La Constitución de 1993, dentro de su catálogo de derechos fundamentales, recoge tanto la igualdad ante la ley como el derecho de todo ciudadano de poder postular a cargos públicos. Sin embargo, los resultados respecto a la aplicación de estos derechos relacionados a la postulación al cargo de congresista de la República del Perú, generan una preocupación por la calidad del trabajo legislativo parlamentario. En la presente tesis, se propone una reforma constitucional del artículo 90° de nuestra Carta Fundamental, en base al principio de meritocracia, para que los candidatos al Congreso sean los más idóneos al cargo y en consecuencia mejore la calidad legislativa.

El presente trabajo de investigación propone acciones para evitar que los derechos fundamentales del menor se sigan quebrantando por el uso inadecuado de las redes sociales, pues esta innovación tecnológica en los últimos tiempos ha cambiado la manera de vivir de las personas, en especial de los menores que buscan interactuar con nuevos amigos y lo hacen a través de las redes sociales. Todo ello, ha traído consigo dependencia y riesgos, lo que implica una amenaza hacia sus derechos fundamentales del menor como la libertad, la intimidad, la dignidad personal, el honor y la propia imagen; sin embargo, existe el respaldo de normas nacionales e internaciones que lo protegen, debido a que es una persona en desarrollo. No obstante, los derechos que tienen una mayor afectación son la dignidad y la libertad, pues son derechos personalísimos que merecen ser respetados; sin embargo, se siguen infringiendo como se señalan en estadísticas, que se nombrarán posteriormente. En ese sentido se cree necesario tener presente las normativas de otros países para conocer las medidas de protección que se están llevando a cabo, así como también, ver las políticas de Estado que se están tomando en nuestro país para aplicar una propuesta reforma para el mejoramiento de las instituciones que protegen al menor. De lo dicho anteriormente, se concluye diciendo que es imprescindible una propuesta reformas mediante mecanismo eficaces que ayuden a poner un límite a la afectación de derechos para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho regulado en nuestra Constitución Política de 1993, es conocido como un derecho “moderno”, el cual salvaguarda todo aquel ámbito de libertad que no ha sido protegido por otras libertades ya reconocidas en el ordenamiento jurídico, por lo que su ámbito de protección no resulta cierto, y tendrá que analizarse en cada caso en concreto aplicando el test de ponderación. Es mediante este derecho que se habilita a cada ser humano hacer uso de su libertad y actuar conforme a sus principios, normas de vida e ideales propios-; siempre que no se afecten derechos de terceros y el bienestar general de la sociedad, también conocido como orden público; con el fin de lograr una convivencia pacífica. Por tal motivo, se ha analizado la evolución de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico, así como su estudio en el derecho comparado en Latinoamérica: Colombia, México y Perú; con el fin de gozar de un bagaje más amplio. Siendo estas legislaciones referentes para el desarrollo de nuestra investigación.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

La participación política es un derecho que asisten a todas las personas. Esta, está bajo el paraguas de la igualdad, como principio fundamental de las sociedades democráticas. Sin embargo, este derecho ha sido desconocido históricamente para las mujeres que, si bien cada vez tiene una mayor participación, hasta la actualidad no gozan plenamente del mismo y evidencian que brechas que persisten a lo largo del tiempo. Con la finalidad de acorta esas brechas en el mundo y en el Perú se han aprobado medidas de acción afirmativa desde la década de los 90s. En el caso peruano, las cuotas de género aprobadas se aplican desde el año 2000 sin embargo, a pesar de estas, no se ha logrado tener una representación equitativa, y las mujeres se han mantenido en niveles de subrepresentación a pesar de la norma. En 2019 se aprobó la paridad y alternancia junto con otras reformas políticas con el objetivo de incrementar la representación femenina e intentar llegar a una representación más igualitaria. La hipótesis plante que las reformas políticas aprobadas referidas a la ubicación en las listas (alternancia), así como a la prohibición de contratar propaganda en medios de comunicación, han tenido un impactado positivo en la elección de mujeres parlamentarias. El trabajo concluye que, si bien estas normas han mostrado un alto nivel de efectividad, aún existen otros factores que impiden que las mujeres puedan gozar plenamente sus derechos políticos. / Political participation is a right to which all people are entitled. It falls under the umbrella of equality, as a fundamental principle of democratic societies. Historically, however, this right has been unknown to women, who, despite having ever greater participation, still do not fully enjoy it, a fact reflected in gaps that persist over time. In an effort to close these gaps in the world and in Peru, beginning in the 1990s, affirmative action measures have been approved. In Peru, approved gender quotas have been implemented since 2000; nevertheless, equal representation has not been achieved and women have remained underrepresented. In 2019, parity and alternation were approved, along with other political reforms, with the goal of increasing female representation and achieving more equitable representation. The hypothesis posed in this paper is that political reforms related to candidate positions on lists (alternation), as well as prohibitions on contracting political advertising in the media, have had a positive impact on the election of women parliamentarians. The paper concludes, however, that although these norms have been highly effective, other factors persist that prevent women from fully enjoying their political rights.

La igualdad como derecho y principio fundamental de los Estados democráticos trasciende el concepto de igualdad ante la ley y exige a la sociedad y a los poderes públicos hacer que esa igualdad formal tenga concreción en la vida de las personas. Este derecho-principio fue reconocido tardíamente a las mujeres, quienes aún no ejercen, plenamente, su derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Este es el marco en el que se inscribe la presente tesis que explora la teoría de la igualdad introduciendo el aporte de las mujeres, y examina la evolución de este derecho en el campo de la participación política. La hipótesis planteada es que con la consagración de la paridad se podrá garantizar la presencia efectiva de las mujeres en los espacios de decisión y de gobierno, que promueva un valor esencial en todo estado democrático de derecho: la participación política en condiciones de igualdad. La investigación concluye en que es necesario que los Estados, incluido el Perú, adopten medidas más efectivas para lograrlo. La paridad es la medida necesaria para el avance efectivo en la participación política de las mujeres, en condiciones de igualdad. En ese sentido, a través de un estudio histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho constitucional comparado sobre la materia, desarrolla los argumentos que validan a la paridad como una propuesta compatible con el marco constitucional peruano, que contribuirá a la consolidación del Estado Democrático de Derecho.