El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando como resultado que los elementos de convicción recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite. Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba, pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el mismo, deben pronunciarse por la absolución.

Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional efectiva y el de igualdad entre las partes. Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta, los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al modelo de proceso mencionado. Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes dentro del proceso.

He tenido la suerte de conocer el mundo del arbitraje desde mis inicios en la práctica del Derecho, desde mis segundas prácticas pre profesionales en 2008 empecé a trazar un camino constante en el conocimiento del derecho de arbitraje a través del cual he podido seguir de cerca un fenómeno que por ese entonces estaba en plena ebullición, este fenómeno era el referido al control constitucional de los laudos arbitrales a través del amparo constitucional. Y es que el auge arbitral que se ha desplegado en nuestra realidad jurídica y económica,particularmente al ser usado para la solución de controversias comerciales, desde 1996, año de entrada en vigencia de la Ley General de Arbitraje, hicieron que la parte que perdía el arbitraje en algunas situaciones intente revertir esta situación por todos los medios que el derecho le ofrecía, incluido el amparo constitucional. Lo interesante de este asunto es que, conforme se verá a lo largo de esta tesis, la posibilidad de aceptar el cuestionamiento de un laudo vía amparo variará radicalmente dependiendo de la teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje a la que nos acojamos, es decir dependiendo si somos partidarios de la teoría contractual o jurisdiccional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca investigar el medio de prueba “declaración de parte” y cuál debe ser su valor probatorio en los procedimientos laborales, particularmente cuando es rendido por trabajadores. Este es un medio de prueba escasamente tratado en la doctrina nacional, presumiblemente debido a que no se encuentra recogido en las normas procesales de nuestro país. Si bien las teorías que se estudiarán acerca de valoración de este medio probatorio pueden ser usadas a otros procesos en donde se utiliza la sana crítica, se decidió aplicarlo a los procedimientos laborales debido, entre otras razones, a las características especiales que presenta la declaración del trabajador, especialmente en lo referido a las emociones que probablemente sentirá al presentar su testimonio, de acuerdo a la teoría del “contrato psicológico”. Luego de estudiar dos de los principios base que rigen actualmente los procesos reformados, como son la sana crítica y la libertad de prueba, y un breve análisis de los trabajadores en Chile y como sus características especiales pueden influir en su relación, se examinan las dos principales teorías modernas de valoración de la prueba, de Jordi Nieva Fenoll y Jordi Ferrer Beltrán. Posteriormente estas teorías se aplican a dos casos laborales ocurridos en Chile, para ver cómo se desenvuelven en la práctica. Al constatar que estas teorías no responden una de las interrogantes que motivaron esta investigación, como es si la declaración de parte puede ser suficiente para probar un hecho si no existen otros medios de prueba que lo corroboren teniendo en consideración el interés de la parte en el resultado del juicio, se esbozará una teoría propia que responda a esta interrogante.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Garantía de Indemnidad tiene un reconocimiento tardío en la legislación laboral chilena. Su acogida formal en nuestro ordenamiento parte con la dictación de las leyes N°19.759 y N°20.087, dentro del proceso de reconocimiento y protección de derechos constitucionales dentro de la relación laboral. Este trabajo tiene por objetivo describir en qué grado se ha acogido en nuestra jurisprudencia la garantía de indemnidad y las características de este proceso. Primero, se avoca a la descripción de la garantía de indemnidad, sus características y alcances. En una segunda parte, mediante una investigación descriptiva, se revisa una serie de reclamos judiciales por violación de la indemnidad, mediante la elección de una muestra de causas para observar la forma en eran falladas o terminadas, tabular el resultado de esas causas y describir algunas correlaciones, como las diferencias que caracterizan las causas de indemnidad con un grupo de control, para finalizar analizando los fallos que resolvieron los reclamos que invocaban violación a la garantía de indemnidad. Se pudo concluir que la mayoría de los juicios por tutela esgrime gravísimas causales de vulneración, como amenazas al derecho a la vida o acoso laboral; terminan en acuerdo en su mayoría y, las pocas que llegan a fallo, son rechazadas en una alta vi proporción. Mejor suerte corren las causas por violación de la garantía de indemnidad: del total de la muestra estudiada, una de cada cuatro demandas invocó violación de la garantía de Indemnidad. Estas, en su mayoría eran falladas a favor del trabajador, pero con una observación, obtenían en las acciones subsidiarias por despido injustificado y marginalmente, por la acción de indemnidad. Finalmente, mediante un diseño exploratorio, se recopilaron 22 sentencias, de tribunales de toda la República, la mayoría ejecutoriadas, en un periodo de 7 años, que tutelaron efectivamente esta garantía. De ellas, se extraen caracteres y definiciones doctrinales de gran interés para el desarrollo de esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

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The reform of the labor process in Uruguay. The return to the autonomous labor processThe reform of the Uruguayan labor process and the return to an autonomous legal regime represent a radical and fundamental change in the national legislation. The simplicity of new procedural structures governed by principles and owns norms of labor discipline give the new regime a dogmatic autonomous space lost for many years. The procedural labor reform is built on the adjectival character of its nature prioritizing the substantive law and adjusting the procedural rule to its characteristics. The principles of Labor Law (substantive and procedural) are the foundation of the new regime / La reforma del proceso laboral uruguayo y la vuelta a un régimen jurídico autónomo constituye un cambio radical y fundamental en la legislación nacional. La sencillez de las nuevas estructuras procesales regidas por principios y normas propias de la disciplina laboral le dan al nuevo régimen un espacio de autonomía dogmática por muchos años perdido. El sistema laboral procesal se construye sobre el carácter adjetivo de su naturaleza priorizando el derecho sustantivo y ajustando la norma procesal a las características del mismo.Los principios del derecho del trabajo (sustantivos y procesales) son labase del nuevo régimen

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza, características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”. La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria. La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden constitucional. Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un “procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar. Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad, pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018

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