EL caso Atala Riffo y niñas vs. Chile constituye un hito en materia de igualdad y no discriminación, al ser la primera vez que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reconoce la orientación sexual como categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, este fallo presenta una serie de omisiones en el reconocimiento de la vulneración de dos derechos en específicos: el derecho a la no discriminación por razón de genero y el derecho a la garantía de imparcialidad. En el presente caso, se buscará determinar la existencia de dichas violaciones mediante un análisis crítico. / The case of Atala Riffo and girls vs. Chile is a milestone in terms of equality and nondiscrimination, as it is the first time that the Inter-American Human Rights System recognizes sexual orientation as a category protected by the American Convention on Human Rights. However, this ruling presents a series of omissions in the recognition of the violation of two specific rights: the right to non-discrimination based on gender and the right to guarantee impartiality. In the present case, the existence of said violations will be determined through a critical analysis.

El presente informe jurídico busca cuestionar el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús vs. Brasil, publicada el 15 de julio de 2020. El principal argumento es que la Corte realiza un análisis limitado porque no adopta un enfoque laboral para determinar la vulneración de los derechos, a pesar de que el hecho generador sea un accidente de trabajo; sumado a que, tampoco se desarrolla a profundidad la responsabilidad en la protección y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. En ese sentido, se cuestiona la falta de aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH) como criterio de análisis; la falta de pronunciamiento sobre otros derechos que también resultaron afectados como consecuencia de la vulneración al derecho a condiciones equitativas y satisfactorias en la seguridad, salud e higiene en el trabajo, como son los derechos a la salud y a la seguridad social; y el análisis de la dimensión judicial de este último. A manera de conclusión, se señala que si bien el Estado es responsable por las violaciones de los derechos imputados, el análisis es limitado por las razones anteriores y repercute en las medidas de reparación que ordena la Corte. Sobre estas, se sugiere que deben estar orientadas a la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en un marco general y en los trabajos de alto riesgo. / This legal brief seeks to question the analysis of the Inter-American Court of Human Rights in the judgment of Employees of the Santo Antonio de Jesus fireworks factory vs. Brazil, published on July 15, 2020. The main arguments are that the Court's argumentation is limited because it does not adopt a labor approach, even though the triggering event is an accident at work. In addition, the violation of the right to equitable and satisfactory conditions of safety, health and hygiene at work is focused on the lack of State control, without considering that companies are also responsible for the protection and respect of human rights. In this sense, the lack of application of the Guiding Principles on Business and Human Rights as a criterion of analysis is questioned since it prevents an enriching pronouncement on the matter; as well as the fact that the affectation of other rights as a result of the violation of the right to equitable and satisfactory conditions in safety, health and hygiene at work, such as the right to health and social security, has been ignored, or that the judicial dimension of the right has not been considered as a relevant point of analysis to determine the responsibility of the State. By way of conclusion, it is noted that although the State is responsible for the violations of the rights imputed, the analysis is limited for the above reasons and has repercussions on the reparation measures ordered by the Court. Regarding these, it is suggested that they should be oriented to the protection of the right to safety and health at work in a general framework and in high-risk jobs.

En el presente informe jurídico se analiza la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 04 de febrero de 2022, a la luz del principio de igualdad y no discriminación frente a los límites del derecho a la libertad religiosa de las autoridades eclesiasticas. En específico, se examina la existencia de responsabilidad internacional del Estado chileno por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, el acceso a la función pública, a la libertad personal, a la vida privada, al trabajo, a las garantías judiciales y a la protección judicial (amparados en la Convención Americana de Derechos Humanos) debido a la revocatoria del certificado de idoneidad para el ejercicio de la docencia de la señora Sandra Pavez Pavez. En efecto, se observa que dicha revocatoria se dio ya que se hizo pública su orientación sexual, por lo que se analiza el desarrollo jurisprudencial de esta categoría protegida frente a actos discriminatorios en relación a los derechos a la vida privada, libertad personal, acceso a la función y trabajo. Finalmente, se da cuenta de que, al no existir un recurso eficaz en la jurisdicción chilena, nunca se pudo impugnar los efectos de la decisión de revocarla. En atención a ello, en el presente informe se emplea una metodología dogmática y exegética, donde se utilizan normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. / This legal report analyzes the sentence of the Case Pavez Pavez Vs. Chile resolved by the Inter-American Court of Human Rights on February 4, 2022, in light of the principle of equality and non-discrimination regarding the limits of the right to freedom of religion of the ecclesiastical authorities. Specifically, the report analyzes the existence of international responsibility of the Chilean State for the violation of the rights to equality before the law, access to public service, personal freedom, private life, work, judicial guarantees and judicial protection (protected by the American Convention on Human Rights) due to the revocation of the certificate of suitability for the exercise of teaching of Mrs. Sandra Pavez Pavez. Indeed, it is observed that said revocation occurred since his sexual orientation was made public, for which reason the jurisprudential development of this protected category is analyzed against discriminatory acts in relation to the rights to private life, personal freedom, access to function and work. Finally, it is realized that, since there is no effective remedy in the Chilean jurisdiction, it was never possible to challenge the effects of the decision to revoke it. To reach this objective, this report integrates a dogmatic and exegetical methodology, and international norms and standards offered by International Human Rights Law are used.

El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

La investigación que se desarrolla en este informe se justifica en la relevancia de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia, siendo el principal el relativo al derecho a la salud, y el análisis que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su vulneración, con miras a consolidar y precisar el cambio de su jurisprudencia en materia de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCA). De igual importancia, es el análisis de la vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, integridad personal, protección judicial, y garantías judiciales; en su relación con el derecho a la salud; así como el de la afectación del derecho a la integridad personal de familiares de víctimas directas de violaciones de sus derechos humanos, y el cumplimiento del principio de reparación integral. El objetivo de este trabajo es sustentar una posición respecto a la resolución brindada por la corte aludida, contribuyendo así al debate en materia de DESCA, en base al estándar de protección de derechos establecido por esta y la normativa internacional pertinente en la materia. Conforme lo anterior, en este informe sostenemos la pertinencia de la consolidación de la judiciabilidad directa de los DESCA a través de la corte en mención, y el sustento brindado para esta.

El presente artículo aborda las problemáticas relacionadas a la notificación del hecho infractor, tanto en su contenido como en la oportunidad de notificación, las cuales tienen incidencia directa en plena efectividad del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador. Como parte del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo, se propone la aplicación del estándar más garante del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, frente a los tradicionales límites-garantías al ius puniendi de la Administración. Así, de la interpretación de la Corte Interamericana se desprende que los Estados deben alejarse del principio de confianza, toda vez que la notificación del hecho infractor requiere transitar por los canales oficiales, en aras de maximizar la vigencia del derecho de defensa. Con todo ello, se dilucida una tarea pendiente del legislador y los administradores de justicia para adecuarse al nuevo estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todas relaciones procesales entre el Estado y el privado, en particular, en el procedimiento administrativo sancionador. / This article addresses the problems related to the notification of the infringing act, both in its content and in the opportunity of notification, which have a direct impact on the full effectiveness of the right of defense in the administrative sanctioning procedure. As part of the process of constitutionalization of Administrative Law, the application of the standard plus guarantee of the right to prior and detailed communication of the accusation is proposed, compared to the traditional limitsguarantees to the ius puniendi of the Administration. Thus, from the interpretation of the Inter-American Court it follows that States must move away from the principle of trust, since notification of the infringing act requires going through official channels, in order to maximize the validity of the right of defense. With all this, a pending task for the legislator and the administrators of justice is elucidated to adapt to the new standard established by the Inter-American Court of Human Rights for all procedural relations between the State and the private sector, in particular, in the administrative sanctioning procedure. / Trabajo académico

La sentencia materia de análisis se trata del “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Su análisis constituye una sentencia histórica, pues se trata de la primera que pretende utilizar de manera generalizada un enfoque de género. Este informe, expone y analiza la desaparición y muerte de 3 mujeres en México, específicamente en Ciudad de Juárez, donde el contexto de violencia contra las mujeres era generalizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), haciendo uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem Do Para, determina la responsabilidad parcial del Estado de México por el incumplimiento del deber de prevención y la obligación de la diligencia debida. Los objetivos del análisis de este informe son: - determinar si es válido o no el empleo de la Convención Belém Do Pará; por ello, desarrollo el análisis ya hecho por la Corte de cara al contexto del caso y la evolución de corpus juris ; - determinar si México vulneró el deber de prevención respecto de los derechos humanos de las víctimas asesinadas y, por tanto; si omite su deber a la diligencia debida, y si fuera el caso, ¿desde qué momento? y si constituyen vulneraciones en razón de género. - En el caso concreto, se analizará si hubo un conocimiento del contexto de violencia por parte del Estado; que pueda determinar su responsabilidad no solo ex post, sino ex ante del momento de las desapariciones. Asimismo, se intentará determinar cuándo las mujeres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, que implique que a un Estado se le deba exigir un deber de diligencia reforzado. Sin perjuicio de las conclusiones de este informe, esta sentencia es definitivamente relevante como herramienta jurídica para el amparo de los derechos de las mujeres a nivel regional, y constituye un referente para otros sistemas de jurisdicción internacional.

Este informe tiene como propósito analizar la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barbosa de Souza y otros vs. Brasil, el primer caso resuelto en el sistema interamericano de derechos humanos que trata sobre el impacto del uso indebido de la inmunidad parlamentaria procesal en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Concretamente, se analizan tres episodios de vulneración de derechos a fin de determinar la responsabilidad del Estado de Brasil: i) las decisiones de la Asamblea Legislativa de Paraíba por las cuales se rechazó levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado y principal sospechoso de dar muerte a Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) la constante negativa de la Policía Civil de Paraíba para actuar diligencias investigativas en relación a otros cuatro sospechosos de haber participado en los crímenes de homicidio y ocultamiento de cadáver, y iii) el alegado uso de estereotipos de género en el marco del proceso penal seguido contra Aércio. A partir de ello, se establece que el Estado de Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia. / The aim of this report is to analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of Barbosa de Souza et al. v. Brazil, the first case resolved in the Inter-American system for the protection of human rights that deals with the impact of the improper application of procedural parliamentary immunity on the right of effective access to justice. Specifically, three episodes of violation of rights are analyzed in order to determine the responsibility of the State of Brazil: i) the decisions of the Paraíba Legislative Assembly, refusing to lift the parliamentary immunity of the then deputy and main suspect in killing Márcia, Aércio Pereira de Lima, ii) the constant refusal of the Paraíba Civil Police to carry out investigative proceedings in relation to four other suspects of having participated in the crimes of homicide and corpse concealment, and iii) the alleged use of gender stereotypes in the criminal proceedings against Aércio. In conclusion, it is established that the State of Brazil is responsible for the violation of the rights to judicial guarantees and judicial protection, recognized respectively in articles 8.1 and 25 of the American Convention on Human Rights, in relation to articles 1.1 and 2 of the same instrument, and 7.b of the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Erradicate Violence against Women, to the detriment of Márcia’s mother and father.

Este informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia del Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero de 2020, destacando los argumentos principales que consolidan el enfoque de la justiciabilidad directa de los derechos económico, sociales, culturales y ambientales, los denominados derechos “DESCA”. En ese sentido, se describirá el razonamiento interpretativo que realizó la Corte IDH sobre el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) basándose en los criterios de interpretación sistemática, dinámica y evolutiva. De esta manera, se reconoce el carácter autónomo de cada derecho DESCA, como el derecho a un medio ambiente sano, lo cual, nos genera gran expectativa en el alcance de protección a la naturaleza y sus componentes en sí mismos, incluso sin que exista evidencia o certeza de afectación al ser humano. Para realizar este informe, hemos utilizado el método dogmático, debido al objeto de estudio, que se circunscribe en normas o conceptos jurídicos, tratados internacionales, instituciones jurídicas que derivan del cuerpo jurisprudencial del Sistema Interamericano (SIDH). Sumado a ello, nos hemos apoyado de herramientas metodológicas de carácter documental para la búsqueda y sistematización de información. / The purpose of this legal report is to analyze the judgment of the Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, issued by the Inter-American Court of Human Rights on February 6, 2020, highlighting the main arguments that consolidate the approach of direct justiciability of economic, social, cultural and environmental rights (ESCER). In this sense, we will describe the interpretative reasoning of the Inter-American Court on Article 26 of the American Convention on Human Rights (ACHR) based on criteria of systematic, dynamic and evolutionary interpretation. In this way, the autonomous character of each of these rights is recognized, and on the basis of this autonomy and the content of the protection, the right to a healthy environment generates a great expectation in the scope of the protection of nature and its components in themselves, even without evidence or certainty of human involvement. In preparing this report we have used the dogmatic method, due to the object of study, which is circumscribed in legal norms or concepts, international treaties, legal institutions derived from the jurisprudence of the Inter-American System of Human Rights. In addition to this, we have relied on methodological tools of a documentary nature for the search and systematization of information.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar algunos razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, la cual extiende su jurisprudencia en relación con la violencia por prejuicio -desarrollada en el caso de Azul Rojas vs. Perú-, pero en esta ocasión referida a la identidad y expresión de género. El caso es sumamente trascendental ya que es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la aplicación de la Convención de Belém Do Pará para la protección de mujeres trans. La Corte declaró a la República de Honduras como responsable de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad personal, a la vida privada, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales en perjuicio de Vicky Hernández, así como la violación del derecho a la integridad personal de sus familiares. Una de las principales líneas argumentativas de la Corte IDH se relaciona con el estándar de debida diligencia reforzada exigida para la investigación y juzgamiento de la violencia contra las mujeres trans. Asimismo, la Corte IDH ordenó reparaciones que, a diferencia del caso de Azul Rojas Marín y otra contra Perú, responden al contexto de discriminación estructural que posibilita la violencia hacia mujeres trans. Sin embargo, la Corte no aplicó un enfoque interseccional en todo su análisis y los votos singulares de la magistrada Odio y el juez Vio Grossi, constituyen una preocupación para el avance del reconocimiento de derechos de las personas trans en la región, debido a su postura esencialista y binaria sobre el sexo.