El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. Para dar cumplimiento a ambos mandatos constitucionales, se constituyeron órganos públicos y se desarrolló un amplio marco normativo. Desde 2005, el Ministerio de la Producción, en su calidad del organismo competente del subsector pesca, enfrentó procesos judiciales que menoscababan las mencionadas atribuciones constitucionales que viene ejerciendo sobre los recursos hidrobiológicos desde su creación. En el presente informe analizaremos los alcances de la sentencia, por medio de la cual, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por haber menoscabado sus atribuciones constitucionales a través de una interpretación institucional, subyacente en las resoluciones judiciales mencionadas, mediante las cuales se le ordenaba al Ministerio de la Producción otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos o se revocaban resoluciones administrativas que los habían denegado, pese a que habían sido emitidas en el marco de sus atribuciones, contemplando los mandatos constitucionales

Mediante la sentencia N° 0004-2004-AI/TC, el tribunal constitucional reconoció como fin constitucionalmente legítimo a la labor de recaudación por parte de la administración tributaria. No obstante, limitó tal facultad a las operaciones que se encuentran grabadas con un impuesto, en cuya oportunidad fue el impuesto a las transacciones financieras. Tal posición parte de una visión limitada de los alcances del deber de contribuir y la relación con el secreto bancario en un Estado Constitucional de Derecho, en el que los derechos no son absolutos y tienes que equilibrarse a fin de poder garantizar las bases mínimas que le corresponde asumir al Estado en un Estado Social Democrático de Derecho.

Los derechos fundamentales en el trabajo son garantías mínimas para que las relaciones laborales se desarrollen bajo un marco de dignidad. No sólo tienen que ver con los derechos consustanciales a la relación laboral, sino también a los derechos fundamentales en su condición de ser humano. La garantía jurisdiccional exige que el Estado peruano establezca procedimien- tos céleres, con garantías procesales de refuerzo, que protejan todos los derechos fundamenta- les en el trabajo con la misma intensidad, en concordancia con su naturaleza jurídica. En tal virtud, la presente investigación tiene como objetivo analizar si la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales en el trabajo, regulada en la ley procesal del trabajo, Ley 29497, es eficiente y completa, tal como lo exige su naturaleza jurídica. Esta investigación parte de la hipótesis de que la ley procesal del trabajo, Ley 29497, no tutela de forma eficiente y completa los derechos fundamentales en el trabajo, porque no se ha esta- blecido una protección jurisdiccional cualificada ni las garantías procesales de refuerzo de forma integrada. La metodología tiene un diseño comparativo para analizar los modelos de protección de Perú, España y Chile, a través de la técnica exegética, estadísticas y análisis de casos. Como producto de este análisis se encontró que el modelo de protección de los derechos fundamentales en el trabajo es deficiente para la protección de estos derechos, y por ello se propone establecer líneas directrices que debiera contener un procedimiento especial de tutela de los mencionados derechos.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar una propuesta que permita lograr una protección igualitaria de las creencias o convicciones de las personas y que permita establecer cuál es la relación entre las libertades de conciencia y religión. La importancia de la investigación se encuentra en una evolución sociológica a nivel mundial que permite comprobar que las personas ya no solo construyen su cosmovisión en base a la fe y a la relación con una divinidad, sino que existe un aumento de aquellos ciudadanos que construyen su identidad y adoptan sus decisiones sin la necesidad de acudir a una religión. Lamentablemente, la investigación jurídica en nuestro país no se ha detenido a responder si existe en el Perú una verdadera protección constitucional de las creencias o convicciones no religiosas y si merecen una protección constitucional igualitaria respecto a aquellas religiosas. Ello se agrava si tomamos en cuenta que la Constitución de 1993 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú no presentan una respuesta que permita responder a dichas interrogantes. Es por las razones expuestas que la presente tesis sostiene que la libertad de conciencia representa un derecho fundamental que contiene a la libertad de religión, siendo posible afirmar que la protección de todas las creencias o convicciones corresponde a la primera, mientras que únicamente aquellas de carácter religioso se encuentran protegidas por la segunda. Asimismo, se concluye que la libertad de conciencia presenta tanto una dimensión interna como una dimensión externa, cuyas normas iusfundamentales deberán ser reconocidas a partir de una interpretación amplia y dinámica de su contenido constitucionalmente protegido, el cual deberá caracterizarse por una protección igualitaria de las creencias o convicciones

El proceso judicial que se desarrolla a partir de la denuncias por violencia familiar y que se encuentra regulado en la Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, denota en su aplicación la creación de límites y vulneraciones a las facultades del derecho de propiedad al dictar el retiro del hogar del propietario denunciado; debido que al proteger a la presunta agraviada, también se estaría afectando los derechos del denunciado. Es preciso señalar que en la presente investigación se analizó la aplicación inadecuada de la medida de protección de retiro del hogar del propietario denunciado, por parte de los órganos jurisdiccionales; toda vez que, aunque es esencial la protección al derecho de las personas, también es importante el resguardo del derecho de propiedad, debido a que ambos derechos son protegidos por la Carta Magna, no sólo el de la víctima sino también de aquel que ha sido denunciado; es por ello que siendo el derecho de propiedad un derecho fundamental es relevante desarrollar criterios mínimos para ejercer tal medida, así como un parámetro mínimo para su aplicación, además de señalar posibles soluciones alternativas al retiro del hogar del propietario, pues este es titular del derecho de propiedad, un derecho que posee la protección del Estado.

La finalidad de este artículo jurídico es evidenciar que el Estado y las entidades públicas, a nivel nacional, también pueden ser representadas y defendidas por algún abogado-apoderado que designe el titular de cada entidad y no solo por el procurador público. De esta manera, se busca establecer que, en determinados casos, es jurídicamente viable que algunas entidades públicas que no cuentan con procurador público por diversos motivos puedan intervenir directamente en las investigaciones, procesos o procedimientos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y/o materia, a través de un abogado-apoderado que acredite el titular de la institución. / The purpose of this legal article is to show that the State and public entities, at the national level, can also be represented and defended by a lawyer-attorney designated by the head of each entity and not only by the public attorney. In this way, it seeks to establish that, in certain cases, it is legally viable that some public entities that do not have a public attorney for various reasons can intervene directly in investigations, processes or procedures, jurisdictional and non-jurisdictional, whatever their nature and /or matter, through a lawyer-representative who certifies the owner of the institution. / Trabajo académico

Este informe jurídico aborda la problemática de la acreditación y justiciabilidad del derecho a la pensión, así como las obligaciones que tiene el Estado para efectivizar su protección. Y es que cuando se solicita una pensión de invalidez por enfermedad profesional existen problemas no atribuibles a los solicitantes, quienes con el fin de cumplir con los requisitos legales, como lo es el acreditarla a través de un certificado médico emitido por una Comisión Médica Calificadora de Incapacidades, se encuentran con las deficiencias del sistema público de salud y un incumplimiento reiterativo de entidades estatales. Ahora, si bien el informe busca determinar si corresponde otorgarle la pensión al Sr. Osores, este caso es importante, ya que el Tribunal Constitucional (TC) reitera un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y establece nuevo precedente vinculante sobre las reglas para la acreditación por enfermedad profesional. Así, se analizarán los principales instrumentos normativos vinculados al derecho a la pensión. A nivel internacional, la DUDH, el PIDESC, la CADH y jurisprudencia de la Corte IDH; y en sede nacional, la Constitución, el Nuevo Codigo Procesal Constitucional, y normativa legal, y jurisprudencia del TC en materia previsional, precedentes vinculantes y ECI. Todo ello para concluir que (i) al no otorgarle la pensión al Sr. Osores se vulnera su derecho y (ii) que la reiteración del ECI es un intento por operativizar la progresividad de dicho derecho para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones mínimas esenciales brindando el acceso justo y oportuno que los solicitantes merecen. / This legal report addresses the problem of the accreditation and justiciability of the pension right, as well as the obligations that the State has to implement its protection. And it is that when a disability pension is requested due to an occupational disease, there are difficulties not attributable to the applicants, who in order to comply with the legal requirements, such as accrediting it through a medical certificate issued by a Medical Qualifying Commission of Disabilities, they are found with the deficiencies of the public health system and repetitive noncompliance of state entities. Now, although the report will focus on determining whether it is appropriate to grant pension to Mr. Osores, this case is important, since the Constitutional Court reiterates an Unconstitutional State of Affairs (USA) and establishes new binding precedent on the rules for accreditation by professional illness. Thus, the main law instruments linked to pension rights will be analyzed. At the international normative, the UDHR, the ICESCR, the ACHR and jurisprudence of the Inter-American Court; and at national level, the Constitution, the New Constitutional Procedural Code, and the legal regulations, and jurisprudence of the TC on pension matters, binding precedents and USA. All this to conclude that (i) by not granting the pension to Mr. Osores his right is violated and (ii) that the reiteration of the USA is an attempt to operationalize the progressivity of this right, so the State can comply with its minimum obligations essential by providing the fair and timely access that applicants deserve.

El caso actual involucra a un menor a quien se le negó la renovación de matrícula en el colegio debido al comportamiento de su madre dentro de la institución, alegándose posteriormente su mal comportamiento. Por lo tanto, se pretende examinar la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado al derecho a la educación y evaluar la adecuación de su decisión. En este trabajo, se emplearán herramientas de apoyo como normas, informes, artículos y jurisprudencia. El objetivo principal es detectar las interrogantes que el Tribunal no ha abordado para enriquecer el análisis del caso, explorando cómo responder a estas, y cómo se podría proporcionar una perspectiva de solución más integral. Las conclusiones muestran que la decisión de no renovar la matrícula impactó negativamente en el derecho a la educación del menor. La postura del Tribunal se critica por no enfatizar suficientemente la protección de la educación básica. Además, no se consideraron los límites que deben influir en el poder de autonomía de las instituciones educativas privadas. Finalmente, si nos encontramos ante un Recurso de Agravio Constitucional típico. Como opciones de resolución es crucial aplicar estrategias que permitan al estudiante permanecer en el entorno educativo mientras se atienden sus necesidades y se promueve un comportamiento positivo. / The current case involves a minor who was denied renewal of enrollment at the school due to his mother's behavior within the institution, subsequently alleging her bad behavior. Therefore, the aim is to examine the interpretation that the Constitutional Court has given to the right to education and evaluate the adequacy of its decision. In this work, support tools such as standards, reports, articles and jurisprudence will be used. The main objective is to detect the questions that the Court has not addressed to enrich the analysis of the case, exploring how to respond to them, and how a more comprehensive solution perspective could be provided. The conclusions show that the decision not to renew registration negatively impacted the minor's right to education. The Court's position is criticized for not sufficiently emphasizing the protection of basic education. Furthermore, the limits that should influence the power of autonomy of private educational institutions were not considered. Finally, if we are faced with a typical Constitutional Grievance Appeal. As resolution options, it is crucial to apply strategies that allow the student to remain in the educational environment while their needs are met and positive behavior is promoted.

En el presente informe jurídico, se analiza la interpretación del cuarto párrafo del artículo 17° del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. Este reglamento regula la responsabilidad sobre la cobertura a los ocupantes de un vehículo que se encuentra desprovisto de SOAT. Las compañías de seguros argumentan que el SOAT no debería otorgar cobertura a las víctimas que se encuentren en vehículos no asegurados porque no forman parte del riesgo asegurado. Así, a pesar de que el SOAT tiene como objetivo principal proteger la vida y la integridad de las personas, el presente informe defiende que no debe extenderse la cobertura a los ocupantes de un vehículo no asegurado, ya que esto excede las obligaciones previstas para las aseguradoras y podría desestabilizar el sistema de seguros. En este contexto, se analiza el caso contenido en la Casación N° 2686-2020- Lima, donde AFOCAT La Primera rechazó pagar la indemnización por la muerte del señor Alejandro Sanga, quien viajaba en un vehículo sin SOAT. Finalmente, se ordenó a AFOCAT La Primera que le otorgara la cobertura, lo que llevó a un debate legal sobre dicha decisión. Siendo así, resulta necesario interpretar el artículo 17° de una manera que no imponga responsabilidades no previstas claramente en la normativa, protegiendo así la estabilidad del sistema de seguros. / The present legal report analyzes the fourth paragraph of article 17 of Supreme Decree N° 024-2002-MTC, which approves the Consolidated Text of the National Regulations on Civil Liability and Mandatory Traffic Accident Insurance. This regulation addresses the liability concerning coverage for occupants of a vehicle that lacks SOAT (Personal Accident Mandatory Vehicle Policy). Insurance companies argue that the SOAT should not provide coverage to victims in uninsured vehicles as they do not fall within the insured risk. Although the primary objective of the SOAT is to protect the life and integrity of individuals, this report contends that coverage should not be extended to occupants of an uninsured vehicle, as it exceeds the obligations provided for insurers and could destabilize the insurance system. In this context, the case contained in Cassation N° 2686-2020-Lima is analyzed, where AFOCAT La Primera refused to pay compensation for the death of Mr. Alejandro Sanga, who was traveling in an uninsured vehicle. Ultimately, AFOCAT La Primera was ordered to provide coverage, leading to a legal debate on this decision. Thus, it is necessary to interpret article 17 in a way that does not impose responsibilities not clearly stipulated in the regulations, thereby protecting the stability of the insurance system.

El presente trabajo de tesis, analiza en concreto el control constitucional, por un lado, el control constitucional difuso y por otro el control constitucional concentrado, ello con la finalidad de tener claro ambos conceptos, además de estudiar brevemente el tipo de control constitucional que tenemos en Latinoamérica, así como el que funciona en Europa. También este trabajo de investigación analiza en control constitucional realizado en nuestro país, revisando brevemente sus orígenes, hasta la actualidad, para lo cual luego de analizar el vigente marco constitucional respecto al control difuso realizado por la Corte Suprema de Justicia de la República, además de advertir graves deficiencias en cuanto a dicha labor de control constitucional, es que, proponemos se pueda implementar en nuestro país la figura de la Cuestión de Inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, la cual desde nuestra postura, viene funcionando de manera adecuada en España, país de donde hemos heredado y tenemos como referente gran parte de sus instituciones jurídicas, y en lo particular en lo que se refiere al control constitucional. Es así que, sustentamos resulta viable la implementación de la cuestión de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional peruano, pues la Corte Suprema ha evidenciado un déficit en cuanto a la labor de control de constitucionalidad, habiendo identificando su problemática en la provisionalidad de los jueces supremos que integran las Salas Constitucionales, además de la transitoriedad de estas Salas. Por tanto, consideramos viable que el Tribunal Constitucional pueda realizar la labor de hacer control constitucional respecto a los casos donde a un juez ordinario le surja una duda respecto a la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, y que sea el Tribunal Constitucional a través de una sentencia determine los que corresponda y que los efectos de su sentencia donde se haya planteado la Cuestión de Inconstitucionalidad, tenga efectos erga omnes, y pueda expulsar la norma inconstitucional de ser el caso o por el contrario, ratifique la constitucionalidad de la norma en cuestión. / This thesis work specifically analyzes constitutional control, on the one hand, diffuse constitutional control and concentrated constitutional control on the other, in order to be clear about both concepts, in addition to briefly studying the type of constitutional control that we have in Latin America, as well as the one that works in Europe. This research work also analyzes constitutional control carried out in our country, briefly reviewing its origins, up to the present, for which after analyzing the current constitutional framework regarding the diffuse control carried out by the Supreme Court of Justice of the Republic, in addition to noticing serious deficiencies in terms of said constitutionality, we propose that the figure of the Question of Unconstitutionality in charge of the Constitutional Court be implemented in our country, which from our position, has been working adequately in Spain, a country from which we have inherited and have as a great reference part of its legal institutions, and in particular in what refers to constitutional control. Thus, we maintain that the implementation of the question of unconstitutionality in charge of the Constitutional Court is viable, since the Supreme Court has evidenced a deficit in terms of the work of constitutionality control, having identified its problem in the provisionality of the supreme judges that make up the Constitutional Chambers, in addition to the transience of these Chambers. Therefore, we consider it viable that the Constitutional Court can carry out the task of carrying out constitutional control regarding cases where an ordinary judge has a doubt regarding the constitutionality of a norm in a specific case, and that the Constitutional Court, through a sentence, determines the corresponding ones and that the effects of its sentence where the Question of Unconstitutionality has been raised, has erga omnes effects, and can expel the unconstitutional norm if it is the case or, on the contrary, ratify the constitutional one ity of the norm in question.