El presente informe jurídico versa sobre el análisis del Expediente N° 1179-2005, una controversia respecto al pago por los excesos de consumo de energía de Luz del Sur S.A.A (LDS) a Electroperú S.A. (ELP), en el marco de un proceso contencioso administrativo. El objetivo del presente estudio consiste en determinar qué parte debe asumir los costos por los retiros en exceso de la energía contratada. Para ello, analizamos el rol del Estado en la tutela de los servicios públicos y si estamos ante un escenario de precios libres o precios regulados, a efectos de evaluar si resulta viable realizar una interpretación sistemática del contrato con la LCE y su Reglamento. Asimismo, identificamos el alcance de los decretos de urgencia, figuras jurídicas como la contraprestación y penalidad, así como la supuesta vulneración a los principios de legalidad y debida motivación en los extremos de las resoluciones impugnadas de OSINERGMIN. Finalmente, concluimos que LDS debe pagarle a ELP los excesos de consumo de energía considerando los costos marginales, siempre y cuando éstos no sobrepasen la tarifa en barra al estar destinados dichos consumos a usuarios regulados. Por esta razón, es necesario modificar la LCE y su Reglamento, a fin de trasladar los costos por los retiros en exceso del consumo de energía a los usuarios finales para garantizar al funcionamiento del mercado eléctrico y la inversión privada. / This legal report deals with the analysis of Case No. 1179-2005, a controversy regarding the payment for excess energy consumption of Luz del Sur S.A.A. (LDS) to Electroperú S.A. (ELP), in the framework of an administrative litigation proceeding. The objective of this study is to determine which party should bear the costs for withdrawals in excess of the contracted energy. For this purpose, we analyze the role of the state in the protection of public utilities and whether we are facing a scenario of free prices or regulated prices, in order to assess whether it is feasible to perform a systematic interpretation of the contract with the LCE and its Regulations. Likewise, we identified the scope of the emergency decrees, legal figures such as the consideration and penalty, as well as the alleged violation of the principles of legality and due motivation in the challenged resolutions of OSINERGMIN. Finally, we conclude that LDS must pay ELP for the excess energy consumption considering the marginal costs, as long as these do not exceed the busbar tariff since said consumption is destined to regulated users. For this reason, it is necessary to modify the LCE and its Regulations, in order to transfer the costs for withdrawals in excess of energy consumption to end users to guarantee the functioning of the electricity market and private investment.

En los últimos años la desnutrición crónica infantil en el Perú se ha visto reducida debido a factores de diversa índole. Entre estos destaca el mayor acceso de las viviendas peruanas a servicios básicos como: el agua potable, saneamiento, electricidad, gas en forma de GLP y el acceso a la televisión. Si bien estos servicios han aumentado su disponibilidad en los hogares peruanos, aún existen diferencias marcadas entre las áreas urbanas y rurales del país. Debido a ello, en este documento se pretende investigar el efecto del acceso a servicios por parte del hogar en los niños menores de 5 años, ya que durante este período de vida el cerebro crece con asombrosa rapidez y las conexiones que se forman no volverán a repetirse a lo largo de la vida. De igual manera, cualquier cosa que pase en este período determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, lo cual continua en la adultez y puede repercutir en su capacidad de ganarse la vida, así como su desarrollo de la sociedad en la que viven. La temática mencionada se aborda mediante la metodología de Propensity Score Matching utilizando la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al año 2016. Los resultados obtenidos sugieren que existe una relación positiva entre el acceso a servicios por parte del hogar y mejora del estado nutricional de los niños menores de 5 años, es decir a medida que la vivienda obtiene más servicios el estado nutricional mejora.

presente trabajo presenta el diagnóstico de las características éticas de los servidores púbicos peruanos de los tres principales regímenes laborales, describiendo el contexto laboral en el que se desenvuelven y formulando algunas posibles explicaciones a los perfiles éticos encontrados. En dicha línea, esta tesis busca responder a las siguientes preguntas: ¿A qué características responden los perfiles éticos que existen en el sector público peruano? y ¿Qué causas condicionarían la configuración de tales perfiles? Esta investigación llega a la conclusión que las normas laborales (bajo la forma de regímenes generales) ejercen, en cierta medida, influencia en las percepciones de los servidores públicos, respecto del clima ético que dichos regímenes habilitan en sus entidades. Ello se traduce en la configuración de perfiles éticos con atributos medianamente diferenciados según cada régimen laboral. En efecto, cada régimen laboral general regula y organiza la gestión humana de las entidades públicas de diferente manera, generando climas éticos que desafían la forma de pensar o la orientación ética de los servidores públicos bajo su alcance. La particularidades de cada régimen laboral se analizaron a partir de una investigación exploratoria cualitativa realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR-, a cuatro componentes o dimensiones del clima ético: (i) Capacitación, (ii) Liderazgo de la Alta Dirección, (ii) Capacidad para denunciar conductas no éticas y (iv) Socialización profesional. En este punto, otra conclusión es que existe una desconexión entre los regímenes laborales y las necesidades o expectativas de los servidores en tales aspectos. Arribo también a la conclusión que las percepciones, de acuerdo con la filosofía, la psicología y la economía del comportamiento, responden a la influencia del grupo, a procesos emocionales, a sesgos cognitivos y a criterios de reciprocidad equilibrada que inciden, en alguna medida, en la calidad de los perfiles éticos que se forman. Por tanto, hay un desafío para los entes rectores tanto de recursos humanos y de integridad en nuestro país, que consiste en modificar los contextos laborales y conciliar los elementos que impiden promover mejores perfiles éticos en el Estado. / This research work presents the diagnosis of the ethical characteristics of the Peruvian public servants contracted by the three main labor regimes, by describing the context in which they work and by formulating some explanations on the ethical profiles found. Accordingly, the thesis aims to answer the following questions: to which characteristics do the ethical profiles in the Peruvian public sector respond to? And, which are the causes of the actual configuration of those ethical profiles? This thesis concludes that labor norms (represented by general regimes) influence, to some extent, the perceptions of public servants regarding to the ethical environment that those regimes set up in the public agencies. That turns into the configuration of ethical profiles with moderately distinguishable attributes by labor regime. In fact, each labor regime rules and organizes the human resources management of public agencies in a different manner, generating ethical environments that defy the way public servants think or their ethical orientation. The characteristics of each labor regime where analyzed based on an exploratory qualitative research performed by the National Authority for the Civil Service – SERVIR (for its initial in Spanish) to four dimensions of the ethical environment: (i) Training; (ii) Leadership of top level management; (iii) Capacities for reporting unethical behavior; and, (iv) Professional socialization. At this point, another conclusion is that labor regimes are disconnected from the necessities or expectations of public servants on those matters. Another conclusion is that perceptions, according to the philosophy, psychology and economics of behavior, respond to group pressure, emotional processes, cognitive biases and balanced-reciprocity criteria, that have an impact, in some measure, on the quality of ethical profiles. Therefore, there is a defiance for the ruling agencies of both human resources management and integrity in our country: change the labor contexts and reconcile the elements that prevent promoting better ethical profiles in the State.

El servicio de taxi, globalmente, ha sido entendido como un servicio dentro del transporte privado de personas altamente regulado. Por lo cual, son pocas las experiencias de Estados que tiene al mencionado servicio dentro del régimen de servicio público. En el Perú, tampoco se acoge al servicio de taxi como un servicio público; sin embargo, el marco jurídico peruano ha ido más allá al normar la prestación del servicio de taxi con débiles controles de acceso y un inexistente control económico optando por un esquema de desregulación a causa de la liberación del servicio de transporte público urbano en los años noventa. Sin embargo, el contexto anterior sufre un importante cuestionamiento a la luz de la publificación del servicio de transporte terrestre de personas por la entrada en vigencia de la ley N° 30900. La mencionada norma legal, ofrece un escenario distinto para el servicio de taxi debido a la deficiencia en la técnica legislativa por determinar qué actividades, dentro del gran espectro de servicios de transporte terrestre de personas, son servicio público. Así dicho, se genera el interés y justificación de este trabajo pues nos compromete a dar repaso al concepto del servicio público, comprender su aplicación y operación en el Perú, para luego determinar si el servicio de taxi tras la publificación del servicio de transporte terrestre de personas, que dispone la ley N° 30900, puede ser comprendido dentro de las como una actividad publificada.

Pese a que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que la prestación del servicio público de agua potable se encuentra dentro de las competencias de las municipalidades, se evidencia una dicotomía legislativa toda vez que la prestación de dicho servicio depende del tipo de zona: urbanas o rurales. Dicha dicotomía ha generado que la prestación del servicio de agua potable en las zonas rurales se caracterice por el protagonismo de Organizaciones Comunales a diferencia de las zonas urbanas en las que operan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento como principal prestador. A partir de ello, el presente trabajo de investigación responde a la interrogante de cómo el establecimiento de un régimen jurídico particular para las zonas rurales no coadyuva a concretar la municipalización del servicio público de agua potable en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, se ha empleado la revisión de fuentes bibliográficas provenientes de la doctrina jurídica nacional e internacional y se ha realizado un análisis de la normativa peruana y la jurisprudencia. Como principales conclusiones se tiene que el establecimiento del régimen jurídico particular para zonas rurales responde a un contexto político e histórico y no a un fundamento constitucional y/o legal. Asimismo, se comprobó que si el servicio de agua potable ya presentaba una singularidad por ser un servicio municipal, su régimen en zonas rurales lo coloca en una doble particularidad que trae como resultado la atomización del sector así como la poca institucionalidad y sostenibilidad. / Despite the fact that our legal system has established that the provision of public drinking water services is within the competencies of the municipalities, there is a legislative dichotomy since the provision of such services depends on the type of area: urban or rural. This dichotomy has generated that the provision of drinking water services in rural areas is characterized by the protagonist presence of Community Organizations as opposed to urban areas where the main provider is the Sanitation Service Providers. Based on this, the present research work answers the question of how the establishment of a particular legal regime for rural areas does not contribute to the realization of the municipalization of the public drinking water service in our legal system. For this purpose, a review of bibliographical sources from national and international legal doctrine has been used and an analysis of Peruvian regulations and jurisprudence has been carried out. The main conclusions are that the establishment of the particular legal regime for rural areas responds to a political and historical context and not to a constitutional and legal basis. Likewise, it was found that if the drinking water service already presented particularities for being a municipal service, its regime in rural areas places it in a double particularity that results in the atomization of the sector and the lack of institutionalization and sustainability.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto estudiar la falta de acceso a los servicios públicos en las lenguas originarias dentro de las entidades de la Administración Pública con la finalidad de que nuestro país sea realmente un país plurilingüístico, no solo en el papel sino también en los servicios que reciba la población originaria con un enfoque que garantice la calidad de los servicios en las lenguas originarias. Actualmente, los derechos lingüísticos de la población indígena u originaria vienen siendo vulnerados sistemáticamente en la Administración Pública, debido a que se les obliga a usar una lengua distinta a la suya para poder acceder a los servicios públicos, inclusive cuando la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29735, “Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú”, establecen el reconocimiento oficial y la institucionalización de las lenguas originarias dentro de las entidades de la Administración Pública. En ese sentido, ante dicho escenario, emerge la imperiosa necesidad de construir concepciones que tutelen las vulneraciones lingüísticas que ocurren en las entidades que prestan servicios públicos. Así, desde una perspectiva crítica, proponemos el concepto “Impedimento Lingüístico” que coadyuva a visibilizar las sistemáticas vulneraciones que padecen millones de peruanos pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios frente a la falta de acceso a los servicios públicos en sus lenguas originarias. Del mismo modo, ante las carentes e ineficientes medidas que permiten institucionalizar las lenguas originarias en las entidades que prestan servicios públicos surge nuestro interés por elaborar una herramienta que permita dar solución a dicho problema social. Así, proponemos la herramienta del “Test del Impedimento Lingüístico” que permitirá implementar adecuadamente las medidas lingüísticas que requiera cada entidad de la Administración Pública.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.

En esta tesis, se analizan otras medidas de cumplimiento o metodologías de enforcement, distintas a las utilizadas por el OSIPTEL; ello a fin de buscar otras medidas que puedan ser aplicadas por el OSIPTEL para incentivar el cumplimiento de los indicadores de calidad de servicio y de atención al usuario; para lo cual, se analizan los distintos mecanismos que se utilizan a nivel nacional en otros reguladores, como es el caso del OEFA, OSITRAN, SUNASS e INDECOPI; así como a nivel internacional en materia de telecomunicaciones, como es el caso de Brasil y Colombia. A partir del análisis de los mecanismos, se simularán casuísticas aplicables a los indicadores de calidad de servicio y de atención, a fin de evidenciar los beneficios y riesgos que se podrían obtener con la implementación de los distintos mecanismos. Posteriormente, se efectuará un análisis multicriterio respecto de los distintos mecanismos de enforcement analizados a fin de evidenciar la mejor alternativa para incentivar el cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio y atención a los usuarios, las cuales procederemos a proponer.

El informe jurídico presentado respecto del precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal administrativo de solución de reclamos de Usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones(TRASU) tiene por objetivo analizar la pertinencia del precedente dentro del contexto actual del estado de los reclamos dentro del mercado de telecomunicaciones, y cómo el mismo responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica y predictibilidad del principio de la debida motivación de las resoluciones en las respuestas de los reclamos que emiten las empresas operadoras o concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Para tal efecto se analizó como es que debía de ser entendido este principio dentro de un procedimiento de reclamo en base a la doctrina administrativa y que la misma debía de ser complementada con los principios delimitadores desarrollados por el Tribunal Constitucional. Asimismo, se analizó las distorsiones que presenta el mercado de telecomunicaciones que afecta el respecto al principio de la debida motivación en donde se evidencia un incremento exponencial de la cantidad de reclamos en el sector desde el año 2015. Adicionalmente, se detalló las figuras procedimentales con las que cuentan las empresas operadoras a efectos de poder corregir sus propias resoluciones sin la necesidad que se planteen recursos administrativos por los usuarios. Finalmente se tuvo como conclusión principal que el precedente se encuentra correctamente sustentado, sin embargo, es pertinente que la debida motivación sea complementada bajo supuestos delimitadores que desarrolla el tribunal constitucional a efectos de velar por una mayor protección hacia los administrados; y asimismo, el precedente debe ser acompañado de medidas que solucionen las distorsiones que presenta el mercado de las telecomunicaciones que quitan recursos a las empresas operadoras para que implementen de manera eficaz los aspectos señalados en el precedente.