La tesis estudia la relación entre el diseño de la ingeniería constitucional de 1993 y la debilidad de los partidos políticos en el Perú entre el 2001 y 2016. La justificación de esta investigación se encuentra en cuanto tradicionalmente la debilidad partidista es explicada por factores psicológico y culturales de los líderes partidarios, como el caudillismo y personalismo o el financiamiento de la actividad partidaria por fuentes opacas o ilícitas; no obstante, nosotros encontramos que la debilidad de los partidos en el periodo analizado es efecto del diseño del sistema de representación política establecido en la Constitución de 1993. La tesis identifica los elementos del diseño de la ingeniería constitucional de 1993 que causan la debilidad institucional de los partidos políticos en el periodo 2001-2016, en un contexto de elecciones competitivas, así como la relación que desarrollan los grupos de poder económico y los partidos en este tipo de sistema político. Los supuestos teóricos en los que se basa la investigación se ubican en los desarrollados propuestos principalmente por Sartori, el cual concibe la constitución como una ingeniería institucional de estructuras basadas en producir incentivos, los cuales determinan el comportamiento de las instituciones políticas. También hemos tomado los estudios de Nohlen y Lijphart, que nos permiten apreciar los efectos que producen los sistemas electorales en los partidos políticos de un país. La investigación constituye un estudio del sistema político de enfoque cualitativo respecto de las instituciones que conforman el sistema de representación establecido en la ingeniería constitucional de 1993 y los efectos que producen en el tipo de institucionalidad política del Perú en el periodo analizado. De modo que encontramos evidencia de como dicha ingeniería constitucional bloquea el proceso de institucionalización de los partidos, al impedir la consolidación de partidos con una organización de base territorial nacional, así como el desarrollo de relación fuerte entre representante-representado, indispensables para la formación en un mediano plazo de un sistema de partidos políticos. Finalmente, encontramos como la ingeniería institucional de 1993 facilita la captura de la política económica peruana por parte de los grupos de presión corporativos y el consecuente incremento de la concentración económica en Perú en el periodo analizado. / Tesis

This article deals with the conceptualization and implementation of the constitutional rights of the people and human rights through conflict resolution systems in culturally different groups typical experience in Peru is the problem of the so-called “Special Indigenous Jurisdiction” or simply “Communal Justice”; In this sense, we will develop this Community Justice in the light of the experience of the Aymaras in Puno. / El presente artículo trata sobre la conceptualización y aplicación de los derechos constitucionales de la personas y de los derechos humanos a través de los sistemas de resolución de conflictos en grupos humanos culturalmente diferentes. Experiencia típica en el Perú es el problema de la denominada “Jurisdicción Especial Indígena” o simplemente “Justicia Comunal”, en este sentido, desarrollaremos esta Justica Comunal a la luz de la experiencia de los Aymaras de Huancané en Puno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

What is the element in which human rights arebased? What is it that holds the set of rights that belong  to  every human being for the only fact of being such? Confronted with this questions, several different answers have been formulated. In the present, the position in doctrine that statesthat dignity should be the foundation of humanrights is the preferred.In this article, the author presents an alternative answer to these questions. He proposes the “basic human necessities” as the element in which human rights are founded. In order  to  achieve this, he criticizes the aforementioned position, and introduces arguments in favor of the one he defends. / ¿Cuál es el fundamento de los derechos huma-nos? ¿Qué es aquello que sostiene al conjunto de derechos inherentes a todo ser humano por susola condición de tal? Frente a estas preguntas sehan sostenido distintas respuestas. En la actua-lidad, prima en la doctrina la posición de que la dignidad debe ser el fundamento de los derechoshumanos.En el presente artículo, el autor nos plantea una respuesta alternativa a estas preguntas. Propone a las “necesidades humanas básicas” como fundamento de los derechos humanos. Para ello, critica a la posición anteriormente mencionada y plantea argumentos a favor de aquella que él sostiene.

In Peru, the amparo process is the most widely used constitutional process, and   one of the most important ones. For that reason, there is a strong need to analyze in detail this emblematic legal form, as the next questions should be answered: has the amparo process always hadthe same regulation in Peru? Is there only onetype of amparo process? What is the importance of the Constitutional ProcedureCode and the Constitutional Court regarding this process?In this article, the author conducts the mentioned analysis in a remarkable way, providing answers to those and other questions from a historic and legal point of view. / En el Perú, el amparo es el proceso constitucionalmás utilizado y uno de los más importantes. Poresa razón, es muy necesario un análisis detalladode esta emblemática figura, en el que se respon-dan  las  siguientes  cuestiones:  ¿el amparo  tuvo siempre la misma regulación en el Perú? ¿Existesólo un tipo de amparo? ¿Cuál es la importanciadel Código Procesal Constitucional y del TribunalConstitucional con respecto a este proceso?En el presente artículo, el autor realiza este análisis de forma notable, dando respuesta a estas y otras preguntas desde una visión tanto histórica como jurídica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba da cuenta de la configuración del Derecho de Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, DAIP) en el ordenamiento jurídico chileno, destacando cuatro niveles normativos: internacional, constitucional, legal y reglamentario. Asimismo, examina la jurisprudencia constitucional durante veinte años del TC, desde 1995 a 2015, por medio de la cual se evidencia las tendencias en la valoración del principio de publicidad, del principio de transparencia y del DAIP. Así, se proponen tres épocas, una de alta valoración de estos bienes jurídicos, que se desarrolla entre 1995 y 2012, teniendo como dos grandes hitos la aprobación de la reforma constitucional de 2005 que introdujo el nuevo artículo 8º de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR) y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública (LAIP, por sus siglas). Una segunda época de ruptura con esta línea interpretativa que señala que estos bienes no se encuentran en la CPR, sino que son simplemente de rango legal y en alguna medida inconstitucionales en abstracto dada su extensión y, finalmente, una tercera etapa de revisión en la cual se observa que el TC ha dictado fallos oscilantes, entre algunos de alta y otros de menor valoración del DAIP y los principios mentados. En un Chile que clama ante la ocurrencia de un gran número de episodios de corrupción, la mayor y mejor estimación de los mecanismos de prevención y control son imperativos. No es razonable que la magistratura que recibe el mandato de garantizar la supremacía de la CPR desmerezca un derecho que fue una de las piedras angulares del Estado Moderno Constitucional. Del mismo modo, el DAIP que coadyuva a la adopción de políticas públicas eficientes y eficaces a través de la participación ciudadana, debe ser fortalecido y reconocido como un requisito en los mecanismos de intervención de los incumbentes en la gestión pública. Este trabajo demuestra también la necesidad de una reforma constitucional que responda a esta dificultad en la interpretación y valoración del DAIP, los principios de publicidad y transparencia, como mecanismo de solución a la problemática que se desprende de la jurisprudencia de la magistratura constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El Concepto de Constitución corresponde a una adquisición evolutiva de la sociedad moderna. No obstante, y pese a que puede ser indicada como un término joven, ha concitado gran interés tanto a nivel teórico como práctico. Desde el nacimiento del Estado Soberano y el posterior rompimiento de la sociedad estratificada, la teoría jurídica y política se ha acercado a dicho concepto en el contexto de las luchas de poder y la limitación del mismo. Para posteriormente avanzar hacia una organización del Estado que permita por un lado cierto grado de seguridad, y por otro, sea capaz de garantizar determinados derechos a sus ciudadanos. Asimismo, por tratarse de una institución que da forma no sólo a la vida política de un país, sino finalmente a la vida social misma, la presente memoria intenta una reconstrucción conceptual clara que permita observar de qué modo dicho concepto se encuentra en condiciones de filtrar la complejidad de la sociedad actual.

Tesis (doctorado en derecho) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes