El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis sobre los principales problemas jurídicos que se encontraron en el Recurso de Nulidad 677-2016 – también conocido como el caso “Petroaudios” –, el mismo que confirmo la absolución de todos los acusados. Para comprender los problemas planteados y dar respuesta a los mismos, el informe jurídico se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla aspectos del delito de tráfico de influencias que resultan relevantes para el caso. En el segundo, se analiza el interés indebido en el delito de negociación incompatible y plantea la hipótesis de la comisión del delito de colusión. Mientras que en el tercero, se plantea que la exclusión de la prueba prohibida por vulneración del derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones sea ponderado con el valor constitucional de lucha contra la corrupción. Así, se llega a la conclusión de que los acusados sí son responsables de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible. Además, frente a casos de macro corrupción, los medios de prueba obtenidos con la vulneración de derechos fundamentales de los acusados no deben ser excluidos sin antes realizar un examen de ponderación. La metodología empleada para realizar el análisis de la resolución toma como base la revisión de conceptos dogmáticos, los principios penales y constitucionales. Para ello, se recurrió a la doctrina y a la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional. / The purpose of this legal report is to carry out an analysis of the main legal problems that were encountered in the Appeal for Annulment 677-2016 - also known as the "Petroaudios" case-, which confirmed the acquittal of all the accused. In order to understand and respond to the problems raised, the legal report is divided into three chapters. The first chapter develops aspects of the offence of influence peddling that are relevant to the case. In the second chapter, it analyses the undue interest in the offence of incompatible negotiation and raises the hypothesis of the commission of collusion offence. While in the third chapter, it is proposed that the exclusion of the prohibited evidence for violation of the fundamental right to secrecy and inviolability of communications be weighed against the constitutional value of the fight against corruption. Thus, it is concluded that the accused are indeed responsible for the commission of the offences of influence peddling and incompatible negotiation. Moreover, in cases of macro-corruption, evidence obtained through the violation of the fundamental rights of the accused should not be excluded without a balancing test. The methodology used to conduct the analysis of the resolution is based on the revision of dogmatic concepts, penal and constitutional principles. To this end, recourse was had to the doctrine and jurisprudence issued by Poder Judicial and Tribunal Constitucional.

Actualmente es posible sancionar a los trabajadores del Sector Publico, comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador regulado en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, con sanción de suspensión sin goce de remuneraciones o de destitución, con la sola imputación de comisión de falta grave por vulnerar el "Principio de Respeto", el "Principio de Eficiencia", el "Principio de Idoneidad" y el "Deber de Responsabilidad" establecidos en la Ley 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública (las cuales son incluidas en el listado de faltas administrativas de Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, de acuerdo al artículo 100° de su Reglamento); cabe precisar, que las faltas antes mencionadas han sido enunciadas de forma abierta y genérica, en tanto es posible encajar numerosas y diversas conductas del trabajador, aspecto que podría constituir la afectación del derecho al trabajo y al debido procedimiento; bajo dicho contexto, el objeto del presente trabajo es analizar la constitucionalidad de la imposición de las sanciones por la imputación de una falta grave de tipificación abierta, a fin de plantear criterios a tomar en cuenta por las entidades en salvaguarda del derecho al trabajo y al debido procedimiento.

La colusión es un delito de infracción de deber tipificado en el artículo 384° del Código Penal peruano que ha sido interpretado de diversas maneras por los operadores de justicia, así como por la doctrina. Sin embargo, pese a su estudio constante no se ha logrado uniformizar la interpretación sobre sus alcances. Tal es el caso de la Casación N° 542-2017 Lambayeque, en la cual los magistrados no llegaron a un consenso sobre la delimitación e interpretación del tipo penal, por ello la aplicación a los hechos resulta discutible, ya que con diversas posturas se puede llegar a soluciones disímiles. Por lo tanto, dado el análisis respectivo se llega a la conclusión de que el bien jurídico aplicable al delito de colusión es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Asimismo, los supuestos del artículo 384° de la citada norma constituyen dos modalidades, una colusión simple y otra agravada. De lo cual, para configurar la primera se requiere de una concertación donde existe un peligro potencial al patrimonio del Estado, mientras que, para la colusión agravada, se requiere de un resultado que implica el perjuicio patrimonial efectivo y cuantificable. Así, en el caso debió probarse la sobrevaloración económica o perjuicio patrimonial para imputar a los procesados el delito de colusión agravada. / Collusion is a crime of infringement of duty typified in Article 384 of the Peruvian Penal Code, which has been interpreted in various ways by justice operators, as well as by doctrine. However, despite its constant study, it has not been possible to standardize the interpretation of its scope. Such is the case of Cassation No. 542-2017 Lambayeque, in which the magistrates didn’t reach a consensus on the delimitation and interpretation of the criminal type, therefore the application to the facts is debatable, since with different positions it is possible come up with dissimilar solutions. Therefore, given the respective analysis, it has concluded that the legal good applicable to the crime of collusion is impartiality in the contractual activity of the State. Likewise, the cases of article 384 of the aforementioned rule constitute two modalities, a simple collusion and an aggravated one. From which, to configure the first, a concertation is required where there is a potential danger to the State's assets, while, for aggravated collusion, a result that implies effective and quantifiable patrimonial damage is required. Thus, in the case, the economic overvaluation or patrimonial damage had to be proven to charge the defendants with the crime of aggravated collusion.

En septiembre del 2017 se aprobó en nuestro país la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, siendo uno de sus objetivos específicos “Instalar y consolidar la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de Intereses en la Administración Pública”, estableciendo como meta contar con un marco normativo que regule la gestión de los conflictos de interés y la gestión de intereses en nuestro país. En diciembre del 2019 se estableció la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de funcionarios y servidores públicos, así como de aquellos que desempeñan función pública y otros, además de otras disposiciones. A partir de estas normativas, se implementó la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, la cual alberga las declaraciones presentadas por todos los funcionarios y servidores públicos a nivel nacional, las cuales son públicas. Cabe resaltar que la declaración jurada de intereses es un instrumento que busca prevenir posibles conflictos de intereses en el Estado, toda vez que se trasparentan los vínculos familiares, personales y empresariales de funcionarios y servidores públicos. El presente proyecto de innovación aborda la problemática referida a que funcionarios y servidores públicos competentes, así como la ciudadanía no puedan acceder a opciones de búsqueda en la Plataforma Única de Declaraciones Juradas de Intereses, para poder identificar posibles conflictos de intereses en la administración pública. En ese sentido, la propuesta de innovación es una mejora a la Plataforma de Declaraciones Juradas de Intereses a fin de que sea una herramienta capaz de identificar posibles conflictos de intereses y puedan gestionarse adecuadamente, a la par de poder obtener data estadística que permita conocer el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas, el historial de riesgos de conflictos de intereses de los funcionarios y/o servidores públicos, así como la variabilidad de información contenida en las declaraciones presentadas por los mismos. Este sistema sería utilizado por dos usuarios: i) oficinas institucionales (oficinas de recursos humanos y logística) y ii) ciudadanos. En las entrevistas realizadas ha quedado evidenciada la deseabilidad de contar con estos servicios para que puedan efectuar un mejor filtro y evitar la búsqueda manual o de revisión de cada declaración jurada, así como para conocer si la gestión de las autoridades de está efectuando adecuadamente y no por intereses personales o de terceros. Asimismo, se ha visto que los servicios que se proponen resultan factibles y viables, considerando que existe una base de datos de respaldo y la línea del Estado en la prevención y lucha de actos de corrupción, lo cual ha llevado a que se invierta en el fortalecimiento tecnológico. / Trabajo de investigación

¿Qué factores explican la corrupción en obras públicas? ¿Qué problemas se encuentran en la gobernanza del sector y qué papel cumple el poder económico? Esta tesis busca desarrollar una respuesta al fenómeno de la corrupción en la construcción de obras públicas. Se sostiene que las características de la débil gobernanza del sistema de infraestructura en el Perú, y la captura corporativa de las instituciones a cargo de autorizar obras públicas, explican el alto grado de corrupción y colusión presente en el periodo 2002-2016. Analizando el caso Club de la Construcción, y empleando una metodología cualitativa, la tesis realiza un primer acercamiento al fenómeno de corrupción en obras públicas y el papel de los actores privados coludidos con políticos y funcionarios en este entramado corrupto. De esta forma, se evidencia la existencia de un marco normativo cambiante y manipulable, donde la corrupción es una institución informal presente en diferentes modalidades a lo largo del proceso de contratación de una obra pública. En este sector, prima la ausencia de autonomía para la toma de decisiones al interior de las instituciones de contratación donde se observa la influencia política y empresarial, y la debilidad de las instituciones de control gubernamental. Por su parte, en el sector privado, se encontró una alta concentración de poder económico en un grupo de constructoras que emplearon mecanismos legales e ilegales de captura (lobby, sobornos y financiamientos de campañas políticas), actuando como cartel, para establecer una red de influencias al interior del Estado. Así se logran sobrevaloraciones en las obras asignadas con un impacto en la calidad de la infraestructura, la legitimidad de las instituciones a cargo de estos procesos y la reputación del sector de construcción. / Which factors explain corruption in public procurement of instraestructural projects? Which problems are found in the governance of this sector and which role does economic power plays? This thesis seeks to develop a response to the phenomenon of corruption in the public procurement of infraestructural projects. It is argue that the characteristics of the weak governance of the infraestructure system in Peru and the corporate capture of the institutions in charge of public procurements, explain the high degree of corruption and collusion present between 2002-2016. By analyzing the “Club de la Construcción” case and using a qualitative methodology, this thesis makes a first approach to the phenomenon of corruption in public procurement and the role of private actors in collusion with politicians and public workers. It was evidenced the existence of a changing and manipulable regulatory framework, where corruption persist as an informal institution thoughout the process of public procurement. In this sector, the lack of autonomy for decision- making within institutions where political and business influence is observed, and the weakness of government control institucions prevail. On the other hand, in the private sector was found a high concentration of economic power in a group of enterprises that used legal and illegal capture mechanisms (lobby, revolving door, party financing and brivery), acting as a cartel, to develop a network of influences within the State. As a consequence, they gained cost overruns of the assigned infrastructure project at the expense of the quality of the infrastructure, the legitimacy of the public institucions and reputation of the construction sector.

Las compras públicas en el Estado son parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mediante las adquisiciones de bienes, servicios y obras, que tienen como eje trasversal la normatividad que las regula, en razón a ello, algunas Entidades aun no logran alcanzar de manera óptima y eficiente los resultados que se esperan, como cumplir con los plazos establecidos para la atención oportuna de las necesidades hacia sus usuarios internos y externos de la Entidad, en ese sentido la presente investigación se ha enfocado en los diferentes factores que inciden en las compras públicas, en el caso del Programa de Desarrollo Agrario Rural del periodo 2014 al 2017. Así mismo la presente investigación aborda desde la metodología el estudio del campo cualitativo, bajo un enfoque explorativo, investigar la problemática que existe al momento de realizar las compras públicas, y cuyo objetivo es determinar que factores como la burocracia en los actos administrativos, la profesionalización del servidor público, la Institucionalidad inciden en las compras públicas en el caso del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del periodo 2014-2017. En ese sentido la investigación al desarrollar el tema de las compras públicas, y ser un tema muy sensible dentro de la Entidad, se evidenció poca colaboración por parte de los servidores de la Entidad, ya que tenían poca disposición de manifestar abiertamente que es lo que ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural, en ese sentido se apeló a fuentes secundarias como son los las resoluciones de la Entidad referida a aprobaciones expedientes de contratación, plan de desarrollo de personas, información publicada en el portal del SEACE, donde se visualiza las contrataciones públicas, información de Contraloría, con sus informes de control, etc. En ese sentido se buscó contrastar lo que la normativa en contrataciones públicas nos indica, con lo que en realidad ocurría dentro del Programa de Desarrollo Agrario Rural en el periodo 2014 al 2017, para ello como ya se ha mencionado se ha utilizado fuentes primarias y secundarias.

La presente investigación tiene como tema principal la corrupción política y administrativa al interior de la sede central del Gobierno Regional del Callao como estudio de caso en el periodo 2014 -2018, en virtud al vacío que ha evidenciado la Academia sobre prácticas de corrupción en los hechos, ese vacío se ha producido para nosotros porque todos los estudios se han efectuado desde una observación externa del fenómeno. Ante esta dificultad, la investigación fue realizada utilizando la observación directa participante y con un enfoque de sistemas como metodología, a través de ella se han descrito las prácticas que se dan al interior de la Sede Central del Gobierno Regional del Callao, evidenciadas no solo a través de las observaciones directas realizadas, sino también a través de las entrevistas realizadas a actores del propio gobierno regional con la finalidad de evidenciar cómo se articulan en los hechos la corrupción política y administrativa y como se va capturando al Estado y a la burocracia, a través de estas prácticas se aprovechan las fallas del propio sistema administrativo, los vacíos legales; así como los factores políticos, sociales y económicos coadyuvan a que la corrupción se reinvente penetrando a la burocracia a partir de la injerencia política. Los hallazgos más importantes recaen en la captura de la Oficina de Recursos Humanos y la importancia que ella tiene para el sostenimiento de prácticas de patronazgos y clientela; se muestra como a partir de la llegada al poder de un seudo partido político hegemónico se ha dado el copamiento del espectro político, se muestra el nacimiento del nuevo patrimonialismo público en el Perú, el mismo que ha logrado subordinar al poder político a partir de lo económico; hecho que ha generado una nueva forma de hacer política, ya que las evidencias nos muestran que otros Gobierno Regionales comparten las mismas debilidades institucionales y muchas de las practicas evidenciadas / The main topic of this thesis is the political and administrative corruption within the Regional Government of Callao as a case study during the period 2014- 2018. The thesis is written as a response to the existing legal loopholes shown by the research community in relation to corruption practices. That legal vacuum has been produced due to the outward-looking approach of most of the research done on the topic. To face this problem, this research has been done using direct participant observation and a systems approach methodology. Through these methodologies, practices identified within the Regional Government of Callao’s Headquarters have been described. They were identified not only using direct observation, but also interviewing the participants in the regional government itself. This was done to illustrate how the political and administrative corruption are both articulated and the way in which the nation-state and the bureaucracy are manifested. These corruption practices take advantage of the weakness of the administrative system itself and the legal loopholes. Equally, the political, social, and economic factors help the corruption to re-invent’ itself utilizing bureaucracy through political interference. The main findings are the capture of the Office of Human Resources and the importance it has for the practice of patronage and clientelism. It is shown how the political spectrum has been invaded as a consequence of the arrival of a pseudo hegemonic political party as well as the birth of the newest public patrimonialism in Peru. The latter has subordinated the political power due to financial incentives. This fact has led to the birth of a new way to play politics as it shows that other Regional Governments share the same institutional weakness and most of the corruption practices

La presente investigación jurídica centró su estudio en los actos de colaboración que realiza el extraneus en la comisión del delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del código penal, a efectos de revelar su relevancia penal y, por ende, su punibilidad. Tal estudio tiene su motivación en la existencia de Resoluciones Judiciales que suelen absolver a los extraneus de la imputación de cómplices del mencionado delito, sosteniendo no ser punible los actos de los extraneus porque el mencionado artículo no admitiría el procesamiento ni sanción de los terceros exrtraneus que participan también en el mismo proceso de contratación “corrompido”, no presentando mayor sustento dogmático, amparándose solo en diversos pronunciamientos judiciales de nuestra Corte Suprema, entre ellos, en el recurso de Casación Nro. 841-2015-Ayacucho (Caso Gobierno Regional de Ayacucho) que niega la complicidad en el citado delito. En la presente investigación desarrollamos un profundo análisis doctrinario y jurisprudencial de los fundamentos políticos criminales que subyacen al delito de negociación incompatible desde un enfoque de delito de corrupción que nos permitirá comprender su naturaleza y tratamiento; proponiendo además, un replanteamiento del bien jurídico protegido que nos permite visibilizarlo como un delito de peligro concreto y con ello, como un delito en el cual muy bien puede interactuar posibles cómplices en su comisión. Desde el punto de vista del cómplice, planteamos que este personaje no solo tiene deberes generales de no dañar, sino que, ingresa a un segundo nivel de asunción de deberes especiales, distinto al del autor claro está, regulados por las normas jurídicas de contratación publica, los cuales son asumidos de manera voluntaria, al asumir roles contractuales con el Estado y, son estos deberes especiales [por su condición de postor, contratista, ejecutor, concesionario, etc] que al ser infraccionados y afectar el bien jurídico protegido del delito de negociación, los que permiten sustentar responsabilidad penal del extraneus que se favorece con el contrato. Finalmente, concluiremos que el supuesto jurídico del delito de negociación no restringe la concurrencia de cómplices [cuando se da la modalidad delictiva de “interés indebido de terceros favorecidos con el contrato u operación”], su naturaleza no es regular actos de complicidad, pues, la complicidad se regula desde la parte general y su aplicación es transversal a todos los tipos penales de la parte especial, entre ellos, el delito de negociación. Con este planteamiento, no se pretende criminalizar a toda persona que participa contratando con el Estado, sino solo, evitar espacios de impunidad, como política de integridad Estatal. / This legal investigation focused its study on the acts of collaboration carried out by the extraneus in the commission of the crime of incompatible negotiation provided for in article 399 of the Penal Code, in order to reveal its criminal relevance and, therefore, its punishability. Such a study is motivated by the existence of judicial decisions that usually absolve extraneus of the accusation of being accomplices to the aforementioned crime, maintaining that the acts of extraneus are not punishable because the aforementioned article would not admit the prosecution or punishment of third exrtraneus who also participate in the same "corrupt" contracting process. It does not present any further dogmatic support, relying only on various judicial pronouncements of our Supreme Court, among them, in the appeal of Cassation No. 841-2015-Ayacucho (Case of the Regional Government of Ayacucho) which denies complicity in the aforementioned crime. In this research, we develop an in-depth doctrinal and jurisprudential analysis of the criminal political foundations that underlie the crime of incompatible negotiation from a corruption crime approach that will allow us to understand its nature and treatment; It also proposes a rethinking of the protected legal right that allows us to make it visible as a crime of concrete danger and with it, as a crime in which possible accomplices may very well interact in its commission. From the point of view of the accomplice, we propose that this character not only has general duties not to harm, but also enters a second level of assumption of special duties, different from that of the perpetrator of course, regulated by the legal rules of public procurement, which are assumed voluntarily, by assuming contractual roles with the State and, It is these special duties [due to their status as bidder, contractor, executor, concessionaire, etc.] that, when they are infringed and affect the legal right protected from the crime of negotiation, make it possible to sustain criminal liability of the foreigner who is favored by the contract. Finally, we will conclude that the legal assumption of the crime of negotiation does not restrict the concurrence of accomplices [when the criminal modality of "undue interest of third parties favored with the contract or operation"] occurs, its nature is not to regulate acts of complicity, since complicity is regulated from the general part and its application is transversal to all the criminal types of the special part. among them, the crime of negotiation. With this approach, it is not intended to criminalize every person who participates in contracting with the State, but only to avoid spaces of impunity, as a policy of State integrity. / Trabajo académico

En el presente análisis se analizará la vulneración a la legalidad dada a partir de la falta de motivación de la contradicción que genera la emisión de la Resolución N° 1990-2013-TC-S1, la cual decide dejar sin efecto las actuaciones previas, incluyendo la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, está última había determinado la sanción por trece meses a la empresa TESACOM PERU S.A., la cual había incurrido en impedimento por presentar el Anexo N° 3- Declaración de no estar impedido de contratar, y ser presentada por su representante legal, el capitán Dorrego Arias, quién era servidor público / In this analysis we will analyze the violation of legality due to the lack of motivation of the contradiction generated by the issuance of Resolution No. 1990-2013-TC-S1, which decides to leave without effect the previous actions, including Resolution No. 1737-2013-TC-S1, the latter had determined the sanction for thirteen months to the company TESACOM PERU S.A., which had incurred in impediment for submitting Annex N° 3-Declaration of not being impeded from contracting, and presented by its legal representative, Captain Dorrego Arias, who was a public servant

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor