El trabajo de investigación parte de la existencia de dos interpretaciones totalmente opuestas respecto de la aplicación de intereses moratorios y sanciones ante la posterior modificación del Impuesto a la Renta que sirvió como base de cálculo para determinar los pagos a cuenta. A partir de la aplicación del método de interpretación sistemática de las normas que regulan la obligación de abonar los pagos a cuenta y de los intereses moratorios respecto de tales anticipos, así como de las normas referidas a las declaraciones tributarias original y rectificatoria, se concluye que contrariamente a lo establecido por la Corte Suprema, sí procede el cobro de intereses moratorios y de sanciones ante la posterior variación del impuesto anual que fue utilizado para determinar dichos pagos a cuenta. Así, se establece una crítica a la interpretación efectuada por la Corte Suprema, planteándose una interpretación acorde a lo previsto por la normatividad tributaria aplicable, y apoyando la postura adoptada por el Tribunal Fiscal. Asimismo, el trabajo de investigación pone en evidencia la inseguridad jurídica generada en los contribuyentes ante esta doble interpretación, y, además, la posible afectación en la recaudación del Estado como consecuencia de lo que se resuelva de forma definitiva en los procesos judiciales iniciados en los que se invoca la aplicación de la interpretación efectuada por la Corte Suprema. / Trabajo de investigación

El presente informe consiste en analizar el Laudo Arbitral en mayoría emitido en el Expediente 1908-308-18 CARC-PUCP. Dicho arbitraje, tiene como antecedente la suscripción del Contrato N° 012-2017-MTC/20, entre el Consorcio Puentes del Norte y Provias Nacional, bajo la modalidad de suma alzada y concurso oferta; de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigentes en dicho momento. La controversia se resume en lo siguiente: El Consorcio considera que cumplió debidamente con la entrega del Expediente Técnico pese a que cuenta con un presupuesto de ejecución de obra mayor al inicialmente ofertado debido a que las condiciones originales del contrato variaron; y, por su parte, Provias Nacional considera que no se cumplió con presentar un Expediente Técnico idóneo ya que el presupuesto de ejecución de obra excedía el precio inicialmente ofertado. Ante la necesidad de determinar si el Consorcio cumplió o no con elaborar un Expediente Técnico acorde a lo requerido por la Entidad, se analizará si existió justificación válida para sustentar la presentación de dicho Expediente en los términos señalados por el Consorcio. Por lo que, contrastaremos los argumentos del Consorcio, de la Entidad y del propio Tribunal Arbitral en mayoría. Asimismo, analizaremos la naturaleza de la modalidad del contrato; la aparente rigidez de las Bases Integradas; y, también si existe algún mecanismo acorde a Ley que permita la conservación del Contrato, o si corresponde la resolución de este. / The present report consists of an analysis of the Majority Arbitration Award issued in Case 1908-308-18 CARC-PUCP. This arbitration has its background in the signing of Contract No. 012-2017-MTC/20 between Consorcio Puentes del Norte and Provias Nacional, under the lump sum and competitive bidding modality, in accordance with the provisions of the Law on Public Procurement (Legislative Decree No. 1017) and its regulation approved by Supreme Decree No. 184-2008-EF, in force at that time. The controversy can be summarized as follows: The Consortium argues that it duly complied with the delivery of the Technical File despite having a higher construction budget than initially offered due to changes in the original contract conditions. On the other hand, Provias Nacional argues that the Consortium did not present an appropriate Technical File since the construction budget exceeded the initially offered price. In order to figure out whether the Consortium fulfilled the obligation to prepare a Technical File per the requirements of the Entity, we will analyse whether there was a valid justification to support the submission of said File as told by the Consortium. Therefore, we will compare the arguments of the Consortium, the Entity, and the Majority Arbitration Tribunal. Additionally, we will analyse the nature of the contract modality, the plain rigidity of the integrated terms, and whether there is any legal mechanism that allows for the preservation of the Contract or if its resolution is proper.

El análisis del expediente con número de registro E-1832 es el objeto principal del presente informe jurídico, en virtud del cual el Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, mediante el cual se declaró fundada la imposición de una penalidad a Compañía Distribuidora S.A. por un monto de $36,000,000.00 (Treinta y seis millones con 00/100 dólares americanos), resolución que objeto de revisión de revisión en el Tribunal Constitucional, a través de un proceso a de agravio constitucional. La importancia del estudio de dicho caso se fundamenta en si bien es cierto que los árbitros tienen potestad para decidir su propia capacidad, lo cierto es que sus decisiones no pueden dejar de estar debidamente motivadas, siendo que los dictámenes que emiten están sujetos a las garantías y principios del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo la sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución, que deriva de la controversia resuelta mediante Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, desconoció los criterios ya trazados, principalmente, en materia de la potestad que tienen los árbitros en el Perú sobre su propia competencia, así como respecto a la procedencia de la revisión de las decisiones suscritas por los árbitros mediante un recurso de amparo. Asimismo, no puede dejar de mencionarse data del año 2009, a casi quince años de dicha decisión, en el arbitraje nacional aún son materia de discusión doctrinal cuestiones como la motivación de los laudos, los requisitos previos al arbitraje, entre otros. En ese sentido, el objetivo de este documento es evaluar: (i) la importancia de la motivación de los laudos; (ii) las cláusulas penales y el abuso del derecho; (iii) el agotamiento de la vía previa, (iv) los requisitos previos al arbitraje y (v) la jurisdiccional arbitral ante el control constitucional. Finalmente, para cumplir con este objetivo se realizará el análisis desde una perspectiva dogmática, apoyándose para ello en el estudio de las leyes pertinentes, la jurisprudencia asociada y la literatura jurídica correspondiente.

El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra realizada por la Entidad y, a su vez, sobre el consentimiento de la liquidación de contrato presentado por el contratista. Para ello corresponde evaluar las liquidaciones de obra presentadas por las partes a fin de determinar cuál de ellas siguió el procedimiento regular establecido en la ley. Cabe señalar que dicho examen se realizará bajo el análisis de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aplicable al caso. Asimismo, corresponde analizar si un hallazgo de contraloría puede generar variaciones en una ampliación de plazo aprobada y consentida y a su vez determinar la competencia del Tribunal Arbitral para tratar el enriquecimiento sin causa frente a la indemnización solicitada por el demandante. / This report analyzes the arbitration case N°122-2010 followed by the consortium Johesa Upaca against the Special Project of National Transportation Infrastructure - PROVIAS NACIONAL, through which the consortium's claim is analyzed in order to determine the irregularity and untimeliness of the resolution approving the liquidation of the construction contract carried out by the Entity and, in turn, on the consent of the contract liquidation presented by the contractor. To this end, it is necessary to evaluate the work settlements submitted by the parties in order to determine which of them followed the regular procedure established by law. It should be noted that this examination will be carried out under the analysis of the State contracting and procurement rules and regulations applicable to the case. Likewise, it is necessary to analyze whether a comptroller's finding can generate variations in an approved and consented extension of time and, in turn, to determine the competence of the Arbitral Tribunal to deal with the unjust enrichment in relation to the compensation requested by the claimant.

El presente trabajo de investigación busca analizar, entender, comprender e interpretar la ley penal en blanco y su relación con el delito de minería ilegal. El método empleado en la presente investigación es el del análisis de documentos, de manera específica la doctrina y jurisprudencia respecto al tema de investigación. Las principales conclusiones del delito de minería ilegal, previsto en el artículo 307° A del Código Penal son: el primer párrafo del delito de minería ilegal es una norma de accesoriedad administrativa de acto, la cual te remite a un acto administrativo para establecer su complementariedad; descartando la posibilidad de la existencia de una ley penal en blanco en este punto; el segundo párrafo del delito de minería ilegal, tampoco es una ley penal en blanco, ya que cuando se hace referencia al estar fuera del proceso de formalización no requiere de una norma extrapenal para determinar el carácter delictuoso del acto, tampoco necesita de un acto administrativo para estar fuera o dentro del proceso de formalización, pues la sola presentación de la declaración de compromiso genera que el imputado se encuentre dentro del proceso y por ende su conducta es atípica; la tercera parte del tipo penal prescribe los delitos culposos de difícil realización. Finalmente, el delito de minería ilegal, previsto en el artículo 307° A, no vulnera el principio de legalidad, ya que el mandato de determinación (Lex certa) es claro. / The present research work seeks to analyze, understand, understand and interpret the blank criminal law and its relationship with the crime of illegal mining. The method used in this research is document analysis, specifically the doctrine and jurisprudence regarding the research topic. The main conclusions of the crime of illegal mining, provided for in article 307° A of the Penal Code are: the first paragraph of the crime of illegal mining is a rule of administrative accessory of the act, which refers you to an administrative act to establish its complementarity ; ruling out the possibility of the existence of a blank criminal law at this point; The second paragraph of the crime of illegal mining is not a blank criminal law either, since when reference is made to being outside the formalization process, it does not require an extra-criminal norm to determine the criminal nature of the act, nor does it need an administrative act. to be outside or inside the formalization process, since the mere presentation of the declaration of commitment causes the accused to be within the process and therefore his behavior is atypical; The third part of the criminal type prescribes culpable crimes that are difficult to carry out. Finally, the crime of illegal mining, provided for in article 307° A, does not violate the principle of legality, since the determination mandate (Lex certa) is clear.

En el presente informe, se analiza si correspondía declarar fundado el recurso planteado en la Casación N° 1464-2021/Apurímac, relativa a un caso donde se atribuye a los encausados el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos por el bloqueo pacífico y breve de una carretera, en el marco de una protesta correspondiente al conflicto socioambiental originado en “Las Bambas”. Para ello, se realiza un análisis desde una perspectiva procesal, penal y constitucional. En primer lugar, se evalúa si se cumplía con los requisitos que establece el Código Procesal Penal para la admisión de un recurso de casación. En segundo lugar, se aborda si la conducta de los sentenciados se enmarcaba en los alcances del delito mencionado (atendiendo a sus elementos típicos y el bien jurídico que tutela), así como si cumplía con las exigencias del principio de lesividad. Finalmente, se evalúa si se vulneró el derecho fundamental a la protesta de los procesados, estableciéndose el estatus jurídico de este derecho en nuestro ordenamiento, su contenido esencial y cómo corresponde proceder cuando, durante su ejercicio, se afectan otros derechos fundamentales; para luego aterrizarse en un análisis del caso concreto. Así, se concluye que la decisión de declarar infundado el recurso fue errada e inconstitucional porque (i) no incluyó un análisis completo de las normas procesales pertinentes; (ii) implicó una vulneración del derecho fundamental a la protesta de los sentenciados y (iii) es producto de una inadecuada interpretación del artículo 283° del Código Penal, que contraviene el principio de lesividad.

El Tribunal Registral concluyó que no corresponde inscribir hipoteca legal, cuando, a pesar de no incluir una cláusula de renuncia expresa en el contrato, las partes han acordado que el saldo del precio está garantizado por una hipoteca convencional. Esto fue en base a un criterio interpretativo de los artículos 1354 y 1099 del Código Civil. Por ello, el presente informe abarca el análisis de dicho pronunciamiento en relación al alcance de las facultades del Tribunal Registral y la necesidad de la cláusula de renuncia expresa a la hipoteca legal. Si bien el Tribunal Registral facilitó la inscripción del acto de compraventa y de la hipoteca convencional, su análisis debió ser riguroso, bajo los límites legales vigentes, unificando criterios en aras de la seguridad jurídica. Esto es debido a que la calificación registral, regulada en el artículo 2011 del Código Civil y el artículo 32 del Reglamento General de Registros Públicos, abarca la legalidad de los documentos, capacidad de los otorgantes, validez del acto, su compatibilidad con el Registro, teniendo en cuenta el carácter inscribible del acto. Además, debe de realizarse dentro del marco de sus competencias contenidas en la Ley 26366. Así, existirá un pronunciamiento bajo una relación concreta y directa de los hechos relevantes del caso, no creando un criterio de interpretación (subjetivo) respecto de artículos contenidos en la normativa peruana vigente. De lo contrario, se generarán pronunciamientos contradictorios que oscurezcan una misma situación que ha sido resuelta de distintas maneras. / The Registry Court concluded that it is not appropriate to register a legal mortgage when, despite not including an express waiver clause in the contract, the parties have agreed that the balance of the price is guaranteed by a conventional mortgage. This was based on an interpretative criterion of articles 1354 and 1099 of the Civil Code. Therefore, the present report covers the analysis of such pronouncement in relation to the scope of the Court's powers and the need for the express waiver clause of the legal mortgage. Although the Registry Court facilitated the registration of the act of sale and purchase and of the conventional mortgage, its analysis should have been rigorous, under the legal limits in force, unifying criteria for the sake of legal certainty. This is due to the fact that the registry qualification, regulated in article 2011 of the Civil Code and article 32 of the General Regulations of Public Registries, covers the legality of the documents, capacity of the grantors, validity of the act, its compatibility with the Registry, taking into account the registrable nature of the act. In addition, it must be carried out within the framework of its competencies contained in the Law of Creation of the National System of Public Registries. Thus, there will be a pronouncement under a concrete and direct relation of the relevant facts of the case, not creating a criterion of interpretation (subjective) with respect to articles contained in the Peruvian regulations in force. Otherwise, contradictory pronouncements will be generated, obscuring the same situation that has been resolved in different ways.

La Resolución N°1145-2022-SUNARP-TR versa sobre la solicitud de levantamiento de gravámenes de la partida de la empresa Seingcorp, trasladados desde una partida matriz como consecuencia de una partición, afectando de este modo no solo a la partida independizada del excopropietario que trabó el embargo –una sociedad conyugal-, sino incluso a la partida de la excopropietaria Seingcorp. Tras la tacha sustantiva, la apelante argumenta que en el título archivado de la adquisición de sus alícuotas se indica que estas recaían sobre la oficina 2001, por lo que las alícuotas afectadas con el gravamen recaían sobre las oficinas 2002, 2003 y 2004 de propiedad de la sociedad conyugal. El Tribunal Registral confirma la tacha señalando que debe aplicarse el precedente aprobado en el Pleno N°17-2006 y que el levantamiento de los gravámenes trasladados solo se puede dar si es que en el acto constitutivo que originó la inscripción del gravamen sobre la alícuota, se haya dejado constancia que ese porcentaje corresponde a una sección o parte física del predio que posteriormente será adjudicada al copropietario gravado. A partir de ello, este informe analizará si corresponde apartarse del precedente como se hizo en otras resoluciones del Tribunal Registral en base a la aplicación del artículo 58 Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y teniendo en cuenta la publicidad del título archivado de adquisición de las alícuotas en donde se indica que estas recaen en partes materiales del predio, concluyendo que este constituye un caso de excepción al precedente y sí procedía el levantamiento de los gravámenes. / Resolution No. 1145-2022-SUNARP-TR deals with the request to lift liens from the Seingcorp company item, registered before the partition and transferred from a parent item, thus affecting not only the independent item of the former co-owner who blocked the embargo – a conjugal partnership – but even to the departure of the former co-owner Seingcorp. After the substantive objection, the appellant argues that the archived title of the acquisition of its rates indicates that these fell on office 2001, so the rates affected by the tax fell on offices 2002, 2003 and 2004 owned by the marital society. The Registry Court confirms the defect, pointing out that the precedent approved in Plenary Session No. 17-2006 must be applied and that the lifting of the transferred liens can only occur if in the constitutive act that originated the registration of the lien on the rate, It has been recorded that this percentage corresponds to a section or physical part of the property that will subsequently be awarded to the encumbered co-owner. From this, this report will analyze whether it is appropriate to deviate from the precedent as was done in other resolutions of the Registry Court based on the application of article 58 Registration Regulation of the Property Registry and taking into account the publicity of the archived title of acquisition of the aliquots where it is indicated that these fall on material parts of the property, concluding that this constitutes a case of exception to the precedent and the lifting of the liens did proceed.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el marco del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, y en específico del Tomo V, “Contratos parte General”; la exhaustiva revisión de los dictámenes, tanto de las diferentes Cortes de Apelaciones, como de los veredictos esgrimidos por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, arrojó un sinnúmero de nuevas consideraciones y criterios en la aplicación de los distintas leyes e instituciones jurídicas. Es tarea de esta memoria estudiar y analizar adecuadamente la evolución de la jurisprudencia en materia de responsabilidad contractual desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta nuestros días, de manera tal que los renovados argumentos esgrimidos por los Tribunales de Justicia orienten precisamente a todos aquellos que ejerzan la práctica jurídica. Para esto hemos dividido el amplio espectro de concepciones relacionados a la responsabilidad contractual en 15 diferentes tópicos, a saber: 1) Teoría de la imprevisión, 2) Responsabilidad profesional, 3) Cláusula exoneratoria de responsabilidad, 4) Riesgo, 5) Resolución, 6) Excepción de contrato no cumplido, 7) Intereses, 8) Intervención de terceros, 9) Culpa, 10) Caso fortuito, 11) Mora, 12) Reajustes, 13) Causalidad, 14) exigibilidad de la obligación y 15) Cúmulo de responsabilidad. Esta labor no es sino la fase final de un arduo proceso investigativo que incluyó, en una primera etapa, una búsqueda y recopilación de sentencias ligadas a los temas globales relacionados al área de contratos y obligaciones; y posteriormente un completo estudio, en la forma de fichas de análisis especializadas, que contiene una relación de los hechos y de la historia procesal de cada caso en particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es analizar el principio de protección del trabajador, directriz fundante del Derecho del Trabajo, cuyo alcance y reconocimiento ha sido cuestionado por una parte de la doctrina y jurisprudencia nacional. Para ello examinaremos teóricamente qué es lo que se entiende por principio del Derecho, además de las numerosas interpretaciones que la doctrina nacional y comparada han dado al respecto. Luego estudiaremos la jurisprudencia laboral que va entre el 2010 y 2015 de los -a nuestro juicio- tribunales más importantes de Chile: Corte Suprema y Tribunal Constitucional. La elección de dicho lustro no es al azar, en el podremos distinguir marcados cambios en la forma de realizar la exegesis, restringiendo o ampliando la aplicabilidad del principio. Terminamos concluyendo que el principio de protección del trabajador, se encuentra garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N° 16, el cual es complementado con la cláusula de apertura del artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, la cual obliga al Estado de Chile, respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, que se encuentren consagrados en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes