En esta tesis “Gran corrupción y derechos humanos”, pretendemos reflexionar sobre la corrupción como fenómeno sistémico de gran envergadura que ocurre desde el poder. Este es típico de nuestros tiempos y se denomina gran corrupción. Además, buscamos determinar si existe una diferencia cualitativa entre ésta y la corrupción tradicional, regular o de menor escala. Aunque no existe consenso en cómo definir la corrupción y pese a que algunas voces minoritarias señalan que tiene efectos positivos en la economía, la corriente mayoritaria la caracteriza como un fenómeno negativo. La corrupción es concebida como un abuso de poder para obtener un beneficio personal a costa del bien común. Luego de analizar las características de la gran corrupción (autores con poder político o económico, movilización de grandes cantidades de recursos e impacto en los derechos ciudadanos), concluimos que se trata de un fenómeno cualitativamente distinto al de la corrupción regular. Se diferencian por el factor social, es decir, el impacto en los derechos fundamentales de quienes padecen sus consecuencias. La gran corrupción afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la sociedad porque incrementa la pobreza y la inequidad. Ello limita o niega el goce de derechos, como la vida, la salud, la educación o el acceso a vivienda digna. Aclarada la primera interrogante, buscamos establecer si la gran corrupción constituye una violación a los derechos humanos. De ser el caso, indagamos si es posible recurrir a mecanismos judiciales o del sistema internacional derechos humanos para identificar a los autores, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Para ello, partimos por señalar que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos Este deber de cuidado puede ser infringido por acción u omisión debido a prácticas corruptas de gran envergadura. Cuando los Estados incumplen esta obligación, ellos y los actores individuales incurren en responsabilidad legal, exigible por quienes se ven afectados en sus derechos. Entendida la gran corrupción en clave de derechos humanos, es factible recurrir a los sistemas de derechos humanos - universal o regional - para emplazar y sancionar al Estado, buscar una remediación del daño y solicitar medidas cautelares para el cese de prácticas de corrupción o impunidad. Dada la lesividad de estas, planteamos que no es necesario acreditar un daño específico ni una intención dirigida a generar la violación. En esos casos, basta acreditar el potencial dañoso de la acción y que los responsables hayan podido representarse el resultado, atendiendo a la grave naturaleza de su proceder. Finalmente, la gran corrupción reviste suma gran gravedad y complejidad en América Latina. Esto se evidencia en casos de nivel regional, como Lava Jato, y nacional, como las redes de corrupción en el sistema forestal en Perú. Ambos han sido incluidos en la presente tesis para una mejor comprensión del problema. Debido a casos como esos, concluimos con la propuesta de crear un Relator Especial que, en el marco de la OEA, evalúe la situación de afectación de los derechos humanos como consecuencia de prácticas corruptas y proponga soluciones sistémicas. / In this thesis “Grand corruption and human rights”, we intend to reflect on the existence of corruption as a systemic phenomenon of great magnitude happening from power. It is typical of our times and it is named grand corruption. Also, we look for determining if there is a substantial difference between grand corruption and the traditional, regular or petit corruption. Even though there is no consensus about how to define corruption, and despite that some minority voices point that it could have some positive effects for the economy, in general, the majority explain it as a negative phenomenon. Corruption is conceived as case of abuse of power to obtain a personal benefit at the cost of the common good. After analyzing the features of grand corruption (authors with political or economic power, mobilization of immense amounts of resources and impact in the citizens’ rights), we conclude that it is a qualitatively different phenomenon compared to regular corruption. They differ because of the social factor, meaning, the impact on the human rights of these who suffer its consequences. Grand corruption affects in a special way the most vulnerable sectors of society. It increases poverty and inequality, limiting or denying the enjoyment of fundamental rights like the right to life, education and access to decent housing. Once this first question is responded, we intend to establish if this type of corruption of power constitutes a violation of human rights, and if so, if it is possible to use the judicial mechanisms of those from the human rights system to identify the authors, sanction the responsible and compensate the victims. The States have the obligation to respect, protect and satisfy human rights. This obligation can be violated by action or omission due to corrupt practices of significant entity. When the States do not comply with this obligation, they and the individual actors incur in legal liability that can be demanded by those whose fundamental rights have been affected. Grand corruption, understood in human rights key, can be challenged in the human rights system - regional or universal - to sanction the State, seek remediation of the damages and request precautionary measures to cease practices of corruption or impunity. We propose, attending the harmfulness of these actions, that it is not necessary to demonstrate a concrete damage nor an intention directed to generate the violation. It is enough to demonstrate the potential harmfulness of the action and that the responsible were able to represent the result in their minds due to the serious nature of their conduct. Finally, grand corruption is a very complex and serious problem in Latin America as demonstrated by cases of regional level, such as Lava Jato, and national level, such as the corrupt networks in the forestry system in Peru. Both as been included in this thesis for a better comprehension of the problem. Because cases like these, we propose the appointment of a Special Rapporteur in the framework of the OAS in order to evaluate the impact of corruption in human rights and develop systemic solutions. / Tesis

En los últimos años, la corrupción ha venido avanzando en forma galopante, socavando las estructuras de la sociedad, es un fenómeno que se desarrolla en forma transversal a los diferentes sectores del Estado, calando en la Policía Nacional del Perú; donde ha generado, desconfianza y falta de credibilidad. No obstante, pese a los esfuerzos y directivas dadas, la lucha contra la corrupción en la Policía sigue siendo insuficiente. En ese sentido, es relevante analizar la respuesta de la Policía Nacional ante el fenómeno de corrupción y por ello, la pregunta principal de esta investigación es ¿de qué manera se han implementado las medidas anticorrupción en la Policía Nacional del Perú durante el periodo 2012-2016? Se cree que existen elementos que han complejizado el desarrollo de las medidas de lucha contra la corrupción en la Policía Nacional, como por ejemplo, la normativa que motiva desacuerdos con otros operadores de justicia; la poca adecuación de las medidas anticorrupción con el contexto institucional y la ausencia de recursos y liderazgo de los actores principales en la institución policial. La presente investigación proponen como objetivos específicos: describir la organización de las entidades que sean responsables para la lucha contra la corrupción en la Policía Nacional; determinar las medidas anticorrupción puestas en práctica en la Policía Nacional y explicar las dificultades que se presentan en la implementación de las medidas anticorrupción a cargo de la Policía Nacional y que pueden cambiar el destino de lo inicialmente diseñado. / Over the last years, corruption has been advancing out-of-control, eroding the structure of society. This phenomenon develops in a transversal way to multiple sectors of the nation, permeating the National Police of Peru, where this has generated an atmosphere of distrust and lack of credibility. Nevertheless, although the numerous attempts and given directives, the fight against corruption in the National Police is still insufficient. Pointing this out, it is relevant to analyze the response the National Police has against this corruption phenomenon and therefore, the main question of this investigation is: In which way anti-corruption measures had been implemented in the National Police of Peru during the period of 2012-2016? It is believed that there are some elements that have complex the development of the anti-corruption measures against corruption in the National Police, like the regulations that cause disagreements with other operatives of justice, the lack of adaptation of these measures with an institutional context and the absence of resources and leadership from the main protagonist of the institutional police. The main investigation suggests as main objectives: Describe the entities organization that take a responsibility role in the fight against corruption in the National Police, determine the anti-corruption measures put into practice in the National Police and explain the multiple difficulties found in the implementation of these measures being in charge of the National Police that could change the fate of what initially was established. / Tesis

El objetivo de la presente tesis tiene como finalidad aportar directrices de política criminal para combatir los efectos de la corrupción pública en nuestro país mediante el uso de figuras jurídicas y sanciones que no solo prevengan la expansión del hecho delictivo de corrupción, también deben proveer una pronta reparación del daño causado. Para tal efecto, es conveniente desarrollar el contenido de tales figuras (suspensión de la pena, reparación civil) y sanciones relevantes (suspensión definitiva, muerte civil) que se usaran como parte de la nueva normativa propuesta. Es un nuevo enfoque para combatir la corrupción pública que, dista del enfoque tradicional, debido a que se ha centrado en las consecuencias del delito y no en la prevención del mismo; enfoque del cual se ha realizado cuantiosa normativa al respecto, sin desacreditar la necesidad de un sistema de prevención delictual efectivo. La propuesta que presento nace en respuesta a la tendencia en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, en demostrar mayor preocupación por una respuesta punitiva exacerbada que, se traduce que en cuanto mayor es la pena dada por el delito, más efectiva es la prevención y disuadirá la acción delictiva, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta tendencia se centra en la actividad punitiva que deja de lado figuras jurídicas existentes en nuestro ordenamiento, que responden de manera más efectiva al problema, ocasionando la errónea aplicación de nuestro ordenamiento jurídico y que nos lleva finalmente al problema principal: basándonos en las figuras jurídicas y sanciones mencionadas y, considerando que existen métodos mucho más provechosos para explotarlas. ¿Qué reglas de política criminal para combatir la corrupción pública se deberá aplicar en el Perú?

Actualmente se viene sancionado la conducta del solicitante por el delito de tráfico de influencias en calidad de instigador, por cuanto es quien determina y refuerza la conducta del traficante para interceder ante el funcionario o servidor público; tal y como lo señala el Acuerdo Plenario 03-2015/116-CIJ; no obstante, la conducta del mismo no se adecua a las exigencias de la figura de la instigación, generando un debate a nivel doctrinario, dado que algunos autores consideran al comprador de influencias como cómplice y también como víctima de dicho ilícito penal. Siendo así y en aras de generar seguridad jurídica, debe incorporarse en el Código Penal, el artículo 400°-A, el cual sancione la conducta del comprador de influencias en un tipo penal independiente, con la finalidad de generar seguridad jurídica y evitar interpretaciones erradas.

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones entre ideología política, cinismo político, percepción del sistema normativo, la identidad nacional y la tolerancia a la corrupción en 213 personas, en su mayoría, de niveles socioeconómico medio y medio alto. Para tal propósito, se aplicaron las escalas de medición de Orientación hacia la Dominancia Social (SDO), Autoritarismo de Derecha (RWA), Cinismo Político, Percepción del Sistema Normativo, Identidad nacional (Grado de identificación, autoestima colectiva y autoestereotipos de calidez, competencia y moralidad) y Tolerancia hacia la Transgresión adaptadas al contexto peruano. Los resultados muestran que, la SDO se asocia directamente con la Percepción de Falta de Legitimidad, Desesperanza Política y Laxitud Moral. Además, por intermedio de Laxitud Moral se asocia con los componentes de la Tolerancia hacia la Transgresión. Por su parte, el RWA se asoció directamente con Autoestima Colectiva y Laxitud moral y por intermedio de Autoestima Colectiva con Transgresión de Leyes. Los hallazgos sugieren que el componente ideológico se relaciona positivamente con la tolerancia a la transgresión y el RWA, en cambio, posee una relación ambivalente que resulta positiva cuando la transgresión favorece a alcanzar el orden social deseado; y resulta negativa cuando la transgresión de leyes atenta contra elementos como la confianza interpersonal o la cohesión grupal.

Esta tesis surge de una reflexión sobre el panorama político español, la corrupción y la cuestión de género. En una sociedad en la que aún pesa el machismo y los estereotipos de género cabe preguntarse si de algún modo se exige a la mujer ser “menos corrupta” en los cargos políticos que ocupa. Por ello surgen interrogantes sobre si esos estereotipos benefician o perjudican a las mujeres para el acceso a la política, si son castigadas en mayor medida cuando no cumplen dichas expectativas, o si quizás la polarización política afectiva en España supera una potencial polarización por género en la valoración de los políticos. Con esta tesis se pretender aunar esfuerzos con otros investigadores para aportar una perspectiva de género al análisis de la percepción de la corrupción política, de manera que pueda detectarse si existe o no una mayor tolerancia de determinados comportamientos según el sexo del actor político, así como crear un instrumento de medida que sirva para el estudio de esta perspectiva en el análisis de la corrupción política. Por ello se ha planteado realizar una investigación ex post facto, transversal, descriptiva y relacional con el uso de técnicas cuantitativas, a través de una encuesta aplicada a un panel online, y con el objetivo de analizar la percepción de la población respecto a los hombres y mujeres con cargos políticos que presentan un comportamiento reprobable y/o corrupto, para determinar si existen estereotipos de género sobre la corrupción que generen mayores preferencias por las mujeres, y que a su vez supondrían un mayor nivel de exigencia en su comportamiento y un mayor nivel de castigo ante cualquier desviación del estereotipo. Se ha diseñado un cuestionario adaptado y/o inspirado en fuentes secundarias relevantes, cuya validez de contenido ha sido validado mediante un juicio de expertos, y cuya fiabilidad y validez de constructo se ha comprobado tras la realización de dos pretests. Dicho instrumento ha sido aplicado a una muestra de 400 casos, con un nivel de error del 5% (95% NC y p=q=0.5 en m.a.s.), con un muestreo por cuotas de edad y sexo proporcional a la población nacional. Los principales resultados muestran que en una parte de la ciudadanía aún persisten los estereotipos de género hacia las mujeres en la política, y que en función de ellos presentan una clara preferencia por ellas como candidatas al gobierno del país, fundamentado en valores y creencias asignadas a las mujeres como mayor capacidad de organización, empatía, escucha y eficacia, capacidad de negociación y pragmatismo, así como también que son menos corruptas y más honestas. No obstante, no se ha podido demostrar que la sociedad castiga en mayor medida a las mujeres cuando estas no cumplen las expectativas de los estereotipos indicados, y presentan comportamientos poco éticos o corruptos. Por el contrario, sí se ha podido demostrar que la alta polarización política afectiva en España, y en función de ello la variable independiente de posicionamiento ideológico, es lo que afecta en mayor medida a la valoración de los comportamientos reprobables de los políticos sin tener en cuenta su género, de manera que se ha observado como el castigo hacia dichos comportamientos se realizaba en función de filias y fobias ideológicas, superando una posible polarización por género.

El estudio del avance de las investigaciones, por parte del Ministerio Público, en el mega caso de corrupción “Lava Jato” constituye el tema de interés central de esta tesis. La importancia del tema radica en dos puntos principales: la relevancia del caso en sí mismo, en tanto que es el caso de corrupción más grande descubierto en nuestra historia, y la atipicidad en el comportamiento del Ministerio Público, la cual se ha visto reflejada en la actuación del equipo especial “Lava Jato”. Así, llama muchísimo la atención el rol que ha jugado el Ministerio Público a lo largo de las investigaciones, ya que ha confrontado, como pocas veces se ha podido ver en nuestra historia, a las más altas esferas del poder político y económico, lo que ha valido para que nuestro país sea reconocido como el segundo país que más ha avanzado en las investigaciones, solo detrás de Brasil donde inició el escándalo de corrupción. Esta tesis sostiene que si bien ha existido un entorno político permisivo que ha posibilitado el avance en las investigaciones, este solo ha creado oportunidades para conseguir avances en las investigaciones. Así, esta tesis postula que la agencia judicial de distintos actores del Ministerio Público (Rafael Vela, Pablo Sánchez, José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, etc) constituye la variable más relevante para explicar el avance en las complejas investigaciones que están afrontando. De esta manera, se analizará la agencia judicial de los distintos actores del Ministerio Público con el objetivo de entender el razonamiento detrás de su accionar y cómo es que se formó el grupo humano que está haciendo posible los avances en este mega caso de corrupción.

Esta investigación nace a la luz de una interrogación del estado de la corrupción y cómo esta permanece activa en el orden internacional a pesar de que se le combate tenazmente en distintos ámbitos e instituciones del sistema internacional. Es un tema complejo, pero es imperante dilucidarlo desde varios frentes. Uno de ellos surge en el orden regional sudamericano con el caso de la Operación Lava Jato y el rol de ODEBRECHT en el soborno a autoridades para conseguir obras de infraestructura y mejores condiciones de sus contratos. Así, lo que se busca indagar son las conexiones y efectos en la relación bilateral de Brasil y Perú en los años 2005 – 2007, con la acciones colusorias de ODEBRECHT para ganar la licitación de la IIRSA. Este análisis explora el nivel de influencia de ODEBRECHT en la ejecución del eje de infraestructura de la Alianza Estratégica Perú Brasil durante esos años, así como pretende identificar la relación de los actores políticos y burocráticos peruanos y los actores económicos de ODEBRECHT para potenciar la IIRSA. Lo cual orientaría a señalar la coexistencia de una economía para-legal que ha influido en la política exterior peruano brasileña los años 2005 – 2007. Las conclusiones que se hallan hablan de una relación simbiótica entre empresarios y burócratas que puede entenderse como una burocratización corruptora, que ha nacido influenciada por la interrelación de la política de estado brasileña, el neodesarrollismo, y el apoyo gubernamental para que sus multinacionales inviertan en distintos países de la región. De tal forma esta investigación propone un atisbo a la intrincada conexión entre economía, política exterior y corrupción; que tiene como fin modesto aportar interrogantes al debate vivo de hasta qué punto el capital internacional afecta a las democracias liberales en el siglo XXI.

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, especialmente a nivel subnacional, puesto que ha empezado a surgir de forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores ilegales -narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros-. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en el caso ya mencionado. En este trabajo, además del caso de Ancash, se analizó otras tres regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma diferente, esto con el objetivo de fortalecer las variables explicativas propuestas. Para el recojo de información además de revisar informes, periódicos, entre otros, se realizaron 49 entrevistas a profundidad a actores claves. Se postula que tres son las variables que explican la creación de una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos; ii) las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar que la red sea descubierta -importa mucho el uso de estrategias como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer dichas alianzas- ; iii) y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción. / Tesis

El presente trabajo de tesis pretende identificar y explicar el comportamiento de los medios de comunicación, en particular de los diarios: El Comercio, La República, Correo, El Popular, Trome y Ajá respecto a la difusión de la sentencia de Alberto Fujimori, por los crímenes de La Cantuta y Barrio Altos. La sentencia que condena a Fujimori a 25 años de prisión fue emitida el 7 de abril de 2009 y tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación señalados antes y después de su divulgación. El objetivo de esta tesis es analizar las informaciones publicadas entre el 4 y 15 de abril de 2009 y de esta forma identificar la tendencia de la información antes y después de producido el hecho a través del análisis de los diarios: El Comercio, La República, Correo, El Popular, Trome y Ajá. Así y a través de las informaciones publicadas en las portadas, editoriales, columnas de opinión, entrevistas, reportajes, noticias así como el apoyo gráfico en cada una de ellas se podrá establecer la importancia que otorgaron los medios de comunicación a esta noticia y determinar si la postura mostrada por los diarios guarda relación con la línea editorial de cada grupo periodístico al que pertenecen. La metodología del trabajo que se presenta se basa en el análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo. Asimismo, se presenta un marco teórico y contextual que permite entender mejor la implicancia y aporte de esta investigación en el campo del periodismo. / Tesis