La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.

El presente informe versa sobre la Casación Nº 1626-2018/San Martín en la cual se manifiesta una serie de problemáticas jurídicas entorno al delito de colusión en el marco de la imputación de ilícito penal al director de la Escuela de Oficiales de la FAP. Las problemáticas se centran en la aplicación incongruente de la teoría de infracción del deber en la autoría y participación que genera incertidumbre en la determinación del título de intervención delictiva y propicia una errónea introducción al proceso del instituto de la variación de la calificación jurídica. Finalmente, se advierte la generación de espacios de impunidad que responden a una perspectiva naturalista del comportamiento típico de este delito que exige la constatación de conductas comisivas por parte del intraneus para afirmar la existencia de concertación. Mediante el análisis de estos problemas se sustenta que la sentencia de segunda instancia debió ser declarada nula por la inobservancia del procedimiento para la variación del título de intervención y, sin perjuicio de ello, que el título de imputación que corresponde atribuir al director de la EOFAP es el de autor del delito de colusión. Ello atendiendo a las consecuencias sistemáticas de la teoría de la infracción del deber en la autoría y participación y al entendimiento del comportamiento típico desde una perspectiva normativa que no excluye la posibilidad de que conductas omisivas puedan ser constitutivas del delito de colusión. / This legal report deals with Cassation No. 1626-2018/San Martín in which a series of legal problems are manifested around the crime of collusion in the framework of the imputation of criminal offense to the director of the School of Officials of the FAP. The problems are focused on the incongruous application of the theory of infringement of duty in authorship and participation that generates uncertainty in the determination of the title of criminal intervention and promotes an introduction to the error process of the institute of the variation of the legal qualification. Finally, the generation of spaces of impunity is noted that responds to a naturalistic perspective of the typical behavior of this crime that requires the verification of commissive behaviors by the intraneus to affirm the existence of agreement. Through the analysis of these problems, it is sustained that the judgment of second instance must be declared invalid due to the non-observance of the procedure for the variation of the title of intervention and, without prejudice to this, that the title of imputation that corresponds to be attributed to the director of the EOFAP is the author of the crime of collusion. This taking into account the systematic consequences of the theory of breach of duty in authorship and participation and the understanding of typical behavior from a normative perspective that does not exclude the possibility that omissive behaviors may constitute the crime of collusion.

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene que realizarse con respeto al debido procedimiento administrativo, establecido por el Tribunal Constitucional, uno de estos principios es el ne bis in ídem, que establece que nadie puede ser sancionado o procesado dos veces por los mismos hechos. Una de las entidades que imparte el procedimiento administrativo sancionador es la Contraloría General de la República a partir de la Ley N° 29622 y su Reglamento se ampliaron las facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República, con el propósito de sancionar administrativamente a funcionarios que habrían incurrido en faltas administrativas en el desempeño de sus funciones, sin embargo si bien esta decisión la encuentra acertada como política anticorrupción vemos que muchos de los fundamentos de estas faltas administrativas que son consideradas como muy graves compartirían el mismo fundamento que algunos tipos penales vigentes en nuestro Código Penal. En ese sentido, me planteo como objetivo dilucidar si no sería el fundamento jurídico de algunas faltas administrativas y de algunos delitos el mismo, para lograr el mismo divido el presente trabajo en tres partes, siendo la primera de ellas el estudio de la función punitiva del Estado y el desarrollo de los principios constitucionales de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. En la segunda parte del presente trabajo se tratara un aproximamiento a los principales delitos contra la administración pública, como el Cohecho, Peculado, Negociación Incompatible, Colusión, Tráfico de Influencias, Nombramiento o Aceptación Indebida para Cargo Público, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, Concusión y Malversación de fondos. En la tercera parte se realizara un análisis comparativo entre las faltas administrativas sancionadas por la Contraloría General de la República y algunos delitos contra la administración pública a partir de la Ley N° 29622, para luego pasar a las conclusiones y recomendaciones.

La evasión o defraudación tributaria es el principal enemigo de todo Sistema Tributario Nacional, que regula la relación jurídica tributaria entre acreedor y deudor tributario, presente hasta en los países más desarrollados del mundo y dentro de los cuales el nuestro no es la excepción. Razón suficiente y necesaria por la cual se crean los regímenes de retenciones y percepciones tributarias, para combatir la mala praxis realizada por los agentes económicos en busca de beneficios fiscales contrarios a la legalidad y en procura de ampliar la base tributaria. Considerando los hechos descritos y la evolución de conductas adversas a los parámetros normativos realizadas por los agentes económicos se crea la Ley Penal Tributaria, Ley Especial, en procura de reforzar el resguardo penal de la recaudación tributaria del Estado Peruano. Ello implica tener las reglas claras respecto a la acción contraria a ley, que realice el sujeto, y la consecuente sanción, que aplique el juzgador; en ese sentido, es necesario diferenciar la infracción del delito tributario, ya que de interpretarse las normas de manera literal se estarían vulnerando derechos fundamentales como es el caso de privación de la libertad. Para ello, el juzgador, debe realizar un análisis del contexto normativo dentro del cual el sujeto realiza la conducta impropia, entonces es necesaria la remisión a la interpretación sistemática de las normas para identificar al engaño como elemento diferenciador entre infracción y delito tributario, no sin antes, remitirse a la normativa tributaria para el análisis y evaluación de los parámetros y exigencias previstas por ésta.

El presente artículo jurídico tiene como objetivo determinar la manera en la que se concreta la impunidad en la comisión del delito de lavado de Activos en el Perú, a través del empleo de criptomonedas, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica del fichaje y la observación y los instrumentos realizados fueron las fichas resumen, textuales y guías de observación. En cuanto a los resultados, se ha determinado la imperiosa necesidad de promover la regulación legal de las criptomonedas, porque no existe manera en la que el Estado le pueda hacer frente a un fenómeno criminal tan grande como es el lavado de activos, sin dicha regulación; el cual, se vale de la tecnología que soporta a las criptomonedas para realizar maniobras delictivas; sin que se permita encuadrarlas dentro de alguna de las definiciones de los objetos del delito en cuestión.

El presente artículo legal tiene como finalidad desarrollar propuestas legislativas adecuadas que reconozcan el carácter autónomo del delito de inmigración ilegal en el Perú, utilizando métodos cualitativos, métodos de registro y observación, siendo la herramienta desarrollada un cuadro de descripción general manual de observación. En cuanto a los resultados, se obtuvo la existencia de una imperiosa necesidad de modificar el artículo 401 del Código Penal Peruano, debido a que se le convierte en tipo penal autónomo de aplicación específica. Del mismo modo, es sumamente importante sustentar los criterios normativos que serán tomados en cuenta para la propuesta.

Este estudio precisó como objetivo general proponer el fundamento para una reforma legislativa que modifique el tipo penal del delito de trata de personas, añadiendo como nueva finalidad de explotación, la adopción ilegal. Entre los resultados descubrimos que, nuestro país no ha sido ajeno al tema de adopción ilegal, esto se ha evidenciado en el plan nacional contra la trata de personas 2017-2021, asimismo se ha logrado determinar que dicha cuestión cumpliría con los elementos básico establecidos en el protocolo de Palermo para ser considera como una forma de explotación en donde se trasgreden derechos y principios primordiales como la necesidad de los menores de amar y de vincularse a sus verdaderos padres, en ese sentido, a pesar de ser un hecho relevante no hay una norma específica que sancione tales acciones, dejando una ventana abierta que perdurará en el trascurso del tiempo al permitir que se pueda actuar con menor riesgo de detención y castigo. La metodología utilizada es cualitativa, de estudio documental, utilizando las técnicas de gabinete, siendo los instrumentos las fichas textuales.

El presente trabajo académico posee como finalidad cuestionarnos si es adecuado que los operadores de justicia determinen la misma pena para autores y cómplices primarios en el delito de colusión, ya que por su naturaleza bilateral, existen mínimamente dos implicados -servidor o funcionario público e interesado- en donde el primero tendrá el título de autor y el segundo de cómplice primario. Ahora bien, es relevante destacar que, para establecer el quantum de pena en un hecho ilícito, se debe de asociar la afectación del bien jurídico y el acto ilícito, respetando los principios de proporcionalidad e igualdad. En el caso del delito que analizamos, solo el servidor o funcionario público pueden afectar directamente y con mayor intensidad el bien jurídico, pues la protección de este bien jurídico está en la esfera de este último, dado que tiene un deber especial que lo diferencia de los demás sujetos. Por otro lado, tras un análisis jurisprudencial sobre la determinación de pena del delito de colusión, se advierte que las decisiones judiciales carecen de predictibilidad, generando inseguridad jurídica. Por lo que, evidenciando este aspecto, consideramos que, aunque erróneamente se interprete que artículo 25 del Código Penal establece que el autor y el cómplice primario deben tener la misma pena concreta, los autores deben tener mayor reproche penal que los interesados, ello en marco del artículo 45 del Código Penal y de los principios de proporcionalidad e igualdad. / The purpose of this academic work is to question whether it is appropriate that the operators of justice determine the same penalty for perpetrators and primary accomplices in the crime of collusion, since due to its bilateral nature, there are at least two parties involved, public servant or official and interested party, where the former will have the title of perpetrator and the latter of primary accomplice. Now, it is relevant to point out that, in order to establish the quantum of punishment in an illicit act, the affectation of the legal right and the illicit act must be associated, respecting the principles of proportionality and equality. In the case of the crime we are analyzing, only the public servant or official directly and excessively affects the legal good, since the protection of this legal good is in the sphere of the latter, given that he has a special duty that differentiates him from the other subjects. On the other hand, after a jurisprudential analysis on the determination of the penalty for the crime of collusion, it is noticed that judicial decisions lack predictability, generating legal insecurity. Therefore, evidencing this aspect, we consider that, although it is erroneously interpreted that article 25 of the Criminal Code establishes that the perpetrator and the primary accomplice must have the same specific penalty, the perpetrators must have a greater criminal reproach than the interested parties, in the framework of article 45 of the Criminal Code and the principles of proportionality and equality. / Trabajo académico

El presente trabajo tuvo como objetivo principal evaluar el cumplimiento de la legislación laboral Decreto Legislativo 728 y sus modificatorias y determinar su incidencia en la situación económica y financiera de la Empresa de Inversiones y Servicios Fernández EIRL, en el ejercicio 2021. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental, se tomó como población a la Empresa Inversiones y Servicios Fernández E.I.R.L. y al área de Recursos Humanos como muestra. Se empleó como técnica la entrevista y el análisis documental. En el desarrollo de la investigación se analizó la información identificándose contingencias laborales como; diferencias en el reconocimiento de los beneficios sociales de algunos trabajadores, no se reconoció oportunamente el goce de vacaciones, no existe control de asistencia para todo el personal, afectando tanto al trabajador como a la empresa empleadora; en base a estos hallazgos se realizaron los ajustes contables correspondientes y cuyo efecto tuvo incidencia en el incremento de las obligaciones y la disminución de la utilidad para el año 2021. Por tanto, se concluye que las contingencias laborales generan desembolsos económicos que resultan cuantiosos debido a las multas y penalidades impuestas en una posible fiscalización laboral, lo cual se refleja en el resultado del ejercicio. Por ello es importante que las empresas cumplan con las normas laborales y reconozcan los beneficios sociales que corresponden a los trabajadores, para evitar los riesgos de la informalidad laboral y prevenir sanciones administrativas.

En el delito de peculado doloso aun no se ha delimitado la naturaleza jurídica de la cláusula “para otro” debido a que en su estructura típica se advierten componentes de dominio; de ahí que, se requiere de un verbo normativo que una la conducta del funcionario con la del interesado. En ese escenario, en la presente investigación se plantea como objetivo desarrollar la normativización del supuesto de hecho del tipo penal de peculado doloso como indicador configurativo del delito de encuentro. Así pues, a través del método analítico se obtiene como resultado que, a través de los juicios de valor de la naturaleza pública del objeto de protección, la relación funcionarial específica y el encuentro concertado se otorga un contenido jurídico penal que configura al ilícito de peculado en el extremo “para otro” como un delito de encuentro y a la vez de infracción de deber. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico penal peruano no se sigue a cabalidad la génesis de la técnica legislativa de los delitos de encuentro, pues el legislador, no ha establecido un elemento que vincule normativamente la conducta del intraneus y del extraneus. Asimismo, para la configuración del ilícito de peculado doloso como un delito de encuentro se requiere de la intervención del intraneus y extraneus, los cuales desde plataformas jurídicas distintas desarrollan una determinada conducta con la finalidad común de lesionar el bien jurídico, pero sobre todo su participación es un elemento constitutivo del tipo penal.