Tesis (magíster en derecho ambiental) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / La siguiente Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) tiene por objetivo verificar cómo se han resuelto cinco solicitudes de revisión de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de proyectos de la industria minera que se encuentran en etapa de ejecución, en el marco de la aplicación del artículo 25 quinquies de la LBGMA, así como también busca determinar si los casos analizados realmente corresponden a una variación sustantiva de una variable del plan de seguimiento; comprobar si la autoridad ambiental (SEA) se ha comportado coherentemente y establecer el efecto de la participación ciudadana en estos procedimientos de revisión. Luego del análisis crítico de los cinco casos de solicitud de aplicación del artículo 25 quinquies en el marco de la ejecución de proyectos mineros, se pudo concluir, de manera general, que aún faltan mayores especificaciones respecto a lo que es y cómo se debe aplicar el artículo 25 quinquies, tanto por los titulares, como por la misma autoridad sectorial, ya que en dos de los casos estudiados, no se reunían las condiciones establecidas para la solicitud de dicho artículo, ya sea porque no correspondía a una variable que formara parte del plan de seguimiento o porque no se establecieron medidas de control y mitigación durante la evaluación ambiental para una de las variables identificadas. Además se pudo observar que de los cinco casos de revisión de RCA estudiados, en solo uno existió observación ciudadana, la cual no tuvo efecto alguno en el procedimiento de revisión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el siguiente trabajo busca responder cuál ha sido el rol del Estado chileno como propietario de nuestro recurso natural más importante: El cobre. Para ello se analiza si hay captura por parte de este de las ganancias excedentarias que deja este recurso, denominada renta por parte de la literatura económica. En ese sentido, comienza por entregar un marco teórico que explique la incidencia de un recurso natural como factor productivo, para así poder analizar cómo se insertan las normas jurídicas en la realidad social. Luego, se analiza el sistema concesional y tributario chileno a la luz de este marco, para dar cuenta a través de qué mecanismos jurídicos el Estado captura la renta dejada por el cobre. Para lo cual se hace una revisión exhaustiva de la normativa aplicable, en conjunto con las formulaciones doctrinales sobre la materia, que permitan una compresión cabal de las instituciones jurídicas a estudiar; a la par se recurre a otras disciplinas y a cifras que den cuenta de cómo operan de hecho las normas en la realidad, para no limitar la investigación a una mera descripción formal normativa. Se obtiene como resultado que el Estado recaba renta pero limitada a fines específicos, y no ejerce un control a la hora de entregar las concesiones, tan solo un control indirecto a través de Codelco; al momento de exigir el pago de impuestos, recaba renta a través del impuesto específico, pero este impuesto resulta ser de una tasa bastante baja y no la técnica legislativa adecuada, además de las falencias del sistema tributario general que benefician al capital minero privado. Nuevamente, Codelco sería el mecanismo a través del cual el Estado recaba más renta, pero que ha ido disminuyendo su participación en la producción, disminuyendo así también el rol del Estado como propietario.

Trata sobre la necesidad de integrar normas uniformes sobre protección Ambiental y cláusulas especiales sobre Impacto Ambiental en los contratos mineros, así como la implementación de una Política ambientalista en la cuál se den incentivos como en bonos de carbono y/o en materia fiscal por ejemplo, donde se premie a las empresas que cumplen con los protocolos ambientales y se sancione a las compañías mineras que incumplen la utilización de los estándares ambientales, los EIA, DIA, PAMA, etc; por ende causan los pasivos ambientales y el deterioro del ecosistema y los conflictos socio ambientales, lo único que dan son solo paliativos, La Falta de Responsabilidad Social compartida por parte del Estado, hace que no regulen un Adecuado control en la explotación de Recursos Naturales y en la Actividad Minera en el Perú, por ello han ido menoscabando el ecosistema de los andes. Las regulaciones sobre el control Ambiental en Países extranjeros cuentan con normas uniformes y Proteccionistas, con una base técnica y científica han adoptado diversos criterios y sistemas de protección para la biodiversidad. El actuar minero genera fuentes de ingreso económico y desarrollo al País es innegable, esto a su vez genera mayor cantidad de externalidades negativas, el deterioro, destrucción de ecosistemas y el empobrecimiento de las comunidades y pueblos aledaños, contrario a esto el desarrollo de una producción más limpia genera ventajas comparativas y competitivas, una empresa minera que produzca con un actuar más limpio gana. / Tesis

El estudio del “Paradigma Contractual Minero Sobre Cuestiones Sociales y Ambientales en el Perú” comprendió hacer un análisis jurídico en dicho sector desde el año 1990 hasta la actualidad. Durante ese periodo la institución jurídica de los contratos ha tomado mayor uso en el derecho minero moderno, quedando relegado el modelo concesional administrativo para obtener un título habilitante. Sin embargo, bajo esta denominada “Nueva minería” existen muchos factores que no logran solucionar los conflictos sociales y ambientales entre empresas mineras y comunidades. Entonces nos planteamos una interrogante ¿Los contratos que incorporan obligaciones sociales y ambientales ponen en riesgo o favorecen la viabilidad de los proyectos mineros? Considerando que importantes proyectos mineros privatizados no han alcanzado la licencia social y ambiental para su puesta en marcha por incorporar ese tipo de cláusulas, además se debe tener presente que la mayor producción minera peruana viene sostenida por estas empresas. Por otro lado, el marco regulatorio de los últimos años ha seguido una tendencia de atender temas sociales y ambientales en el sector minero. En este sentido, como hipótesis proponemos que introducir en los contratos mineros cláusulas sociales y ambientales adecuadas facilitará la viabilidad de los proyectos mineros. Ello con la finalidad de prevenir disputas que hacen más compleja la puesta en marcha de los proyectos mineros. El objetivo es concebir un modelo contractual que ayude armonizar la minería y el desarrollo social, ambiental y económico, en un contexto que se viene fomentando la filosofía de la Responsabilidad Social Empresarial y el desarrollo sostenible. Asimismo, el método de estudio utilizado es analítico descriptivo, teniendo como materiales de estudio algunos contratos mineros que incluyen fondos sociales y obligaciones ambientales.

El caso versa sobre el procedimiento de obtención de una concesión minera cuya área se superpone la zona de amortiguamiento de un Área Natural Protegida. En ese sentido, el presente informe tiene por objetivo dilucidar si el Consejo de Minería resolvió correctamente al declarar la nulidad de la resolución del INGEMMET que canceló el petitorio minero formulado por Compañía Minera Poderosa S.A. por encontrarse superpuesto totalmente a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Para alcanzar dicho objetivo se desarrollan temas de relevancia jurídica como la naturaleza de los informes vinculantes, el recurso de revisión en el procedimiento ordinario minero vinculado a Áreas Naturales Protegidas o sus zonas de amortiguamiento y el principio del debido procedimiento. El análisis se sustenta en normativa en materia de derecho administrativo, minero y ambiental, jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. De este modo, se concluye que, si bien en el presente caso el Consejo de Minería resolvió adecuadamente, la regulación actual del procedimiento ordinario minero vinculado a Áreas Naturales Protegidas o sus zonas de amortiguamiento es defectuosa en tanto el Consejo de Minería no tiene la competencia para evaluar la opinión técnica emitida por el SERNANP y, por ende, pronunciarse acorde a derecho. Por tanto, se sitúa a los administrados en un supuesto de indefensión vulnerando el principio del debido procedimiento administrativo. / The case deals with the procedure to obtain a mining concession whose area overlaps the buffer zone of a Natural Protected Area. In this regard, the purpose of this report is to elucidate whether the Mining Council ruled correctly by declaring the nullity of INGEMMET's resolution that cancelled the mining petition formulated by Compañía Minera Poderosa S.A. for being totally superimposed to the buffer zone of the Abiseo River National Park. In order to achieve this objective, relevant legal issues are developed, such as the nature of binding reports, the appeal for review in ordinary mining proceedings related to Natural Protected Areas or their buffer zones, and the principle of due process. The analysis is based on regulations on administrative, mining and environmental law, jurisprudence and national and international doctrine. Thus, it is concluded that, although in the present case the Mining Council made an appropriate decision, the current regulation of the ordinary mining procedure related to Natural Protected Areas or their buffer zones is defective in that the Mining Council does not have the competence to evaluate the technical opinion issued by SERNANP and, therefore, to decide in accordance with the law. Consequently, the affected parties are placed in a situation of defenselessness, violating the principle of due administrative procedure.

La actividad minera es muy importante para la economía del Perú, por lo que es de interés nacional aumentar la competitividad a nivel del país. En el presente estudio identificamos como uno de los problemas principales para lograr una mayor competitividad en el sector minero, la sobre abundancia de normas y procedimientos, muchos de ellos ineficientes para sus objetivos. A fin de delimitar el estudio nos hemos referido al procedimiento de certificación ambiental para la gran y mediana minería, en la que vemos que el problema antes mencionado está presente al identificar al menos 15 procedimientos administrativos involucrados en su obtención, lo que da como resultado que éste sea un procedimiento largo y oneroso. Con el fin de aportar propuestas para la mejora de la competitividad, presentamos la necesidad de un análisis de la calidad regulatoria a todo nivel y de forma constante, el perfeccionamiento de los entes reguladores que deben tener a la mano medios alternativos para cumplir con las funciones estatales y no solo trasladar obligaciones a los particulares, así como de impulsar a fin de hacer atractiva la certificación ambiental global.

El proceso hermenéutico de la norma subyace a toda rama del derecho, incluido el ámbito minero, el cual representa una industria clave para el desarrollo del país. La presente discusión jurídica surge de la interpretación que debe realizar la autoridad administrativa sobre el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, disposición que restringe la adquisición de concesiones mineras a ciertos individuos, de modo que se garantice la protección de la finalidad de la misma en consonancia con los principios generales del derecho. En este caso, se advierte la solicitud de sustitución presentada por Newmont Perú S.R.L. sobre el petitorio minero TACNA 101, cuyo titular es Back Arc Minerals S.A.C. Esta empresa fue constituida y dirigida por un ex trabajador de la compañía minera solicitante, quien tuvo acceso a información confidencial sobre la geología de dicha área en el ejercicio de sus labores. En tal sentido, la controversia se centra en analizar el alcance de la prohibición de la ley minera cuando el sujeto impedido presenta un petitorio no a título personal, sino utilizando una persona jurídica, lo que podría constituir un abuso de derecho o fraude a la ley. / The hermeneutical process of the norm underlies every branch of law, including the mining field, which represents a key industry for the development of the country. The present legal discussion arises from the interpretation that the administrative authority must carry out on article 36 of the Single Ordered Text of the General Mining Law, a provision that restricts the acquisition of mining concessions to certain individuals, so as to guarantee the protection of its purpose in accordance with the general principles of law. In this case, the substitution request presented by Newmont Perú S.R.L. is noted. on the TACNA 101 petition, whose owner is Back Arc Minerals S.A.C. This company was established and directed by a former employee of the requesting mining company, who had access to confidential information about the geology of the area during his employment. In this sense, the controversy focuses on analyzing the scope of the prohibition of the mining law when the impeded subject presents a request not in a personal capacity, but using a legal entity, which could constitute an abuse of rights or fraud of the law.

El presente informe jurídico busca determinar si la aplicación de las disposiciones del Decreto de Urgencia N°012-2010 produce una vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica de los titulares de concesiones mineras en el Departamento de Madre Dios con procedimientos de Certificación Ambiental en Trámite. Para tal objetivo, se ha empleado un análisis y cuestionamiento de las disposiciones del referido decreto a la luz de las normas aplicables al caso específico, así como jurisprudencia constitucional y doctrina vinculada al derecho a la seguridad jurídica. A partir de dicho análisis, se pudo identificar la afectación del derecho a la seguridad jurídica desde diferentes aristas, a partir de la aplicación de las disposiciones del decreto de urgencia a los procedimientos de certificación ambiental que ya se encontraban en trámite; específicamente, de la aplicación de la prohibición de uso de dragas y equipos similares, como nuevo requisito para el otorgamiento de dicha certificación. En virtud de ello, dado el rango constitucional del derecho a la seguridad jurídica, corresponde la evaluación de la constitucionalidad de la disposición de la norma cuestionada. Así, tras un test de proporcionalidad, se puede llegar a la conclusión que efectivamente se genera una vulneración a la seguridad jurídica y a la Constitución Política del Perú, puesto que la disposición analizada no llega a superar el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. / This legal report pretends to determine if the application of the provisions of the Urgency Decree N°012-2010 produce a violation of the right to legal security of the owners of mining concessions in the department of Madre de Dios that have environmental procedures on track. In that sense, has been used an analysis and questioning of the provisions of the mentioned decree, in the light of the regulations applicable to this case, as well as the constitutional case law and the legal doctrine linked to the right to legal security. From the said analysis, has been identified different injuries to the legal security, produced by the application of the provisions of the urgency decree to the environmental certification procedures that were already on track; specially, the prohibition of the use of dredgers and similar equipment, as a new requirement to obtain de mentioned certification. Consequently, due to the constitutional rank of the right to legal security, there should be a constitutional evaluation of the disputed urgency decree provision. Therefore, after a test of proportionality, it can be concluded that there has been a violation of the legal security and the Peruvian Constitution, because the analyzed provision cannot overcome the principle of necessity and the principle of proportionality in the strict sense.

In this article, the author analyzes strengths and weaknesses of the domain systems of minerals, allowing us knowing the system adopted for our Constitution. Then, the author evaluates the characteristics and legal nature of mineral exploration concession and exploitation. After that, he will examine in detail the mining procedure govern by the GeneralMining Law and its Regulations, which allow domestic and foreign investors to obtain themining concession title. Finally, he will offer proposals in each of the methods related to the mining concession and its procedures in the public administration. / Mediante el presente artículo el autor analiza los defectos y virtudes de los sistemas de dominio de los minerales, permitiéndonos conocer el sistema que adopta nuestraConstitución Política, para seguidamente analizar las características y naturaleza jurídicade la concesión minera por exploración y explotación. Posteriormente, analizará de maneradetallada cada una de las etapas del procedimiento ordinario minero regulado por el TextoÚnico Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería y sus Reglamentos, que permitirá a losinversionistas nacionales y extranjeros obtener el título de concesión minera, para finalmenteanalizar, brindar sugerencias y recomendaciones en cada uno de los procedimientos administrativos conexos o vinculados a la concesión minera por exploración y explotación.

This article comments the most important aspects of the tax treatment applicable to investments of mining and oil and gas industry. The document highlights the relevant tax topics of the general tax legislation(Income Tax Law) and the special legislation of both industries (General Mining Law and Hydrocarbons Organic Law). / Este artículo comenta los aspectos más relevantes del tratamiento tributario de las inversiones de la industria minera y de hidrocarburos, resaltando los puntos principales de la legislación tributaria general (Ley del Impuesto a la Renta) y sectorial (Ley General de Minería y Ley Orgánica de Hidrocarburos).