Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta tesis tiene como propósito efectuar un análisis acerca de las consecuencias en el sistema normativo chileno aplicable a los funcionarios públicos, fundamentalmente el constitucional, de la aprobación de los Convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En la primera parte de este trabajo se efectúa un estudio relativo al marco orgánico en que tienen su génesis las normas internacionales del derecho del trabajo. Luego, se estudian las principales fuentes de esta rama del derecho: los convenios. Posteriormente, se intenta determinar en qué rango acoge nuestro sistema constitucional los convenios relativos a la libertad sindical. En una segunda parte, esta tesis trata en forma pormenorizada los convenios números 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del trabajo. En su parte final, se intenta ofrecer una interpretación guiada por el principio de la unidad y coherencia de las normas constitucionales contenidas expresamente en la Constitución y de los Convenios números 87 y 98. Se concluye que es necesario reinterpretar el ámbito de aplicación personal del derecho de sindicación en sentido estricto en su aspecto positivo, del derecho de negociación colectiva y del derecho de huelga, contenidos en la Constitución Política.

El trabajo de investigación ha tenido como problema general ¿De qué manera se puede regular la competencia de la Contraloría General de la República y de las Instituciones Públicas para iniciar procedimientos disciplinarios por infracciones disciplinarias? Y la propuesta teórica se basa en que se debe realizar un cambio en la competencia de ambos regímenes utilizando la cooperación y la competencia especial y gradual. / Tesis / Tesis

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La importancia que tiene la gestión de los recursos humanos al interior de las organizaciones es una idea que genera un consenso transversal. Esta idea ha permeado, como era de esperar, también en la esfera de la administración pública, donde en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar desde una burocracia estática hacia ideas y modelos que se adapten de mejor forma a entornos cambiantes y diversos. Los municipios, que constituyen un tipo particular de organización dentro de la administración pública, no escapan a esta necesidad, siendo cada vez más imperativo que se reflexione en torno a la gestión del recurso humano en los denominados gobiernos locales. Los municipios chilenos sin embargo se han mantenido al margen de esta tendencia mundial, modernizándose en varios aspectos pero dejando rezagada, por razones estructurales pero también operativas, la internalización de modelos de gestión del recurso humano. Este estudio, de carácter exploratorio-descriptivo, busca dar cuenta de las actuales condiciones en que el conjunto de los municipios chilenos dota su estructura de personal, concentrándose en un tipo particular de vínculo laboral denominado contratación a honorarios. Esta forma de empleo diseñada para otorgar cierto margen de flexibilidad a la hora de ejecutar tareas de carácter ocasional y no habitual, en la práctica se ha convertido en la principal forma de contratación en los municipios del país (para el año 2015 representa el 56% de la fuerza laboral municipal), aun cuando no ofrece estándares mínimos de estabilidad laboral, seguridad jurídica y/o equilibrio en la relación empleado/empleador. Lo anterior, según se pudo concluir, genera riesgos no sólo para el sistema de administración municipal, asociados entre otros al bajo control de la gestión y el clientelismo político, sino también para las personas contratadas a honorarios, asociados entre otros a la ausencia de seguros laborales y la incertidumbre previsional. Se aporta además una caracterización a nivel exploratorio de los funcionarios contratados bajo esta modalidad, encontrando altos niveles de motivación y satisfacción laboral, como también altos niveles de capital humano, lo que puede constituir un insumo relevante a la hora de diseñar un sistema o política de recursos humanos al interior de la organización municipal. Finalmente, este estudio busca contribuir a la discusión en torno a una política de normalización laboral, que mejore no sólo las condiciones de los trabajadores a honorarios sino que permita, a partir de la gestión del personal municipal, mejorar la calidad del conjunto del sistema.

Se analiza la existencia de una sobre remuneración de los trabajadores del sector público peruano con relación a los del sector privado, a partir de un análisis de la encuesta ENAHO, la última disponible en materia de empleo. Después de constatar que una comparación de los niveles promedio de ingresos daban una amplia diferencia en favor de los asalariados del sector público, se pone en evidencia que estas diferencias se debían mayormente a las características particulares de los trabajadores de este sector; en promedio de mayor edad y más calificados que sus homólogos del sector privado. El análisis econométrico efectuado confirma los resultados obtenidos para el Perú con la encuesta LSMS de 1985186 por Stelcner, Van der Gaag y Vijverberg en 1988. Los asalariados del sector público reciben una remuneración inferior a los trabajadores del sector privado teniendo las mismas características. Otros factores que intervienen en la determinación de los ingresos se presentan teniendo tanta o mayor importancia que la de pertenecer al sector público, y están mas bien relacionados con la discriminación étnica y a la protección en el empleo.

El presente trabajo tuvo como finalidad desarrollar una consultoría para identificar los puestos altamente críticos y sus posibles sucesores en una entidad pública –el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)– que permita asegurar la continuidad de su operación, sobretodo tratándose de una institución reguladora de un servicio público con gran incidencia en la calidad de la vida de los ciudadanos. Osinergmin es la única institución dedicada a la regulación de temas energéticos en Perú; por ello, que cuenta con puestos altamente especializados y únicos que no son fáciles de conseguir en el mercado o resultan muy caros. En este contexto, se hace necesario contar con sucesores que puedan ser un reemplazo ante situaciones de retiro, transferencias, ascensos, despidos, entre otras circunstancias, para lo cual se debe desplegar una estrategia que permita desarrollar a los trabajadores con alto potencial. Para el desarrollo de esta consultoría, se identificaron los modelos existentes para determinar los puestos altamente críticos, así como una metodología para identificar qué personas tienen alto potencial en la organización, que se aplicó en un área piloto. Luego, se procedió a comparar el perfil requerido de dichos puestos con la información de las personas a fin de hallar los posibles sucesores. Durante este proceso se detectó que existen varias personas próximas a jubilarse, lo que podría afectar la elaboración de un plan de sucesión y reemplazos en el corto plazo. La presente propuesta permitirá fortalecer los procesos de gestión humana y posicionar al área de Recursos Humanos como un socio estratégico que vela por la continuidad de las operaciones de la institución. Asimismo, esto generará un precedente de buenas prácticas en la gestión de servidores públicos, lo que demostrará que la innovación y la mejora continua se pueden instaurar en la institución pública.

La propuesta del presente trabajo de investigación, que ha constituido un reto, podría aplicarse a todos los gobiernos locales, en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y sancionar el soborno de manera eficaz en el proceso de otorgar licencia de funcionamiento, lo que es clave para el establecimiento de un sistema que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos de rendición de cuentas como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La presente investigación gira en torno al hecho de que el elemento “concertar” del delito de Colusión, al ser tratado como un elemento descriptivo, es decir, como un acuerdo de voluntades, contendría una alta dificultad de probanza para demostrar que los sujetos intervinientes dialogaron, conversaron, se conocieron, etc. por lo que se le debería comprender desde la perspectiva normativa. Para lograrlo, se ha dividido la presente investigación en tres capítulos. En el primer capítulo se explica la estructura del delito de Colusión con el fin de comprenderlo y se hace énfasis en el verbo “concertar”, pues éste es el principal elemento del citado tipo penal. En el segundo capítulo se define a la concertación desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial, advirtiéndose que es considerada tanto un elemento descriptivo como un elemento normativo. Por último, en el tercer capítulo se explica a la concertación como un elemento normativo del delito de Colusión. En esta investigación se establece criterios para aplicar la concertación como un elemento normativo en el delito de Colusión que permita una correcta configuración del mismo y conlleve a evitar los grados de impunidad que puedan advertirse por su alta dificultad de probanza si es considerado como un elemento descriptivo. En consecuencia, la concertación se debe entender como un elemento normativo, sujeto a un juicio de valor bajo los parámetros de determinados criterios, para lo cual se deberá prescindir de los conceptos naturalísticos y optar por conceptos normativos, ello con el fin de evitar que muchos casos sean absueltos al no poder probarse el pacto colusorio visto desde un aspecto descriptivo.

En la presente investigación se analizó la propuesta de modificación del artículo 400° del Código Penal referente al delito de tráfico de influencias simuladas, delito que está comprendido dentro del título llamado “delitos cometidos por funcionarios públicos”, la propuesta de modificación emana de la evidente existencia de una colisión normativa, pues de acuerdo al estudio realizado veremos que tal delito tiene características diferentes a todos los comprendidos dentro del mismo apartado. Es así que, como producto del desarrollo de la investigación se llevó acabo el análisis del delito de tráfico de influencias en su modalidad simulada y se explica el por qué se llega a subsumirse en el delito de estafa. Debemos recordar que el derecho penal es de ultima ratio, pues como sabemos conoce las causas como último medio de solución, debido a ello es considerado un limitativo de derechos fundamentales; por ello, es importante que los delitos consignados en el Código Penal estén correctamente tipificados.

La prueba trasladada llega a la legislación peruana con la finalidad de coadyuvar en el proceso, pero a lo que se enfrenta es a una realidad a la que no puede ser sometida, porque la valoración que se le da es la misma del juicio de la valoración del proceso de la cual es extraída, tornándose de esta forma un tanto subjetiva. Teniendo en cuenta la realidad de la prueba trasladada en cuanto a su valoración, esta investigación plantea determinar de qué forma la aplicación del sistema cuantitativo en la prueba trasladada constituiría una contribución en la valoración del caudal probatorio en los delitos de corrupción funcionarial. Por lo que se propone la utilización del sistema cuantitativo basado en una tabla de contenido de estándar probatorio, en la misma que se le da un peso porcentual a la prueba trasladada para poder ser admitida en el proceso a la que se traslada.

La corrupción, es un problema que ha ido aumentando en el mundo, y nuestro país no ha sido la excepción, en específico nuestra Región de Lambayeque no es ajena a esta coyuntura, tomando como referencias los últimos mandatos corruptos de los anteriores alcaldes de la cuidad de Chiclayo generando con ello, efectos negativos para el bienestar de la sociedad, teniendo como consecuencia pobreza y reducción de los ingresos públicos. Por ende, la presente investigación, permite acercarnos a la realidad a través de una metodología basada en la información pública durante los últimos años. Por esta razón, el Gobierno determinó la Política Nacional de Integridad y Lucha frente a la corrupción es así que se emitió el Decreto Legislativo N.º 1327, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 010-2017-PCM cuyo artículo 2 crea la Oficina de Integridad Institucional como unidad orgánica que asume regularmente las labores de promoción de la integridad y ética institucional en las entidades públicas. Sin embargo, la propia pauta marca que en aquellas entidades que no cuenten con un aparato orgánico que asuma las funciones de promoción de la integridad y ética institucional, las responsabilidades señaladas las asume la más alta autoridad administrativa de la entidad, pudiendo encomendar tales ocupaciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que cumpla sus veces; no estando la entidad obligada a crear un órgano para que asuma estas funciones. Por ello, lo que se busca en la presente investigación es incorporar Oficinas de Integridad Institucional en las municipalidades distritales como un órgano de apoyo, que estará exclusivamente a cargo de recibir las denuncias de los ciudadanos de los actos de corrupción de funcionarios que se susciten en la Administración Pública, con la finalidad de contrarrestar y porque no pensar de erradicar la corrupción, así como también cubrir vacíos legales en el actual Decreto Legislativo 1327 y su reglamento que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. Por ello será necesario incorporar dicha figura en las Municipalidades Distritales de la Región de Lambayeque. Así todos los ciudadanos se verán beneficiados con estos cambios y el gobierno municipal tendrá un óptimo e integral desempeño.