Esta investigación estudia el efecto que tiene la ley N° 30425, que permite el retiro de hasta el 95.5% de los fondos de los afiliados de las AFP, en la probabilidad de decisión de afiliación a un sistema de pensiones. Con ello, se trata de evaluar el efecto en la cobertura del sistema de pensiones peruano. Es decir, evaluar cómo ha sido el efecto, y si este ha sido positivo para la cobertura. Para ello, se describen teorías pertinentes como la teoría del ciclo de vida, incertidumbre, y anualidades; así como los efectos de los costos y beneficios de los sistemas de pensiones en el bienestar de las personas. También se presentan diversos estudios empíricos sobre la probabilidad de afiliación a un sistema de pensiones tanto en Perú como en otros países. Se concluye que se esperaría que la posibilidad de retirar o no la riqueza pensionaria (CIC) sí afecte positivamente la probabilidad de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. Ello, a su vez, afectaría positivamente la cobertura del sistema de pensiones. / This research studies the effect of Law N° 30425, which allows the withdrawal of up to 95.5% of the funds of AFP affiliates, on the probability of deciding to join a pension system. With this, the aim is to evaluate the effect on coverage of the Peruvian pension system. For this, pertinent theories are described such as the theory of life cycle, uncertainty, and annuities; as well as the effects of the costs and benefits of pension systems on people's well-being. Various empirical studies are also presented for the probability of affiliation to a pension system in Peru and in other countries. It is concluded that the possibility of withdrawing or not pension wealth (CIC) would be expected to positively affect the probability of affiliation to the Private Pension System. This, in turn, would positively affect the coverage of the pension system.

Por la presente, se realizó el análisis de la brecha de género en el ámbito laboral y la repercusión de este en la seguridad social. Planteando un esquema historico, cultural y social del desarrollo de las mujeres en el mercado de trabajo y como eso ha repercutido en su acceso a une pensión de jubilación. Asimismo, detallar para un enfoque completo, la implicancia del principio de igualdad y de oportunidades en lo laboral y previsional y la importancia de la implementación de la dimensión de género, como eje, para erradicar dichas disparidades existentes en el Perú, tal como se puede observar en las leyes nacionales, en las convenciones y políticas. / The gender gap in the labor market and its repercussions on social security were analyzed. It presents a historical, cultural and social outline of the development of women in the labor market and how this has affected their access to a retirement pension. Also, to detail for a complete approach, the implication of the principle of equality and opportunities in labor and social security and the importance of the implementation of the gender dimension, as an axis, to eradicate these existing disparities in Peru, as can be seen in national laws, conventions, and policies.

El mecanismo de licitación para los nuevos afiliados que se incorporen al Sistema Privado de Pensiones, implementado bajo la Ley N° 29903, tuvo como objetivo generar una mayor competencia de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el cobro de una menor comisión (precio) a los afiliados, y de esta manera romper la rigidez de precios que fue característica de este mercado. Bajo dicho contexto, la referida Ley introdujo el cobro de una comisión mixta, que es una transición de la comisión por remuneración hacia el cobro de una comisión por saldo administrado, cuyo proceso duraría por diez años según la normativa. Considerando tal escenario, la presente investigación desarrolla una evaluación del desempeño de las licitaciones en el sistema, lo que ha permitido afirmar que existe una mayor sensibilidad al precio en el caso de una comisión por remuneración. En adición, se ha hallado que el comportamiento de los traspasos de la comisión mixta se basa fundamentalmente en la variable precio. Asimismo, en cuanto al efecto de las licitaciones, además de la tendencia a una menor comisión mixta, también se destaca que una variable influyente ha sido la calidad de cartera de los afiliados (afiliados con relativamente mayor nivel de fondo).

El presente informe jurídico es respecto a la sistematización normativa en el país, enfocado en cómo el Derecho Administrativo aborda un problema en la Seguridad Social, específicamente relacionado con el derecho a la pensión de jubilación generada de un procedimiento de Libre Desafiliación Informada (en adelante “LDI”). Este problema se genera, debido a la falta de uniformidad y normativa, respecto al criterio para establecer la fecha de inicio de pensión y fecha de pago de pensión por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo cual perjudicaba a los asegurados debido a la falta de normas claras sobre los requisitos para obtener las prestaciones en las fechas estimadas. Como consecuencia de diferentes solicitudes de LDI, se establece un recurso de apelación contra la resolución de primera instancia. Es así que a partir a partir del caso recaído en el Expediente N° 12300282017, con fecha 13 de diciembre del 2018, el TAP aprueba un precedente de observancia obligatoria, en el cual establece dos reglas, como primera regla, el inicio de la pensión ocurre cuando se presenta la contingencia, es decir, cuando el asegurado cumple con lo requerido legalmente para ser elegible para una pensión. Respecto al momento en que se realiza el pago de la pensión, se ha establecido como regla secundaria que este se efectuará al momento de solicitar la LDI, siempre y cuando el asegurado cumpla con los requisitos legales para recibir la pensión. De esta manera, las reglas antes mencionadas, posteriormente, fueron incluidas en el numeral 11) del artículo 10° del Reglamento Unificado de las normas legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones1. / The present legal report concerns the regulatory systematization in the country, focusing on how Administrative Law addresses an issue in Social Security, specifically related to the right to a retirement pension generated from a Free Informed Disaffiliation (hereinafter "LDI") procedure. This issue arises due to the lack of uniformity and regulations regarding the criteria for establishing the pension start date and pension payment date by the Office of Pension Standardization (ONP), which adversely affected the insured due to the absence of clear rules on the requirements to obtain benefits on the estimated dates. As a consequence of various LDI requests, an-appeal was filed against the first-instance resolution No. 17854-2018-ONP/DPR.GD/DL19990 dated April 23, 2018. Thus, based on the case in File No. 12300282017, dated December 13, 2018, the Administrative Tribunal of Pensions (TAP) approved a mandatory precedent, establishing two rules: as the first rule, the pension begins when the contingency occurs, that is, at the moment the claimant meets the legal requirements to access a pension; and regarding the pension payment date, the second rule states that it is established at the moment of requesting the LDI, provided that the claimant meets the legal requirements to access the pension. These aforementioned rules were subsequently included in paragraph 11 of Article 10 of the Unified Regulation of the legal norms governing the National Pension System.

Pensión 65 es un programa social que busca asegurar el bienestar de adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema a través de una pensión no contributiva y diversas intervenciones. Esta investigación estudia la implementación de este programa en el distrito de Callería, Ucayali en el contexto de la pandemia del Covid-19. Así, la pregunta planteada es, ¿de qué manera la implementación de Pensión 65 ha sido afectada durante la pandemia del Covid-19 en el distrito de Callería, Ucayali? Para ello, se aplicó un diseño observacional de tipo cualitativo con herramientas de recojo de información que priorizaron el trabajo de campo. Así, se realizaron entrevistas semi estructuradas y a profundidad, observaciones no participantes y participantes junto con los burócratas de la calle. Desde un enfoque retrospectivo sobre la implementación de políticas públicas y utilizando la teoría sobre los burócratas de la calle, se sostiene que estos funcionarios utilizan su discrecionalidad en un contexto con dificultades y retos que aumentaron en el marco de la pandemia. De esta manera, su trabajo está marcado por la precariedad y por un Estado que los pone en condiciones limitantes. Frente a ello, usan diversas estrategias discrecionales para lidiar con sus labores, muchas veces, a costa de su propio bienestar ya que existe una carga emocional y normativa a partir de sus interacciones con la ciudadanía. Finalmente, la discrecionalidad y las acciones de los burócratas de la calle es lo que permite que el programa se implemente durante la emergencia sanitaria. / Pension 65 is a social program that aims to ensure the well-being of older adults in highly impoverished conditions through a non-contributory pension and various interventions. This research focuses on the implementation of this program in the Callería district, Ucayali, during the Covid-19 pandemic. Thus, the question that guides the study is how the implementation of the Pension 65 National Solidarity Assistance Program has been affected during the Covid-19 pandemic in the Callería district, Ucayali? The research applied a qualitative observational design with information collection tools that prioritized fieldwork and conducted semi-structured in-depth interviews. Additionally, non-participant and participant observations were made together with street level bureaucrats, those in charge of implementing the program directly with citizens and representing the State. From a retrospective approach to implementing public policies and using the street level bureaucrat theory, the thesis emphasizes that street bureaucrats use their discretion in a context of many difficulties and challenges that increased during the pandemic. Furthermore, the work by these officials is precarious and governed by a State that puts them in conditions with many limitations. Faced with this, officials use various discretionary strategies to deal with their work, often at the cost of their well-being because there is an emotional and normative aspect to their interactions with citizens. In conclusion, it is argued that the street level bureaucrats’ discretionary actions allow a smoother implementation of the program during a public health crisis.