Magíster en derecho con mención en derecho penal / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Según las diversas opiniones surgidas a partir de la dictación de la Ley N° 19.911, se ha afirmado categóricamente la imposibilidad de aplicar sanciones penales a los atentados contra la libre competencia en nuestro país, en particular, a la alteración concertada de precios. A nuestro juicio, tal afirmación es incorrecta, ya que para la defensa de la libre competencia aún subsiste en Chile un modelo de protección conjunta entre normas que establecen sanciones de carácter administrativo con normas que contienen sanciones de carácter penal y que no han sido derogadas. El presente trabajo pretende demostrar nuestra posición, mediante el análisis histórico, sistemático y del derecho comparado referente a la colusión para alterar los precios. PALABRAS CLAVE: libre competencia, prácticas colusorias, alteración concertada de precios, modelo de protección a la libre competencia, legislación de defensa de la libre competencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el último tiempo, la opinión pública ha sido testigo de situaciones fraguadas y constituidas por agentes económicos productores y comercializadores de bienes y servicios de primera necesidad, y que afectan diaria y comúnmente a las personas en su vida cotidiana. Frente a estas situaciones, la sociedad civil ha manifestado una continua insatisfacción sobre las sanciones que son aplicables a las empresas y ejecutivos que tomaron parte en estos hechos ilícitos. Fundamentalmente, se aprecia que estas infracciones afectan a los consumidores en su totalidad, y más aún, que se trata de estrategias comerciales desarrolladas por empresas con estructuras y regulaciones claras, pero que sin embargo, se ven envueltas en situaciones de suyo ilícitas, con reconocimiento expreso y público de responsabilidad de por medio. Frente a estos ilícitos el ordenamiento jurídico parece no tener las suficientes herramientas de persecución y reproche.

This paper tries to explain how the regulation of the telecommunications’ activity abandoned the traditional system of State’s public service and evolved to the establishment of a new legal framework that encourages competition among all the economic agents operating in the sector, who must provide all telecommunications services, and, in case that delivery of basic services to all users cannot be done within the framework of the competition, then exceptionally the State as guarantor must impose obligations to ensure the user’s satisfaction in their communication needs. / El presente trabajo trata de explicar cómo la regulación de la actividad de las telecomunicaciones abandonó el tradicional régimen de servicio público de titularidad estatal, dando paso al establecimiento del nuevo marco jurídico que fomenta la libre competencia entre los agentes económicos que operan en el sector. Dichos agentes deben prestar todos los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, en caso de que la prestación de los servicios básicos a todos los usuarios no pueda realizarse en el marco de la concurrencia, entonces, excepcionalmente, el Estado, como garante, deberá acudir a la técnica de la imposición de obligaciones de servicio universal, para asegurar la satisfacción de los usuarios en sus necesidades comunicacionales.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO / En los últimos quince años, tanto las autoridades de libre competencia como la literatura han entregado una mayor importancia a la incorporación del pass-through en los casos de colusión. En la estimación de pass-through, varios artículos han expuesto diferentes sesgos a los que se incurre si ésta se estima de forma reducida (estimación más común en la literatura para el pass-through). Esta tesis busca reafirmar la importancia de incluir las estimaciones de pass-through con motivo de estimar los perjuicios en colusión e inspeccionar parte de los sesgos que ocasiona la estimación en forma reducida. En específico, se revisa estos sesgos en un caso aplicado en Chile, investigando en profundidad asimetrías en la estimación de pass-through. Las contribuciones de la investigación se basan en primer lugar, en aportar a la discusión del país sobre un tema que no es analizado localmente. El segundo aporte se basa en observar asimetrías de pass-through en las respuestas de los competidores gracias a un shock heterogéneo en los costos marginales. Para evaluar lo anterior, se utilizan técnicas comúnmente utilizadas en la organización industrial empírica, esto es: estimar la demanda en el mercado final, recuperar los costos marginales y, realizar diferentes contrafactuales suponiendo variados shocks. Los resultados permiten identificar que el efecto pass-through es relevante para evaluar los perjuicios en colusión y, que existe gran heterogeneidad en las respuestas que causa un shock en los costos. El resultado más importante muestra que si hay un shock en costos específico para una marca, solamente los productos con mayor sustitución cambian sus precios finales en la misma dirección que lo realiza la marca afectada, mientras que los productos que no son sustitutos cercanos mantienen sus precios. La heterogeneidad de los shocks y de las respuestas no puede capturarse con estimaciones de forma reducida, esto provoca que los perjuicios estimados, en la mayoría de los casos, se alejen de los reales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las patentes de invención son un instrumento necesario en la sociedad del conocimiento. A través de ellas se incentiva a la innovación tecnológica para el desarrollo de soluciones más prácticas y sustentables en el tiempo. En este sentido, se ha planteado la “teoría de la recompensa”, amparándose en que “la creación o la producción de información es un beneficio social, constituyendo el otorgamiento de derechos y privilegios una recompensa y reconocimiento al creador”1. Sin embargo, cuando el derecho de propiedad que tiene el titular de la patente sobre la misma, tiene el potencial de restringir el derecho al acceso a la salud de los individuos que precisan de los conocimientos técnicos amparados por ésta -como en aquellos casos en que el objeto de la patente se vincula a un producto farmacéutico-, surge un problema de difícil solución. La presente investigación busca poner de manifiesto las diversas vías que provee nuestra legislación vigente y que facilitan de cierto modo el acceso de los consumidores a medicinas esenciales amparadas por patentes de invención que se encuentran aún vigentes. Asimismo, se aborda desde una aproximación teórica la potencial interferencia que el abuso de estas protecciones podría producir en sede de la libre competencia. Igualmente, se plantea la factibilidad de la colaboración internacional para favorecer el acceso a medicamentos esenciales, a través de organismos no gubernamentales, de tal modo de proveer formas más expeditas y claras de acceso.

Tesis (Magister en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa) / Actividad Formativa Equivalente (AFET) / La presente investigación tiene como formato la de una actividad formativa equivalente a tesis y su finalidad es referirse a los efectos penales del programa de delación compensada en relación al delito de acuerdos colusorios tipificado en el artículo 62 del DL 211. Para estos efectos se analiza el origen de la definición de cártel, como marco fáctico en el que se implementa un modelo de delación compensado en Chile, determinado su definición en derecho comparado y en nuestro país. A continuación, se explora los programas de clemencia propiamente tales, definiendo alguna de sus características, origen, e importancia para la lucha contra los cárteles. Posteriormente, se profundiza en el programa de clemencia en materia de libre competencia, y alguna de las manifestaciones de la delación compensada ya existentes en el ordenamiento jurídico penal nacional, como lo es en la ley 18.314 y la ley 20.000. Finalmente, luego de referirnos brevemente a algunos aspectos relevantes del delito de acuerdos colusorios, nos adentramos concretamente en el programa de delación compensada respecto a ese delito, determinado su naturaleza jurídica, requisitos, efectos y la proposición y resolución de algunos problemas que podrían originarse en la aplicación del mismo.

En el contexto de una concertación de precios, la prueba indiciaria es determinante en la configuración de las conductas anticompetitivas bajo la conglomeración de indicios acreditados unidos a un razonamiento lógico que aseguren la hipótesis planteada. Ello considerando de manera integral los medios probatorios disponibles, construidos de manera conexa entre sí. Las comunicaciones y la evidencia económica fueron vitales para confirmar la imputación de concertación de precios del caso concreto. Al otorgarle mayor rentabilidad a los agentes económicos que ejecutaron los precios colusorios, se afectó el bienestar del consumidor, causando además menor eficiencia social en el mercado, privando a los consumidores de una diversidad de opciones con calidades y precios distintos. Las medidas correctivas contienen como idea nuclear la reposición de los efectos causados por el actuar ilícito, lo cual se cumple en el caso concreto mediante la implementación del programa de cumplimiento, sin olvidar la flexibilidad de su aplicación. Se recalca la consideración del beneficio extraordinario y la gravedad de la sanción con respecto de la concertación de precios imputada. / Considering the spectrum of price fixing, circumstantial evidence is crucial in the construction of anticompetitive behavior, underneath the conglomeration of reliable indications that are united to a logical reasoning that confirms the proposed hypothesis. The previous idea is heavily connected to a consolidated examination of the available evidence. The economic evidence and the accessible emails were vital to confirm the price fixing of this case. In the moment the companies involved in the case executed the collusive and coordinated price, the well-being of the consumer was affected, and also the social efficiency of the market, depriving consumers of the liberty of a wide range of options related to quality and different prices. The corrective measures contain as a fundamental idea the reinstatement of the effects caused by the illicit behaviour, which occurs in the current case when the compliance programme is implemented, with a quota of flexibility. The extraordinary benefit and the seriousness of the fine are both emphasized regarding the price fixing analize in this document.

El primer caso a estudiar será el de la sujeción de los sujetos públicos (Estado) a las normas de libre competencia; es decir, analizaremos si el Estado, en alguna de sus manifestaciones, puede ser considerado como un infractor a las normas de libre competencia. Para ello, pondremos énfasis en el estudio de las empresas estatales y el de los organismos o cuerpos de autorregulación, que presentan una dicotomía público-privado, que resulta importante para la delimitación del ámbito de aplicación de las normas de libre competencia, y relevante para efectos de nuestra investigación. En segundo lugar, pasaremos a analizar los casos en los que el Estado afecta la eficacia de la norma de competencia no como sujeto activo, sino como un medio. Nos referimos a supuestos en los que las conductas anticompetitivas serán realizadas siempre por agentes económicos privados, pero utilizando al Estado como un mecanismo para lograrlo, sin temor a la intervención de la autoridad de competencia. Ello se manifestará normalmente a través de las potestades normativas-regulatorias del Estado, que permitirán a los operadores privados eximirse del control de las normas de libre competencia y de la supervisión de la agencia de competencia, a través de lo que se conocen como exenciones normativas. A partir de la revisión de la experiencia comparada y la experiencia nacional, podremos apreciar dos grandes sub-divisiones o expresiones de la intervención estatal “normativa” que tienden a limitar o eliminar la aplicación de la norma de libre competencia.

La Ley 31112, Ley sobre el control previo de las operaciones de concentración, entró en vigencia el 14 de junio del 2021. Habiendo pasado aproximadamente un año de ello, a través de este artículo se busca advertir que problemas se han hecho notorios luego de la entrada en vigencia de la norma. Así se han identificado dos en particular: falta de especificación y procedimiento en la consulta previa, cuestionamientos sobre si el control previo es correcto o no. Ante dicha situación se arriba a que, el procedimiento de consulta previa puede ser más detallado en base a como ha venido trabajando la Secretaría de la Técnica, en los aspectos de cómo se debe presentar la consulta, el plazo y la confidencialidad. Por otro lado, sobre la discusión del control previo, se concluye que este si es necesario dentro de nuestra legislación a partir de adoptar las recomendaciones establecidas tanto por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la INC, International Competition Network. / Law 31112, Law on Prior Control of Concentration Operations, entered into force on June 14, 2021. Approximately one year after its entry into force, this article seeks to point out what problems have become evident after the entry into force of the law. Two in particular have been identified: lack of specification and procedure in the prior consultation, questioning whether the prior control is correct or not. In view of this situation, the prior consultation procedure could be more detailed based on how the Technical Secretariat has been working on the aspects of how the consultation should be presented, the timeframe and confidentiality. On the other hand, regarding the discussion of prior control, it is concluded that it is necessary within our legislation, based on the adoption of the recommendations established by the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, and the INC, International Competition Network. / Trabajo académico