El presente trabajo desarrolla un análisis respecto a la viabilidad legal de transferir la Certificación Ambiental en el subsector hidrocarburos. Este trabajo pretender dar mayor claridad respecto de la normativa ambiental para las actividades de hidrocarburos y así poder identificar deficiencias y oportunidades de mejora. El objetivo de de esta investigación es demostrar que el ordenamiento jurídico peruano no ha previsto la posibilidad de transferir la Certificación Ambiental, y que se requiere de otra figura para que las actividades de hidrocarburos al culminar un Contrato de Exploración y/o Explotación puedan continuar. El análisis del presente trabajo parte de analizar la naturaleza jurídica de la Certificación Ambiental, que es el acto administrativo en sí. Luego, se hace una evaluación de las particularidades de los contratos de hidrocarburos, y las figuras de cesión de posición contractual y los supuestos de culminación de actividades. Posteriormente, se analizan las implicancias jurídicas y sociales de la “transferencia” de la Certificación Ambiental. Finalmente, se concluye que de acuerdo al marco normativo vigente, la Certificación Ambiental no puede ser transferida.

La presente tesis abordará desde una visión interdisciplinaria, el enfoque preventivo del impacto ambiental dentro del Sistema Evaluación del Impacto Ambiental y como se relaciona este con el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. En nuestro análisis se critica la ausencia de coherencia por parte los gobiernos en cuanto a la regulación ambiental y el estándar que esta debe seguir de cara a promover la inversión en nuestro país, pues como podemos notar la misma ha estado lleno de contradicciones. Para ello analizaremos la experiencia nacional y algunos ejemplos internacionales a modo de comparación. En ese sentido, nos centraremos en el último quinquenio, debido a la promulgación de normas que incentivan la inversión en proyectos extractivos -las mismas que se analizarán a lo largo del presente trabajo de investigación- como son; las de celeridad en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental sin sustento técnico; las que crean procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, que permiten determinar la responsabilidad administrativa, pero que no va a acompañada de una sanción o multa; las de corrección de las conductas infractoras de “manera oportuna” y el consecuente eximente de responsabilidad sin analizar la gravedad del hecho; entre otras disposiciones normativas que debilitan la capacidad que tiene el Estado de promover el uso sostenible de sus recursos naturales y tutelar el derecho a vivir en un ambiente sano protegiendo el medio ambiente. La finalidad de la presente tesis es evidenciar las limitaciones que se encuentran en la regulación nacional de manera constructiva y así desincentivar y prevenir el daño ambiental. Lo más importante de este trabajo de investigación, es contribuir a respuestas de mejora en la emisión y aplicación de normas de interés nacional, en la búsqueda de lograr un bienestar duradero y sobre todo un crecimiento económico que respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades aledañas a este tipo de proyectos. Ello, con el fin de acercarnos al concepto de desarrollo sostenible, en un país que espera convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE y requiere de una mejora en su desempeño ambiental.

El presente trabajo aborda la viabilidad legal de crear e implementar veinticinco (25) Autoridades Regionales Ambientales (ARA), como entidades de derecho público adscritas a los gobiernos regionales, dotándoles de adecuadas competencias y recursos presupuestales; ello con la finalidad de efectivizar la descentralización en materia ambiental, pues a través de esta, se han distribuido diversas funciones ambientales a efectos de promover y garantizar un desarrollo sostenible en las respectivas jurisdicciones de los gobiernos subnacionales; no obstante, bajo una mirada crítica al proceso antes mencionado, se evidencian ineficiencias, omisiones o excesos en su conducción; lo que permite inferir que las brechas identificadas en el ejercicio de estas funciones, no pueden ser superados bajo el modelo actual. Ante esas debilidades, y basado en las experiencias previas, sobre la creación de Autoridades Regionales Ambientales (ARA) como unidades orgánicas y lo desarrollado por el Derecho comparado; se propone, una reforma normativa que modifique la legislación vigente a efectos de crear el marco institucional necesario para que la conducción de estas responsabilidades, sea ejercido por una entidad separada de los gobiernos regionales, aunque adscritas a los mismos; permitiendo así, que tales funciones se realicen de forma técnica, transparente e independiente, bajo un enfoque integral del territorio que se aleje de la clásica visión sectorial; concluyéndose que la creación e implementación de estas nuevas entidades ambientales, es factible en la medida de que las modificaciones normativas permitan dotar de un adecuado presupuesto y competencias claras, así una mayor participación de las entidades de ámbito nacional como regional.

La emisión del Decreto Legislativo 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, representa un cambio relevante respecto a los principios aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores, incluyéndose de forma literal al principio de culpabilidad por primera vez y con ello, la postura fehaciente de la Administración en favor del criterio de responsabilidad subjetivo. En ese contexto, el presente trabajo de académico tiene como fin analizar la aplicación de la responsabilidad objetiva, subjetiva y sus efectos. En razón de ello, en principio se delimita el marco teórico conceptual del principio de culpabilidad frente a la potestad sancionadora del Estado. Posteriormente, tomando en cuenta las particularidades del sector medioambiente y la labor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el mismo, se realiza un análisis crítico de la problemática aplicación del criterio objetivo en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos por dicha entidad y finalmente se mencionan algunos apuntes y recomendaciones apropiados a la cuestión. De ello, se determina que si bien la sanción administrativa conforma uno de los principales instrumentos del sector medioambiente para redireccionar el comportamiento de los administrados cuyas actividades posicionan en peligro al bien jurídico medio ambiente a través de la aplicación de la responsabilidad objetiva, no sólo no ha alcanzado el fin deseado sino que ha devenido en la emisión de resoluciones de una incongruente fundamentación. Así, la aplicación del criterio objetivo de la responsabilidad administrativa en el sector no justifica la afectación de principios constitucionalmente protegidos frente al ius puniendi del Estado.

El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabilidad administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador: el régimen de responsabilidad administrativa objetiva. No obstante, la implementación de este régimen ha generado un debate en relación con el principio de culpabilidad. La cuestión es si dicho régimen vulnera el mencionado principio. Cabe recordar que el principio de culpabilidad es considerado como un límite importante al ius puniendi del Estado, aplicable tanto en sede administrativa como penal. Por tanto, la vulneración de esta significaría que la Administración tenga el camino libre para determinar la responsabilidad de un administrado eximiéndose de determinar la culpa o dolo de este. En relación con dicha cuestión, también existen posiciones a favor que consideran que, mientras no se afecte los derechos fundamentales, como la vida o la salud, y si se trata de un bien jurídico constitucionalmente protegido, estaría justificada su implementación. Teniendo en cuenta la controversia sobre este asunto, resulta necesario también revisar experiencias comparadas a fin de conocer el tratamiento, específicamente del régimen de responsabilidad administrativa en materia ambiental, de manera que se pueda tener una idea más amplia de nuestra situación. / The recognition of the environment as a protected legal asset has meant that, in our legal system at the level of Administrative Law, a special regime has been established in order to determine administrative liability in the framework of an administrative sanctioning procedure: the regime of strict administrative liability. However, the implementation of this regime has generated a debate regarding the principle of culpability. The question is whether such a regime infringes that principle. It should be recalled that the principle of guilt is considered an important limit to the State's ius puniendi, applicable in both administrative and criminal proceedings. Therefore, the violation of this law would mean that the Administration has a free hand to determine the liability of a person subject by exempting itself from determining the fault or intent of the latter. In relation to this issue, there are also positions in favour that consider that, as long as fundamental rights, such as life or health, are not affected, and if it is a constitutionally protected legal good, its implementation would be justified. Taking into account the controversy on this issue, it is also necessary to review comparative experiences in order to understand the treatment, specifically of the regime of administrative liability in environmental matters, so that a broader idea of our situation can be obtained. / Trabajo académico

El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabilidad administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador: el régimen de responsabilidad administrativa objetiva. No obstante, la implementación de este régimen ha generado un debate en relación con el principio de culpabilidad. La cuestión es si dicho régimen vulnera el mencionado principio. Cabe recordar que el principio de culpabilidad es considerado como un límite importante al ius puniendi del Estado, aplicable tanto en sede administrativa como penal. Por tanto, la vulneración de esta significaría que la Administración tenga el camino libre para determinar la responsabilidad de un administrado eximiéndose de determinar la culpa o dolo de este. En relación con dicha cuestión, también existen posiciones a favor que consideran que, mientras no se afecte los derechos fundamentales, como la vida o la salud, y si se trata de un bien jurídico constitucionalmente protegido, estaría justificada su implementación. Teniendo en cuenta la controversia sobre este asunto, resulta necesario también revisar experiencias comparadas a fin de conocer el tratamiento, específicamente del régimen de responsabilidad administrativa en materia ambiental, de manera que se pueda tener una idea más amplia de nuestra situación. / The recognition of the environment as a protected legal asset has meant that, in our legal system at the level of Administrative Law, a special regime has been established in order to determine administrative liability in the framework of an administrative sanctioning procedure: the regime of strict administrative liability. However, the implementation of this regime has generated a debate regarding the principle of culpability. The question is whether such a regime infringes that principle. It should be recalled that the principle of guilt is considered an important limit to the State's ius puniendi, applicable in both administrative and criminal proceedings. Therefore, the violation of this law would mean that the Administration has a free hand to determine the liability of a person subject by exempting itself from determining the fault or intent of the latter. In relation to this issue, there are also positions in favour that consider that, as long as fundamental rights, such as life or health, are not affected, and if it is a constitutionally protected legal good, its implementation would be justified. Taking into account the controversy on this issue, it is also necessary to review comparative experiences in order to understand the treatment, specifically of the regime of administrative liability in environmental matters, so that a broader idea of our situation can be obtained. / Trabajo académico

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Acredita por diferentes medios de fuentes oficiales, las graves afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales, que demuestran la débil tutela de los bienes fundamentales por las instituciones del estado. Postula que ello se debe a que no se aplica la perspectiva ius económica. Con el propósito de avanzar, encontrar y proponer soluciones a la debilidad del modelo actual, se ha incorporado instrumentos extra jurídicos de la microeconomía para ayudarnos a entender mejor al objeto a regular, que incluye por un lado las conductas de personas naturales y jurídicas que están fuertemente influenciadas por factores económicos y por otro, las consecuencias de los daños ambientales causados que limitan nuestro desarrollo, crecimiento y bienestar. La actual arquitectura del derecho, basada en el positivismo jurídico, tiene limitaciones para articular una tutela efectiva del medioambiente y los recursos naturales. Si bien la economía neoclásica aporta la predicción, pero su dependencia del mercado y el flujo artificial de ahorros y consumos la hace insuficiente. Esta no calza lo suficientemente bien para satisfacer y suministrar lo necesario para que el derecho pueda proveer la tutela eficaz y efectiva, del medioambiente y los recursos naturales. A fin de superar los aspectos más débiles, se ha propuesto el uso de herramientas y conceptos de la economía ecológica que incorporan factores naturales además de su entendimiento de los flujos de materia y energía, que sustentan la propia realidad económica. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Analiza las deficiencias del sistema normativo de responsabilidad por daños ambientales que afectan la eficacia de las funciones de resarcimiento y disuasión de conductas dañosas. Asimismo, esta tesis busca analizar las causas de este sistema defectuoso y los cambios requeridos para cumplir con las funciones de resarcimiento de daños y disuasión de conductas dañinas para el ambiente. / Tesis

Es sabido que nuestro territorio nacional está cubierto por bosques, la cual se ubica en costa, sierra y selva. Sin embargo, los bosques de nuestro país, por el contrario, cada año se destruyen en cantidades considerables, debido a que la misma ocurre de manera ilegal. Sin embargo, pese a que en nuestra legislación contamos con normas penales y administrativas que están diseñados para reprimir las conductas que estén referidos al tráfico ilegal de productos forestales maderables, previstas en el artículo 310-A del Código Penal y artículo 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal. Pues, ninguna de las normas citadas refiere sobre la cantidad trasportada de productos o especímenes forestales maderables que delimiten cuándo nos encontramos frente a un delito y cuándo frente a una infracción administrativa. Si bien en la norma administrativa precisa como infracción a la guía de transporte, sin embargo, a ello se debe añadir la cantidad del producto maderable, para con ello precisar hasta que cantidad será considerado una sanción administrativa y cuando una sanción penal. El objetivo planteado es la propuesta de modificación del art 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Nº 29763, para una buena aplicación de la norma administrativa y penal. Por otro lado, el objetivo de la presente es precisar las ideas que permitan una adecuada y efectiva sanciona penal y administrativa del problema citado. En cuanto a la metodología empleada para el trabajo desarrollado fue de la encuesta directa realizada al personal Fiscal de la Fiscalía Especializada en materia Ambiental del departamento de Huánuco, quien tiene a su cargo el control de procesos en el ámbito ambiental. El procedimiento empleado es el analítico; llegando a la conclusión de la necesidad de modificar el art. 207.3. i) del Reglamento Forestal con el fin de contribuir a evitar la continua depredación de los bosques.

El presente trabajo académico aborda la cuestión controvertida referente a la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para sancionar ante eventuales afectaciones que pudieran generarse sobre la laguna Shanshococha, debido a que dicho organismo ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas. Abordé este tema debido a que considero que resulta necesario establecer cuáles son las competencias que ejerce la OEFA y la ANA en la fiscalización de la calidad del recurso hídrico en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos. La hipótesis que planteo es que no existe superposición de funciones entre ambas entidades, y que el inicio de procedimientos administrativos sancionadores independientes por parte de OEFA y ANA no estaría vulnerando el principio Non bis ídem. Cabe señalar que en la presente investigación haré la revisión de un caso específico relacionado al impacto de la laguna Shanshococha por parte de la empresa Pluspetrol Norte, teniendo en cuenta la posición del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, y haciendo una crítica de esta. En ese sentido, con este trabajo podré determinar las competencias de fiscalización que tiene la ANA y la OEFA en la fiscalización de la calidad del recurso hídrico, y que la actuación de ambas entidades no vulnera el principio Non Bis Idem.