El autor se plantea la cuestión de si el Tribunal Constitucional peruano ha ejercido extralimitadamente su función a la hora de definir el contenido constitucional del derecho fundamental a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Argumenta que el constituyente peruano ha encargado al legislador la tarea de concretar la «adecuada protección », y que el legislador al haber decidido que la adecuada protección es solamente la indemnización cuando se trata de trabajadores del régimen privado no incurre en inconstitucionalidad, porque la indemnización es una de las modalidades válidas previstas por la norma internacional vinculante para el Perú. En la medida que el Tribunal Constitucional deja sin efecto esta regla jurídica y la sustituye por otra que dispone que la adecuada protección es la indemnización o la reposición a elección del trabajador, concluye el autor que el Tribunal Constitucional se excede y asume una función gubernativa al imponer la regla jurídica que él estima conveniente entre dos reglas igualmente Constitucionales.