El presente trabajo de investigación busca comprobar la urgencia de brindar una tutela jurisdiccionpág. 7al diferenciada a los procesos de restitución de bienes que tienen su origen en incumplimientos en el pago de rentas o la terminación de un contrato de arrendamiento, mediante la consolidación de los procedimientos de desalojo existentes en nuestra regulación, así como en los efectos del concesorio de la apelación contra el auto final. Se propondrá la creación de una estructura jurídico-procesal única mediante la realización de reformas procesales al artículo 594º del Código Procesal Civil, a efectos de dotar al proceso de restitución de bienes de celeridad y eficacia. Mediante un método jurídico propositivo, se comprobará la incidencia que tiene en la casuística judicial, la existencia de múltiples procesos de desalojo regulados tanto por el D. Leg. Nº 1177, la Ley 30993 y nuestra norma procesal, así como los beneficios que generaría la uniformización de un proceso en el que los efectos de la apelación concedida contra la decisión final que ordena la restitución del bien arrendado, sea concedida sin efecto suspensivo. Finalmente, se comprobará que el tiempo de demora en la tramitación de un proceso de desalojo, de conformidad con el artículo 594º de nuestra ley procesal, aumenta debido a que, en caso se formule recurso de apelación contra la decisión final, se suspende su ejecución. / This work seeks to verify the urgency of providing differentiated jurisdictional protection to property restitution processes that have their origin in non-compliance with the payment of rent or the termination of a lease contract, through consolidation of existing eviction processes in our legislation, as well as in the effects of the concessionaire's appeal against the final order. The creation of a unique legal-procedural structure will be proposed by carrying out procedural reforms to article 594 of the Civil Procedure Code, in order to provide the property restitution process with speed and efficiency. Through a propositional legal method, the impact on the judicial casuistry will be verified, the existence of multiple eviction processes regulated by both legislative decree No. 1177, Law 30993 and the Civil Procedure Code and the benefits that would be generated by the standardization of a process in which the effects of the appeal granted against the final order are granted without suspensive effect. Finally, it will be verified that the delay time in processing an eviction process, in accordance with the provisions of article 594 of the Code of Civil Procedure, increases because, if an appeal is made against the final order, this is granted with suspensive effect.