La política legislativa aplicada sobre COFIDE, empresa pública de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE y dedicada a la intermediación financiera, genera una doble naturaleza sobre esta entidad como banco de segundo piso y como banco de desarrollo. Esto no resulta conveniente para el desarrollo de sus actividades de financiamiento de proyectos de inversión productiva e infraestructura pública y privada en el Perú. Actuar permanentemente como banco de segundo piso resulta una limitación que, conjuntamente a la necesidad de actuar con otro intermediario financiero quien debe asumir una exposición significativa del 50% o 75% del monto a financiar, genera problemas relevantes para que COFIDE cumpla con el rol para el que fue creado: intermediación financiera para contribuir con el desarrollo integral del país. Ante ello, a partir de un análisis de su función institucional y del desarrollo de su marco normativo en el contexto histórico que se genera, se establece que este marco resulta deficiente y genera una distorsión en la función institucional de COFIDE, pues las limitaciones normativas a sus actividades son respuestas políticas que tienen una motivación en eventos históricos extrínsecos, como el cambio del modelo de intervención estatal en la economía acontecido en la década de 1990, o intrínsecos, como una deficiente gestión de COFIDE. Por lo tanto, el propósito de la investigación es proponer un cambio normativo a las limitaciones antes señaladas porque estas fueron establecidas para limitar el potencial riesgo de control político que recae sobre la gestión de COFIDE o limitar una deficiente gestión administrativa que afecte los recursos públicos que se reflejan en su patrimonio, pero resultan medidas que vulneran la finalidad institucional de COFIDE y que no logran mitigar adecuadamente el riesgo que buscan controlarse con las limitaciones. Así, en los casos de intermediación financiera para el financiamiento de proyectos de inversión productiva e infraestructura pública y privada, estas medidas generan perjuicios como una asignación ineficiente de recursos o la inexistencia de financiamiento cuando no exista suficiente oferta privada en proyectos que pueden resultar de alto interés social, pero con poca rentabilidad económica. Para ello es pertinente analizar la evolución normativa e histórica de COFIDE, su rol en el sistema financiero peruano y su naturaleza de empresa pública de derecho privado para proponer un nuevo enfoque normativo a sus actividades de financiamiento de inversión productiva e infraestructura.

El año 2015 ha sido un periodo lleno de cambios económicos que han motivado una serie de acciones de parte del Poder Ejecutivo para superar esta situación. Acciones realizadas en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo y que se han materializado en una serie de dispositivos legales. Dentro de estos dispositivos, tenemos el D.L. N° 1177 y N° 1196 que establecen mecanismos de acceso a la vivienda bajo las figuras del arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el arrendamiento financiero y el contrato de capitalización inmobiliaria. Este último objeto de análisis en el presente trabajo vista la novedosa regulación y operatividad que se pretende implementar en el mercado nacional.

Este trabajo nace con la idea de implementar un nuevo producto en el mercado financiero peruano que permita el acceso al financiamiento para la adquisición de vivienda. El producto propuesto es el llamado Leasing habitacional que será la competencia directa para el conocido crédito hipotecario que ofrecen los bancos. Actualmente, las entidades financieras que ofrecen el crédito hipotecario limitan su público objetivo toda vez que las condiciones para el acceso no son accesibles a todos. La cuota inicial alta y las elevadas cuotas mensuales hacen que determinado sector de la población no pueda insertarse al mercado financiero, centrando al crédito hipotecario como la única opción de financiamiento para adquirir una vivienda. El Leasing habitacional va a satisfacer la demanda de un sector de la población que no puede acceder al crédito hipotecario ya que las características de este nuevo producto son de un arrendamiento con requisitos y cuotas accesibles para el sector no atendido. Este producto también será ventajoso para las entidades financieras toda vez que ofrecerán un nuevo producto el cual permitirá que un sector no atendido pueda insertarse al mundo financiero, generando así mayor penetración en el mercado.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad efectuar un análisis apoyado en un enfoque normativo de la estructura del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y las fallas que presenta abarcando factores institucionales que implican aspectos regulatorios, de supervisión y promoción, que se han venido presentando desde el inicio de sus operaciones en mayo del año 2011; así como factores económicos que sirven de sustento técnico, para efectuar propuestas que abarquen cada uno de los aspectos mencionados a raíz de las fallas que serán descritas. A raíz de la integración regional bursátil en la región latinoamericana, los mercados de valores de Perú, Chile y Colombia abrieron sus plazas bursátiles a un número indeterminado de potenciales inversionistas aun mayor al que anteriormente estaban expuestos; esto gracias a una iniciativa de promoción tanto privada como pública. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), como veremos a lo largo del presente trabajo de investigación, se ha mantenido con modestos montos de negociación debido a impedimentos normativos, los cuales desde un punto de vista teórico y al mismo tiempo práctico han introducido una tendencia que coloca a algunos mercados de valores en desventaja frente a otros dentro de este modelo de negociación. Con la finalidad de desarrollar los aspectos mencionados se ha dividido el presente trabajo en cuatro secciones. La primera sección se enfocará en la explicación teórica del funcionamiento del Mercado Integrado Latinoamericano, identificando sus características y objetivos principales, explicando el enrutamiento intermediado dado que resulta elemental para entender la integración regional bursátil en Latinoamérica, así como la relación bidireccional del sistema de liquidación y compensación de valores mobiliarios, para finalmente efectuar el análisis normativo. En la segunda sección, se explicará, en base a experiencias pasadas de integración bursátil, cuales son las características comunes de aquellas experiencias con la integración materia del presente análisis y posteriormente se detallarán las diferencias entre ambas, con la finalidad de poder identificar claramente el panorama descrito en la sección primera y distinguirlo de las experiencias que se describirán en esta sección. En la tercera sección se presentarán algunas cifras relevantes, en base a datos oficiales, con los cuales se promociona al Mercado Integrado Latinoamericano dentro de su plataforma virtual, con la finalidad de evidenciar la situación actual del mercado de valores peruano en el actual contexto. En la cuarta sección, a la que se ha denominado Fortalecimiento del Mercado Integrado Latinoamericano, se identificarán sus fallas, analizando dos factores que considero abarcan los aspectos más importantes, como son los factores institucionales y los factores económicos. Estos mismos factores se emplearán para efectuar propuestas que subsanen las deficiencias descritas, teniendo como base el contexto en el que se desenvuelve esta integración y partiendo desde la experiencia de las integraciones anteriores. Finalmente, se expondrá una conclusión que puede resultar poco atractiva para quienes mantienen una posición conservadora respecto del Mercado Integrado Latinoamericano, pero que, como se argumentará y demostrará, es la más realista.

El acceso al crédito es en definitiva uno de los más grandes obstáculos que podrían enfrentar las MIPYMES o emprendedores en general cuando quieren acceder a un financiamiento para crecer o iniciar un negocio. En ese contexto, aparece el Título de Crédito Hipotecario Negociable, también llamado “TCHN”, como una alternativa adicional de financiamiento en el Mercado de Valores. Este instrumento de deuda tiene aproximadamente más de 25 años en el mercado y nace como una innovación peruana; sin embargo, se han identificado algunas trabas y/o fallas, a las cuales se pretende dar solución en el presente trabajo de investigación, pero siempre enfocándose en una metodología de aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio, ya que servirá para identificar las trabas o fallas en torno al instrumento, así como para también poder evaluar las posibles consecuencias que se podrían generar por las soluciones planteadas. En ese sentido, se propone que, solucionando las trabas o fallas identificadas, el TCHN podría competir sin ningún problema con otros instrumentos, y así iniciar un mayor dinamismo de financiamiento para las MIPYMES, pero en el Mercado de Valores.

El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar que la libertad de Elección notarial para celebrar un contrato accesorio de Constitución de garantía hipotecaria luego de haberse realizado un contrato principal de mutuo hipotecario con una entidad bancaria o financiera en nuestro país, es eficiente y se sustenta teniendo como base el Análisis económico del Derecho. Se demostró que existen limitaciones a la libertad de contratación notarial por parte de las entidades bancarias, dicha restricción se manifiesta al momento que el consumidor bancario quiere elegir una notaría de su preferencia cuando decide celebrar el contrato accesorio. Dicha restricción que la entidad bancaria realiza al consumidor da como resultado la reducción de diversos costos de transacción como: gastos administrativos para el banco, tiempo de búsqueda para el consumidor, menores costos de arancel Notarial, menores costo del crédito, menores costos de traslado del banco a la notaría, reducción del stress y otros. Partiendo de un análisis comparativo con España, se evidencia que la libertad de elección notarial se encuentra regulado por el estado con el fin de que todo consumidor bancario luego de haber realizado un contrato de mutuo hipotecario con la entidad bancaria, no vea restringido su derecho de elección notarial, ya que como afirman los Colegios de Notarios españoles, las entidades bancarias presentan enormes incentivos para que los consumidores no ejerzan sus derecho de libertad de elección notarial. Además, debido a que el arancel notarial se encuentra regulado, es más difícil que las entidades bancarias puedan vulnerar dicho derecho, sin embargo, al consumidor bancario aún le cuesta reconocer la calidad del servicio notarial. Los resultados de nuestra investigación demostraron que pese a que existe limitaciones a la libertad de contratación en la elección de servicios notariales por parte de la entidad bancaria o financiera, existe un mayor beneficio no solo económico sino además, de reducción de costos de transacción para el consumidor bancario y la sociedad en general. Por lo que, si se buscara regular la libertad de elección notarial para realizar contratos accesorios derivados de contratos de mutuo hipotecario con una entidad bancaria en nuestro país, los únicos beneficiados serían las notarías, que eso explicaría por qué buscan regular algo que hasta el momento resulta siendo eficiente.

El presente trabajo de investigación desarrolla el alcance e importancia del principio de interoperabilidad en la formación de ecosistemas de pago digital y en la promoción de la inclusión financiera en el Perú. Para ello, se analiza el funcionamiento de los diferentes niveles de interoperabilidad entre las billeteras electrónicas ofrecidas en el mercado peruano, a fin de identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento para proponer lineamientos para su regulación. La investigación concluye que las limitaciones en los diversos niveles de interoperabilidad entre las billeteras digitales del mercado peruano afectan el surgimiento de un ecosistema de pagos digital inclusivo y de uso masivo, recomendando que el marco normativo actual incorpore estándares internacionales desarrollados en cada uno de los niveles de interoperabilidad a fin de permitir el surgimiento de un sistema de pagos electrónicos abierto que propicie la competencia e inclusión financiera. El marco teórico utilizado para definir el alcance y los niveles de interoperabilidad es el elaborado por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), la Asociación Mundial de Operadores Móviles y Compañías Participantes del Mercado de Dinero Móvil; incorporando también en el análisis los fundamentos económicos que sustentan que la interoperabilidad permite un uso más eficiente de los recursos de la economía en beneficio de usuarios y proveedores de servicios financieros, al aminorar los costos operativos en la provisión de servicios financieros a través del aprovechamiento de economías de escala y economías de ámbito. Asimismo, se considerado los estándares internacionales propuestos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Grupo del Banco Mundial, la Alianza para la Inclusión Financiera y The Better Than Cash Alliance para los ecosistemas de pago inclusivos, incorporando una metodología de análisis comparativo entre los estándares internacionales desarrollados respecto a los niveles de interoperabilidad y el marco normativo peruano.

En nuestro contexto regulatorio si bien el término compliance es relativamente reciente, algunas normas vigentes lo han incorporado implícitamente; debido a que, las tendencias legislativas del sector financiero internacional se orientan a implementar estándares internacionales de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad financiera. No obstante, la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance (SGC) efectivo en el sector financiero no solo debe incorporar la normativa vigente; sino que, también deben aplicarse normas de soft law como ISO 31 000 Gestión de Riesgos, ISO 37 001 Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 Sistemas de Gestión del Compliance, debido a que el sistema financiero peruano actualmente trasciende los límites fronterizos. La relevancia de la propuesta radica en que el implementar un SGC en una entidad del sistema financiero peruano contribuye a incrementar su valor, al mismo tiempo que busca mitigar el impacto económico y reputacional que producen los riesgos de incumplimiento, tales como pérdidas financieras derivadas de fraudes internos, incremento de egresos producto de la imposición de sanciones, pérdidas económicas por la disminución del valor de cotización e incluso una salida forzada del mercado. Por lo antes expuesto, el presente trabajo contrastó los componentes que la vigente regulación y las normas de soft law proponen para implementar SGC, y los aplicó a un caso concreto de análisis: la crisis financiera del banco Credit Suisse. Finalmente, se formuló una propuesta de componentes mínimos necesarios para implementar un SGC efectivo en una entidad bancaria del sistema financiero en el Perú. / In our regulatory context, although the term compliance is relatively recent, some current regulations have implicitly incorporated it, because the legislative trends in the international financial sector are oriented to implement international standards of good practices in the development of financial activity. However, the implementation of an effective Compliance Management System (CMS) in the financial sector should not only incorporate current regulations, but also soft law standards such as ISO 31 000 Risk Management, ISO 37 001 Anti-Bribery Management Systems and ISO 37301 Compliance Management Systems, because the peruvian financial system currently transcends borders. The relevance of the proposal lies in the fact that implementing a CMS in an entity of the peruvian financial system contributes to increase its value, at the same time that it seeks to mitigate the economic and reputational impact produced by the risks of non-compliance, such as financial losses derived from internal frauds, increased expenses due to the imposition of sanctions, economic losses due to the decrease in the value of the stock exchange and even a forced exit from the market. For the above reasons, this paper contrasted the components proposed by current regulations and soft law standards for implementing CMS and applied them to a specific case of analysis: the financial crisis of the Credit Suisse bank. Finally, a proposal was formulated for the minimum components necessary to implement an effective CMS in a Peruvian financial system bank.

El trabajo aborda la compleja problemática de las compensaciones en el sistema financiero peruano, especialmente en relación con los depósitos de remuneraciones y pensiones. A pesar de estar regidas por eI artículo 132 de Ia Ley GeneraI deI Sistema Financiero y de Seguros, surgen debates sobre cuáIes son Ios alcances de Ia exclusión a la que hace referencia dicha norma. Se destaca la falta de uniformidad en los criterios aplicados por Ias instituciones competentes en sede administrativa y judiciaI, generando incertidumbre en la resolución de casos, siendo que, respecto de la última, se favorece aI consumidor remitiéndose aI artícuIo 1290 deI Código CiviI y aI 648 deI Código ProcesaI CiviI. Frente a la falta de un criterio uniforme al resolver controversias particulares, se analiza la viabilidad de una corrección preventiva por parte de los organismos supervisores. Sin embargo, debido a la falta de positivización del criterio empleado por Ia Corte Suprema respecto a la norma aplicable, se Iimitan los esfuerzos de corrección de la conducta, tanto de forma preventiva como posterior en los casos concretos. Por tal motivo, el presente trabajo analiza la necesidad y viabilidad de modificar eI artícuIo 132 de Ia norma especial, a fin de solucionar Ias problemáticas y estabIecer Iímites en Ias compensaciones sobre Ios fondos de remuneración y pensión. La propuesta busca equilibrar la eficiencia operativa y Ia protección deI consumidor, reconociendo la especial protección legaI de Ia remuneración y Ia pensión en el contexto financiero. / The work addresses the complex issue of compensations in the Peruvian financial system, particularly concerning remuneration and pension deposits. Despite being governed by Article 132 of the General Law for the Financial System and Insurance, debates arise regarding the scope of the exclusion referred to in said norm. The lack of uniformity in the criteria applied by competent institutions in administrative and judicial proceedings is highlighted, creating uncertainty in case resolution, and with respect to the latter, the consumer is favored by referring to article 1290 of the Civil Code and 648 of the CiviI Process Code. Faced with the absence of a uniform criterion in resolving specific disputes, the feasibility of preventive correction by supervisory bodies is analyzed. However, due to the lack of positivization of the criterion used by the Supreme Court regarding the applicable norm, efforts to correct behavior are limited, both preventively and subsequently in specific cases. Therefore, this work examines the need and feasibility of amending Article 132 of the special regulation to resolve the problems and establish limits on compensations regarding remuneration and pension funds. The proposal aims to balance operational efficiency and consumer protection, recognizing the special legal protection of remuneration and pension in the financial context. / Trabajo académico