En la actualidad nuestro país enfrenta una serie de conflictos sociales entre las comunidades campesinas y/o nativas, las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales (minerales, especies acuáticas, hidrocarburos, árboles, etc.) y el Estado. Estos enfrentamientos exigen respuestas desde las distintas disciplinas, siendo la jurídica tal vez no la más importante pero si la típicamente eficaz para resolver dichos problemas. Esta postura propositiva, si bien no la única, constituye la motivación principal del presente trabajo. En comparación con otros países, en el Perú, la discusión académica sobre estos temas es algo tardía. Uno de los factores de dicha demora respondería a las experiencias de dictaduras militares que gobernaron durante décadas en la región y, en particular, en nuestro país. Recordemos que, en su mayoría, los regímenes militares proclaman, a partir de un poder autoritario, una sociedad igualitaria. Por ello, el Estado no se percata de las diferencias (culturales o lingüísticas) que existen en las personas que conforman la población. En este contexto, cabe apreciar algunas cifras. En la amazonía peruana, de acuerdo con la información brindada por el economista Jürgen Schuldt, al 31 de diciembre de 2009, se han otorgado concesiones hidrocarburiferas que abarcan 322.000 Km2, que equivalen al 41.2% del área total de la Amazonía1 Esta misma carencia de diálogo explica, por ejemplo, los acontecimientos del 5 de junio de 2009, en la ciudad de bagua, Departamento de Amazonas, donde fallecieron 32 peruanos, de los cuales 23 eran policías y 9 nativos. El denominado Baguazo delató la ignorancia e insensibilidad sobre temas indígenas por parte de la mayoría de medios de comunicación nacionales, y por no decir menos de la población. Lo expuesto se evidenció cuando muchos medios informaban correctamente lo relacionado con el número de policías fallecidos, pero no mostraron mayor interés en conocer el número exacto o aproximado de indígenas peruanos que perecieron en dicho evento, revelando que existe en nuestro razonar una escala de ciudadanías. Cómo olvidar la presentación en los medios de una mujer indígena aguaruna, expresando el dolor que sentía por lo sucedido el 5 de junio, usando su lengua madre. La necesidad de un traductor para entenderla puso en evidencia, incluso, que muchos peruanos escuchaban por primera vez el idioma aguaruna

El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

El objetivo del presente artículo es analizar las distintas expresiones de violencia contra la población LGBTI, sobre todo la violencia institucional, a partir del concepto de “violencia por prejuicio”. Este concepto, compatible con la visión sociológica o estructural de la igualdad propuesta por Saba, apunta a la comprensión de la violencia como un fenómeno social y no como un hecho individual; que requiere de un contexto, marcado por la heteronormatividad, la cisnormatividad y el sistema binario de sexo y género, y una complicidad social; y tiene un impacto simbólico, al enviar un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBTI. Para realizar este análisis se emplea el enfoque contextual de la igualdad inclusiva de Colleen Sheppard, que estudia la desigualdad desde tres contextos o niveles: el contexto micro, el contexto meso o institucional y el contexto macro. En ese sentido, se concluye que a nivel del contexto micro de desigualdad, Azul Rojas Marín, en su condición de hombre homosexual, fue víctima de distintos actos violencia por prejuicio por parte de los funcionarios estatales (fuerzas del orden y operadores de justicia). A nivel meso o institucional, se concluye que los principales perpetradores de actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI, son los funcionarios y servidores de entidades públicas, quienes comparten estereotipos y prejuicios contra esta población. Y, a nivel macro, se concluye que en la sociedad peruana persiste una situación de desigualdad estructural y de violencia generalizada contra las personas LGBTI, que se explica en parte por los estereotipos y prejuicios extendidos contra este grupo

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos

El presente informe analiza la Sentencia N° 03343-2007-AA emitida por el Tribunal Constitucional, la cual resuelve declarar fundada el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante Jaime Hans Bustamente Johnson contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín de fecha 10 de mayo de 2007, la cual declara infundada la demanda planteada contra las empresas Talismán Petrolera del Perú, REPSOL y Petrobras Energía Perú S.A. En el informe se analiza lo resuelto por el Tribunal Constitucional; y, se centra en la necesidad de regulación de procesos colectivos con sentencias estructurales para garantizar la eficacia de derechos constitucionales. Así, se señala la necesidad de reconocimiento de tutela colectiva a comunidades nativas y campesinas, se establece la diferencia con la tutela de derechos difusos; y, se señala la necesidad de regulación de procesos colectivos estructurales / This report analyses judgment N° 03343-2007-AA issued by the Constitutional Court, which resolves to declare the constitutional grievance appeal founded presented by the plaintiff Jaime Hans Bustamente Johnson against the resolution of the First Decentralized Mixed Chamber of the Superior Court of Justice of San Martín dated May 10, 2007, which declares the lawsuit filed against the companies Talismán Petrolera del Perú, REPSOL unfounded and Petrobras Energía Peru S.A. The object is the analysis of the decision of the Constitutional Court, but focusing on the need that Peru regulates structural adjudication

El presente documento constituye el planeamiento estratégico para mejorar el Índice de Progreso Social Regional del Perú en los componentes de Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección, con el propósito de mejorar el desarrollo social de los peruanos. Ambos componentes pertenecen a la dimensión de Oportunidades cuyos índices regionales en el Perú, el año 2016, muestran un panorama desfavorable, posicionando a las diferentes regiones en el nivel muy bajo en Derechos Personales y bajo en Libertad Personal y de Elección. A nivel mundial, según el Social Progress Imperative, el Perú se encuentra ocupando los puestos 40 y 70, respectivamente, para los componentes mencionados de un total de 128 países evaluados. Este planeamiento estratégico está basado en el modelo secuencial presentado por D’Alessio (2015), teniendo como resultado del análisis interno y externo, falta de coordinación entre los sectores involucrados, educación deficiente y altos índices de corrupción, lo que, sumado a una deficiente tecnología, no permite conectar a la población, principalmente de las zonas más alejadas, con las instituciones del Estado. Para ello, se han definido nueve objetivos de largo plazo, los mismos que cuentan con tres objetivos de corto plazo, con la finalidad de cumplir la visión al 2027, en el que el Perú se encontrará en el nivel medio alto respecto a sus Derechos Personales y nivel alto en Libertad Personal y de Elección del Índice de Progreso Social Regional del Perú. Con este propósito, se han definido nueve estrategias retenidas que permitirán mejorar la posición de los componentes de Derechos Personales y Libertad Personal y de Elección en el índice de progreso social regional para el año 2027, las mismas que buscan fortalecer las instituciones del Estado, donde el control, seguimiento y sostenibilidad son fundamentales para alcanzar mejoras significativas que garanticen una calidad de vida digna para todos los peruanos. / This document constitutes the strategic planning to improve the Regional Social Progress Index of Peru in the components of Personal Rights and Personal Freedom and of Choice, with the purpose of improving the social development of Peruvians. Both components belong to the Opportunities dimension, whose regional numbers for Peru in 2016 show an unfavorable outlook, positioning the different regions at the very low level of Personal Rights and low on Personal and Election Freedom. According to the Social Progress Imperative, Peru is ranked 40th and 70th worldwide, respectively, for the aforementioned components of a total of 128 countries evaluated. This strategic planning is based on the sequential model presented by D'Alessio (2015), resulting in internal and external analysis the lack of coordination among the sectors involved, poor education and high levels of corruption, which added to poor technology, does not allow to connect the population, mainly from the most remote areas, with state institutions. For this purpose, nine long-term objectives have been defined to fulfill the 2027 vision, in which Peru will be at the medium high level with respect to its Personal Rights and high level of Personal Freedom and Choice of the Social Progress Index in the region. To this end, nine strategies have been defined that will improve the position of both components in the index of regional social progress, which seek to strengthen the institutions of the state where control, monitoring and sustainability are the basis for achieving significant improvements that guarantee quality of life worthy of all Peruvians.

El presente trabajo de tesis postula que los derechos culturales establecidos en el primer párrafo del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 1) a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad; 2) a gozar de las artes; y 3) a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, constituyen libertades. El concepto de libertad que se utiliza es el brindado por el jurista alemán Robert Alexy, que la define como un tipo de derecho en el cual el titular es libre de hacer o no hacer, independientemente de la participación de terceros. La propuesta es sustentada con un trabajo de campo realizado sobre ocho casos de estudio de ciudadanos que ejercen sus derechos culturales en interacción con el patrimonio cultural inmueble de la ciudad de Lima – Perú, y se justifica en la necesidad de valorar los derechos culturales como medio para generar la paz que garantiza la vigencia de los derechos humanos, y además brindar elementos para una mejor valoración del patrimonio cultural inmueble, reconociéndolo como importante recurso para el ejercicio de los derechos culturales. Producto del trabajo también se expone una nueva perspectiva sobre la interacción entre estas libertades culturales ciudadanas y las obligaciones del Estado frente al patrimonio cultural. / This thesis paper postulates that the cultural rights established in the first paragraph of article 27 of the Universal Declaration of Human Rights: 1) take a free part in the cultural life of the community; 2) enjoy the arts; and 3) participate in scientific progress and the benefits that resulted from it, experienced freedoms. The concept of freedom that is used is that offered by the German jurist Robert Alexy, who defines it as a type of right in which the holder is free to do or not to do, regardless of the participation of third parties. The proposal is supported by a field work carried out on eight cases of study of citizens who exercise their cultural rights in interaction with the cultural heritage of the city of Lima - Peru, and justifies the need to value cultural rights as a means to generate peace that guarantees the validity of human rights, and also provide elements for a better valuation of cultural heritage, recognizing it as an important resource for the exercise of cultural rights. As a result of the work, a new perspective on the interaction between these citizen cultural freedoms and the State's obligations towards cultural heritage is also exposed.

El presente informe analiza los límites legales en una intervención policial que compromete las libertades personales de una pareja de esposos por la presunta comisión de hechos delictivos que configura flagrancia. Este análisis se realiza bajo la perspectiva del buen gobierno, asegurando que las acciones policiales no sólo respeten los derechos humanos, sino que también se manejen dentro de los principios del buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas, corrección, legalidad y eficacia. Así, se busca garantizar que las intervenciones policiales sean legítimas y refuercen la confianza en las autoridades. Por ello, el informe se realiza en base del marco constitucional y legal de la institución policial, que garantiza una actuación de calidad y fortalece la confianza en las autoridades policiales y el respeto por los derechos humanos. Desde una visión crítica, sostiene que el derecho a la libertad personal no es absoluto, ya que puede haber una razón legal que permita garantizar la protección de un bien jurídico como la seguridad ciudadana, que es una demanda constante de la sociedad. Por ello, la detención no es arbitraria si cumple con el marco legal y tiene como finalidad detener la comisión de delitos que atentan contra el orden público. / The present report analyzes the legal boundaries in a police intervention that compromises the personal freedoms of a married couple for the alleged commission of criminal acts constituting flagrante delicto. This analysis is conducted from the perspective of good governance, ensuring that police actions not only respect human rights but also adhere to the principles of good governance such as transparency, accountability, propriety, legality, and effectiveness. Thus, it seeks to guarantee that police interventions are legitimate and reinforce trust in the authorities. Therefore, the report is based on the constitutional and legal framework of the police institution, which guarantees quality performance and strengthens trust in police authorities and respect for human rights. From a critical perspective, it argues that the right to personal liberty is not absolute, as there may be a legal reason that allows for the protection of a legal good such as public safety, which is a constant demand of society. Therefore, detention is not arbitrary if it complies with the legal framework and aims to stop the commission of crimes that threaten public order.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca demostrar que la no regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera derechos esenciales de las parejas homosexuales. Demuestra que el obstáculo legal para que las parejas homoparentales contraigan matrimonio está prevista en el Código Civil más no en la Constitución. Demuestra que en el derecho comparado, a fin de no vulnerar los derechos de las parejas homoparentales, vienen incorporando el matrimonio homosexual a través de fallos judiciales y reformas legales. Demuestra que los tratados internacionales de Derechos Humanos no prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Demuestra que la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano tienden a la protección de derechos de las parejas del mismo sexo. Demuestra que la Unión Civil es una institución que solo garantiza algunos derechos civiles y constitucionales de las parejas homosexuales. Realiza un estudio de campo con los actores directamente involucrados con el tema. / Tesis

El presente trabajo analiza la regulación existente en nuestro país respecto a la legitimación para plantear procesos que tutelan derechos supraindividuales, haciendo énfasis en el artículo 82 del Código Procesal Civil y el artículo 843 del Proyecto de Reforma de dicho Código. Ante la legitimación limitada a un número específico de instituciones que plantean las normas mencionadas, el objetivo de esta investigación radica en plantear una propuesta distinta, donde se busque otorgar una legitimidad amplia para este tipo de procesos en los que el juez en cada caso en concreto deberá analizar la “representatividad adecuada” de la persona o institución que plantee la demanda colectiva. Para lograr este objetivo, además de realizar un breve marco conceptual respecto a la legitimidad para obrar, los derechos difusos, derechos colectivos, los derechos individuales homogéneos y la representatividad adecuada, analizaremos nuestra propuesta planteada a partir de un caso real: la indemnización solicitad por INDECOPI a distintas farmacias por vulnerar derechos de consumidores al concertar precios de sus productos.