El «derecho al olvido» pretende erigirse como una herramienta concedida a las personas que se ven perjudicadas por la permanencia sine die de información propia tanto en bancos de datos llevados por particulares o por el Estado (p.ej. las centrales de riesgo o los registros de reincidencia), como también en Internet (que por efecto de los buscadores la convierte en «el» banco de datos). Con este nuevo derecho se pretende conceder a quien se ve perjudicado por informaciones vetustas la posibilidad de evitar que esos datos puedan ser de conocimiento masivo, emulando esa característica (¿in?) capacidad de olvidar propia de los seres humanos, que por sus naturales efectos permite la reinserción social de quienes tuvieron experiencias negativas en ese pasado lejano.

Memoria para optar al título de periodista / Una torpeza permitió el inicio. El viernes 18 de abril de 2008 debía viajar a Barcelona, España, por razones laborales. Poco antes de subirme al radiotaxi que me llevaría al Aeropuerto de Santiago miré mi pasaporte. Estaba vencido. Era media tarde y decidí no volver al trabajo para evitar la vergüenza pública y preferí ocupar mi tiempo en algo eternamente postergado. Ese día se conmemoraban 19 años de la caída de dos jóvenes en San Pablo con Radal, Quinta Normal, en un supuesto enfrentamiento con la Central Nacional de Informaciones, CNI. Como era habitual, en la Plaza Simón Bolívar se realizaría un acto de conmemoración. Fue la primera vez que asistí a ese evento. En 1989, cuando ocurrió la balacera, yo tenía 14 años. Desde mi casa escuché los nutridos disparos, me colé en la oscuridad de un pasaje, a dos cuadras de distancia, y divisé patrullas, luces, agentes de seguridad. Al día siguiente, antes de partir al colegio, crucé la Avenida San Pablo y caminé por donde habían caído abatidos Iván Palacios Guarda y Eric Rodríguez Hinojosa. El suelo estaba regado de sangre. Muchos años más tarde conocí a un ex militante del MIR que en ese tiempo estuvo en la cárcel y me relató una historia que me recomendó escribir. Un agente de seguridad había formado en Pudahuel, Quinta Normal y Villa Francia un apéndice de la Resistencia y para ello había reclutado a una veintena de jóvenes, todos menores de edad, en su mayoría hijos de presos políticos del MIR. Descubierta la infiltración, la mayoría de los involucrados escapó hacia Argentina. Pero no todos. Iván Palacios y Eric Rodríguez se quedaron en Santiago. Ellos también habían militado en ese grupo, al mando de ‘Miguel’, el supuesto comandante del MIR que los dirigió durante meses, los instruyó en el uso de las armas y les ordenó realizar acciones y atentados. Ambos fueron los que cayeron en San Pablo. La conexión entre ambas historias era una gran historia por trabajar. Y decidí investigarla. El 18 de abril de 2008 llegué a la conmemoración con la intención de contactar gente que conociera el caso. Reticentes, muchos asistentes se negaron siquiera a dialogar. Otros miraron desconfiados, con la misma desconfianza de los tiempos de dictadura. Una amiga de Eric Rodríguez habló en el acto y me acerqué a ella. Le relaté mis intenciones y prometió llamarme. Un mes después me contactó. El 21 de mayo de ese año tuve mi primera entrevista con un protagonista de esta historia. En los siguientes dos años entrevisté a más de 30 personas, entre militantes de la R, hoy todos bordeando los 40 años, presos políticos del MIR, abogados, ex autoridades y hasta ex agentes de la CNI. El relato que sigue es el resultado de toda esa investigación, que incluyó además revisión de varios expedientes judiciales, prensa de la época y bibliografía sobre el período.

Memoria para optar al título de Periodista / Tras el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Augusto Pinochet y su comitiva el 7 de septiembre de 1986, la historia de muchas personas cambió para siempre. Pocas horas después de la emboscada en el sector de Las Vertientes en el Cajón del Maipo, el general apareció en el noticiario de Televisión Nacional, 60 minutos, con su mano vendada, mostrando el Mercedes Benz blindado dañado y señalando una frase que quedaría grabada en la historia de Chile: “¡Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave de lo que están hablando y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia!”. Sus palabras calaron hondo y sus acciones post atentado sellaron la vida de muchos. Se declaró Estado de Sitio en el país y de inmediato la Central Nacional de Informaciones, CNI, comenzó una desenfrenada búsqueda por encontrar a los culpables de la llamada Operación Siglo XX. La investigación se confundió con el temor, se sembró miedo asesinando horas después a personas que no tenían relación con el atentado y se acentuó la horrible relación entre la policía secreta del régimen y la sociedad civil. Este hecho fue uno de los antecedentes principales de uno de los montajes más emblemáticos de la dictadura militar. La Operación Albania o Matanza de Corpus Christi dejó entre el 15 y 16 de junio de 1987 doce frentistas muertos en manos de agentes de la CNI. Los hombres de bigote simularon fuertes enfrentamientos para encubrir la muerte de estas personas, entre ellas la de José Joaquín Valenzuela Levi, uno de los líderes del FPMR y cabecilla del atentado a Pinochet. Los agentes de la CNI interceptaron a los frentistas en la vía pública, irrumpieron en sus hogares y casas de seguridad asesinándolos en medio de un sangriento plan. La historia de la Operación Albania no es una más de los años ‘80, no es una más que relata la muerte de frentistas, es la historia de un montaje planificado, en donde agentes de la Central Nacional de Informaciones en conjunto con medios de comunicación oficialistas se confabularon para dar un testimonio falso a la sociedad. Los familiares no sólo debieron reponerse a las muertes de sus seres queridos. Por más de una década debieron batallar con la justicia para demostrar que los frentistas no fallecieron producto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, si no que fueron brutalmente asesinados por la dictadura militar.