La actual Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas incluye dos incongruencias graves, las cuales podrían tener como consecuencia la distorsión del mercado; la presente tesis evidenciará dichas incongruencias, analizaran los peligros y se planteará una solución, para lo cual se ha dividido en III capítulos. En el capítulo I se busca evidenciar, a través de los primeros intentos de normar la libre competencia, que en el Perú se han utilizado estas normas para distorsionar el mercado en busca de la disminución de precios. Asimismo, se evidencia que estas tenían como destino a los grandes comercios que pudieran distorsionar el mercado, incluso ya se definía el término posición de dominio. Por otro lado, en el capítulo II, se señalan los principios del derecho de la libre competencia bajo la óptica del derecho comparado, buscando comparar, evaluar y evidenciar la postura tomada por Perú. Al respecto, con ello se tendrá por finalidad facilitar la comprensión de las incongruencias antes señaladas. Finalmente, en el capítulo III se demostrará que: i) el artículo 3, es sumamente peligroso para el mercado por los alcances que puede tener y atenta contra el sistema de competencia que actualmente tiene el Perú; y ii) la inclusión del literal f del artículo 10.2 del Decreto Legislativo 1034 fue poco reflexionada y que ese tipo de casos debería ser recogido por la cláusula general del Decreto Legislativo 1044, como actos de indebido ataque procesal, siendo competente para ello la Comisión de fiscalización de la competencia desleal del INDECOPI. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Esta investigación tiene por objeto determinar si tiene o no sustento la generalizada creencia que sostiene que el fenómeno de la “puerta giratoria” se produce en la Fiscalía Nacional. Como se sabe, la puerta giratoria consiste en la rotación de personas entre el sector público y el privado, el que puede adoptar tres modalidades: de entrada, de salida o de ambas. La presente investigación, junto con conceptualizar tales modalidades, pretende explicar los problemas que cada una ellas trae asociado. Igualmente, se propone hacer una breve exposición de las características de las dos principales instituciones que existen en Chile en el ámbito de la libre competencia, esto es, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la libre Competencia. Ello con el fin de describir el contexto en que se desenvuelve la primera y evaluar luego si se produce en ella, en alguna de sus modalidades, el fenómeno de la puerta giratoria, y en qué medida. Con el propósito de dar una respuesta inequívoca a esta cuestión, en la parte medular de esta investigación se lleva a cabo un estudio empírico en el que se analiza la trayectoria de las personas que, entre los años 2006 y

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo discute la aplicación de una determinada regla de estándar probatorio para la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno (‘preponderancia de evidencia’ o ‘balance de probabilidades’). A partir de las críticas realizadas a dicho estándar, propuesto por el Voto de Prevención de la Sentencia Nº 160/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, plantea una propuesta alternativa de regla de estándar probatorio aplicable, desde la perspectiva de la teoría racional de la prueba. / 02/01/2020

El presente informe jurídico analiza la problemática suscitada a partir del procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C, por la comisión de prácticas colusorias horizontales, en la modalidad de fijación concertada de precios de venta, a nivel nacional, en el periodo 2008-2009. Al respecto, el presente trabajo hace uso de categorías e instituciones propias del Derecho Administrativo, así como de otras ramas del Derecho, como el Derecho Constitucional, con el fin de determinar (i) si es posible atribuir responsabilidad administrativa a cualquier agente económico interviniente en una fijación concertada de precios, (ii) si se ha vulnerado el derecho de defensa de los administrados y (iii) si es factible la aplicación de las categorías jurídicas de “facilitador” o “intermediario”. Ulteriormente, los resultados de la presente investigación permiten constatar: primero, que se puede atribuir responsabilidad a cualquier agente económico competidor que haya participado en una práctica colusoria horizontal. Segundo, se han garantizado, desde la notificación inicial hasta la emisión del acto administrativo, el principio de contradicción y el principio de interdicción de la indefensión, contenido del derecho de defensa, de las cadenas farmacéuticas. Tercero, conforme a los principios de tipicidad y de irretroactividad, no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad administrativa a ningún agente económico que haya participado como facilitador o intermediario. / This legal report analyzes the problems arising from the administrative sanctioning procedure against Albis S.A., Farmacias Peruana S.A., Eckerd Perú S.A., Mifarma S.A.C. and Nortfarma S.A.C., for the commission of horizontal collusive practices, in the form of concerted fixing of sales prices, at national level, in the period 2008-2009. In this regard, this paper makes use of categories and institutions of Administrative Law, as well as other branches of Law, such as Constitutional Law, in order to determine (i) whether it is possible to attribute administrative liability to any economic agent involved in concerted price fixing, (ii) whether the rights of defense of the persons administered have been violated and (iii) whether the application of the legal categories of "facilitator" or "intermediary" is feasible. Subsequently, the results of this investigation show: first, that liability can be attributed to any competing economic agent that has participated in a horizontal collusive practice. Second, from the initial notification to the issuance of the administrative act, the principle of contradiction and the principle of prohibition of defenselessness, which are part of the right of defense of the pharmaceutical chains, have been guaranteed. Third, in accordance with the principles of typicality and nonretroactivity, there is no possibility of attributing administrative liability to any economic agent that has participated as a facilitator or intermediary.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo principal efectuar una revisión de los fundamentos jurídicos y económicos de las medidas de mitigación impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en procesos consultivos, enfocadas en aquellas establecidas con ocasión de las operaciones de concentración horizontal sometidas a su conocimiento. Lo anterior, con la finalidad de consolidar los criterios tradicionalmente utilizados por los operadores del sistema de control de concentraciones en nuestro país. Para dichos efectos, este trabajo se divide en dos Secciones: La primera de ellas, servirá de marco teórico a este estudio, por lo cual se exponen los alcances de la potestad consultiva del Tribunal de la Libre Competencia como encargado del sistema de control de operaciones de concentración, así como sus características, finalidad y posibilidades frente a una consulta (aprobación pura y simple, aprobación sometida a medidas de mitigación o rechazo); posteriormente, se analizan los fundamentos económicos en los que tradicionalmente se ha basado el Tribunal de la Libre Competencia para inclinarse por una u otra hipótesis; y, finalmente, se elabora una conceptualización de las medidas de mitigación, así como los principios doctrinarios y jurisprudenciales que orientan su aplicación. En la segunda Sección, se emplearán los conceptos estudiados en la primera parte para realizar una sistematización de las medidas de mitigación impuestas por el Tribunal de la Libre Competencia en procedimientos consultivos, así como una revisión crítica de las mismas, esfuerzo sin precedentes dentro de la literatura jurídica nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/12/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto analizar la figura de la colusión en la doctrina y la jurisprudencia, a la luz de las reglas de análisis desarrolladas por el derecho comparado para su tratamiento. La primera parte de este trabajo contempla el estudio de los aspectos generales de la colusión en la doctrina nacional y comparada. Luego, se analizarán los estándares de interpretación de la colusión desarrolladas por el derecho norteamericano, a saber, la regla de la razón y la regla per se. Junto con esto, se expondrán las posturas de la doctrina chilena frente a la posibilidad de adoptar la regla per se en el derecho chileno de la libre competencia. La segunda parte de este trabajo consiste en el análisis de las sentencias emitidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema en casos de colusión, en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2016, con la finalidad de identificar las características de la jurisprudencia chilena en esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objetivo analizar las diferencias doctrinarias existentes entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -en adelante TDLC- y la Corte Suprema, comparando dichas diferencias con lo propuesto por las doctrinas extranjeras de mayor tradición jurídica en la materia -como el derecho antitrust norteamericano y el derecho comunitario de la Unión Europea-, y revisando la evolución jurisprudencial posterior de ambos entes jurisdiccionales. Todo ello abarcando el periodo desde la entrada en funcionamiento del TDLC el año 2004, hasta finales del año 2015. La metodología de este trabajo será primero estadística, revisando los porcentajes de la actividad jurisdiccional del TDLC y de la Corte Suprema. Luego haremos un análisis de las diferencias jurisprudenciales entre ambos tribunales, y por último utilizaremos un método dialéctico (derecho comparado) con la doctrina extranjera y la jurisprudencia actualizada de ambos organismos. Veremos que en general la Corte Suprema tiende a confirmar la mayoría de los fallos del TDLC, sin embargo, cuando modifica o revoca suele ser más benevolente, en el sentido de disminuir multas o declarar la legalidad de los actos de los que conoce. También advertiremos que las diferencias que existieron en materia de colusión ya han sido superadas por los entes jurisdiccionales, mientras que en materia de abusos de posición dominante existen discusiones que muestran al TDLC en sintonía con el derecho comparado en relación a la Corte Suprema. Por último, hallaremos que la Corte tiene la mayor parte de su actividad revocatoria en lo que refiere al aspecto procesal del sistema, tanto a nivel orgánico como funcional, ordenando el sistema en general. / 01/09/2017