La presente investigación, analiza la normativa de las medidas legales adoptadas por el Gobierno en el proceso de formalización minera entre los periodos del 2012 al 2017, con el propósito de poder determinar cuáles son los criterios adoptados por el Estado Peruano en la lucha contra la informalidad en las actividades mineras de pequeña escala y, verificar, si estos mecanismos han contribuido a la efectiva erradicación de la misma. En esa línea, con el Primer Capítulo se busca explorar las diferencias existentes entre cada categoría de clasificación de los productores mineros en el Perú, mediante la evaluación de los criterios de clasificación por el Estado. Luego hará mención al nexo existente entre los pequeños productores mineros y los mineros en proceso de formalización, a fin de determinar la viabilidad de su adscripción a dicha categoría. El Segundo Capítulo, analizará la evolución política y legislativa de la formalización minera, de los periodos contemplados entre el año 2012 al 2017, para luego mencionar a algunos de los principales entes rectores relacionados con la minería de pequeña escala y su rol en el proceso de formalización. El Tercer Capítulo se desarrollará brevemente los instrumentos ambientales suscitados durante el proceso de formalización, acorde a la línea de tiempo de este estudio. Finalmente, el Cuarto Capítulo abarcara los puntos de impactos, beneficios y propuestas de solución a la informalidad minera en nuestro país. En conclusión, los criterios de clasificación aún no han sido establecidos claramente por parte del Estado, y por tanto son ambiguos para determinar una adecuada categorización. La simplificación administrativa aplicada por el Gobierno ha sido positiva en algunos aspectos, ha dejado de lado otros importantes como el ordenamiento territorial en los lugares donde se desarrollan estas actividades, retornando a una gestión sectorial poco beneficiosa para la erradicación de la informalidad minera.

La formación y la comunicación son unos de los elementos básicos para contribuir con el logro de los resultados en la seguridad y salud en el trabajo. En tanto, es imprescindible que se analicen los comportamientos de los trabajadores en las empresas contratistas. En este sentido, es importante explicar que entre los trabajadores subcontratados y empleadores debe de existir una formación y comunicación efectiva a fin de garantizar la eficacia en la seguridad y salud del trabajo, específicamente en la prevención de riesgos. Por lo tanto, el presente trabajo busca hacer un aporte para los estudios investigados de casos sobre la seguridad y salud en la construcción en el Perú, ya que nos permitirá desarrollar recomendaciones prácticas y útiles sobre aspectos jurídicos y educativos en el componente de la formación y comunicación en la seguridad y salud en el trabajo en las empresas subcontratistas del sector construcción con la finalidad de impedir accidentes y preservar de las enfermedades y efectos nocivos para la salud derivados de su labor entre los trabajadores de dicho sector.

En la presente investigación se analizará el alcance de la responsabilidad del empleador por un accidente de trabajo ocurrido durante el teletrabajo. El análisis tiene como punto de partida el estudio de la nueva Ley del Teletrabajo, Ley N° 31572, publicada el 12 de setiembre del presente año, específicamente la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo a fin de determinar si se brindan lineamientos sobre la responsabilidad del empleador. Posteriormente, se realiza un estudio del alcance del accidente de trabajo y el deber de prevención del empleador en el teletrabajo, tomando en consideración que son los elementos que permiten imputar responsabilidad al empleador de acuerdo con lo regulado en el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Teletrabajo. Por último, se analiza el alcance de la responsabilidad del empleador en la legislación comparada con el objetivo de plantear una propuesta de mejora a nuestra normativa que recoja los aspectos positivos. / In this paper will analyze the extent of the employer's responsibility for an accident at work that occurred during teleworking. The analysis has as its starting point the study of the new Teleworking Law, Law No. 31572, published on September 12 of this year, specifically the regulation on safety and health at work in order to determine if guidelines are provided on the responsibility of the employer. Subsequently, a study of the scope of the work accident and the employer's duty of prevention in teleworking is carried out, taking into consideration that they are the elements that allow the employer to be attributed responsibility in accordance with the regulations of the Law on Safety and Health in Telework. Finally, the scope of the employer's responsibility in the comparative legislation is analyzed with the aim of proposing an improvement proposal to our regulations that reflects the positive aspects. / Trabajo académico

Este informe tiene como finalidad transmitir la necesidad de que el Estado peruano, atendiendo al impacto social, económico y político de mantener altos niveles de atención sanitaria en el Perú, así como un entorno libre de corrupción e incentivos indebidos, ordene medidas conducentes a transparentar las interacciones entre la industria farmacéutica y los demás agentes del sector salud. De lograrse, estas medidas asegurarían a los pacientes, los pagadores y la sociedad en general que todos los negocios son realizados correctamente y sin mediar incentivos indebidos ni tratos de favor ilegítimos. Para tales efectos, se analizará el estado del sector salud de los últimos años en el Perú, proporcionando data para realizar comparaciones estadísticas con el resto de países de la región y así determinar que las condiciones están dadas para que la corrupción sea un problema endémico y estructural de nuestro sistema sanitario siempre que no se tomen acciones afirmativas a través de la regulación. / This report intends to convey the need for Peruvian authorities to promote regulation aimed at providing transparency to the interactions between the pharmaceutical industry and other actors of the health sector. If done correctly, this will ensure patients, payers, and society at large that all business transactions are conducted with integrity and without improper inducement or illegitimate agreements between parties. This is due to the fact that maintaining adequate levels of health care has a significant impact on social, economic and political matters and therefore cannot be overlooked. Hence, this study will analyze the general state of the health sector in Peru through the latter years, providing comparative data with other countries in the region, with the aim of revealing that corruption will remain an endemic and structural problem in the field of medicine as long as no affirmative action is taken through regulation.

A través del presente trabajo académico se abordan las diversas aristas en torno a la modificación del artículo 75° de la Ley de Recursos Hídricos, mediante la publicación de la Ley N° 30640, que dispone la elaboración de un marco metodológico para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca en el Perú, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En ese sentido, además de plantear las diversas posturas surgidas a raíz de la entrada en vigencia de dicha ley, se analizarán las consecuencias jurídicas de la declaración de intangibilidad de las cabeceras de cuenca – facultad de la ANA desde la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos – así como los diversos mecanismos de protección y conservación de áreas que son consideradas ambientalmente vulnerables por contener ecosistemas frágiles que requieren ser preservados, manteniendo el equilibrio entre el desarrollo de actividades de aprovechamiento de recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta los niveles de riesgo, a través de los estudios e investigaciones necesarias que permitan sustentar la aplicación de las medidas de protección, así como las situaciones de excepción. Asimismo, también se evaluarán las consecuencias jurídicas de la elaboración del marco metodológico para identificar delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca en el Perú, teniendo en cuenta los avances presentados y los posibles criterios a incluirse, teniendo como resultado tanto aspectos positivos, como opciones de mejorar y desafíos por lograr a cargo de la ANA.

El presente trabajo de investigación versa sobre el criterio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, establecido a través de sus informes técnicos, para aplicar los impedimentos para ser proveedor del Estado establecidos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales son extensivos al cónyuge, conviviente o a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades señaladas en el citado artículo, a los servidores que se encuentran bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, determinando que de configurarse este supuesto, es decir, de encontrarse comprendidos en los impedimentos del artículo 11° de la Ley de Contrataciones con el Estado, las entidades públicas deben proceder a su inmediato despido. Considero que no existe una justificación constitucional razonable para limitar el ejercicio del derecho al trabajo, así como el acceso y permanencia en el empleo público por criterios basados en lazos de consanguinidad o afinidad con persona alguna; y que no podrían aplicarse impedimentos previstos en normas de una contratación pública de bienes y servicios, a un régimen de carácter laboral como el que constituye el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios, siendo aplicables a este los impedimentos que regulan el servicio civil. Por ello para reforzar mi planteamiento recorro a las distintas fuentes del derecho, la normativa, la jurisprudencia y la doctrina. / This research work deals with the criteria of the National Civil Service Authority in its capacity as the governing body of the Administrative System for the Management of Human Resources of the State, established through its technical reports, to apply the impediments to be a provider of the State established in Article 11 of the State Contracting Law, which are extended to the spouse, partner or their relatives up to the second degree of consanguinity and second degree of affinity of the authorities indicated in the aforementioned article, to the servers who are under the Special Regime for Administrative Contracting of Services, determining that if this assumption is configured, that is, if they are included in the impediments of article 11 of the Law of Contracting with the State, public entities must proceed to their immediate dismissal. I believe that there is no reasonable constitutional justification for limiting the exercise of the right to work, as well as access and permanence in public employment by criteria based on ties of consanguinity or affinity with any person; and that impediments provided for in the norms of a public procurement of goods and services could not be applied to a labor regime such as that constituted by the labor regime of Administrative Contracting of Services, the impediments that regulate the civil service being applicable to this. Therefore, to reinforce my approach, I go to the different sources of law, regulations, jurisprudence and doctrine.

El presente trabajo académico tiene como finalidad realizar un análisis del actual tratamiento de la inscripción de los fideicomisos y los efectos registrales que genera la transferencia de bienes en dominio fiduciario. Como se podrá apreciar, se ha regulado la inscripción de los fideicomisos a través de la Directiva SUNARP N° 007-2008 en la que se establecen los principales lineamientos a seguir que serán objeto de comentario en el presente trabajo. Asimismo, esta investigación se encuentra enfocada en el análisis de la normativa legal y reglamentaria aplicable a la inscripción de los fideicomisos. En ese sentido, a través de la revisión de las resoluciones del Tribunal Registral se busca brindar una aproximación respecto a su posición sobre las implicancias que genera la transferencia en dominio fiduciario. Lo antes indicado se realizará adicionalmente considerando la actual posición de la doctrina nacional al respecto. De esta forma, se desea mostrar que la inscripción de fideicomisos aún es un tema objeto de controversias en sede registral. Los principales temas por analizarse debido a los pronunciamientos del Tribunal Registral están referidos a: (i) la transferencia de bienes a favor del patrimonio fideicometido y (ii) la disposición de bienes que se encuentra en dominio fiduciario incluyendo el supuesto en el que el fiduciario realice la transferencia.

El presente trabajo se enfoca en analizar el proceso de alimentos de los niños y adolescentes, el cual es tramitado mediante el proceso único y cuya característica principal es la celeridad en su resolución. Si bien, existe la normatividad especial contemplada en el Código de los Niños y Adolescentes y un Juzgado de Paz Letrado encargado de su tramitación, aún persiste la dilación del proceso, afectando de esta manera el derecho alimentario a dichos beneficiarios, derecho reconocido por nuestra Carta Magna y legislación internacional. En ese sentido, se plasma como objetivo principal, el de detectar aquellos factores que están imposibilitando la celeridad en el proceso, para que así se pueda llegar a determinar una propuesta de fortalecimiento como respuesta al interés superior del niño, mejorando de esta forma su calidad de vida. Se hizo uso de la herramienta FODA, ello ayudo a determinar que la dilación del proceso, se daba por dos factores, como son, la notificación no valida a la parte demandada, por lo que era necesario trazar las estrategias para subsanar dicho inconveniente. También en lo que concierne a la audiencia única, la cual, al ser reprogramada, acarrea la dilación. Basándome en lo manifestado por el Dr. Huanca, con relación al artículo 170 de la Ley 27337, una vez admitida la demanda, en esa misma resolución de admisión el magistrado va a fijar la Audiencia Única (Huanca Luque, 2020). Es muy acertada esta forma de actuación del juez, puesto que va a permitir la celeridad en el trámite del proceso. Se tuvo como informantes clave a los propios magistrados y al personal del juzgado, quienes brindaron información para la realización del presente trabajo.

En el presente artículo se abarca la discriminación en el consumo desde una perspectiva quizá poco evaluada: el sexo de los consumidores. La autora se cuestiona la validez de una posible diferenciación en un servicio y/o producto ofrecido abiertamente al público basada en si el cliente es hombre o mujer. Para ello, primero se esboza el marco teórico en el cual se evalúa la discriminación en el consumo tanto de una perspectiva jurídica, a través de una lectura de la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia, como económica. Posteriormente, se analiza algunos casos concretos bajo la metodología propuesta en el marco teórico, con la finalidad de hallar reglas o un método que se pueda extrapolar a otros casos. Finalmente, la autora concluye su investigación confirmando su hipótesis inicial: frente a servicios únicamente dirigidos a un sexo, nos encontraremos casi siempre ante un trato discriminatorio.

El acto de cancelar la inscripción de una hipoteca derivada de la adjudicación de un inmueble en un remate judicial para satisfacer el crédito de un acreedor embargante desprotege la posición de rango, preferencia y persecutoriedad del que goza un acreedor hipotecario, pues le resta oponibilidad. Cabe señalar que el rango y preferencia de la hipoteca nacen desde su inscripción en registros y no desde el nacimiento de la hipoteca, a razón de que tales derechos se dan en el ámbito de los derechos inscritos. En cambio, al nacimiento de la hipoteca — constituida en escritura pública— se tiene inherente su persecutoriedad que le otorga un carácter real. De ahí, que debe destacarse el carácter persecutorio de la hipoteca desde su constitución y no necesariamente desde su inscripción como si es el caso del embargo judicial. Asimismo, la cancelación de la inscripción antes descrita sitúa al remate judicial en la clasificación de los modos de adquisición de la propiedad originarios cuando la doctrina lo reconoce en el modo derivativo, dado que la hipoteca se sustenta en el crédito otorgado al deudor, titular del bien inmueble hipotecado. En tal sentido, la justificación de la presente investigación se materializa en el hecho de dotar con seguridad jurídica al acreedor hipotecario que no será desposeído de su garantía cuando el mismo esté siendo subastado; así como, al adjudicatario para que su adquisición sea legitima.