobre el bien jurídico del delito de colusión en virtud de la modificación dada por la Ley 29703, la cual desprotegía el bien jurídico indicado por el Tribunal e iba en contra del principio constitucional de lucha contra la corrupción como mandato de exigibilidad hacia el legislador. Un segundo problema identificado fue el extremo del fallo del Tribunal en relación a la concepción del tráfico de influencias simulado, lo cual consideramos que fue en contravención al principio constitucional de lucha contra la corrupción al no proteger adecuadamente al bien jurídico de dicho delito. Asimismo, se identificó que el Tribunal no desarrolló correctamente el mencionado principio de proscripción como parte de su argumentación en toda la sentencia, lo cual hubiera permitido una mayor comprensión de su mandato para todo el ordenamiento jurídico. Finalmente, el Tribunal no se pronunció sobre la jerarquía normativa de la Convención ONU al no desarrollarlo en la sentencia, por lo cual somos de la interpretación que se consideró dicho tratado como una norma interpuesta, parte del bloque de constitucional con el cual se evaluó la constitucionalidad de la Ley 29703. / The general objective of the report is to present an analysis of the legal problems found in the Peruvian Constitutional Court ruling No. 0017-2011-PI / TC, which deals with the unconstitutionality claim against some provisions of Law 29703 that modified art. 384 (crime of collusion) and article 401 (influence peddling) of the Peruvian Criminal Code. To carry out the analysis, first the content of the doctrine and jurisprudence was developed; later, the reasoning of the Court embodied in the sentence was described, in order to finally present the position and personal legal analysis. In the first place, the impact on the interpretation on the legally-protected right of the crime of collusion was identified by the modification given by Law 29703, which unprotected such legally protected right indicated by the Court and went against the constitutional principle of fighting against corruption as an enforceability mandate from the legislator. A second problem was the extreme of the Court's ruling in relation to the conception of simulated influence-peddling crime, which we consider to be in violation of the constitutional principle of fighting corruption by not adequately protecting the legally-protected right of said crime. Likewise, it was identified that the Court did not correctly develop the aforementioned principle of fighting against corruption as part of its argumentation throughout the judgment, which would have allowed a better understanding of its mandate for the entire legal system. Finally, the Court did not rule on the normative hierarchy of the UN Convention against Corruption by not developing it in the judgment, for which we are of the interpretation that said treaty was considered as an interposed norm, part of the constitutional body of law, from which the unconstitutionality of Law 29703 was declared.

El propósito de esta investigación es demostrar la cooptación institucional de varias instancias clave del sistema de justicia para el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual, desde el escándalo de corrupción, ha generado un grave daño a las instituciones del impartimiento de justicia. La aproximación desde la cooptación institucional judicial sostiene que las estrategias de búsqueda de hegemonía y legitimidad de los actores de la red en instituciones clave del sistema judicial responden a las características de la estructura de la red, la cultura judicial imperante y las características de los actores en relación a la red y sus cargos públicos. Esto genera una perversión en el funcionamiento del sistema judicial a partir de la influencia indebida en las instituciones de control de los funcionarios del impartimiento de justicia mediante el uso de operadores políticos, empresariales y judiciales que buscan consolidar el liderazgo y sostenibilidad de la red en altas instancias de decisión.