El presente trabajo se enmarca en la revisión desde la perspectiva del Derecho Tributario y Derecho Constitucional, respecto del posible conflicto que pueda ocasionar la aplicación de la Cláusula anti-elusiva general (CAG) regulada en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario vigente en el procedimiento de fiscalización definitiva de SUNAT, con el principio de seguridad jurídica, que si bien no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución del año 1993, sí se realiza su desarrollo mediante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Para esto se revisa en el primer capítulo los motivos extrajurídicos del establecimiento de la norma en nuestro ordenamiento, se define históricamente la concepción de las figuras legales y la importancia del respeto de los principios del derecho en la dación de las leyes y regulación normativa complementaria. Para lograr este objetivo, a través de los siguientes capítulos del trabajo, y aplicando el enfoque metodológico de argumentación jurídica constitucional se observa la jurisprudencia constitucional peruana en la conceptualización de los diversos principios que deben enmarcarse en un correcto procedimiento de fiscalización, más aún cuando corresponda la aplicación de la CAG. Se compara en una investigación cualitativa la experiencia de aplicación de la CAG en el ordenamiento de derecho continental, tomando a España y Chile, como ejemplos del contexto de aplicación y reglamentos en diversos países cuya regulación se basa en el derecho del common law, dada su importancia en el tiempo, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Esto nos permite concluir que el aplicar correctamente la CAG no sólo se encuentra dentro del marco constitucional y de respeto de diversos principios constitucionales, sino que por sí misma, es una válida realización del principio de seguridad jurídica, dado que permite controlar que efectivamente la tributación se ejecute conforme a la correcta capacidad contributiva de los sujetos. De esta forma, se logrará el objetivo que es combatir las acciones y comportamientos elusivos perniciosos para el Estado social de derecho.

La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre aprobado por Ley Nº 27181 establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República. Asimismo, el artículo 5.2 de la acotada Ley estableció que “El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte”. En ese sentido, en virtud a de dicha normativa, es que el Estado garantiza las inversiones en transporte bajo la estabilidad de las reglas de juego; sin embargo, se admite una excepción a esta regla, salvo que las alteraciones o cambio normativo se encuentre debidamente justificado. Desde el año 1999 ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional desarrollo o efectuó un análisis de la ratio legis del artículo 5º de la Ley 27181. Fue recién en el año 2011 que el INDECOPI a través de la Comisión de Acceso al Mercado y su Tribunal se pronunciaron sobre los alcances de dicho artículo, donde también los órganos judiciales emitieron sentencias al respecto, trazándose una línea que todo cambio normativo tiene que estar debida y adecuadamente justificado, mediante informes o sustentos técnicos. Sin embargo, dicho criterio duro o se mantuvo hasta el año 2018 donde un nuevo colegiado del Tribunal de INDECOPI estableció un nuevo criterio, alegando que un cambio en las condiciones de transporte pueda solamente estar justificado no solo con sustento técnico, sino también con exposición de motivos, partes considerativas, estadísticas, entre otros documentos de carácter público. En ese sentido, vemos que se ha dado distintos sentidos al artículo 5° de la Ley 27181, generando una gran incertidumbre sobre las inversiones en el transporte terrestre, lo cual pretende ser dilucidado y porque no decirlo aclarado o dar luces si esta normativa y su nuevo criterio verdaderamente otorga estabilidad jurídica y se respeta el debido proceso.

El tema de la anotación preventiva del Certificado de Zonificación y Vías es de interés pues a través de dicha anotación preventiva se ha pretendido alegar seguridad jurídica en el llamado “derecho a edificar”, vía oponibilidad producto de la publicidad que brinda el Registro Público. A razón de determinar si es posible lograr la referida seguridad jurídica del “derecho a edificar” establecemos, en primer lugar, en qué consiste el mismo y los límites a los que se somete en cuanto a su ejercicio. En segundo lugar, abordamos la temática de qué es la zonificación y su relación con el bien común enunciado en la Constitución. Posteriormente, examinamos si el asiento de anotación preventiva es compatible, en cuanto a sus fines, con la naturaleza del Certificado de Zonificación y Vías. Finalmente, planteamos la relación entre la publicidad que brinda el Registro y el Certificado de Zonificación y Vías como parte del Urbanismo. Concluimos que no es posible alegar la referida seguridad jurídica, puesto que el Certificado de Zonificación y Vías tiene por naturaleza ser un compendio de normas en materia de zonificación y a propósito de su anotación preventiva no se debería pretender lograr una suerte de “estabilidad jurídica” en la facultad de edificar que solo se concretiza con la licencia de edificación como título habilitante.

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que a partir de la promulgación de la Ley N° 29364 mediante la cual se modifica el trámite de la calificación del recurso de casación, se ha postergado significativamente la ejecución de las sentencias o autos finales en los procesos civiles, litigios que por su naturaleza son conocidos en segunda instancia por las Salas Civiles de las Cortes Superiores de Justicia. En esta investigación se realizará un análisis sobre el recurso de casación, sus antecedentes históricos, su regulación actual en el Perú, así como un estudio comparado de las diferencias con el ordenamiento jurídico de España para plantear alternativas de solución que permitan facilitar el trámite del recurso de casación mediante la propuesta que sean las salas superiores quienes califiquen los requisitos de admisibilidad del recurso. Se plantea que la Corte Suprema conozca casos en los cuales se hayan calificado previamente requisitos de admisibilidad los cuales no revisten mayor complejidad y tenga la vocación de ser una corte vértice dispuesta a cumplir finalidades históricas como la unificación de la jurisprudencia y la debida aplicación normativa. Se advertirá cómo es que se viene pervirtiendo el uso de este recurso, así como el tiempo que toma la calificación de un recurso improcedente al momento de que la Corte Suprema lo evalúe. El recurso de casación ha perdido su carácter de extraordinario, debido a que en el día a día se viene interponiendo como si se tratara de una tercera instancia en la búsqueda de dilatar la ejecución de una sentencia o auto final, además se podrá verificar que la Ley N° 29364 permite que el recurso sea interpuesto en contra de resoluciones que no pueden ser impugnadas en esta vía, sin embargo, con la regulación actual, la Corte Suprema se encuentra obligada a conocer estos recursos a todas luces improcedentes, dilatando indebidamente la solución de un conflicto y, con ello, impidiendo la tutela de la seguridad jurídica y predictibilidad.

A través del presente trabajo académico nos hemos propuesto la labor de explicar y analizar la controversia jurídica respecto a la aplicación de normas de competencia administrativa y arbitrabilidad que surgió entre la anterior empresa concesionaria de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Azteca Comunicaciones Perú S.A.C, y diversas empresas de energía eléctrica, con especial énfasis en el análisis de los pronunciamientos de diversas instancias jurisdiccionales que a simple vista contienen decisiones abiertamente contradictorias y que a la fecha aún se encuentran en giro en el Poder Judicial. Con ello, también proponemos como objetivo de este trabajo plantear soluciones para coadyuvar a que el ordenamiento jurídico peruano expida decisiones administrativas y jurisdiccional que sean coherentes y unitarias, tutelando una adecuada seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones de los operadores jurídicos que afectan la esfera de los administrados y justiciables. Por un lado, se plantea la generalización de la idea consistente en que nuestro ordenamiento jurídico permite la aplicación de normas de orden público en el arbitraje, y, por otro, la flexibilización del precepto normativo contenido en el artículo 75.2. del TUO de la Ley N°27444, en aras de proteger intereses colectivos representados por la coherencia y seguridad jurídica. / Through this academic work we have proposed the task of explaining and analyzing the legal controversy regarding the application of administrative competition and arbitrability rules that arose between the former concessionaire company of the National Backbone Fiber Optic Network, Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., and various electric power companies, with special emphasis on the analysis of the pronouncements of various jurisdictional instances that at first sight contain openly contradictory decisions and that to date are still pending in the Judiciary. With this, we also propose as an objective of this work to propose solutions to help the Peruvian legal system to issue administrative and jurisdictional decisions that are coherent and unitary, protecting an adequate legal security and predictability in the decisions of the legal operators that affect the sphere of the administered and justiciable. On the one hand, the generalization of the idea that our legal system allows the application of public order rules in arbitration is proposed, and on the other hand, the flexibility of the normative precept contained in Article 75.2. of the TUO of Law No. 27444, in order to protect collective interests represented by the coherence and legal certainty. / Trabajo académico

La dogmática jurídica y la jurisprudencia peruana utilizan el siguiente concepto de atipicidad relativa “cuando la conducta no cumple con la hipótesis típica conlleva al archivo del caso”; sin embargo, esta figura jurídica no conlleva al archivo, sino busca que el hecho relevante sea subsumido en otro tipo penal. En base a ello se tiene la pregunta de investigación ¿qué función cumple la dogmática jurídica en las decisiones judiciales penales peruanas en el periodo 2013 – 2019? Asimismo, el objetivo general radica en evaluar esta función y los objetivos específicos versan sobre el análisis que cumple la función de control y la función técnica de la dogmática jurídica en esas decisiones judiciales. Se tiene como resultado que la función que cumple la dogmática jurídica no es coherente con su naturaleza, pues no cuenta con una posición sólida; asimismo, no cumple su función de control ni su función técnica, al no verificarse su compatibilidad lógica con otros enunciados dogmáticos y normas jurídicas. Del análisis realizado a las muestras sobre la interpretación y aplicación de la atipicidad relativa se tiene que en el 71.4% se concluyó con el archivo del proceso y en el 28.6% se dispuso la continuación del mismo, lo que evidencia la falta de seguridad jurídica y la contradicción en la predictibilidad de las decisiones judiciales. El presente trabajo da una posición jurídica distinta, pues la atipicidad relativa debe remitirse a otro tipo penal y solo cuando se encuentren ante una atipicidad absoluta esta generaría el archivo del proceso. / Legal dogmatics and Peruvian jurisprudence use the following concept of relative atypicality "when the conduct does not comply with the typical hypothesis, it leads to the filing of the case"; however, this legal figure does not lead to the file, but seeks that the relevant fact is subsumed in another criminal type Based on this, the research question is: what role does legal dogmatics play in Peruvian criminal judicial decisions in the period 2013 – 2019? Likewise, the general objective lies in evaluating this function and the specific objectives deal with the analysis that fulfills the control function and the technical function of legal dogmatics in these judicial decisions. The result is that the function fulfilled by legal dogmatics is not consistent with its nature, since it does not have a solid position; Likewise, it does not fulfill its control function or its technical function, since its logical compatibility with other dogmatic statements and legal norms has not been verified. From the analysis carried out on the samples on the interpretation and application of the relative atypicality, 71.4% concluded with the filing of the process and 28.6% ordered its continuation, which shows the lack of legal certainty and the contradiction in the predictability of judicial decisions. The present work gives a different legal position, since the relative atypicality must be referred to another criminal type and only when they are faced with an absolute atypicality this would generate the file of the process.

Nuestra Constitución Política consagra en su artículo 59 el rol económico del Estado, estableciendo como una de las funciones de promoción a cargo del Estado, el de promover a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Para tales efectos, el Estado ha implementado una serie de medidas con la finalidad de reforzar dicho rol, siendo una de las más recientes la aprobada a través del Decreto Legislativo N° 1409. La principal característica de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada creada mediante la referida norma, es que ésta se constituye a través de un documento privado generado electrónicamente mediante el uso del Sistema de Intermediación Digital de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, formalizándose a través de la firma digital de los accionistas fundadores. Por tanto, la sola exigencia de un documento privado con firma digital de los accionistas fundadores para la calificación e inscripción respectiva de la sociedad podría generar un conflicto normativo con el principio de seguridad jurídica, al prescindirse de la escritura pública y con ella la fe pública que otorgan los notarios respecto de la identidad de los intervinientes, de su capacidad y conocimiento, y con ello de la debida formación del acto constitutivo. Siendo ello así, el presente trabajo de investigación considera como hipótesis que a fin de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica y la promoción de la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas se requiere la implementación de una nueva modalidad de acto constitutivo de la sociedad por acciones cerrada simplificada con la utilización de medios tecnológicos y legales adecuados, razón por la cual a través del presente trabajo se evalúa la calidad regulatoria del Decreto Legislativo N° 1409 y su norma reglamentaria en cuanto al acto constitutivo, planteándose un modelo alternativo de constitución de sociedades por acciones cerrada simplificada.

El Sistema Nacional de Registros Públicos, creado mediante la Ley No. 26339, es un ente estatal cuyo objetivo principal consiste en mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país orientándose a la especialización, simplificación y modernización de la función, procedimientos y gestión de todos los registros que la integran, y que también se constituye como un registro jurídico de carácter público, el cual se presume, por mandato legal, conocido por todos generando efectos jurídicos hacia terceros. Como sabemos, uno de los principios rectores del Estado de Derecho es la seguridad jurídica, la cual no ha sido expresamente regulada en la Constitución Política del Perú; no obstante, ha sido tratado en múltiples ocasiones por el Tribunal Constitucional, refiriéndose al mismo como un principio que transita por todo el ordenamiento jurídico siendo su reconocimiento implícito en la Constitución. Siendo ello así, uno de los instrumentos generados por el Estado para dar mayor seguridad jurídica es el Sistema Registral, el cual se rige, entre otros principios registrales, por la publicidad registral, la legitimación y la fe pública. Estos son características fundamentales del sistema registral peruano, que orientan la aplicación de las normas y su aplicación y lo dotan de seguridad y de los efectos jurídicos que se irradian a todo tercero. Al respecto, los principios registrales se configuraron desde un inicio bajo la lógica y para ser aplicables al Registro de Propiedad Inmueble; sin embargo, han sido recogidos por el Reglamento de Registro de Sociedades (Resolución No. 200-2001-SUNARP/SN) y adaptados, de forma no tan pacífica, para ser aplicados al Registro de Personas Jurídicas. Ahora bien, como se indicó anteriormente, los efectos de los principios registrales también afectan a los terceros; por ejemplo, los efectos de la oponibilidad alcanzan a los mismos ya que se presume que toda persona tiene conocimiento de lo inscrito en Registros Públicos pudiendo verse afectados de manera positiva o negativa por dicha situación. En tal sentido, mediante el presente trabajo se busca revisar y analizar la figura del tercero registral societario al amparo de los principios de oponibilidad y fe pública registral, las normas que le serían aplicables y cuáles son las características y requisitos que deben cumplirse para que un tercero que se vincula con una sociedad debe tener para gozar de protección del ordenamiento jurídico, revisando también los defectos que presenta la figura en nuestro ordenamiento así como su utilidad.

La institución de la cosa juzgada desde sus estudios iniciales demuestra ser muy compleja y amplia, pasando por el análisis de grandes autores que dedicaron importantes aportes sobre ella hasta su aplicación en nuestro sistema peruano. El presente trabajo buscará demostrar, desde una mirada teórico-procesal, el estudio y el análisis de la cosa juzgada, y su aplicación en el sistema peruano. Asimismo, se cuestionará la característica de “inmutabilidad” de la cosa juzgada, mostrando diversos mecanismos procesales que demostrarían la posibilidad de revisar una resolución con autoridad de cosa juzgada en el proceso judicial. En relación a esto último, habiendo establecido los principales problemas conceptuales que trae dicha institución, analizaremos la necesidad de estudiar a la seguridad jurídica de una forma diferente a la tradicionalmente aplicada. Centraremos la atención en comprenderla desde un enfoque dinámico dentro del proceso y por lo tanto expuesto a cambios, que estarán sujetos a la realidad de nuestro sistema jurídico. Finalmente, a partir de la tesis del profesor Antonio do Passo Cabral, postularemos la importancia de dejar de lado la característica de “inmutabilidad” de la cosa juzgada y proponer un sistema de estabilidades presente en cada proceso, lo que nos llevará a una solución frente a los problemas conceptuales que atraviesa la institución de la cosa juzgada. / The institution of res judicata from his initial studies proves to be very complex and extensive, through the analysis of great authors who devoted important contributions to it to its application in our Peruvian system. This work will be sustained in demonstrating from a procedural view-the study and analysis of the res judicata, and its application in the Peruvian system. It also agrees with the "immutability" characteristic of this institution, denting various mechanisms that would set out the possibility of reviewing a resolution with res judicata authority in the judicial process. With regard to the latter, having established the main conceptual problems that come with that institution, we analyze the need to study legal certainty in a different way than traditionally applied. We will focus on understanding from a dynamic approach within the process and therefore exposed to changes, which are subject to the reality of our legal system. Finally, with the help of professor Antonio do Passo Cabral's thesis, the importance of setting aside the "immutability" characteristic of res judicata and proposing a system of stability present in each process is established, which produces a solution to the conceptual problems that go through the institution of res judicata.

Este informe tiene como finalidad analizar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 03525-2021-PA/TC, a través de la cual, declara improcedente la demanda de amparo de Maxco S.A. sobre el inconstitucional cobro de intereses moratorios por supuestamente existir una vía específica igualmente satisfactoria para la tutela de la pretensión del accionante; y a su vez, se establece un precedente vinculante. A tal efecto, evaluaremos las instituciones jurídicas de vía previa, vía específica, vía igualmente satisfactoria y precedente vinculante; y aplicaremos el Código Procesal Constitucional y la Ley No. 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso, con la finalidad de determinar si para el caso concreto el amparo resultaba ser la vía idónea; o si por el contrario, el accionante debió acudir al proceso contencioso administrativo como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A su vez, determinaremos si la regla procesal del precedente vinculante establecida en la sentencia sublitis es constitucional, o si, por el contrario, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. / This report analyzes the ruling issued by the Constitutional Court in Case N° 03525- 2021-PA/TC, in which it declared the amparo lawsuit filed by Maxco S.A., regarding the unconstitutionality of the collection of late payment interest by the administrative tax entity, inadmissible and issued a substantive and procedural rule in this regard. This report analyzes the Constitutional Court's decision and whether the administrative litigation process was a specific and equally satisfactory remedy for the specific case as the amparo process. For this purpose, the Constitutional Procedural Code and Law N° 27584, Law that Regulates the Contentious-Administrative Process, are applied. Likewise, this report will analyze the constitutionality of the procedural rule established by the Constitutional Court, and whether or not it violates the effective jurisdictional protection of the plaintiffs.