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Tesis para optar al grado de Magíster en Tributación / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El proyecto de Reforma Tributaria presentado por la Presidenta de la República, el 1º de abril de 2014 mediante el Mensaje Nº 24-362, introducía una serie de modificaciones al sistema de tributación del impuesto a la renta junto con otros ajustes al sistema tributario en Chile. Uno de los objetivos principales de esta reforma se sustenta en la necesidad de “aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales”1. El principal cambio planteado en este proyecto es modificar el sistema de tributación, que desde el año 1984 ha sido utilizado en Chile sobre la base de los retiros o dividendos efectuados desde las empresas o sociedades por los propietarios, comuneros socios o accionistas, que determinan sus rentas sobre la base de un balance general según contabilidad completa, por uno de renta atribuida. Además, aumentar las tasas de impuesto de primera categoría para las sociedades desde un 20% hasta un 25% ó 27%, según sea el régimen2. El sistema de tributación sobre la base de retiros con el tiempo ha permitido a las empresas o sociedades acumular utilidades tributarias sustantivas en el registro Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) toda vez que las ganancias no, necesariamente, llegan a los bolsillos de sus propietarios sino que la caja ha sido utilizada para ser reinvertidas internamente, en la operación de la sociedad o a través de la reinversión en otras compañías. La discusión para la aprobación de esta reforma no fue sencilla y es por ello que por medio de un Protocolo de Acuerdo de fecha 8 de julio de 2014, el Ministerio de Hacienda junto a la Comisión de Hacienda del Senado, acuerdan los sistemas definitivos, es decir, paralelo al Sistema de Atribución, un régimen de tributación por la vía de retiros similar al actual, pero con imputación parcial de créditos. La reforma tributaria, finalmente, es publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 2014 por medio de la Ley Nº 20.780, la cual introdujo dos nuevos regímenes generales de tributación alternativos, junto a una serie de modificaciones y normas transitorias, para implementar la aplicación de ambos sistemas. El objetivo de esta tesis es abordar los efectos tributarios producto de las modificaciones a la Ley de impuesto a la Renta, que rigen a partir del 1º de enero de 2017 y que afectarán a las reorganizaciones empresariales, que se efectúen por medio de divisiones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La forma de organización de la empresa ha cambiado y las relaciones laborales se han modificado según ella, de la clásica relación bilateral “un empleador – un trabajador” hemos pasado a las llamados Relaciones Triangulares de Trabajo, manifestadas en las Subcontratación Laboral y el Suministro de Trabajadores. A este nuevo tipo de relaciones laborales se refiere la Ley Nº 20.123 , publicada el 16 de octubre de 2006 que modifica el Código del Trabajo y regula el régimen de Subcontratación y el suministro de trabajadores vía empresas de servicios transitorios. Esta memoria aborda esta ley y la problemática asociada a ella

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se ha investigado la implementación que ha tenido la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo (Ley 19.880) en un total de cuatro municipios de la provincia de Santiago (Las Condes, Santiago, Recoleta y El Bosque), a fin de evaluar el grado de implementación del mentado texto legal, en dichas comunas, para tener una visión o referencia de la realidad municipal de Santiago, basada en datos reales, obtenidos a través de la aplicación de una entrevista estructurada, que pretende determinar el grado de conocimiento de la LBPA; el nivel de capacitación relativo a la LBPA impartido en las municipalidades de la muestra; la efectiva implementación de esta ley y sus características, la existencia de alguna instrucción específica en tal sentido, la disposición de recursos económicos, la existencia de un periodo de implementación, sus objetivos, la existencia de evaluaciones internas respecto de la implementación, la información entregada a los usuarios en relación a los derechos contenidos en la ley, y el nivel de participación de éstos desde la entrada en vigencia de ella; cuáles han sido los problemas de aplicación que se han detectado; y la existencia de un diagnóstico de los procedimientos administrativos empleados en el municipio. Además se evalúa el conocimiento y real aplicación de algunas de las principales figuras o instituciones jurídicas contenidas en la LBPA, tales como expedientes administrativos y su acceso al público, declaración de reserva o secreto, silencio administrativo, plazos impuestos por la LBPA, medios de impugnación o recursos administrativos, publicidad de los actos administrativos (publicación y notificación), e invalidación de éstos. La conclusión general, es que el grado de implementación de esta normativa es mínimo, prácticamente nulo, en las municipalices en cuestión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119. Para ello comenzamos revisando en el capítulo I el fenómeno del blanqueo de activos a nivel conceptual, con sus características y etapas, indagando también en los instrumentos de carácter internacional existentes sobre la materia. En el capítulo II, investigamos las normas relacionadas con el delito de lavado de dinero en Chile y su evolución. El análisis del tipo penal es el tema que tratamos en el capítulo III, comenzando por el bien jurídico protegido motivo de tipificación del ilícito, el objeto material, el tipo objetivo y subjetivo y la omisión en el blanqueo de capitales. El capítulo IV se refiere a la Unidad de Análisis Financiero, en el cual revisamos las atribuciones y funcionamiento de este ente público y las obligaciones de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Por último en el capítulo V revisamos la participación del Ministerio Público como ente persecutor del lavado y resumimos algunas sentencias dictadas el año 2007.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende estudiar el sistema de pensiones vigente en Chile desde la década de 1980 y desarrollar las principales reformas que introdujera en nuestro sistema de pensiones la Ley Nº 20.255. Este análisis se iniciará con el estudio del Sistema de Pensiones imperante en nuestro país, introducido por el D.L. Nº 3.500, y que constituye el Pilar Contributivo Básico del mismo, con un breve desarrollo de su funcionamiento y beneficios. Posteriormente se analizara el Pilar Solidario, instaurado por la Ley Nº 20.255, la que contempla una Pensión Básica Solidaria, tanto de vejez como de invalidez, como así el Aporte Básico Solidario, para los mismos pensionados. Luego trataremos algunos de los nuevos instrumentos que la Ley Nº 20.255 establece con el fin de aumentar la cobertura de las cotizaciones, de tal manera de que el trabajador, llegado el momento de requerir las prestaciones de pensiones, necesite del menor aporte por parte del Estado. Estos instrumentos se materializan por medio del perfeccionamiento del Pilar Contributivo y la profundización del Pilar Voluntario. Para la realización de este estudio, se procedió a analizar la Ley Nº 20.255 y su complemento normativo, constituido por reglamentos, circulares y resoluciones de todos los organismos públicos involucrados en la materia. Finalmente será posible apreciar la importancia de la Reforma Previsional en tanto viene a establecer nuevos mecanismos con el fin, de que, terminada la vida laboral del individuo, las pensiones a las que acceda sean fruto de su esfuerzo, y el monto de las mismas suficientes para satisfacer sus necesidades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta investigación tuvo su origen en la dictación de la ley N°19.983 del año 2004 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Tercera Copia de la Factura” (Anexo 1), en adelante también “la Ley”, y en un principio pretendió sólo cubrir los aspectos regulados por ella. Sin embargo, debido a la importancia de la factura en el comercio chileno, se ha extendido de manera de crear un documento que pretende abarcar los aspectos más relevantes de su configuración en el derecho chileno. Sin perjuicio de lo cual se hace un especial énfasis en sus aspectos procesales que facilitan su cobro y simplifican la cesión del crédito contenido en ella, lo cual constituye las principales innovaciones de la Ley. Para estos efectos analizaré el significado y consecuencias en nuestra legislación del mérito ejecutivo y de la cesión de derechos personales o créditos; la factura y su naturaleza jurídica, particularidades como nuevo título ejecutivo, la cesión simplificada de ella a terceros; el cumplimiento de los objetivos de la Ley de disminuir el costo del financiamiento de pequeñas empresas mediante su factorización; sus posteriores modificaciones; el derecho comparado; y la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Así, a lo largo de este trabajo ira quedando sentado el significado y consecuencias de la nueva regulación que tuvo por objeto dotar de una mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas (PyMes) eliminando por un lado trabas innecesarias y estableciendo, por el otro, incentivos económicos y procesales que favorecieran a los comerciantes responsables y profundizaran el mercado del factoring. Las principales herramientas que utilizó el legislador para alcanzar dichos fines, como lo señala el título de la Ley, fueron la regulación del mecanismo de cesión del crédito contenido en la factura mediante una modernización de la legislación aplicable, y el establecimiento de un modelo que permite dotar a la factura de mérito ejecutivo para facilitar su cobro.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo radica en determinar en qué medida el Estado garantiza el derecho de los depositantes frente a la ejecución del negocio bancario. Con esta finalidad se ha abarcado dicho análisis en diversas secciones. En primer lugar, es preciso determinar el área de funcionamiento de un banco, pasando por la definición de esta entidad, su marco legal regulatorio y sus operaciones, con el objetivo de dilucidar en definitiva la importancia de la actividad bancaria en la economía y su trascendencia como garante de la estabilidad del sistema de pagos de un país. Luego, se describe la historia de la regulación bancaria en nuestro país con anterioridad a la reforma del año 1986. Así también, se ha pretendido investigar acerca de la regulación de los bancos en el derecho comparado, pasando por Estados Unidos, Francia y Argentina principalmente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las políticas públicas en materia de pensiones en Chile, desde la dictación del Decreto Ley 3500 de 1980, han contribuido a obtener importantes logros especialmente en materia macroeconómica, reduciendo los pasivos fiscales y desarrollando con especial énfasis el sector financiero. Este sistema está basado en la capitalización individual, en el cual los afiliados poseen una cuenta individual donde depositan sus cotizaciones previsionales, las que se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones de que las administradoras (AFP) realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión. La cuantía de las pensiones dependerá del monto del ahorro, existiendo por lo tanto una relación directa entre el esfuerzo personal y la pensión que se obtenga. Dicho mecanismo se justificó como una solución radical a las crisis generadas por el sistema de reparto, aplicándose durante más de 27 años en Chile y exportándose a más de treinta países principalmente en América latina y en Europa del Este. Debido a la importancia de la Seguridad Social, siempre se ha señalado en esta materia que es conveniente anticipar los problemas antes de esperar que éstos se produzcan. Las medidas públicas que buscan proteger a la sociedad contra las privaciones económicas y sociales derivadas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerteNote1. , etcétera, son fundamentales para lograr el bienestar social, ya que en el caso de existir deficiencias en el sistema, se generarían graves e irremediables consecuencias en detrimento de las personas. A su vez, la Seguridad Social en Chile es un derecho garantizado en el Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política como atributo de la personalidad para todos los individuos. El Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes, al goce de prestaciones básicas uniformes, ya sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Señala además dicho artículo que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias