Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Ante los hechos de corrupción suscitados en nuestro país, se impone la obligación a los entes públicos como a la sociedad en general de prevenir y detectar indicios de corrupción en la Administración Pública. En tal sentido, las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos constituyen un importante mecanismo de prevención que permite detectar si el funcionario público ha utilizado de manera ilícita los recursos estatales. De conformidad al mandato constitucional que contempla la obligación de realizar declaración jurada, éstas deben publicarse periódicamente en el diario de mayor difusión. No obstante, hoy en día no es posible acceder a dicha declaración en su integridad por considerarse que la información declarada se encuentra exceptuada del derecho de acceso a la información pública, en la medida que con su divulgación se estaría afectando el derecho a la intimidad del funcionario. En ese sentido, se postula que dicha restricción obstaculiza, de manera ilegítima, el derecho fundamental al acceso a la información pública, así como el derecho de fiscalizar la gestión pública de las autoridades. De ahí que, de la interpretación de los objetivos perseguidos mediante la publicidad de las declaraciones juradas, tales como la vigencia del derecho de acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción, se defiende la tesis que la información declarada debe encontrarse de manera accesible y completa.

El Estado Peruano pretende lograr una modernización en sus estructuras que le permita estar al servicio del ciudadano y gestionar por resultados en una forma eficiente y eficaz, tal como se estableció con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rumbo al 2021, aprobada en el año 2013, cuya visión a puertas del 2021, no ha podido concretarse del todo, así esta política pública orientada a resultados al servicio del ciudadano cuenta con tres ejes transversales como lo son el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la articulación interinstitucional, siendo que el Gobierno Abierto es el que permite al ciudadano obtener fácilmente información relevante y comprensible, para garantizar y promover la transparencia y cuyo reto es asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Es así que, en el año 2017, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Autoridad Nacional), siendo unas de sus funciones principales la de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública como garantía de la existencia de mecanismos que faciliten el acceso a la información pública y del respeto a la normatividad sobre la materia, con ella el Tribunal de Transparencia y acceso a la información (en adelante el Tribunal), contribuyen con la solución de controversias en éste ámbito, siendo importante la revisión de sus pronunciamientos en el marco del derecho de acceso a la información pública.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el entender cómo es que el Derecho Constitucional y el derecho de acceso a la información pública, en especial, se ven afectados por las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC). En el primer capítulo se realiza una breve exposición del crecimiento y evolución de Internet y, teniendo en cuenta su naturaleza, se analiza cómo este influencia el Derecho Constitucional: ello nos permite generar el concepto de Constitucionalismo digital, el cual definimos como el conjunto de ideas propias del constitucionalismo contemporáneo que nos brindan los parámetros de estudio del ejercicio del poder político en espacios digitales, el ejercicio de derechos fundamentales y los mecanismos de interpretación ante situaciones de incertidumbre iusfundamental en espacios digitales. En el segundo capítulo expondremos el estado de la cuestión del principio constitucional de transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el Perú. El primero es un principio implícito en nuestro ordenamiento constitucional y que cuenta con desarrollo normativo a nivel legal. Este se relaciona con el Estado exigiendo de él distintas actuaciones o el cumplimento de distintas obligaciones: transparencia pasiva y transparencia activa. En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, este ha sido reconocido en ámbitos supranacionales y se le ha vinculado con el derecho a la libertad de información. De la misma manera, en Perú, jurisprudencialmente, se ha vinculado este derecho con el derecho de petición. Consideramos que el derecho de acceso a la información pública tiene un contenido diferenciado del derecho de petición y de la libertad de información: este gira en torno al interés fundamental que tienen las personas de conocer la información que produce o posee el Estado

El presente informe profesional tiene por objetivo presentar la gestación, desarrollo y puesta en operación del instrumento del Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se inició en el año 2002 y ya cuenta con 14 años de implementación. El énfasis estará puesto en la experiencia desarrollada en capital del país en el período 2005 al primer semestre de 2010, con los OSEL locales de Lima Norte y Lima Sur, que se implementaron en el marco de asociaciones público-privadas.

La transparencia constituye principio esencial dentro de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que a su vez forma parte del gran principio denominado Buen Gobierno, que sirve como orientador a las actuaciones de las entidades de la Administración Pública para el cumplimiento de sus objetivos, siendo su finalidad garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, tal principio se materializa a través del derecho de acceso a la información pública, el mismo que cuenta con herramientas por parte del Estado para conocer información que tiene carácter público y que la ciudadanía pueda ejercer un rol fiscalización en la gestión pública. No obstante, resulta importante analizar si estas herramientas, para hacer efectivo el mencionado derecho fundamental, terminan siendo eficaces, o por el contrario, debido a la burocracia estatal se termina desnaturalizando la transparencia en el Estado. Por tales motivos, el presente trabajo se centra en el análisis del principio de buen gobierno, específicamente de los subprincipios de transparencia y eficacia, y su concordancia con los mecanismos procesales y procedimentales para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; del mismo modo, se realiza un análisis sobre la eficacia del proceso de hábeas data y del procedimiento recursivo ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como resultado, se tiene que el principio de Buen Gobierno se encuentra garantizado con el rol que cumple el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la resolución de controversias en materia de acceso a la información pública, debido a que con la celeridad de sus procedimientos los ciudadanos pueden obtener un resultado más eficaz en protección del citado derecho fundamental.

El año 2013 el Ministerio de Cultura del Perú inició la publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, instrumento de gestión creado a partir de la Ley del Derecho a la Consulta Previa que sería clave en la definición de la ubicación geográfica de los más de 50 pueblos indígenas u originarios en el Perú. A partir de entrevistas con funcionarios de agencias estatales y representantes de organizaciones indígenas y de sociedad civil, este estudio busca comprender el proceso de elaboración y publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura entre los años 2011 y 2015. Para ello, este documento describe la cronología del proceso en mención, analiza las posturas y estrategias de los actores involucrados, y explica los factores que influyeron en la forma en que se publicó la referida base de datos. Los resultados dan cuenta de un Estado que, pese a haber promulgado la ley que crea la base de datos en mención, tiene como conjunto una posición fragmentada y, en general, de oposición al proceso gestionado por la agencia estatal rectora en materia indígena. En el marco del debate teórico sobre la capacidad estatal, los resultados discuten la aplicación del concepto de autonomía respecto de grupos de actores no estatales como un elemento clave en la implementación de una política determinada. A diferencia de lo señalado en la literatura académica, este estudio no plantea precisamente un escenario de captura del Estado por parte de actores no estatales con poder económico. Sus hallazgos ponen de relieve la cooptación del Estado por parte de una comunidad de actores estatales, cuyo modelo de desarrollo coincide con el del sector empresarial. / Trabajo de investigación

La corrupción en el Estado, como materia de estudio de la ciencia política, aborda la comprensión de las circunstancias que permitieron que ésta ocurra, así como sus consecuencias. Pero también desde la ciencia política se busca encontrar mecanismos que permitan combatir la corrupción, lo que conlleva a analizar el Estado desde todos sus ámbitos. En mérito a lo mencionado y para los fines de reducir y de ser posible eliminar las circunstancias que permitieron las situaciones de corrupción, volvemos la mirada hacia los instrumentos y medidas que se han formulado y/o implementado para tal efecto hasta la fecha. Para el caso peruano, tenemos entre estas medidas, a las políticas del Estado peruano formuladas en el año 2002, en el marco del Acuerdo Nacional, entre cuyos objetivos tenemos el de un “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado”, para el cuál, entre otros, se planteó la política de construir y mantener un Estado eficiente y transparente al servicio de las personas; y la promoción de la ética y la transparencia para erradicar la corrupción. Al respecto, si luego de dieciséis años, los resultados de la evaluación a las medidas implementadas para un Estado transparente no muestran avances significativos, mermando con ello los objetivos de Estado; entonces, interesa conocer ¿Qué tipo de gestión se está haciendo respecto de las políticas de transparencia? En respuesta a esta pregunta central, en esta investigación, se proponen tipos de gestión de las políticas de transparencia en entidades del Estado, que se espera puedan aportar a diferenciar las gestiones y a reconocer en atención a las mismas, los aspectos que cada Entidad del Estado requiera mejorar para alcanzar el ideal de Institución Pública transparente. En ese sentido, esta tesis tiene la siguiente estructura: primero, se desarrolla el marco teórico, paso seguido se expone la propuesta de los tipos de gestión de las políticas de transparencia, así como la metodología para la medición de los factores que caracterizan a la transparencia (índice de transparencia); finalmente, haciendo uso de la tipología propuesta en esta investigación, así como de la herramienta elaborada para la medición de la transparencia; se determina el tipo de gestión de las políticas de transparencia en dos entidades del Estado peruano, las mismas que han sido elegidas en razón de sus niveles de confianza ciudadana.

A través del presente documento se busca resaltar la importancia del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Si los funcionarios a cargo de las entidades que conforman el Estado Peruano le dieran el valor necesario a su implementación, tendríamos ciudadanos más informados, capaces de participar y plantear propuestas en beneficio de la sociedad, fomentando la participación ciudadana recuperaríamos la confianza de la ciudadanía en el accionar gubernamental y la transparencia minimizaría el nivel de corrupción en nuestras instituciones. Esta investigación es un aporte importante debido a la ausencia de literatura en las ciencias sociales que aplique estándares internacionales para medir la apertura de los datos del gobierno en el Perú. También es un tema relevante porque aplicando esta metodología se permite hacer comparaciones de un índice en varios contextos y países. En el Perú lo aplicamos para conocer el nivel de apertura de la información pública. Finalmente es una investigación importante porque se cuenta con conocimiento de expertos en la materia y de los actores directos quienes son los funcionarios responsables de elaborar y presentar la data publicada en los sitios web de las instituciones del gobierno a analizar en el presente trabajo. Para ello se planteó como objetivo principal, determinar el nivel de apertura de la información brindada por las instituciones públicas del Gobierno Peruano entre los años 2013-2019, tomando como referencia la metodología aplicada por el Open Data Index sobre el avance de nuestro país en el acceso a la información pública. De acuerdo a la cual se advierte que aún existen varias barreras para lograr la apertura de datos por parte del gobierno, lo cual se corroboró con las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Interior, Ministerio del Ambiente y Congreso de la República. Para mejorar el proceso de implementación del gobierno abierto se debe superar las siguientes limitaciones: a) Falta de coordinación intrasectorial e intersectorial, b) Alta rotación de los cargos públicos, c) Escaso presupuesto, debido al poco o nulo conocimiento sobre este proceso, d) Pocos o nulos incentivos para la implementación del gobierno abierto en los sectores, e) El avance de este proceso es diferente por sector, f) La data es obsoleta o fue mal tomada y g) Se desconoce el impacto económico de la implementación del gobierno abierto.