Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la naturaleza jurídica de la interpretación y jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros, su rol como fuente del Derecho Administrativo, y en particular como fuente de regulación de los gobiernos corporativos. Para ello se definirá y caracterizará el concepto de gobierno corporativo, para luego exponer el debate doctrinal que gira en torno a la aceptación de la jurisprudencia administrativa como fuente formal de derecho, para finalizar analizando los casos más relevantes de resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores y Seguros que aportan elementos normativos a la regulación de los gobiernos corporativos.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / En este estudio se analizan las regulaciones sobre gobierno corporativo de sociedades anónimas en Chile, comparadas con una muestra representativa de países. El análisis toma como referencia las recomendaciones de la OECD sobre esta materia, que en los países de la muestra están implementadas en prácticas tanto de observación obligatoria como voluntaria, siendo estas últimas cada vez más relevantes. En particular, se compara la norma NCG 385 de junio de 2015 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que establece 99 recomendaciones de buenas prácticas de adopción voluntaria pero explicación obligatoria al mercado, con las recomendaciones análogas de otros 11 países. La comparación mide tanto el alineamiento de las recomendaciones de la norma chilena respecto de la muestra, como la valoración de la relevancia de las buenas prácticas establecidas en Chile respecto de una referencia. Esta referencia, y la relevancia de las prácticas que contiene, es determinada por un Panel de Expertos dentro de la metodología Analytic Hierarchy Process (Thomas Saaty, 1997). La metodología empleada permite establecer una medida de relevancia de las buenas prácticas, que minimiza el potencial sesgo del autor del estudio. Los resultados permiten apreciar que las recomendaciones de buenas prácticas contenidas en la NCG 385 chilenas están en general alineadas y cuentan con suficiente relevancia, pero podrían mejorar. En especial, se detecta un déficit de recomendaciones destinadas a que los directorios contribuyan con acciones específicas a la generación de valor de largo plazo de sus compañías, objetivo fundamental del mercado de valores chileno. Como resultado asociado al estudio, se constata que la responsabilidad en la elaboración de los códigos de buenas prácticas en los países de la muestra es mayoritariamente público-privada. Cuando es exclusivamente pública como en Chile, se produce un déficit en las materias referentes a lograr un aumento sustentable del valor de la compañía, lo que reduce la relevancia de las prácticas, ya que los expertos consideraron este tipo de materias como el criterio más importante para establecer la relevancia de un Código. El estudio concluye que existe un beneficio al establecer un sistema de comparación sistemático con un conjunto representativo de países por parte de la autoridad reguladora chilena, como también sugiere formar instancias público-privadas en la elaboración de un Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en Chile.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente texto tiene por objeto la exposición de las directrices y principios para el gobierno corporativo de empresas estatales que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha elaborado durante la última década, sistematizando y unificando lo que han sido años de discusión teórica. Conocer y comprender estas directrices y principios es relevante, no sólo por motivos académicos, sino por el papel que jugaron en las exigencias que dicho organismo internacional impuso a nuestro país para formar parte de él. Esta importancia radica en la influencia que las directrices y principios tuvieron en las modificaciones que se realizaron a la normativa sobre gobiernos corporativos de nuestro país, principalmente a la Ley de Sociedades Anónimas -estructura empresarial bajo la cual se organizan muchas de las empresas estatales nacionales-, y a la modificación del Estatuto Orgánico de CODELCO, la mayor empresa pública del país y una de las compañías mineras más grandes e importantes a nivel mundial, lo que significó una de las mayores reformas realizadas con el objeto de ingresar a la OCDE.