Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto estudiar el nuevo tipo penal por delitos de colusión introducido por la ley 20.945, bajo la perspectiva de dos grandes ramas involucradas: la libre competencia y el derecho penal. En el capítulo primero haremos referencia a conceptos previos que son necesarios para contextualizar cabalmente la presente investigación. En el capítulo segundo, resumiremos los principales fundamentos que la doctrina ha desarrollado para efectos de criminalizar el delito de colusión. En el capítulo tercero, abordaremos el tratamiento comparado que algunas legislaciones le han otorgado al delito de carteles. Por su parte, en el capítulo cuarto haremos mención al origen e historia de la criminalización de las prácticas colusorias en nuestro país. Luego, en el capítulo quinto, analizaremos el tipo penal de colusión desde el punto de vista del derecho penal, es decir, cuál es el bien jurídico protegido y cuáles son los elementos del tipo y los principales desafíos que presenta la nueva regulación. Por último, sintetizaremos las principales conclusiones que alcanzamos a lo largo del presente trabajo / 20/04/2019

En el marco de la creación e innovación, existen quienes crean obras y se benefician de la explotación de las mismas, quienes son usuarios de obras y claro, quienes son usuarios ilícitos de dichas obras y se aprovechan indebidamente de las mismas. En el caso de los programas de ordenador, el carácter utilitario de estas creaciones permiten que formen parte de nuestra vida cotidiana y de la vida empresarial, sea como producto estrella o como herramienta para las áreas de soporte al giro principal del negocio, de ahí que coadyuvan a generar valor en las empresas que luego repercute en el crecimiento económico del país, el incremento del acervo tecnológico, y la generación de beneficios a diversos grupos de interés (accionistas, gobierno, sociedad, comunidad, colaboradores, etc.) Este carácter particular de los programas de ordenador ha generado que se recoja su protección bajo el derecho de autor, aunque de una manera sui generis lo que se refleja en la existencia de presunciones de titularidad, cesión de derechos, contenidos de licencia, originalidad,y ha marcado la tendencia para que mayor cantidad de personas puedan tener acceso a bienes a través del denominado software libre. El problema del uso indebido de programas de ordenador configura delito a nivel penal como constituye también una infracción en la vía administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles por daños y perjuicios que correspondan. Así, es posible que el uso no autorizado de programas de ordenador y los signos que los identifican puedan generar diversos procedimientos administrativos sancionadores que no se pueden acumular en uno solo dadas las competencias de las comisiones y direcciones del INDECOPI. Sin embargo, surge un problema en la legitimidad para obrar dado que se necesita acreditar la titularidad de un derecho de autor sobre un programa de ordenador o un derecho de propiedad industrial relacionado a signos que distinguen programas de ordenador o productos o servicios relacionados. Ello puede ser limitado dado que el uso no autorizado de programas de ordenador puede afectar a personas que no son titulares, pudiendo generarse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno dado que no se obtiene la licencia respectiva y sin embargo se explotan bienes intelectuales de terceros pudiendo generar beneficios económicos indebidos, distorsiones en el mercado no deseadas, ventajas competitivas injustificadas y daños concurrenciales alejados de los deseados y perseguidos en relación a la buena fe comercial. La pregunta que nos formulamos entonces es si el programa de ordenador –softwareadquirido de manera ilícita puede configurar un acto de competencia desleal. De ser así, cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal, qué supuesto de competencia desleal configuraría y qué tipo de concurso de infracciones ocurren a nivel administrativo. Para desarrollar y dar respuestas a estas inquietudes, comenzaremos por desarrollar el esquema legal en torno a la protección diferenciada y particular (sui generis) de los programas de ordenador bajo el derecho de autor, haciendo mención a los derechos de propiedad industrial que podrían estar relacionados, luego abordaremos el esquema legal de tipo penal civil y administrativo de protección de derechos en torno a los programas de ordenador que justifican la legitimación activa restringida al titular de derechos. Finalmente enfocaremos la aplicación de la normativa de competencia desleal para estos casos como una rama que tiene una relación de complementariedad con los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que permita corregir este defecto en la normativa en cuanto a la legitimidad para obrar limitada exclusivamente a los titulares de derechos y que permita proteger el proceso competitivo y sus efectos en el mercado nacional e internacional. Si bien a nivel de jurisprudencia, legislación y doctrina existe literatura respecto a software y las consecuencias legales de su uso indebido bajo el derecho de autor, salvo el caso norteamericano existe muy poca referencia sobre las consecuencias de dicho uso indebido en el marco del Derecho de la Competencia Desleal, por lo que consideramos que este trabajo puede ser útil para abrir un nuevo debate que pueda repercutir en un mensaje más claro a todos los agentes del mercado acerca de la importancia de contar con las respectivas licencias de uso de dichos programas, no solamente para proteger el interés de un titular, sino para proteger la transparencia del proceso competitivo. / Tesis

Alonso Vascones Sanchez-Leon; Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.___ Jessica Medina; Abogada, experta en temas de precios de transferencia. ___ Juan Carlos Vidal; Socio de KPMG. ___ Alexander Vicente Calle; Socio fundador en Market Value Consulting

El presente trabajo de investigación persigue la finalidad de proponer los aspectos principales cubiertos por un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. El estudio de los aspectos principales implica una revisión detallada de bibliografía especializada del ámbito jurídico, así como del campo académico de la gestión de negocios y de la ética empresarial. Así, primero se realiza una evaluación de los estándares internacionales para el marco general de los programas de cumplimiento. La guía ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento, así como las publicaciones de la Society of Corporate Compliance and Ethics y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos brindan un marco de referencia para entender qué es un programa de cumplimiento y cómo debe gestionarse. Asimismo, se hace una comparación de las propuestas chilena, brasilera y peruana de los aspectos principales de un programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia. Los aspectos clave para la implementación de un robusto programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia son bastante similares para las autoridades de Chile y Brasil. En Perú, las resoluciones 078- 2016/CLC-INDECOPI y 01 0-2017/CLC-INDECOPI nos dan un alcance de las expectativas de la autoridad peruana respecto a los programas de cumplimiento. Finalmente, se realiza un análisis de los alcances y limitaciones de un programa de cumplimiento de la regulación peruana de libre competencia. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El declive actual que vive la industria de la exploración minera en Chile amenaza con coartar en el largo plazo el liderazgo histórico que ha mantenido el país como productor de minerales. La menor exploración es consecuencia, entre otros, de tres factores: de que no existe terreno disponible para que potenciales entrantes al mercado de la exploración puedan constituir propiedad minera, de que la propiedad minera ya constituida se encuentra excesivamente concentrada en pocas grandes empresas, y, por último, de que gran parte de ella se encuentre acaparada, esto es, se encuentra sin que sus concesionarios realicen efectivamente labores mineras en ellas. Hasta el momento, la discusión jurídica al respecto en Chile ha tratado la concentración de la propiedad minera, la falta de terrenos disponibles y el acaparamiento de concesiones como problemas exclusivamente propios del Derecho Minero. Serían –en este sentido– consecuencias de determinadas disposiciones del marco regulatorio minero, y como tales, las soluciones que se planteen a ellos sólo podrían venir dadas desde esta misma sede. La originalidad de esta memoria reside en que va más allá de esta discusión, al aventurarse a analizar si, además de constituir un problema propio del Derecho Minero, las conductas antes descritas pueden ser consideradas como problemáticas desde la perspectiva del Derecho de la Libre Competencia

El papel que las aerolíneas juegan en nuestro mundo moderno, a través del servicio de transporte aéreo civil de personas y bienes, es sumamente relevante: han auxiliado a reducir los tiempos y las distancias, de modo que los seres humanos prácticamente ya no concebimos medios más lentos e ineficientes como alternativas de viaje. Su presencia resulta, a la vez, muy extendida: casi todos los países del mundo tienen este servicio, de una u otra manera, de modo que desde hace muchos años ya no se le considera un tipo de transporte esencialmente exclusivo. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de estudio de esta tesis son los Acuerdos de Exclusividad —aquellos a través de los cuales se prohíbe a un comprador adquirir bienes o servicios de los competidores del vendedor exclusivo—; fenómeno común pero poco estudiado que se observa principalmente en la cadena de distribución de bienes y, en menor medida, de servicios. Normalmente, la preocupación del Derecho de la Competencia respecto a este comportamiento es que las empresas dominantes pueden emplearlos para excluir anticompetitivamente a sus rivales. Además, se plantea que cuando los Acuerdos de Exclusividad son usados por todos o la mayoría de los agentes económicos de un mercado, éstos también pueden relajar la competencia y propiciar una colusión en el mercado afectado, y, en caso de que los Acuerdos de Exclusividad sean pactados con distribuidores, perjudicar o dificultar las elecciones de los consumidores. A pesar de lo anterior, esta práctica puede ser utilizada con propósitos procompetitivos, pues es comúnmente aceptado que los Acuerdos de Exclusividad permiten disminuir los costos de transacción de las partes involucradas o solucionar un eventual problema de cautividad y, si son parte de un contrato de distribución, eliminar un posible problema de parasitismo o fomentar la competencia por la distribución. Debido a que los Acuerdos de Exclusividad tienen el potencial para ocasionar efectos anticompetitivos y procompetitivos, se propone —en línea con parte de la jurisprudencia y doctrina comparada, y con los fallos del TDLC en casos de abuso de posición dominante— que éstos se analicen conforme a la regla de la razón, test que correspondería aplicar sin importar el poder de mercado que detente el vendedor.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Magíster en Derecho, con mención en derecho económico

El sostenido crecimiento de la economía peruana ha generado una serie de situaciones novedosas en el ámbito empresarial.Los grandes inversionistas extranjeros han optado por la adquisición de empresas nacionales consolidadas. Las empresas nacionales, por su lado han encontrado en la fusión un mecanismo para acelerar su desarrollo.Ante esto, surge la interrogante sobre el rol del Estado frente a estas situaciones. ¿Es necesario implementar un control de concentraciones para la correcta tutela del Derecho de la Competencia o acaso dicho control previo es un mecanismo ineficiente que solo ahuyentará inversiones? El presente debate intentará buscar propuestas y soluciones a dicha controversia. Tres especialistas en el tema evaluarán la pertinencia o no de ciertas medidas en nuestra coyuntura nacional.