La virtualización de servicios públicos en el Perú se da principalmente por dos razones: la modernización del estado como objetivo de desarrollo nacional y la mejora continua en la calidad de la oferta de servicios públicos. El servicio de conciliación administrativa laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se ejecutaba en la modalidad presencial hasta la llegada de la crisis sanitaria mundial y hasta la fecha no ha migrado a la modalidad virtual, motivo por el cual se dejó de brindar este servicio. El presente trabajo de investigación analiza la necesidad de virtualizar este servicio como una de las acciones de respuesta del estado frente a la necesidad de modernizar sus servicios y a los retrasos administrativos sufridos por la pandemia del COVID19. Cabe mencionar que este servicio es demandado y contribuye a la protección de los derechos laborales de los trabajadores. / The virtualization of public services in Peru occurs for two main reasons: the modernization of the state as a national development objective and the continuous improvement in the quality of the supply of public services. In Peru, the administrative labor conciliation service of the Ministry of Labor and Employment Promotion (MTPE) was executed in a face-to-face manner until the arrival of the global health crisis and to date has not migrated to the virtual platform, which is why to provide the service. This research work analyzes the need to virtualize this service as one of the state's response actions to the need to modernize its services and mitigate the administrative delays suffered because of the COVID19 pandemic. It is worth mentioning that this service is in demand and contributes to the protection of workers labor rights. / Trabajo de investigación

vinculada a la regulación tarifaria de los excesos de energía contratada cuando dichos excesos estén destinados al Servicio Público de Electricidad. Además, analiza el procedimiento mediante el cual se resuelve la controversia, y la competencia que ostenta el OSINERGMIN para hacerlo. La relevancia del análisis radica en definir los alcances del Servicio Público de Electricidad y la asignación de responsabilidades por su prestación. Además, permite utilizar herramientas e instituciones de otras ramas del derecho, como el derecho constitucional, para determinar el adecuado desarrollo de los procedimientos trilaterales que son conocidos por el OSINERGMIN. Las hipótesis del caso son que (i) se cumplieron las normas del procedimiento, (ii) que los excesos de consumo deben ser pagados con la Tarifa en Barra y (iii) que el OSINERGMIN es competente para conocer y resolver la controversia. Para demostrar la validez o no de las hipótesis, se analizarán y aplicarán instituciones del derecho administrativo (procedimiento trilateral, las medidas cautelares, etc.), regulatorio (regulación tarifaria del mercado eléctrico) y constitucional (aplicación temporal de las normas, orden público, etc.). Los resultados de la investigación demuestran que dos de las tres hipótesis resultan ciertas, toda vez que los actores del procedimiento (empresas y órganos resolutivos) siguieron de manera general las reglas aplicables al procedimiento, y que el OSINERGMIN es competente para conocer y resolver la controversia en razón de que esta versa sobre aspectos regulatorios y normativos, y que la santidad de los contratos no puede aplicarse de manera absoluta en el presente caso. No obstante, se demuestra que la Tarifa en Barra no puede constituir un tope para los retiros en exceso que realicen los distribuidores, sino que está en el ámbito de la libre voluntad de las parte del contrato respectivo.

Las reformas económicas impulsadas desde los años noventa implicaron la constitución del rol regulador del Estado el cual exige ciertas condiciones para su adecuado funcionamiento. Una de estas condiciones es la autonomía de los organismos reguladores como instituciones eminentemente técnicas, y por ello, separados de las influencias políticas y privadas que pueda haber sobre ellos. Es sobre dicha autonomía que se enfoca la presente investigación. Para ello, se emplea una metodología cualitativa y exploratoria, y comienza con una búsqueda de la literatura a dos niveles. El primer nivel se enfoca en el desarrollo de un marco teórico que fundamente el rol regulador del Estado. Y, en un segundo nivel, en el desarrollo de un marco conceptual para identificar y caracterizar los factores organizacionales que se relacionan con la autonomía de los organismos reguladores. Adicionalmente, se validan los mismos para el contexto peruano mediante entrevistas semiestructuradas a expertos. Luego de ello, en la investigación se plantea analizar cómo se manifiestan los factores más relevantes para un organismo regulador peruano. Por ello, se desarrolla un método de recojo de información basado en un índice de independencia reguladora y adaptado para el caso peruano de acuerdo a los resultados obtenidos con las entrevistas a expertos. Esto permitirá recoger estructuradamente la información referida a los factores organizacionales y analizarlos en un regulador de servicios públicos peruanos. Los aportes de la investigación son dos principalmente. El primero corresponde a la construcción de un marco conceptual para el análisis de factores organizacionales relacionados con la autonomía de los organismos reguladores. Además de ello, se identificó a los más relevantes en el contexto peruano: el mandato independiente, el directorio estable e idóneo, el presupuesto autónomo y las políticas de recursos humanos. El segundo aporte nace de la contrastación del marco conceptual construido y su análisis en OSINERGMIN, cuyos resultados demuestran que a pesar de ser uno de los organismos reguladores que posee mayor reconocimiento internacional y una mayor tradición autónoma, los factores analizados muestran ciertas restricciones que hacen al regulador vulnerable de las influencias, principalmente políticas. Estas restricciones existen a pesar de contar con un marco normativo regulatorio que establece expresamente a OSINERGMIN como entidad autónoma. Cabe resaltar que este análisis se centra en la agencia reguladora estudiada (OSINERGMIN) pero los resultados iniciales aquí encontrados se pueden complementar con una investigación más profunda que, ampliando la muestra, produzca resultados generalizables a la totalidad de organismos reguladores de servicios públicos en el país.

El presente trabajo ha sido realizado en atención a los cambios estructurales que se han realizado en el subsector de energía eléctrica, el que, al igual que otros sectores de vital importancia para el desarrollo de la sociedad han sido liberalizados brindando mayor protagonismo al sector privado, no obstante ello, el Estado se ha reservado la titularidad de ciertos servicios mediante el correspondiente reconocimiento por medio de ley del congreso, calificándolos como “Servicio Público”. Es el caso de las actividades de transmisión y distribución de electricidad, siendo el primero de ellos el que será analizado en el presente trabajo, en específico el sistema secundario y el complementario de transmisión de electricidad que, si bien existen líneas de transmisión que forman parte de dichos sistemas que deben mantener su calificación de servicio público al tener como finalidad el suministro de energía eléctrica dentro de un área de concesión a usuarios regulados, se han construido otras que, son materia de estudio, siendo las líneas de transmisión de dichos sistemas que transportan electricidad directamente a usuarios libres no siendo su finalidad el desarrollo de la colectividad si no meramente el desarrollo de actividades netamente privadas. Considerando la finalidad de suministrar energía a usuarios no regulados, llamados “usuarios libres” por la normativa, al no cumplir con el elemento fundamental del servicio público, no deberían ser calificadas de esta manera por el legislador, por lo que debería realizarse una adaptación normativa respecto a estas líneas de transmisión permitiendo así que los privados puedan acordar los precios a ser pagados en relación al uso de las líneas de dichos sistemas de transmisión, corrigiendo así un error conceptual que tiene implicancias en la realidad y continuando con la liberalización de los sectores en los cuales debe ser promovida la iniciativa privada.

Las cláusulas de fuerza mayor - o caso fortuito - son disposiciones que se incorporan en los cuerpos contractuales y permiten a una de las partes suspender o terminar el cumplimiento de sus obligaciones cuando surgen circunstancias ajenas a su control. La institución de la fuerza mayor es propia del Código Civil, por ello, su vinculatoriedad y calificación se sustrae únicamente a las partes que suscriben el contrato. En los contratos administrativos, debido a la ausencia de un cuerpo normativo que los regule en su totalidad, se remite a lo previsto en la normativa civil, no obstante, las cláusulas que la incluyen son de particular relevancia, toda vez que en el objeto contractual de estos subyace un fin público (por ejemplo, actividades consideradas como de servicio público), razón por la cual ingresa a participar un ente ajeno a las partes, esto es, los Organismos Reguladores. Para el caso de la actividad eléctrica la facultad de calificar los eventos de fuerza mayor recae en el Organismo Regulador de la Inversión Privada en Energía y Minería – OSINERGMIN. Este regulador tiene facultades reconocidas legalmente para la calificación de los eventos de fuerza mayor en relación a determinadas actividades del sector, más no así con relación a otras. Adicionalmente, su actuación plasmada en las diversas decisiones, no ha sido uniforme. En esta línea, el presente trabajo tiene por objetivo exponer lo descrito conforme a lo previsto en la normativa sectorial, a efectos de brindar propuestas que permitan superar los problemas advertidos, desarrollando para ello en el informe la siguiente estructura: en el primer capítulo, se desarrollará el escenario de fuerza mayor en los contratos administrativos y el sector energético (electricidad); en el segundo, la calificación de la fuerza mayor que realiza el regulador, los problemas identificados y sus efectos, a fin de brindar propuestas; para así finalmente esbozar las conclusiones con los aspectos centrales.

El presente trabajo presenta la importancia de la dación del agua con los servicios de saneamiento en el ámbito rural ya que se encuentra relacionada a los derechos de vida y salud de las personas. Se realiza el análisis previo de que los servicios de saneamiento no se encuentran desligados de la titularidad estatal y del concepto de reserva o publicatio; sino más bien, se tiene que no se establece de manera expresa la titularidad estatal; sin embargo,la normativa contiene como responsables de la prestación de los servicios de saneamiento a las Municipalidades Provinciales y Distritales. Pese a ello, los servicios de saneamiento se prestan de manera deficiente, según estadísticas del INEI hay un número de 6’069 991 de peruanos que se encuentran en zonas rurales sin contar con infraestructura de agua potable y saneamiento o que, aun teniendo acceso, éste no cumple con las condiciones de sostenibilidad y calidad. De conformidad con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, el Perú aprobó la Política Nacional de Saneamiento, así como el Plan Nacional de Saneamiento, cuyo objetivo principal es el acceso universal a los servicios públicos de saneamiento; en el mismo sentido la Ley Marco de la Gestión de Prestación de los Servicios de Saneamiento contiene el principio de acceso universal, así como el concepto de integración de los prestadores de servicios de saneamiento. Es importante determinar la factibilidad de la integración de prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito rural, concluyendo que el Estado y la normativa la impulsan como una de las formas de conseguir el acceso universal; sin embargo, los avances son lentos debido a varios motivos entre ellos la injerencia política, demostrándose que el avance en este sector requiere de la actuación delsector público de manera coherente, eficaz y orientada al servicio del ciudadano

La producción de residuos sólidos en Perú ha alcanzado niveles críticos. Casi a diario, en todo el país, se produce un total de 18 mil toneladas de basura. A su vez, más de la mitad de esta se concentra en las provincias de Lima y Callao (El Comercio, 16.11.2018). A nivel local la situación se torna aún más compleja. Conformada por 43 municipios, Lima se enfrenta la producción de residuos de diversas formas, dependiendo de cada gestión municipal. Algunos gobiernos han obtenido resultados favorables y otros no. Dentro de este último grupo se ubica la administración de Elías Cuba Bautista, quien fuera alcalde del distrito de La Victoria desde el año 2015 hasta mediados del año 2018. A pesar de tener una asignación presupuestal con tendencias crecientes para la limpieza pública, La Victoria mantiene una calificación negativa en este rubro de forma sostenida, además de contar con una serie de zonas críticas que afectan los derechos de los ciudadanos que en ella habitan y transitan. En ese sentido, la presente tesis tiene por finalidad identificar los factores que determinan la gestión de residuos sólidos en el distrito de La Victoria en el periodo comprendido entre los años 2015 al 2018. Siendo así, el argumento de esta investigación es que la presencia de la corrupción, así como de una precaria institucionalidad, convierten la prestación del servicio de limpieza pública en uno deficiente.

La calidad del agua para consumo humano es uno de los pilares básicos para todo desarrollo de una nación. Por un lado, se constituye en un derecho fundamental para el ejercicio pleno de capacidades y, por el otro, en un servicio público de crucial relevancia. No obstante, el Perú ha presentado grandes desafíos para garantizarla en las zonas rurales. De allí que, se creara el Fondo de Estímulo de Desempeño y Logros Sociales (FED) como un mecanismo de cierre brechas sociales. Lastimosamente los datos recogidos dan cuenta que su labor no ha sido del todo eficaz para mejorar la cloración de agua en las zonas rurales. Frente a ello, nuestra hipótesis es la siguiente: el FED no involucra a los actores claves del sistema de cloración rural en ninguna de sus fases operativas y, en consecuencia, no se fijan incentivos para aquellos quienes tienen la responsabilidad de brindar el servicio de saneamiento en las zonas rurales como son las municipalidades locales. Para comprobar tal hipótesis, realizamos una contrastación entre la cadena de valor real de cloración con intervención del FED y la cadena de valor ideal de cloración con intervención ideal del FED, considerando el marco normativo, documentos de gestión, la doctrina correspondiente y las entrevistas semi estructuradas realizadas a un panel de expertos. Bajo tal metodología de análisis, la presente investigación (1) identifica y delimita las funciones de los actores claves de la cloración para consideración del FED, conforme a la cadena de valor del servicio de agua potable en zonas rurales; (2) analiza la pertinencia de los incentivos que otorga el FED a los actores participantes considerando los riesgos por disfuncionalidades del diseño, sistema de team working, intervención de peer monitoring, entre otros, y finalmente, (3) presenta una propuesta de modelo ideal de intervención del FED, que permita mejorar su operatividad coadyuvando significativamente en lograr la prestación universal de calidad de agua potable en el área rural.

El presente trabajo abarca la aplicación de la normativa general de Derecho Administrativo, el Texto Único y Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de la normativa especial, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 26850. Esto en el Arbitraje CCI N°20513/ASM, en referencia al Laudo Arbitral Final que puso fin a la controversia entre el Consorcio Nippon Koei -OIST y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esta controversia se inicia con la liquidación del Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de Obras del Proyecto de Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Piura – Castilla y Chimbote. / This work covers the application not only of the general rules of Administrative Law, the Sole and Orderly Text of the General Administrative Procedure Law, but the special rules, the State Contracting and Procurement Law, Law 26850. This in ICC Arbitration N°20513/ASM, in reference to the Final Arbitral Award that put an end to the dispute between the Nippon Koei -OIST Consortium and the National Urban Sanitation Program. This dispute began with the liquidation of the Consulting Services Contract for the Supervision of Works for the Improvement and Expansion of the Drinking Water Supply and Sewerage Systems of the Cities of Piura - Castilla and Chimbote.

Este documento expone mi experiencia laboral en la promoción e implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE-H) en el Perú, la cual está comprendida en el campo laboral de la economía ambiental. Los MRSE-H representan una política pública vinculada con la gestión de los ecosistemas que brindan servicios ecositémicos hídricos, que contribuye a que las Empresas de Saneamiento (EPS) cuenten con el agua, como principal insumo, para la prestación del servicio de agua potable a la población. Los MRSE-H se vinculan con la Política de Estado N° 33 sobre los recursos hídricos y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 “Agua limpia y saneamiento” de las Naciones Unidas. En este sentido, en este documento se sustenta la importancia de la promoción de los MRSE-H, se presentan los avances en aspectos normativos, se desarrolla una metodología de costo – beneficio y se explica el concepto de costo de oportunidad como herramientas económicas aplicadas a la política pública referida. También, se presenta los cuellos de botella que enfrentan actualmente las EPS en la implementación de los MRSE-H y un conjunto de recomendaciones para su solución.