El presente informe tiene como objetivo analizar el caso Habbal y otros vs Argentina, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha sentencia se evaluó el caso de la señora Raghda Habbal y sus hijas, a quienes la Dirección Nacional de Población y Migraciones de Argentina les declaró nula sus radicaciones, pese a tener nacionalidad y residencia permanente argentina. Con dicho acto, se declaró ilegal su presencia en Argentina, se ordenó su expulsión inmediata del país y su detención precautoria. Para realizar el análisis, se ha tomado en consideración una evaluación por cada derecho afectado, diferenciándolo conforme con la calidad migratoria de cada miembro de la familia Habbal. Con ello, se demostró que la Corte IDH perdió una oportunidad para establecer y generar nuevos estándares en materia de movilidad humana que incluyeran temas como nacionalidad, apatridia, niñez, debido proceso, entre otros. Para ello, el presente trabajo se enfocó en los instrumentos jurídicos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia y opiniones consultivas, así como normativa que ofrece un enfoque en la niñez, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, el análisis parte del herramientas metodológicas y documentales y no considera herramientas cualitativas y/o cuantitativas. / The purpose of this report is to analyze the case of Habbal et al. v. Argentina, decided by the Inter-American Court of Human Rights. This judgment evaluates the case of Raghda Habbal and her daughters who, having Argentine nationality and permanent residence, respectively, the National Directorate of Population and Migration issued Resolution No. 1088, which declared their residency null and void. Said act implied that their presence in Argentina was declared illegal, their immediate expulsion was ordered, and their precautionary detention was ordered. To conduct the analysis, an evaluation of each right affected was taken into consideration, as well as the migratory status of each family member of the Habbal family. This showed that the Inter-American Court of Human Rights missed an opportunity to establish and generate new standards on human mobility, including issues such as nationality, statelessness, children, due process, among others. To this end, this paper has focused on the international legal instruments of the Inter-American Human Rights System, including the American Convention on Human Rights, jurisprudence, and advisory opinions, as well as norms that offer a focus on children, such as the Convention on the Rights of the Child. In this sense, the analysis is based on methodological and documentary tools and does not consider qualitative and/or quantitative tools.

A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al Caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, examino si el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al medio ambiente sano, salud, circulación y residencia, acceso a la información y participación política en detrimento de 80 habitantes oroyinos; así como por la afectación de los derechos de la niñez en perjuicio de 57 habitantes oroyinos que, cuando eran niños, vieron vulnerados sus derechos. Para ello, resalto que las violaciones ocurridas se encuentran aunadas a las actividades contaminantes derivadas del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ahora bien, con el fin de realizar mi análisis sobre el caso, he recurrido a fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales pertinentes y conexas, las cuales me permitieron arribar a la conclusión de que el Estado peruano sí es responsable. Primero, el Perú no tomó en consideración el principio de desarrollo sostenible al ejecutar, regular y supervisar la actividad metalúrgica en La Oroya, tampoco brindó la atención medica necesaria a la población afectada por la contaminación; y la degradación ambiental menoscabó la libre circulación por la ciudad y motivó desplazamientos forzados. Segundo, los oroyinos no pudieron acceder eficientemente a la información medioambiental sobre el estado de su ciudad ni tampoco participar activamente para transmitir sus intereses y preocupaciones socioambientales a las autoridades. Tercero, las y los niños oroyinos vieron afectados sus derechos a la salud, integridad y vida digna de una manera alarmante considerando su vulnerabilidad intrínseca. / Based on the judgment of the Inter-American Court of Human Rights referring to the Case of Inhabitants of La Oroya v. Peru, examined whether the Peruvian State is responsible for the violation of the rights to a healthy environment, health, movement and residence, access to information and participating in public affairs to the detriment of 80 inhabitants of La Oroya; as well as the impact on children's rights to the detriment of 57 inhabitants of La Oroya who, when they were children, saw their rights violated. For this, it is considered that the violations that occurred are linked to the polluting activities derived from the La Oroya Metallurgical Complex. To carry out my analysis of the case, I have resorted to relevant and related normative, jurisprudential, and doctrinal sources, which allowed me to reach the conclusion that the Peruvian State is indeed responsible. First, Peru did not take into consideration the principle of sustainable development when executing, regulating, and supervising the metallurgical activity in La Oroya, nor did it provide the necessary medical care to the population affected by the pollution; and environmental degradation undermined free movement around the city and led to forced displacement. Second, the people of La Oroya were unable to efficiently access environmental information about their city, nor did they actively participate in transmitting their socio-environmental interests and concerns to the authorities. Third, La Oroya's children saw their rights to health, integrity and a dignified life affected in an alarming way considering their intrinsic vulnerability.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar de forma doctrinaria y jurisprudencial el impacto que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan tener en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando éstas tengan como sujeto principal comunidades indígenas. Para realizar este estudio se analizó una vasta recopilación de bibliografía y jurisprudencia internacional relativa tanto al derecho internacional de los derechos humanos como a comunidades indígenas. Con la información provista por estas fuentes se pasó a analizar 10 sentencias de la Corte Interamericana cuyos criterios interpretativos y conclusiones demuestran la hipótesis de esta tesis. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado, que de manera concreta y práctica permite al lector identificar qué, cómo, y porqué particularidades y costumbres de comunidades indígenas son tomadas en consideración por un tribunal regional de Derechos Humanos al momento de dilucidar un conflicto y de paso llevar hacia adelante la protección de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación. En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena. Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión. La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión. Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena

El presente trabajo de suficiencia profesional versa sobre la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso J vs. Perú. El método que se usa se basa en la determinación de los hechos jurídicamente relevantes, la identificación y desarrollo de los problemas jurídicos, el análisis de cada uno de ellos, propuestas de la Bachillera, formulación de conclusiones y recomendaciones. De acuerdo al análisis, se observa que la señora J. sufrió detención ilegal y arbitraria, violencia sexual y tortura por razones de género y variables referentes al contexto social y político del conflicto armado interno. Asimismo, sufrió la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. En ese sentido, se concluye la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema principal radica en determinar si es que el Estado es responsable internacional por actos de violencia sexual perpetrados por sus agentes en perjuicio de la señora J. Por último, es preciso señalar que la perspectiva de género debe aplicarse en el análisis de los casos de violación sexual en el conflicto armado interno ocurrido en Perú en los años 1980 – 2000, en la cual los agentes del Estado perpetraron violencia de género a la mujer como herramienta contrasubversiva. El enfoque es importante para construir un país en justicia transicional y justicia de género.

Los días 03 y 04 de mayo de 2006, en el municipio San Salvador de Atenco (México), se dio uno de los episodios de represión policial más fuertes en la historia reciente de México. Lo sucedido en esos días dejó un saldo de dos civiles muertos, múltiples heridos y más de cien personas detenidas. Entre ellas, once mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual, por parte de agentes estatales. El presente trabajo de suficiencia profesional busca analizar, desde un enfoque de género, la sentencia publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, en el que declara al Estado de México como responsable internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 11 mujeres. Para esto se analizarán los argumentos establecidos por la Corte, en específico sobre la discriminación contra las mujeres y su vínculo con la violencia que se ejerce en su contra, la instrumentalización de sus cuerpos y el efecto nocivo que se genera en la administración de justicia a partir de agentes estatales que operan en base a estereotipos de género (a nivel policial, fiscal, judicial e incluso autoridades estatales). La elección de la sentencia se justifica en su relevancia para los derechos de las mujeres, al ser la primera sentencia a nivel interamericano que declara la responsabilidad de un Estado por haber utilizado la tortura sexual como arma de control social y represión de una protesta o manifestación; pero también al haber sido una oportunidad desaprovechada por la Corte para hablar sobre violencia institucional.