Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia procesal penal, el silencio ha sido objeto de un interesante desarrollo tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. A grandes rasgos podemos señalar que el silencio constituye un medio de defensa del imputado, a través del cual se protege y a la vez se plasma el principio de prohibición de Nemo Tenetur o prohibición de autoincriminación. Es por ello que en primer lugar, deberemos atender a la función que cumple la rebeldía. Es decir, se habrá de identificar la finalidad que cumple, lo cual evidentemente implica que se deba identificar la función asignada a la institución más general a la cual pertenece la rebeldía, y eso supone, a su vez, identificar un principio de justicia política que justifique la existencia de esa institución más general. En nuestro caso, la institución más general es el proceso, mientras que el principio de justicia política habremos de identificarlo más adelante. La pregunta ‘¿para qué existe el proceso?’, es decir, cuál es su fundamento, puede responderse desde distintas concepciones de justicia política, pero no nos haremos cargo en el presente trabajo de este problema más general. Por lo que si habremos de optar es por una tesis en relación a cuál es la función del proceso, y más precisamente, del proceso civil. La opción que tomemos nos permitirá llegar a uno u otro principio de justicia política que permita justificar la institución de la rebeldía y a su vez, analizar, a la luz de dicho fundamento, si las regulaciones que actualmente se dan a ella, ya en nuestro derecho nacional, ya en derecho comparado, se corresponden con este principio de justicia, si son acorde con él, y si, en definitiva, nosotros queremos extraer formas o modelos de estos otros sistemas o si es de nuestra preferencia proponer algo diferente. Así, y sólo a partir de la identificación del fundamento de la institución rebeldía nos encontraremos en condiciones de analizar, desde una perspectiva crítica, el tratamiento de la rebeldía en Chile, lo que significará desarrollar sus aspectos y elementos, primero a nivel de Código de Procedimiento Civil, y luego a nivel de Proyecto de Código Procesal Civil, el cual se encuentra en actual tramitación. Así, desde una perspectiva de dogmática procesal interdisciplinaria y de experiencia comparada, esperamos desarrollar de manera completa tan interesante institución, y proponer soluciones que puedan tener eco en la importante transición que actualmente está viviendo nuestros sistema de justicia civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva procesal el nuevo procedimiento laboral, mediante una explicación comparativa y sistemática del procedimiento ordinario establecido por la Reforma, reconociendo en ella los principios procesales que inspiran y los objetivos que se persiguen en las diferentes etapas del procedimiento laboral, y, en definitiva, analizar la efectividad de las reformas al procedimiento laboral en cuanto a la posibilidad efectiva de proteger los derechos de los trabajadores en cuanto a la posibilidad de obtención de una sentencia. Los resultados obtenidos, en resumen, incluyen a la reforma procesal laboral dentro de una serie de elementos normativos que han sido introducidos al sistema procesal chileno para modernizarlo y hacerlo más ágil, además de propender a un sistema en donde lo declarado en las sentencias tenga mayor posibilidad de ejecución

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria es una traducción directa al castellano del libro alemán “Die richterliche Aufklärung im Zivilprozeß” (“La aclaración judicial en el proceso civil”) del Profesor Rolf Stürner. En esta obra del Profesor Stürner se trata el problema de la actividad del juez en el marco del procedimiento civil (ordinario) alemán (contemplado en el Zivilprozeßordnung, el Código Procesal Civil alemán), centrándose en el análisis del rol de dirección que le corresponde. Como puede observarse, el libro pretende hacerse cargo de la tensión a la que se enfrenta el juez como consecuencia de los diversos roles que cumple: por una parte, un asesor de las partes, que debe ayudarlas a desempeñar de forma correcta su papel; por otra, el juzgador, llamado a resolver la controversia jurídica. El autor se centra principalmente en la regulación del procedimiento (ordinario) civil, sin perjuicio de referirse también al procedimiento ante los tribunales del trabajo y administrativo. A partir de esa base, el autor realiza un exhaustivo análisis de las reglas que gobiernan la actividad del juez. Para dichos efectos utiliza siempre como esquema de análisis los principios que inspiran la regulación procesal alemana, obteniéndose, de esa forma, una visión sistemática y coherente de la actividad del juez en ese proceso. Precisamente por la visión global que entrega, la rigurosidad del análisis y la revisión crítica de la práctica judicial, el libro representa un aporte para la discusión dogmática sobre la materia y nos brinda una perspectiva clarificadora para quienes se desempeñan como jueces. Finalmente, esta obra presenta para nosotros un apreciable interés, no sólo por el reconocido prestigio de su autor, sino que por desgracia son muy escazas las obras de la cultura germánica en materia procesal que durante estos últimos años han sido traducidas a nuestro idioma, no obstante su reconocido aporte científico, especialmente por el desarrollo eficiente de sus procesos orales civiles. Esperamos que con esta traducción podamos romper este ciclo de silencio en materia de traducciones de las obras procesales de la cultura jurídica germánica, atendido a que sin duda constituyen para nosotros un valioso aporte

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de esta memoria es, al menos, introducir a ciertos temas específicos que implica asumir una discusión tal. Ello tiene que hacerse, necesariamente, en dos niveles. El primer nivel implica reflexionar en torno a la utilidad del Procedimiento Abreviado para los órganos encargados de la persecución penal. Es decir el análisis aquí asume la racionalidad utilitarista del Estado y la explícita, de forma de aclarar la conveniencia de la institución. La introducción y mantención del plea bargaining siempre se ha justificado mayormente desde esa perspectiva. Pero no es indiscutible que una evaluación de la adecuación medio – fin, como herramienta fuerte de la política criminal moderna, resulte favorable al plea bargaining e instituciones afines. El segundo nivel implica hacer un análisis a partir de la legitimación de la potestad punitiva y de las restricciones consecuentes que resultan de los principios limitadores. Un análisis tal no presupone el que no existan, como podría eventualmente aparecer en el primer nivel, deficiencias instrumentales en una institución como el Procedimiento Abreviado. Pero en cualquier caso el segundo nivel de análisis se centra precisamente en las limitaciones que reconoce el ordenamiento jurídico a un derecho penal de pura conveniencia. Aquí no se asume sólo el nivel de la racionalidad de fines del Estado, sino que se confronta ésta con una comprensión de la corrección que requiere su acción. Por cierto no es evidente, tampoco, que las limitaciones al ius puniendi no tengan, a su vez, al menos parcialmente justificaciones de racionalidad de fines. Ello implica que los conflictos con los principios limitadores, que serán analizados en una segunda parte, también sean conflictivos desde el primer nivel de análisis. Todo esto será analizado en su momento Luego de esta reconstrucción, y a la luz de ésta, siguiendo los dos pasos necesarios para llevar un análisis como el que se pretende, se explicará el Procedimiento Abreviado como forma atenuada de plea bargaining y la utilidad que presenta para el Estado en la persecución penal. Finalmente se llevará a cabo un análisis limitado de la adecuación de este medio para coadyuvar al cumplimiento del fin que se pretende con la aplicación de la pena. En una tercera parte se analizarán los problemas de legitimidad que el Procedimiento Abreviado pueda tener en el derecho chileno, en particular en lo relativo al principio de culpabilidad procesal penal, a la prohibición de auto-incriminación como manifestación del principio del debido proceso, y a la comprensión que se tiene de la separación de funciones en la política criminal del Estado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La editio actionis extraprocesal, tiene la particularidad de encontrar su mayor desarrollo en el Derecho Romano Clásico. Sin embargo, como veremos su estudio no sería completo sin un análisis en las otras dos etapas. La importancia de este tema esta, como descubriremos, en que conjuga aspectos importantísimos del Derecho, tal como, el principio de economía procesal, el carácter informativo y específicamente en el edicto de argentariis rationibus edendis la trascendencia como medios de prueba en el proceso. Es así como esta institución mantiene plena vigencia en principios que hoy son recogidos ampliamente por nuestra legislación. Contrariamente a lo que se pueda pensar, el tratamiento en el estudio de esta institución es escaso y en otras ocasiones errado. Lo anterior, esto es, el escaso tratamiento dado por los estudiosos de este Derecho y la importancia que realmente tiene esta institución, nos llevó a fijar nuestro estudio en la editio actionis extraprocesal en el Derecho Romano Procesal. Visto así, nuestro trabajo pretende darle la trascendencia que se merece la institución, reconociendo el aporte tanto al Derecho Romano Procesal como al Derecho Actual. Comenzaremos analizando la editio actionis extraprocesal en el procedimiento de las acciones de ley. Luego abordaremos el tema desde el procedimiento formulario donde alcanzará su mayor trascendencia. Por último, veremos la editio actionis extraprocesal en el procedimiento extraordinario. A continuación daremos principio al estudio de la editio actionis extraprocesal, pero de manera introductoria, destacaremos algunos aspectos generales de lo que es el Proceso Civil Romano para poder establecer un marco jurídico que nos permita el fácil desarrollo de la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta Memoria analizaremos dogmáticamente las disposiciones normativas que regulan la responsabilidad subsidiaria en materia laboral, centrándonos fundamentalmente en los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo. La metodología utilizada consistió en seleccionar conceptos clásicos de derecho laboral, para construir con ellos nuevos conceptos, que permitan interpretar de manera coherente y sistemática las normas que regulan la responsabilidad subsidiaria laboral, como parte de una modalidad especial de trabajo, a saber el trabajo prestado en régimen de subcontratación. Esta interpretación teórica nos sirve para orientar la argumentación y el razonamiento dentro de un discurso práctico, que permita justificar posiciones frente a casos concretos. Para el efecto antes señalado, hemos dividido nuestro trabajo en Diez Capítulos, cada uno de los cuales se divide a su vez en secciones.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular, pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión que he querido poner de manifiesto. Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco de la reforma a la justicia chilena, han venido sucediéndose una serie de iniciativas que pretenden modernizar nuestro sistema de justicia, agilizando los procedimientos y en definitiva, procurando dar una mayor protección a los derechos de las personas, para adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales de justicia. Es con miras a esta finalidad, que en el año 2002 comenzó a implementarse la reforma al procedimiento penal. Este nuevo procedimiento era substancialmente distinto al anterior y sin precedentes en nuestro sistema de justicia. Ello, porque de un sistema fundamentalmente escrito, pasamos a un sistema en que el principal protagonista es la oralidad. De ahí en adelante, han venido sucediéndose diversas modificaciones al sistema procesal que tienen como común denominador la oralidad. Entre ellas encontramos la reforma al sistema de familia, al procedimiento laboral, al sistema criminal juvenil, y finalmente la reforma que se implementará en la justicia civil.