La normativa peruana permite que el Poder Ejecutivo realice funciones que le corresponde al Poder Legislativo, ante la existencia de situaciones límites donde dado el supuesto habilitante establecido por la norma constitucional o legal y cumpliendo ciertos requisitos; pueda dictarse medidas extraordinarias que permitan accionar de manera oportuna y eficaz, en concordancia con el interés del estado, en materia financiera y económica. A tal instrumento, se le denomina Decreto de Urgencia, cuyo uso habitual contrasta con los fundamentos establecidos para su emisión, pues a lo largo de los años; se evidencia el exceso en su uso, quedando a voluntad de un reducido grupo de poder y a menester de intereses privados. Por ende, se divisa que el marco jurídico de la Contratación con el Estado a través de la Contratación Directa y viabilizada por Decretos de Urgencia, solo proporciona apariencia de legalidad, generando riesgos sobre todo en cuanto a cómo el Estado realiza el manejo del fondo público, la transparencia con la que se tratan tales datos, y de forma ineludible el creciente fenómeno de corrupción en el país. Empero, la solución a dicha problemática se encuentra en el reforzamiento de parámetros válidos y uniformes que garanticen su emisión de acuerdo a ley, permitiendo sustentar fáctica y jurídicamente su razón de ser y no que solo sirvan para ser enunciados sin más explicación o referencia. Pues las contrataciones con el estado se rigen a través de principios y buscan alcanzar el bien común al menor costo y eficientemente.

El presente trabajo de investigación aborda la calificación del hurto en instalaciones de la concesionaria como caso fortuito o de fuerza mayor, como eximente de responsabilidad por la interrupción del servicio público de distribución eléctrica. Para ello, se analizarán conceptos que guardan relación con la motivación de la sentencia emitida por la Primera Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente No. 1504-2007. Así, principalmente, el examen de la resolución No. 11 recaerá en la interpretación del artículo 1315 del Código Civil peruano, así como en la distribución de riesgo y deber de cuidado de las instalaciones, en tanto parámetros a considerar en el procedimiento regulado en mediante Resolución No. 010-2004-OS-CD por la que se aprobó la directiva para de calificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución. El trabajo es de carácter documental, pues recurre a la observancia de posturas doctrinarias y al sistema de fuentes del Derecho administrativo a fin de sustentar una postura opuesta a la de la Gerencia General de Osinergmin, en tanto órgano decisor en sede administrativa, y a la decisión adoptada en sede jurisdiccional; esto es, la investigación realizada defiende que el hurto de instalaciones de la concesionaria sí califica como causa no imputable en función al modelo de estado garante, los deberes asumidos por las partes y las normas jurídico administrativas pertinentes para la interpretación del contrato público de concesión de distribución

En el presente trabajo de investigación se estudia la suficiencia e idoneidad de la concepción de la convivencia contenida en la normativa de contratación estatal para la determinación del impedimento para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista previsto en el lit. h) del art. 11° del Capítulo III: Condiciones Exigibles a los Proveedores, de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 (en adelante, LCE). Ante la inexistencia de una definición propia de la convivencia en la normativa de contratación estatal, en su desarrollo doctrinario y/o jurisprudencial de dicha materia, que permitan la adecuada determinación del mencionado impedimento, el autor plantea su conceptualización desde la perspectiva del derecho administrativo, incorporando a la misma elementos que la identifiquen con el verdadero sentido de su regulación en materia de contratación estatal, evitando la interpretación y aplicación equivocada de su acepción civil, evidentemente patrimonialista, en contraposición al bien jurídico tutelado por la normativa de contrataciones públicas: recurso público.

La presente investigación desarrolla la deducción de gastos por penalidades contractuales, debido a la existencia de diversos criterios desarrollados sobre el tema por la doctrina nacional, la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Si bien existe una clara línea de análisis sobre este tipo de gastos actualmente en el Tribunal Fiscal, lo mismo no se presente en sede judicial, lo cual denota inseguridad para los contribuyentes al momento de determinar la deducibilidad de este tipo de gastos. De esta manera, en la investigación se analizan los fundamentos del análisis realizado por los diversos actores del derecho en relación con la deducción de gastos por penalidades, para identificar puntos de intersección o disidencia, interpretaciones jurídicas utilizadas y, principalmente, determinar si las mismas se ajustan a un ordenamiento jurídico único y coherente. Para ello, el artículo ha desarrollado, en primer lugar, las características de las penalidades contractuales en el marco del derecho de los contratos y obligaciones, así como los principales principios y funciones que inspiran dicho sistema; en segundo lugar, el contenido del principio de causalidad y el criterio de normalidad y su aplicación en la deducción de los gastos por penalidades contractuales; y, en tercer lugar, la construcción de una interpretación alternativa del criterio de normalidad a la brindada por los actores jurídicos actuales. Entre las principales conclusiones se determinó que la interpretación actual del Tribunal Fiscal conlleva a un escenario de contradicción o antinomia jurídica y que en virtud de la coherencia normativa del ordenamiento jurídico es posible arribar a una interpretación distinta. / This research develops the deduction of expenses for contractual penalties, due to the existence of different criteria developed on the subject by the national doctrine, the Tax Administration, the Tax Court and the Judiciary. Although there is a clear line of analysis on this type of expenses currently in the Tax Court, the same is not present in the Judiciary, which denotes insecurity for taxpayers when determining the deductibility of this type of expenses. In this way, the research analyzes the basis of the analysis made by the various actors of the law in relation to the deduction of expenses for penalties, in order to identify points of intersection or dissent, legal interpretations used and, mainly, to determine whether they are in line with a single and coherent legal system. To this end, the article has developed, firstly, the characteristics of contractual penalties within the framework of the law of contracts and obligations, as well as the main principles and functions that inspire such system; secondly, the content of the causation principle and the normality criterion and their application in the deduction of contractual penalty expenses; and, thirdly, the construction of an alternative interpretation of the normality criterion to the one provided by the current legal actors. Among the main conclusions, it was determined that the current interpretation of the Tax Court leads to a scenario of contradiction or legal antinomy and that by virtue of the normative coherence of the legal system it is possible to arrive at a different interpretation. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD.

El presente trabajo de investigación abarca el estudio de la condición resolutoria en los contratos de trabajo como instrumento de extinción de la relación jurídica laboral. Asimismo, analiza su aplicación y requisitos de validez frente a una posible colisión de derechos fundamentales y principios del derecho laboral. De esta manera, en la primera parte se describe, analiza y estudia la condición resolutoria como modalidad del acto jurídico a la luz de las categorías jurídicas civiles existentes en nuestra legislación para luego establecer las características y los requisitos para su configuración y validez, respectivamente. Además, estudia el principio de estabilidad en el empleo desde un punto de vista crítico y analítico en el marco del proceso de flexibilización de las normas laborales y su relación con la condición resolutoria. Se concluye que para que se pueda pactar una condición resolutoria en el contrato de trabajo es necesario que esta cumpla con los requisitos que determinen su validez y que no signifique un abuso de derecho/poder por parte del empleador, de lo contrario se atentaría con el principio de estabilidad en el empleo. Además, debe hacerse uso del principio de proporcionalidad el cual es, sin duda alguna, una herramienta idónea de solución de los conflictos entre derechos fundamentales.

Nuestro trabajo de investigación jurídica se centra en la determinación del lucro cesante y el daño emergente en las cláusulas de los contratos petroleros. Nuestro propósito nace de nuestro interés, en los años de estudio de pregrado, por la naturaleza jurídica de los contratos petroleros. Pero hoy lo que nos anima a acometer el presente estudio es nuestro objetivo por establecer en los contratos petroleros, que celebra el Estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos jurídicos que integra, son de alta complejidad.

En el Perú, la normativa aplicable a los contratos de transferencia tecnológica se encuentra regulada por la Decisión 291 de la Comunidad Andina, “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”, que contempla el régimen aplicable a la inversión extranjera directa (IED) o de inversionistas de países miembros de la CAN. Esta normativa regula, de manera general, la transferencia de tecnologías foráneas; sin embargo, respecto de la tecnología desarrollada en las universidades y centros de investigación nacionales, ante la ausencia de una regulación especializada en la materia, se aplican normas dispersas en distintas especialidades tales como Derecho Societario, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Civil, Derecho Administrativo, etc., que no contribuyen a promover la transferencia tecnológica al sector empresarial sino, más bien, fomentan una libertad contractual asimétrica. La asimetría existente se pone en evidencia durante las negociaciones de los procesos de transferencia tecnológica entre universidad y empresa lo cual, sumado a la ausencia de normas promotoras y reguladoras de dicha vinculación, ocasiona faltas de reconocimiento y evaluación en prospectiva de la valía e importancia de las investigaciones universitarias, promoviendo conductas poco favorables hacia la universidad y sus investigadores. La asimetría genera la aceptación de condiciones contractuales inadecuadas para los centros de investigación e, inclusive, la no suscripción de contratos y, por ende, la informalidad en los procesos de transferencia (sin contrato) o la preferencia por la importación de tecnologías, ante la desconfianza mutua.

Consuetudinariamente y amparados en el principio de primacía de la voluntad de las partes, se vienen aplicando en nuestro país Cláusulas de No Competencia Post- Contractual en materia laboral, las cuales limitan de forma convenida el derecho a la libertad de trabajo por el pago de una contraprestación económica. No obstante, la falta de regulación puede generar abuso del derecho, entre otros motivos por el mayor poder de decisión del empleador en determinar los términos contractuales.

Nuestro trabajo de exploración expone la incorrecta asignación de cargos a las unidades ejecutoras de la PNP y, tiene la finalidad de presentar un proyecto con la intención de optimizar los procesos que realizan las autoridades comprometidas en dichos procesos, tomando en cuenta en primer lugar la normatividad vigente, respecto de las asignaciones que difieren con las que actualmente se utiliza y que a nuestro entender son unas de las génesis principales de las deficiencias que expondremos y en segundo lugar la aplicación de herramientas modernas de gestión para establecer, las capacidades, competencias y especialidad en la función; para asumir los cargos que requieren estas dependencias policiales PNP y el entorno en el que se desenvuelven. Esgrimimos la hipótesis con la intención de revertir los significati vos inconveni entes, retrasos y problemas en los que incurren los efecti vos nombrados, al ejecutar procesos irregulares e inadecuadas contrataciones y adquisiciones para el servicio PNP; las cuales devienen en infracci o nes administrati vas, disciplinarias y procesos judiciales. El tipo de investigación que ejecutamos es descriptiva, por lo que recurrimos al acervo de datos existentes en las unidades antes mencionadas, empleando para ello la guía de observación y las entrevi s tas como instrumentos, validando el prototipo a través del testeo de expertos; lo que se tradujo en la conclusi ón de la necesidad de establecer una metodología de asignación de cargos administrati vos en base a la gesti ón moderna, pero haciendo presente que es imprescindible la formulaci ón del reglamento pertinente, para perennizar el proceso de asignación de cargos; revertir las situaciones que actualmente se presentan y sobre todo garanti za r la estabilidad en la especialidad y no perder el know-how imprescindible para las acciones que se ejecutan en estas unidades administrati vas y ejecuto ras de la PNP. / The present research work exposes the incorrect assignment of positions to the executi ng units of the PNP and has the purpose of presenti ng a project with the intention of optimizing the processes carried out by the authorities involved in said processes, taking into account in the first place the current regulations, regarding assignments that differ from those currently used and that in our opinion are one of the main causes of the deficiencies that we will expose and secondly, the application of modern management tools to establish, the capacities, competencie s and speci alty in the function; to assume the positions required by these PNP police units and the environment in which they operate. We wield the hypothesi s with the intention of reversi ng the signifi cant inconveni ences, delays, and problems incurred by the appointed troops, by executi ng irregular and inadequate contracti ng and acquisition processes for the PNP service; which become administrati ve, disciplinary infractions and judicial processes. The type of research that we carry out is descriptive, so we resort to the existing data collection in the aforementioned units, using the observati o n guide and interviews as instruments, validating the prototype through expert testing; which resulted in the conclusion of the need to establish a methodology for assigning administrati ve positions based on modern management, but bearing in mind that it is essential to formulate the pertinent regulation, to perpetuate the process of assigning positions; reverse the situations that currently arise and, above all, guarantee stability in the specialty and not lose the essential know-how for the actions carried out in these administrati ve and executi ng units of the PNP.