Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de la presente memoria es entregar al lector una visión comparativa de la normativa existente en materia de adopción internacional, entre los estados español y chileno, tomando como marco central la Convención de la haya de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Para esto, he realizado un examen exhaustivo de la normativa general vigente, pero así también de la normativa autonómica que rige en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado Español. Así también, se hace un estudio de los principios rectores en materia de adopción que informan, de manera transversal, tanto la normativa internacional como la de los diferentes estados que han ido ratificando dicha Convención y que con posterioridad han reformado su normativa interna. Se hace un estudio profundo sobre las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional que han pasado a tomar un rol preponderante en los procedimientos de adopción internacional, por lo que su conocimiento, creación, y su rol, no es superfluo dentro de la esfera de este trabajo. Además la Convención de la Haya de 1993, las trata específicamente en su texto. Hacia el final de esta memoria encontraremos lo concerniente a las políticas públicas que ha acogido España en materia de adopción internacional, para lo cual hemos considerado los diferentes tratados bilaterales que ha formado España con diferentes Estados, con el fin de hacer el procedimiento de adopción internacional, más expedito, transparente y adecuado a la normativa internacional. Para terminar he realizado una exposición crítica de la situación de la adopción internacional en Chile y de la posibilidad de que podamos contar con estos tratados bilaterales internacionales con nuestros aliados en materia de adopción. El método que he utilizado para realizar este trabajo ha sido de estudio de normativa, análisis de las mismas y comparación, así como también una investigación intensiva de los diferentes textos relativos a la materia, y de estadísticas que he podido acopiar, tanto de los organismos centrales chilenos como españoles. De este modo, podemos encontrar una breve explicación histórica de la institución, para luego pasar al estudio de las Entidades Colaboradoras y terminar con el examen normativo en detalle. Finalizando con el resumen de este trabajo podemos señalar que el resultado del mismo es bastante auspicioso, desde el punto de vista, que se ha logrado llegar a una comparación completa de la aplicación de la Convención de la haya de 1993 con la legislación interna, tanto de Chile como España. Así también, podremos ver cómo la legislación interna de los diferentes Estados se ha ido acomodando a dicha Convención, lo que nos entrega un resultado inmediato y conducente de la legislación internacional a la legislación interna. Veremos que podemos lograr una visión crítica sobre la institución de la adopción internacional, pero sin dejar de lado los logros que se han alcanzado con el compromiso de los diferentes Estados en la protección del fin último que son los menores. Por último, creo que no podemos dejar de mencionar la idea que presento como es la posibilidad de que Chile cuente con un tratado bilateral de adopción internacional, idea que se expone hacia el final de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo se propone como objetivo describir al Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tanto en su aspecto orgánico como en su funcionamiento, a la vez que proponer alternativas para lograr una armónica inclusión de él dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para lograr este objetivo, se pasa revista a la legislación que le es aplicable y a la legislación comparada, además de comentar algunas de sus sentencias más relevantes. Finalmente se concluye la necesidad de un reconocimiento estatal de la función jurisdiccional de este Tribunal, la delimitación de los casos en los que es posible acudir a la justicia ordinaria frente a sus resoluciones –siempre que por determinadas resoluciones de los Órganos Jurisdiccionales del fútbol o bien cualquier ente de la ANFP, se infrinjan derechos que la Constitución Política garantiza- y la necesidad de que este Tribunal cumpla con las normas básicas del Debido Proceso, además de constatar la forma en que las cumple.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestros días el deporte se avizora como una de las realidades más complejas que existen en la sociedad actual chilena, siendo cada vez más difícil definir el termino deporte como concepto, por que es algo que cambia sin cesar ampliando continuamente sus significados. Así el deporte, queramos o no, involucra los mas diversos y diferentes ámbitos de nuestro quehacer diario, no solo circunscribiéndose a la realización de un actividad especifica y determinada, sino que hoy mas que nunca, afectando las diversas relaciones sociales que nos rodean. Es por lo anterior que el deporte necesita diversas herramientas para regular los diferentes escenarios en que se ve involucrado, ya que las normas que regulan su propio desarrollo no bastan para poder ordenar los diversos ámbitos en que el deporte se desenvuelve en el mundo moderno. Desde una perspectiva sociológica, derecho y deporte, son ineludiblemente conceptos socialmente trascendentes que van desarrollándose y ampliándose conforme nuestra cultura y sociedad van cambiando, teniendo ambas instituciones un rol permanente sobre las personas o individuos que son parte de la actividad deportiva. El rápido cambio de las sociedades contemporáneas, la diversificación de las practicas deportivas, la motivación creciente en aspectos como la salud o la recreación, el deporte como instrumento de marketing, el incremento del mercado laboral y profesiones relacionadas con el deporte y un conjunto de otros ejemplos mas, nos hacen hoy pensar cuan importante es tener en nuestro país una regulación sólida, bien pensada y que se condiga con la realidad y fines que buscamos en la practica del deporte

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las modificaciones más importantes que se ha introducido al sistema de la seguridad social en Chile en la última década fue la realizada a través de la ley 19.728, de mayo de 2001, que introdujo en nuestro medio el denominado “Seguro de Cesantía” (o “Seguro de Desempleo”), el cual importa una institución cuyo objetivo principal es proteger las condiciones de vida del trabajador y su familia frente a la eventualidad de la pérdida del empleo, así como facilitar las condiciones para que éste pueda encontrar una nueva ocupación acorde a sus habilidades y destrezas. Aún cuando en término generales, este sistema de seguro había sido objeto de una evaluación positiva, ya que hasta el año 2008 más de 5 millones de trabajadores se habían incorporado al sistema, y se habían otorgado beneficios a cerca de 3 millones de personas, luego de 6 años de funcionamiento se estimó necesario realizar algunas modificaciones al sistema original, a fin de perfeccionarlo; cuestión en la que estuvieron de acuerdo no sólo el mundo político, sino también el sindical y el empresarial. Dado esto, es que en agosto de 2008 se envió al Parlamento un proyecto que tenía por objeto modificar el sistema de seguro de cesantía consagrado en la ley 19.728, que entre otros objetivos, buscaba ampliar su cobertura y el acceso a sus beneficios, aumentar el monto de las prestaciones, así como incorporar mecanismos que permitieran una protección más adecuada e integral al trabajador desempleado. Dado el consenso suscitado por las modificaciones que se esperaba realizar a la ley sobre seguro de cesantía, el proyecto tuvo un pasó muy rápido por el Parlamento, transformándose en enero de 2009 en ley de la República bajo el número 20.328, entrando en plena vigencia el 1º de mayo de 2009. A continuación, expondremos los principales defectos que se detectaron en el antiguo régimen, así como la forma en que estos trataron de ser subsanados por parte del legislador. En particular, nos detendremos en aquellos ámbitos en los cuales la ley 20.328 introdujo novedades respecto del sistema imperante hasta mayo de este año.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo persigue analizar sistemáticamente dicha jurisprudencia, en el marco de la elaboración doctrinaria y desarrollo legislativo que a partir de la reforma constitucional de 1991, instauró en nuestro ordenamiento jurídico la institución del Gobierno Regional, órgano descentralizado territorialmente, con personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. En el primer capítulo, se abordan los principios fundamentales de la evolución de la organización jurídica política del Estado y la posición que la doctrina ha tomado respecto de ellos, estableciendo el marco conceptual en que se desenvuelve el desarrollo legislativo del Gobierno Regional y su aplicación. El segundo capítulo analiza el sistema de competencias atribuido al Gobierno Regional, su extensión y clasificaciones, con especial mención a su garantía constitucional y eventual ampliación. Los capítulos tercero a decimoprimero desarrollan, a partir de la práctica jurisprudencial administrativa, los distintos aspectos en que se han visto comprometidas las competencias de los Gobiernos Regionales. A grandes rasgos: Los capítulos 3º, 4º y 5º tratan los aspectos subjetivos de la competencia, esto es, aquellos relacionados con el ejercicio del cargo por parte de los consejeros y la autoridad unipersonal del Intendente, que integran el Gobierno Regional. Los capítulos 6º, 7º y 8º se dedican a la potestad resolutiva del Gobierno Regional, en general, con especial mención en lo relativo al presupuesto y en su ejecución, respectivamente. El capitulo 9º, hace lo propio con la potestad fiscalizadora y el 10º, respecto a la reglamentaria. Finalmente, el capitulo 11º aborda el ejercicio de la competencia respecto de los aspectos patrimoniales del Gobierno Regional. Además de la bibliografía consultada, esta investigación se basa principalmente en el análisis jurisprudencial de los dictámenes de la Contraloría General de la Republica. Para ello, se ha considerado y revisado más de quinientos pronunciamientos del ente contralor, relativos o relacionados con la Ley 19.175 y emitidos desde el año 1993 hasta diciembre de 2009. De ellos, aproximadamente doscientos cincuenta, atingentes al objeto de estudio, son utilizados en esta investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba, trata sobre un tema que hasta la fecha no ha sido objeto de una investigación acuciosa por parte de la doctrina, este es, la posibilidad de que la acción hipotecaria prescriba en forma independiente. En el primer capítulo, se analizan las caracterísicas del derecho de hipoteca que el autor considera de mayor relevancia para construir la hipotesis de prescripción independiente, tales como su carácter real, inmueble, preferencia y por sobretodo el de la accesoriedad. Con posterioridad, en el capítulo II se analizan una serie de situaciones en las cuales, en mayor o menor medida, la doctrina y jurisprudencia han considerado que la hipoteca se comporta de un modo independiente en relación a la obligación caucionada. Dentro de esas situaciones, la que es tratada con mayor profundidad es aquella referente a la existencia de un tercer poseedor de la finca dada en hipoteca, pues, es en ese caso, en que la figura de prescripción independiente de la acción hipotecaria tiene relevancia práctica. En el capítulo III, se entra de lleno al análisis de la figura de la prescripción independiente de la acción hipotecaria. En primer lugar, se analiza lo que es la posibilidad de que el deudor principal renuncie a la prescripción en los términos legales, y si esa renuncia es o no oponible frente al tercer poseedor. Luego, se plantea el problema de si la interrupción de la prescripción que opera respecto del deudor personal, es o no oponible al tercer poseedor. Se expone en relación a este último punto, en que consiste y cuáles son los argumentos de la posición mayoritaria para después exponer el autor, la doctrina minoritaria y sus fundamentos. Además, se elaboran una serie de nuevos argumentos para sustentar esta última posición. Por último, el autor finaliza el trabajo señalando las principales conclusiones a las que se llegó en razón de las instituciones en análisis. Sobre esa base, da su opinión respecto a cual sería el camino a seguir, para que la doctrina minoritaria, sea acogida en el futuro por los tribunales de justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la Sociedad de la Información destacan los objetivos y procesos asociados al desarrollo del Gobierno Electrónico, especialmente el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs). En efecto, el progreso experimentado en esta materia a nivel estatal, ha permitido emplear una serie de medidas de carácter tecnológico a fin de otorgar una mayor eficiencia y transparencia a la Actividad Pública. En tal sentido, durante la última década se han dictado en Chile una serie de Leyes e Instructivos Presidenciales, a fin de insertarse plenamente en el desarrollo del Gobierno Electrónico. Destaca particularmente la publicación en el año 2005 de la Ley 20.050, en virtud de la cual se incorpora al art. 8 de la Constitución Política de la República, los Principios de Probidad, Publicidad y Transparencia Administrativa. Asimismo, cabe mencionar la publicación en el año 2008, de la Ley 20.285, sobre Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se reconoce el Derecho de las personas al Acceso a la Información Pública, mediante la consagración del Principio de Transparencia Activa, y el Principio de Transparencia Pasiva o Derecho de Acceso a la Información Pública. Del mismo modo, la Ley 20.285 incorpora al ámbito público un Órgano Autónomo denominado Consejo para la Transparencia, encargado de velar por el debido respeto del Principio de Publicidad y Transparencia de la Gestión Pública; como asimismo de resguardar los Derechos de los titulares de Datos Personales que se encuentren en poder el Estado. De esta manera, frente a eventuales conflictos que surjan entre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos de Carácter Personal, el Consejo para la Transparencia será el llamado a buscar un punto de equilibrio. En este contexto, los Objetivos Generales del presente estudio, se centran en analizar si en el contexto del Gobierno Electrónico, el Estado de Chile ha desarrollado sus sitios Web, en armonía con el objetivo final de promover el Derecho de Acceso a la Información Pública. Asimismo, los Objetivos Específicos consisten en determinar si en el ámbito de la Transparencia de la Actividad Pública, se respetan las Políticas de Privacidad relativas al cumplimiento del Derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal. Para tal efecto, es objeto de análisis la Ley 19.628, sobre la protección de la Vida Privada, ya que ésta es la encargada de regular el tratamiento de los Datos de Carácter Personal. En el cumplimiento de estos objetivos, la metodología comprende la investigación y análisis de cómo el Estado de Chile se ha ocupado en los últimos años de desarrollar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, y como estas se han incorporado a su gestión basada en la transparencia de la Actividad Pública. En este sentido, el fin del presente estudio abarca el análisis tanto del Derecho de Acceso a la información pública, como del Derecho a la protección de datos personales, en el contexto de una eventual colisión entre ambos. Por lo tanto, una metodología de estudio basada en el examen de la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia nacional y extranjera es vital para buscar un punto de equilibrio que permita coexistir a ambos derechos, particularmente cuando en el seno de un Estado de Democrático, resulta necesario encontrar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La problemática central de este estudio radica en que los datos farmacéuticos y químicos-agrícolas que las empresas del rubro utilizan en la creación de sus productos, están amparados en la institución del Secreto Empresarial. A su vez, esta información debe ser entregada a entes de la Administración estatal que están encargados de autorizar su comercialización. En este punto de encuentro surge la pugna entre dos derechos: Secreto Empresarial y Acceso a la Información Pública, las cuales son dos materias que han sufrido importantes modificaciones legales. Principalmente del análisis de las leyes nacionales tanto de Chile como de otros países americanos, así como de convenios internacionales y de alguna doctrina y jurisprudencia, se presenta en esta memoria: - Los fundamentos de ambos derechos, la precisión del concepto de información no divulgada y las características que éste debe reunir. - La adecuación de la ley chilena a convenios internacionales referente a ambos derechos, las exigencias que realizó la Corte interamericana en el Caso “Claude versus Chile” el año 2006 en cuanto a Acceso a la información pública, el modo en que algunos países americanos han abordado el conflicto, con especial énfasis en como Brasil ha ponderado el interés en proteger la propiedad intelectual y derecho de acceder a los medicamentos frente al continuo avance del VIH/SIDA en su población. De este análisis se obtienen los criterios administrativos que deben cumplir los entes estatales involucrados, para una adecuada aplicación de la ley, tanto en su letra como en su espíritu; y finalmente se enuncian 2 desafíos importantes que presenta la actual normativa: - Protección del derecho de acceso a medicamentos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y el efecto que ha tenido la Propiedad Intelectual sobre los precios de estos. - Resguardo de la cultura milenaria de los pueblos originarios (medicina milenaria) en relación con la protección de los datos farmacéuticos y químicos- agrícolas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende exponer sucintamente las características de una ley de reparación en el marco del sistema previsional chileno. A través de un método inductivo-deductivo se abordan diversos aspectos de la ley sobre exonerados políticos, para entender el carácter indemnizatoria de ésta. Interesa en este estudio determinar si el concepto de gratuidad, implícito en la normativa legal analizada, tendría importancia en la constitución y ejercicio del derecho a su percepción o, por el contrario, sería un beneficio establecido arbitrariamente, por mera liberalidad de la autoridad administrativa y susceptible de ser revocado por ésta de la misma manera. Los autores consideran que la ley de exonerados políticos es de carácter mixto, sui generis, ya que la gratuidad es uno de sus ingredientes básicos para la obtención de beneficios, pero que una vez otorgados queda inhibida la autoridad de facultades revocatorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta investigación fue esclarecer los reales alcances de las facultades normativas que poseen los Gobiernos Regionales en Chile. Se sostenía, por parte de organismos del Gobierno Nacional, que la facultad normativa regional, contemplada en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, sólo podía operar previa una delegación legal específica. Otra posición, sustentada por autoridades regionales, era que la potestad normativa operaba en forma autónoma y que por tanto, no requería ninguna delegación previa, ni legal ni reglamentaria. Para ilustrar el contexto institucional en que se plantea la polémica, se efectúa un recorrido por la historia de la Administración en Chile y se aborda la experiencia internacional en materia de descentralización, antes de analizar la normativa constitucional y legal pertinente. Se expone la resolución actual del debate, la que hasta la fecha no ha sido cuestionada. Esta se expresó en la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República de los reglamentos regionales de Atacama y Valparaíso, autónomamente generados, normas que son descritas en cuanto a su origen y contenidos.