Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley Nº 19.954, promulgada y publicada en el año 2004, fija un procedimiento especial para declarar la interdicción de una persona y designarle curador. Si bien la letra de dicha ley no lo explicita, tal procedimiento es de tipo no contencioso o voluntario, esto es, no implica conflicto entre partes. Es así que, contando con la inscripción de la discapacidad en el registro pertinente –llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación –con una simple solicitud ante el juez de letras competente de citar al discapacitado ante su presencia para realizar una audiencia personal, se puede obtener fallo favorable. Así, la entrevista descrita sólo sirve para corroborar la discapacidad. En el contexto de la misma causa debe ofrecerse un nombre para designar como curador del presunto interdicto. Ambas peticiones se resuelven en la misma sentencia definitiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde principios de la primera década del 2000, los avances tecnológicos han tenido una escalada progresiva, lo que se ha traducido en grandes cambios en los diversos sectores de nuestra moderna sociedad. Por citar algunas experiencias, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, e incluso el mismo poder Legislativo, han implementado sus diversos servicios a los cuales es posible acceder a través de cualquier servidor con acceso a Internet. Los sistemas judiciales no se han mantenido ajenos a estos avances, y en concordancia con la legislación internacional, han experimentado una fuerte y sostenida tendencia a la digitalización de sus procesos, permitiendo que la tramitación se realice mediante sistemas computacionales y procedimientos electrónicos. Es así que, como anticipo a una futura reforma al sistema procesal civil, la Ley N° 20.886 (que implementa la tramitación digital de los procedimientos judiciales) introduce precisamente la tramitación electrónica a nuestros procedimientos. Lo anterior tiene, entre muchas otras consecuencias, una incidencia significativa en el sistema recursivo de nuestros juicios, ya que al existir revisión por los tribunales superiores el expediente en el cual consta el proceso ‘cambia de tribunal’, lo que genera cargas para las partes (como la de comparecencia en segunda instancia o la consignación de fondos suficientes para la confección de compulsas). Éstas no se justifican a la luz de este cambio legislativo que busca darle aplicación a la economía procesal y reducir lo más posible los costos en la litigación. Un cambio tan importante significa un desafío para los usuarios y operadores del sistema judicial. Se expondrán, a la luz de la reforma señalada, las modificaciones a la estructura recursiva de nuestro país, tomando como punto clave las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, por ser el cuerpo normativo que más cambios experimenta y su aplicación subsidiaria respecto del resto de los procedimientos. / 16/10/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer término, el presente trabajo pretende subsanar deficiencias procesales que se han ido develando con el devenir de los años en ciertos ámbitos de la contratación. Si bien, desde una óptica tradicional, en las relaciones entre particulares existen lazos de carácter eminentemente horizontal, en que las partes se miran como iguales, hoy por hoy, en contextos tales como la responsabilidad médica por mala praxis, el derecho del trabajo o de protección al consumidor, presentan especiales características de desigualdad económica, productiva y de información, entre las partes contratantes. Para esto, analizaremos la institución moderna de la carga dinámica de la prueba, sus principales características y estructura, consecuencias prácticas, fundamentos que llevaron a su creación y estudio, así como también, el actual estado de la distribución del esfuerzo probatorio en áreas de especial interés; como son el derecho laboral y de protección al consumidor. Luego, se construirá doctrinalmente el principio de colaboración, a través de los elementos que nos proporcionan la buena fe y la adquisición procesal. Veremos que dicho principio actúa como idea inspiradora de diversas normas que contemplan sanciones efectivas a las partes que injustificadamente no colaboren en el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, presentamos como modelo alternativo, la responsabilidad objetiva y las presunciones de culpa, los cuales permiten eximir de la carga de acreditar la negligencia con que ha actuado el causante del daño, cuando se trate de actividades que normalmente lleven un riesgo aparejado por el solo desarrollo de dicha función. Cerraremos dando un vistazo hacia el exterior y examinaremos el tratamiento con el que el derecho comparado ha intentado revertir situaciones de desigualdad contractual y procesal, dentro de las reglas relativas a la carga de la prueba. Por último, expondremos un ítem final que da cuenta del Proyecto de Ley (Boletín 9369-03), en actual tramitación, que pretende incorporar a la normativa vigente de defensa de los derechos de los consumidores, una alteración de las cargas probatorias de manera facultativa por el juez, verificados ciertos supuestos de hecho. Para finalizar, se extraerán las conclusiones que se coligen del presente trabajo, delimitando así, el mecanismo idóneo bajo el cual se posibilita el restablecimiento de la igualdad entre las partes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto efectuar un análisis empírico de la aplicación del sistema vigente de tramitación de exhortos internacionales previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en particular, el procedimiento de aprobación que se sigue ante la Corte Suprema, como etapa intermedia entre tribunales exhortantes y exhortados, a la luz de las exigencias de celeridad y eficiencia que demanda la ejecución de actuaciones procesales de mero trámite que hayan de ejecutarse dentro y fuera de Chile. Para tal efecto, se presentará una investigación destinada a determinar los nudos críticos que exhibe la aplicación práctica del aludido artículo 76, estudiando íntegramente la tramitación ante la Corte Suprema de la totalidad de las solicitudes de exhorto internacional, tanto activas como pasivas, ingresadas a dicho tribunal durante los años 2010, 2011 y 2012 (sólo hasta el día 3 de abril de este último). Finalmente, a partir de las conclusiones que se obtengan de la referida investigación, se propondrán las bases de un sistema alternativo, que se enmarque dentro del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil presentado recientemente al Congreso, y se formulará un proyecto de ley que lo implemente, asegurando la agilidad y eficiencia de las actuaciones procesales. Adicionalmente, se planteará la adopción de una nueva institucionalidad en materia de asistencia y cooperación internacional que opere a nivel local y coordine a los sujetos involucrados en el diligenciamiento de los exhortos internacionales, tanto dentro como fuera de Chile

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación es revisar las discusiones y planteamientos que han surgido, principalmente en doctrina, respecto a la tutela procesal de los intereses supraindividuales, a través de las llamadas acciones colectivas. Para el logro de este objetivo se analiza la perspectiva, postura y aportes que otorgan diversos autores, chilenos como extranjeros, al tratamiento de esta problemática, que es relativamente nueva en nuestro país. En la primera parte se exponen conceptualizaciones de los intereses supraindividuales, principalmente identificando y delimitando los escenarios en que actúan, su caracterización como tales, sus clasificaciones, su naturaleza jurídica y la repercusión que originan en la concepción de categorías clásicas de Derecho Civil y Derecho Procesal. La segunda parte se dedica a discurrir en torno a las acciones colectivas, propiamente tal. Así, se hace un recorrido por algunos conceptos básicos de la ciencia procesal, como son la acción, la capacidad procesal y la legitimación activa; con el objeto de determinar de qué manera dichas figuras se adaptan en los procesos de incidencia grupal. Además, se hace mención a conceptos propios de este tipo de procesos, como es la noción de representatividad adecuada. La tercera parte analiza la eficacia que produce la sentencia que se pronuncia en el marco de las acciones colectivas. Al efecto, primero se hace una revisión del concepto de cosa juzgada, para luego señalar y analizar desde una perspectiva crítica las posiciones que han surgido respecto a cómo opera esta institución en los procesos que nos ocupan. Finalmente, la cuarta parte se encarga de hacer una breve reseña de ciertas acciones colectivas que se contemplan en legislaciones comparadas y en el ordenamiento jurídico chileno. Se pone mayor énfasis en las class actions norteamericanas y en el procedimiento para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, contemplado en la Ley N° 19.496. También se hace mención a cómo la Reforma Procesal Civil hace frente a esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo se centra en realizar un análisis detallado de dos instituciones relevantes para el Derecho Procesal: las Tasas y las Costas Judiciales. Tales instituciones presentan vital importancia no sólo por los efectos que éstas tienen en la aplicación práctica de principios que promueven el libre acceso a la justicia y el derecho a la acción, sino que también por las consecuencias sociales que su tratamiento produce en la población, especialmente en la visión del funcionamiento del poder del Estado que ejerce la jurisdicción. En base a lo anterior, la investigación realizada ha concentrado sus objetivos en efectuar un estudio de la regulación nacional –vigente e histórica- aplicable a ambas instituciones, para luego definir, a través del correspondiente estudio comparativista de legislaciones europeas y americanas, qué elementos, normas, derechos, principios y mecanismos de solución resultarían replicables, adaptables o derechamente dignos de ser implementados en una legislación como la chilena, en estas materias. De esta manera, y tras concluir el estudio previamente indicado, este trabajo ofrece alternativas fundadas en la realidad jurídica, social y económica de nuestro país, con la finalidad última de incorporar la aplicación de tasas judiciales para la prosecución de ciertos procesos en la próxima Reforma Procesal Civil, con la indicación de algunas de sus excepciones; así como también para modernizar y reglamentar de una manera objetiva la tasación de costas procesales y la regulación de aquellas personales que se produzcan en la tramitación de un juicio, intentando reducir en la práctica el número de controversias que, actualmente, resultan innecesarias o disipadoras de recursos para el Poder Judicial.