El presente informe jurídico tiene el objetivo de analizar la sentencia Nº 322-2023 en el expediente 03383-2021-PA/TC. El propósito de nuestro análisis se encuentra enfocado en las disposiciones que el Tribunal emitió referente a las responsabilidades y competencias de las entidades demandadas frente a la falta de una red de agua potable. El acceso al agua y la inexistencia de una red de alcantarillado en la región de Loreto y específicamente en los Asentamientos Humanos del distrito de Punchana, es un problema que la población viene sufriendo por más de 20 años. Tiempo en el cual las autoridades encargadas no actuaron de manera eficiente y oportuna para atender la demanda de la población. En ese sentido, debido a las graves afectaciones de derechos que se estaban incrementando, era imprescindible que el Tribunal identificara a las principales entidades encargadas de desarrollar e implementar estas políticas públicas. Entonces, para realizar este informe es necesario determinar en principio si la falta de acceso al agua y conexión de una red de alcantarillado en los Asentamientos Humanos demandantes vulnera alguno de sus derechos fundamentales. Asimismo, si la afectación a estos derechos son responsabilidad solo de las entidades estatales demandadas o sobre qué entidades se debió pronunciar el Tribunal en su fallo de Sentencia. / The purpose of this legal report is to analyse judgment 322-2023 in case 03383- 2021-PA/TC. The purpose of our analysis is focused on the provisions that the Court issued regarding the responsibilities and competencies of the respondent entities in the absence of a drinking water network. Access to water and the absence of a sewerage network in the Loreto region and specifically in the Human Settlements district of Punchana, is a problem that the population has been suffering for more than 20 years. Time when the authorities in charge did not act efficiently and in a timely manner to meet the demand of the population. In this sense, due to the serious violations of rights that were increasing, it was essential that the Court identify the main entities in charge of developing and implementing these public policies. Therefore, in order to make this report it is necessary to determine in principle whether the lack of access to water and connection of a sewerage network in the plaintiff Human Settlements violates any of their fundamental rights. Also, if the effect on these rights is the responsibility only of the respondent state entities or on which entities the Court should have ruled in its judgment.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 21.000, de 2017, vino a reemplazar a la antigua institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) creada por el DL 3.538, creando un nuevo órgano, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en adelante la Comisión. La ley 21.000 dota a la Comisión de la potestad de aplicar multas en interés fiscal a los directores y gerentes de sociedades anónimas sujetas a su fiscalización que incurren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que rijan las sociedades anónimas abiertas, ya sea por órdenes o instrucciones impartidas por la misma Comisión. Este poder sancionatorio de la Comisión está limitado por el principio de legalidad, el cual solo permite multar por las causales que la ley expresamente señale. Sin embargo, la Comisión se ha amparado en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, que consagra el deber de cuidado o diligencia de los directores, para estimar que las faltas a estos deberes deben ser sancionadas administrativamente por incurrir en una infracción a la Ley de Sociedades Anónimas. De modo que no se sanciona por la infracción a la ley, sino, por una infracción a un deber de cuidado, lo que es un terreno arbitrario y de dudosa legalidad. En el presente trabajo se revisará las bases regulatorias de los órganos fiscalizadores, los cambios al sistema y, finalmente, proponer algunas soluciones a las carencias del mismo.

Mediante el expediente materia de análisis se darán a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la denuncia iniciada por la Señora Manuela Iliria Fernández Rubio contra Viajes Falabella S.A.C. por presunta vulneración al deber de idoneidad e información establecidos en el artículo 1° literal b); 2° y 18° respectivamente, de la Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor, asimismo, se precisarán a detalle los actos procedimentales correspondientes a la vía administrativa en la cual se encuentra inmersa, y se darán a conocer las decisiones tomadas por las autoridades administrativas en primera y segunda instancia, y el sustento de las mismas. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de la doctrina avocada a la responsabilidad administrativa del proveedor y al deber de información previos y durante la contratación. / The factual and legal grounds of the complaint filed by Mrs. Manuela Iliria Fernández Rubio against Viajes Falabella S.A.C. for alleged violation of the duty of suitability and information established in article 1, literal b); 2 ° and 18 ° respectively, of Law No. 29571 Consumer Protection and Defense Code, likewise, the procedural acts corresponding to the administrative route in which it is immersed will be specified in detail, and the decisions taken will be made known by the administrative authorities in the first and second instance, and their support. Finally, the controversial matter will be extracted from the present file, which will be analyzed through the doctrine devoted to the administrative responsibility of the supplier and the duty of information prior to and during the contracting. / Trabajo de suficiencia profesional

A inicios del 2016 ocurrieron dos grandes derrames de petróleo en diferentes tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), en la Amazonía del Perú. El primer derrame se produjo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas, mientras que el segundo sucedió días después, en el distrito de Morona, provincia de Dátem de Marañón, región Loreto. Inmediatamente después de producidos los sucesos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA desplegó acciones de inspección y supervisión en las zonas de los derrames a fin de verificar sus causas e impactos ambientales. Posteriormente, OEFA emitió un par de resoluciones a través de las cuales se determinó la responsabilidad administrativa de la empresa PETROPERÚ S.A en la generación que los derrames producidos por la corrosión del Oleoducto, debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, incumpliendo con las obligaciones ambientales incluidas en su instrumento de gestión ambiental, PAMA y por no adoptar medidas adecuadas para el control y remediación de los derrames. Asimismo, OEFA acreditó la generación de daños reales y potenciales por la contaminación de los ríos, suelos, flora y fauna del ecosistema, así como daños a la salud de la población local indígena como consecuencia del consumo de agua y alimentos contaminados con petróleo. En síntesis, esta investigación evalúa las mencionadas resoluciones desarrollando los principales conceptos jurídicos relacionados a la responsabilidad ambiental en al marco de actividades económicas del subsector hidrocarburos y sobre los daños reales y potenciales al medio ambiente y salud humana generados por los derrames.

Mediante el presente trabajo se busca abordar la naturaleza de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria existente en el derecho administrativo, para analizar su aplicación en el derecho publicitario. Se ha podido advertir que esta eximente reviste cierta complejidad para su aplicación en esta subrama del derecho, siendo que en su mayoría ha sido denegada cuando fue solicitada en casos recientes, vistos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Es por ello que se busca analizar qué requisitos son exigidos y habría que ser cumplidos para su aplicación en el derecho publicitario, si ello es en efecto posible en la práctica y si tal tratamiento es adecuado. Ello, con la finalidad de brindar mayores luces a la autoridad como aplicadores del derecho, a los proveedores y a los consumidores, a efectos de conocer esta figura y poder analizar su posibilidad de empleo en estrategias legales. / This paper seeks to address the nature of the exemption from liability for voluntary amendment existing in administrative law, in order to analyze its application in advertising law. It has been noticed that this exemption has a certain complexity for its application in this subspecialty of the law, being that most of it has been denied when it was requested in recent cases, seen by the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property - INDECOPI. That is why we seek to analyze what requirements are demanded and would have to be fulfilled for its application in advertising law, if this is indeed possible to be apply in practice and if such treatment is adequate. The purpose of this is to provide more light to the authorities as law enforcers, suppliers and consumers, in order to know this figure and be able to analyze the possibility of using it in legal strategies.

In the first part of the article, a theoretical and doctrinal development of the concept of environmental impact and its positive and negative side is proposed. Further, a comparison and theoretical differentiation between the environmental impact and environmental pollution is developed.In the second part of the article, the theoretical concepts are reflected on a practical level, developing the implications of negative environmental impact before, during and after the implementation of productive activities. / En la primera parte del artículo se propone un desarrollo teórico – doctrinario del concepto de impacto ambiental y de su vertiente positiva y negativa. Asimismo, se desarrolla una comparación y diferenciación teórica del concepto impacto de ambiental negativo y de contaminación ambiental. En la segunda parte, se plasman los conceptos teóricos a nivel práctico, desarrollando así las implicancias de los impactos ambientales negativos antes,durante y después de la ejecución de actividades productivas.