Las políticas de control migratorio que han adoptado los Estados en los últimos años, a fin de hacer frente a la grave crisis de movilidad humana, se han traducido en la adopción de medidas que transgreden el derecho a la no devolución, pese a que este derecho goza de un amplio reconocimiento y aceptación universal en diversos instrumentos internacionales. En este contexto, existe la necesidad urgente de efectivizar y armonizar la protección de no devolución en los procesos de movilidad humana. Por esta razón, proponemos la aplicación de estándares jurídicos en los procedimientos de devoluciones o expulsiones en el marco del SIDH. Esencialmente, estándares que consideren las necesidades particulares de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad; ya sea por la concurrencia de un factor o de la intersectación de diversos factores de vulnerabilidad, como el género, la edad, la orientación sexual, el origen técnico, religión, discapacidad, opinión política, entre otros. A fin de conocer y comprender los estándares jurídicos para garantizar el derecho a la no devolución en el marco del SIDH, partimos de la premisa que el principio de no devolución no es único. Por el contrario, actualmente, en el DI co-existen el “principio de no devolución de los refugiados”, el “derecho a la no devolución causal” y el “derecho a la no devolución ampliado”. Además, en el caso de las personas en situación de especial vulnerabilidad, el derecho a la no devolución (de refugiados, causal y ampliado) presenta un contenido reforzado; por lo que, constituye una herramienta adicional para garantizar el goce de sus derechos humanos.