Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo está enfocado a determinar si el seguro en cuestión satisface el objetivo social para el cual fue establecido y si sus mecanismos son aptos para ello, con este propósito analizaremos el SOAP desde su génesis hasta su puesta en práctica. En primer término, estableceremos un marco conceptual, su naturaleza, principios inspiradores y características de los seguros en general para ilustrar la mecánica de esta cobertura obligatoria. Nos apoyaremos, también, en la historia fidedigna de su establecimiento y sus consecutivas modificaciones, para comprender la forma como se ha configurado el sistema actualmente vigente. En segundo término, desarrollaremos cada una de sus partes con especial énfasis en sus características especiales, elementos y contenido, para detenernos en el estudio de su operatividad abarcando desde su contratación hasta el procedimiento de reclamo contemplado en la ley para la solución de conflictos que se susciten con ocasión de esta cobertura. Dado que el mecanismo ideado en la ley 18.490 se basa en la responsabilidad objetiva consideramos oportuno y necesario dedicar un capítulo especial a la teoría de la responsabilidad y a la manera como ésta ha sido insertada para la puesta en práctica de este seguro; haciendo hincapié en la responsabilidad extracontractual y en la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, para terminar definiendo el sistema de responsabilidad adoptado por la citada ley. Finalmente, abordaremos el estudio de la jurisprudencia existente, relacionándola con los problemas que su puesta en práctica ha generado a cada uno de los involucrados, a fin de ilustrar los criteros utilizados tanto por los tribunales de justicia como por la Superintendencia en su afán por proporcionar una interpretación uniforme, coherente y armónica con los principios y objetivos inspiradores del SOAP que justifican su existencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Al salir a las calles es casual ver niños y niñas trabajando en diversos oficios, y podríamos fácilmente concluir, de aquellas imágenes, que estamos en presencia de nuevos sujetos laborales y no emitir mayor comentario. Sin embargo, aquella indiferencia resultaría injusta, porque son muchas las interrogantes que comienzan a plantearse ante este cambio estructural. Desde niños nos enseñaron que nuestra principal obligación era jugar y estudiar y aquéllo con un último fin: prepararnos para insertarnos, en un futuro no muy lejano, en el mundo laboral. Aquella reflexión sugiere detenernos para intentar entender porqué aquellos menores de edad, realizan actividades que corresponderían a sus padres o si, simplemente, a ellos les enseñaron que su niñez debían vivirla en forma diferente. ¿A caso existe una infancia distinta para cada niño y niña? Por decir lo menos, es bastante amargo e ingrato adentrarse al tema del trabajo infantil, pero es absolutamente necesario en estos tiempos en que la modernidad no llega a todos, y donde la igualdad parece ser una declaración de principios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se realizará un análisis de la legislación chilena aplicable a los servicios de radiodifusión con el objeto de identificar la evolución y los cambios normativos que se han producido a la fecha y que determinarán la normativa aplicable a la solución de los conflictos que se originaron respecto de las solicitudes aún pendientes de tramitación relativas a concesiones de radiodifusión sonora en Chile, específicamente a las radios de mínima cobertura, luego de la modificación a la Ley de Telecomunicaciones que introduce una nueva figura concesional, cual es la de los servicios de radios comunitarias o ciudadanas

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La regulación de un mercado siempre contempla, implícita o explícitamente, la utilización de determinados mecanismos institucionales para la solución de los conflictos que producirá la implementación de la misma1. Estos mecanismos son un elemento crucial en cualquier régimen normativo y un determinante del nivel de riesgo de los inversores privados (Fischer, Palma y Guevara 2007: 2). En los últimos 20 años, diversas reformas a la regulación de mercados han incorporado a comisiones o paneles de expertos como mecanismos especiales de solución de conflictos. Estos paneles se han constituido en un elemento esencial de la regulación de los sectores de infraestructura en Chile: servicios sanitarios, telecomunicaciones, electricidad, obras públicas (Jadresic, 2007:1). Entre estos, destaca el Panel de Expertos del sector eléctrico por constituir la experiencia más exitosa y reconocida en el ámbito académico y empresarial. El presente estudio de caso tiene como objetivo identificar los factores que han incidido en el mejor desempeño del Panel de Expertos como mecanismo de solución de conflictos y explorar la posibilidad de los aspectos institucionales relacionados con su éxito puedan ser utilizados como ejemplo o referente al momento de evaluar y diseñar los mecanismos de solución de conflictos de otros sectores regulados. La metodología utilizada para este estudio fue la revisión de las fuentes secundarias existentes sobre la materia (artículos en publicaciones académicas, normativa legales y reglamentaria aplicable a la materia, dictámenes del Panel de Expertos), y la aplicación de una entrevista semi estructurada a stakeholders del sector eléctrico, consultando su opinión sobre las razones del éxito del Panel de Expertos y la posibilidad de replicar esta institución del Panel en otros sectores regulados. El estudio permite concluir que el éxito del Panel de Expertos se debe, en gran parte, a determinados aspectos del diseño institucional del mismo: carácter eminentemente técnico, integración multidisciplinaria, forma de solución de los conflictos, ausencia de recursos en contra de sus decisiones, existencia de plazos breves para resolver, duración de los integrantes en sus cargos, independencia del regulador y de los regulados, regulación detallada de los procedimientos, mecanismos para la selección de sus integrantes, remuneración de los integrantes, publicidad del procedimiento, número de integrantes y especificidad de su función. Estos elementos deben ser tomados en cuenta como ejemplo o referente al momento de evaluar o diseñar los mecanismos especiales de solución de conflictos en otros sectores regulados, existentes o en estudio.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Aborda los Antecedentes y el Marco Teórico, consistente en las ideas de un marco filosófico y epistemológico de las adopciones, además, explica las bases teóricas de la adopción en el Perú, el Control Post adoptivo, Órganos Tutelares, Supervisión Post adoptiva, el Principio del Interés Superior del Niño, Protección de la Infancia vulnerada, el Abandono y las Situaciones del Riesgo del Menor. El aspecto empírico complementario del estudio comprende el tratamiento de Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación, así como, los Métodos, Población, Unidades de Análisis y Muestra. Por último, aparece el Procesamiento, Análisis, Resultados y Discusión de Datos, confirmando la Hipótesis Principal de la investigación. / Tesis

el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el marco normativo regulatorio para el control de las descargas de aguas residuales no domésticas a las redes de alcantarillado, con la finalidad de realizar propuestas que permitan su aplicación eficiente. Se considera que el tema se justifica por sí mismo, debido a la relevancia e importancia para el sector saneamiento. Asimismo, al ser un tema totalmente nuevo para el país, no existe experiencia previa, y la normatividad y regulación al respecto ha entrado en vigencia recién a partir del mes de setiembre del 2013. Para realizar dicho análisis y plantear algunas propuestas, el presente documento ha sido estructurado en cinco capítulos. Se inicia con una breve revisión de la organización del sector saneamiento, se describen los servicios de alcantarillado. Luego, en el siguiente capítulo, donde se desarrolla un análisis de la situación de las descargas de aguas residuales no domésticas, se explica las características físicas, químicas y bacteriológicas de las mismas, así como los impactos de la contaminación de dichas aguas en la infraestructura sanitaria. En el cuarto capítulo,se aborda de manera extensa la regulación de las descargas de aguas residuales no domésticas, desarrollando en primer lugar el marco normativo general y específico que circunscribe la aplicación de los VMA y, sobre la base de experiencias reales de EPS, se presenta un análisis del proceso de implementación del marco regulatorio que permite obtener conclusiones valiosas para el planteamiento de propuestas. En esta misma sección, se describen las principales limitaciones encontradas para la efectiva aplicación del marco regulatorio y se analiza brevemente la experiencia sobre el tema del presente trabajo de investigación en otros países como Chile, Colombia y México. En el último capítulo, se plantean algunas propuestas para modificar el marco normativo y se esbozan algunas estrategias y acciones específicas que podrían ser parte de un plan sectorial para facilitar la implementación de los VMA, considerándolo como un proceso que involucra diversos actores, más allá de las entidades del sector saneamiento. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

La investigación plantea la modernización del catastro en el Perú, a partir de la creación del Organismo Técnico Especializado (OTE) como ente rector del Sistema Nacional Catastral (SINACAT), necesario para dinamizar la gestión pública desde el uso de data territorial confiable y constante de cada unidad territorial y de todo en su conjunto, con fines multipropósito. Por ello, proponemos las reformas institucionales necesarias para la creación de la Superintendencia Nacional del Catastro (SUNACAT), estableciendo su organización, funciones y actuación, así como considerando para ello los planteamientos normativos, tecnológicos y de administración. Formulamos la propuesta de modernización del catastro peruano, a partir de dos alternativas; una, consistente en la posibilidad de mejorar el SNCP mediante el fortalecimiento de la SUNARP, y la otra, consistente en la creación de un organismo técnico especializado que dirija el catastro nacional y sea el ente rector del Sistema Nacional Catastral (SINA-CAT), visto como un sistema funcional que permita la integración entre el catastro y el Registro de Predios de la SUNARP. Cabe precisar que, como producto de la investigación, se ha identificado que solo el 0,3% del total de 1.876 municipalidades distritales ha desarrollado su catastro municipal. Dicha situación es palpable luego de 14 años de promulgada la Ley N°28294 - “Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios” (SNCP) en el año 2004. Se evidencia que no se ha logrado el impulso a la generación del catastro territorial peruano, a pesar de que, desde el año 2004 hasta el 2017 –período de nuestra investigación–, se aprobaron una serie de normas técnicas catastrales para estandarizar el proceso de levantamiento, mantenimiento y actualización del catastro. Ello se demuestra con la identificación oficial de solo 5 municipalidades distritales como zonas catastradas en el Perú. Con tal motivo, exploramos las bases teóricas sobre la organización administrativa del catastro, los conceptos y definiciones, y desarrollamos los componentes del catastro; también realizamos un análisis comparado de los tipos de catastro en América Latina y las formas de organización de los sistemas catastrales. Asimismo, se discute las bases teóricas de los Organismos Técnicos Especializados (OTE) y los sistemas funcionales, explicando el actual proceso catastral peruano y abordando los análisis y apreciaciones realizadas por expertos y el Banco Mundial respecto de la situación del catastro peruano.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional / Las organizaciones del sector público han sido objeto de una mirada diferente a la hora de analizar su funcionamiento desde la perspectiva de la Administración. De hecho la Administración Pública aparece como una forma especializada de analizar el funcionamiento de las instituciones públicas pero se enfoca principalmente al análisis de las implicancias político-económicas que subyacen al cumplimiento del mandato ciudadano y su consecuente rendición de cuentas, sin quitar mérito a sus valiosos y constantes aportes. En la actualidad han aparecido nuevas tendencias que han permitido a la Administración general participar en el estudio y análisis del sector público, respaldadas principalmente en la modernización que el Estado debe alcanzar para ser un partícipe más eficiente en la actividad diaria de las naciones, en la que las personas y el mercado y los grupos sociales se mueven con mayor dinamismo, en una época dominada por el concepto de cambio constante y en el cual todas las organizaciones deben cumplir con su propósito de permanecer en el tiempo (Miller, 1993). Al estudiar el sector público por medio de las herramientas de la Administración de recursos humanos, encontramos un alto grado de protección de las relaciones laborales de los trabajadores públicos, la cual tiene válida defensa en un problema de agencia, por cuanto el “principal” cambia cada cierto tiempo y asimismo hay una variabilidad en los incentivos de éste, los cuales pueden colisionar con el trabajo de largo plazo de los funcionarios. Sin embargo, estudios comprueban que estas medidas, si bien son de protección, también generan problemas de escasa movilidad y evaluaciones de desempeño superfluas que desincentivan a una mejor gestión del desempeño de los empleados públicos, quienes son constantemente puestos en la palestra por la opinión pública en relación a su gestión. El Poder Judicial de la República de Chile es un poder del Estado autónomo e independiente, y administra a su personal de acuerdo a un código orgánico que asegura su independencia y supletoriamente por medio de las normas generales de la administración pública. Los actuales procesos de cambio que han vivido en la última década las diversas instituciones del Estado, y en nuestro caso particular el Poder Judicial, dan cuenta de un proceso de cambio potente; y en el cual las personas deben dar lo mejor de sí para el logro de estas modernizaciones. Pero cuando no se dispone en el trabajo diario, de las mejores herramientas formales y de la gestión laboral necesaria para lograr desempeño y sobrellevar los procesos de cambio con mayor flexibilidad, debemos buscar nuevas líneas de acción o implementar dispositivos que permitan motivar a los trabajadores en relación a este dinamismo. Para ello resulta importante comprender qué es lo que motiva a los trabajadores a mejorar, participar y desempeñarse mejor en una organización. El Comportamiento Organizacional es una de inter-disciplinas del área de la Administración que se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de esta; ello permite comprender e intervenir en aspectos fundamentales del funcionamiento de las organizaciones. Entonces nos permitiremos por medio de este trabajo, en una primera etapa explorar las actitudes de los miembros del Poder Judicial en relación a qué percepciones tienen ellos del sentido o de como el trabajo dictamina su relación para con ellos y les permite trabajar en determinados niveles de motivación o compromiso y en definitiva, haciendo que tengan un mejor o peor desempeño. Un constructo que aparece como adecuado de abordar es el de Justicia Organizacional, el cual corresponde a la percepción de trabajo que los empleados creen que derivan en un trato justo hacia ellos. Aparece interesante de abordar por cuanto las personas que trabajan en una organización que vela por la administración de la Justicia para el Estado, se ven propensas a evaluar con qué tanta justicia les tratan en su propia institución. Con el fin de proporcionar validez a los resultados de la percepción de Justicia Organizacional por parte de los trabajadores del Poder Judicial, intentaremos replicar una correlación encontrada por Colquitt (2001) en relación al constructo de Compromiso Organizacional, el que consiste en el grado de identificación que tienen los trabajadores con la organización y el grado de interiorización de los elementos organizacionales. En el presente documento, expondremos en primer lugar como antecedentes una recopilación de investigaciones sobre el funcionamiento del sector público, con el fin de enmarcar el estudio, contextualizando las características que hacen tan particular a la administración pública y las diferencias de enfoque con que se ha abordado su análisis. En una segunda parte, pasaremos a un acápite de observación exploratoria realizada por el suscrito, que nos proporcionará un encuadre situacional del actual proceso de cambio en el que se encuentra inmerso el poder judicial chileno. En tercer lugar exploraremos de qué manera en los procesos de cambio puede ser viable verificar las contribuciones de la percepción de Justicia y Compromiso Organizacional, para posteriormente proceder a sus definiciones y a la revisión de investigaciones en las cuales se sustenta empíricamente la propuesta. En un quinto punto, revisaremos los objetivos de la investigación, formulando a su vez las hipótesis que dan los lineamientos medulares de la tesis. En una sección de más campo, se explicitarán las hipótesis, aspectos de diseño de investigación y la metodología que se pretende utilizar en la realización de este proyecto. Se verificará los problemas reales de la institucionalidad para poder permitirse realizar esta investigación, y de cómo el suscrito debió realizar pruebas pequeñas para poder validar sus instrumentos de medición de la percepción de Justicia Organizacional (Colquitt, 2001) y de Compromiso Organizacional (Allen & Meyer, 1990) que permitan la obtención de los datos del trabajo de campo a nivel masivo. Se presentan los resultados y discusión de la investigación y finalmente las conclusiones más significativas y los planes de acción a seguir desarrollando en colaboración con la institución para la prosecución de los aportes metodológicos obtenidos.

Presenta el caso de la superposición total de la cantera “La Grama” a la concesión minera “Giovanna Hermosa”. En base a ello, es que se determina la problemática en tanto en el caso planteado la cantera afectada por el Estado afectaba los derechos del titular minero de la concesión “Giovanna Hermosa”, siendo por ello que surge la interrogante de cuál actividad debe primar y la identificación de un vacío normativo al respecto y criterios cuya fundamentación merece ser analizada de manera seria y multidisciplinaria. En este marco, la afectación de canteras por el Estado responde a una normatividad especial regulada por el Decreto Supremo N° 037-96-EM, mediante el cual se facultaba a las entidades públicas -previo cumplimiento de determinados requisitos- a comunicar al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Ingemmet, respecto a la afectación de canteras para materiales de construcción que coadyuven a la realización de obras de infraestructura del Estado. Adicional a ello, advirtiendo que la atención a dicha problemática es prácticamente inexistente en nuestra doctrina nacional, se justifica la realización de una investigación en la que se analice la situación de conflicto brevemente reseñada. Para tal efecto, es determinante diferenciar entre las figuras jurídicas involucradas (afectación de canteras por el Estado versus concesiones mineras) a efectos de entender la naturaleza jurídica de cada una de ellas y a partir de ello diseñar la solución frente al conflicto planteado y a la ausencia de una disposición expresa sobre el particular. En tal sentido, privar o limitar al concesionario minero del derecho a extraer los minerales que se otorga mediante la fórmula de la concesión minera a través de una disposición sin justificación racional aparente, cercenando la seguridad jurídica que reviste toda la dimensión de la concesión minera como institución jurídica resulta desproporcional, en tanto no se prevé la obligación de pago o resarcimiento alguno en favor del concesionario minero frente a dichas circunstancias, dejando a la concesión minera sin contenido al no otorgar un derecho de exclusividad sobre los recursos minerales concedidos. En virtud de lo expuesto, uno de los objetivos principales es reformular dicha figura de excepción a través de un régimen que no implique perjuicios ni incremento de riesgos al titular minero. / Trabajo de investigación

Revisa los requisitos e impedimentos para ser candidato a cargos públicos representativos que exige en la legislación vigente, a efectos de someterlos a evaluación para dilucidar si el marco normativo vigente resulta suficiente para asegurar, precisamente, la “idoneidad” o “aptitud”, sobre todo en su dimensión “ética”, de dichos candidatos; siendo que, sobre la base de ello, se puedan formular algunas recomendaciones que permitan optimizar aquel principio de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos. El objeto de estudio es el Derecho Electoral, en concreto, las reglas y principios relacionados con el ejercicio del derecho a ser elegido para un cargo público representativo. Efectivamente, la presente investigación se encuentra delimitada o circunscrita al estudio de las condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio del derecho a ser elegido. Es en la Constitución, las leyes y reglamentos electorales las que establecen los requisitos e impedimentos que delimitan el ejercicio del derecho a la participación política en nuestro país, siendo que el derecho al sufragio pasivo, tal como se encuentra regulado nuestro ordenamiento jurídico es de titularidad de las personas naturales, esto es, se trata de un derecho individual, pero que solo puede ser ejercido a través de las organizaciones políticas. Es decir, al no admitirse la presentación de candidaturas individuales, nos encontramos ante un derecho constitucional individual de ejercicio colectivo o asociado. / Tesis