El presente trabajo tiene como objetivo analizar el Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante, el “PAS”) seguido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (en adelante, el “OEFA”), en contra de Volcan Compañía Minera S.A.A. (en adelante, “Volcan”), por el incumplimiento de obligaciones en materia ambiental en el desarrollo de las actividades mineras de la Unidad de producción “Cerro de Pasco” (en adelante, la “UP Cerro de Pasco”). El PAS bajo análisis es de relevancia debido a que el manejo ambiental de las actividades extractivas, en particular de las actividades mineras, es uno de los focos principales de cuestionamiento de dichas actividades. El incumplimiento de este tipo de obligaciones puede desencadenar en conflictos sociales. La población puede cuestionar el proceso de fiscalización efectuado por las autoridades competentes (siendo la entidad competente para fiscalizar las actividades mineras de la gran minería el OEFA), considerando que el mismo es insuficiente o inadecuado. Mediante el presente trabajo busco identificar y analizar los problemas jurídicos tratados por el OEFA en las dos instancias que se desarrollaron como parte del PAS materia del presente informe y de esta forma determinar si la entidad fiscalizadora ha realizado una correcta evaluación de las situaciones ocurridas al amparo de las normas jurídicas aplicables y resuelto conforme a lo regulado en estas. Del análisis de los problemas jurídicos identificados, he llegado a concluir que, en mi opinión, la mayoría las conclusiones alcanzadas por el OEFA han sido correctas y se encuentran concordes con el marco normativo vigente al momento de la emisión de su decisión, tanto las esbozadas en la resolución de primera instancia a través de la Resolución Directoral No. 318-2012-OEFA/DFSAI, como en las que fueron finalmente plasmadas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, el “TFA”) mediante la Resolución No. 14-2013-OEFA/TFA, que resolvió el recurso de apelación presentado por Volcan.

El informe jurídico busca examinar la decisión del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Susel Paredes y Gracia Aljovín, quienes solicitaban que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) inscribiera su matrimonio celebrado en el extranjero. Como problema jurídico principal, consideramos que la decisión del Tribunal parece eludir el reconocimiento de un matrimonio no heterosexual, afectando directamente a una relación homosexual. Esto plantea interrogantes acerca de las consecuencias de este razonamiento desde la perspectiva de la igualdad como principio fundamental del orden constitucional peruano. Asimismo, señalamos que el objetivo de la presente investigación es que la noción del matrimonio, no debe excluir a las parejas del mismo sexo, pues habría una protección legal y constitucional que aseguran sus derechos. Además, respaldamos esta postura demostrando que no habría impedimento alguno en la Constitución que señale que el matrimonio tiene como requisito que sea entre un hombre y una mujer. A manera de conclusión, consideramos que resulta relevante reflexionar sobre el impacto de la decisión del Tribunal en relación con la igualdad. La negativa de reconocer el matrimonio de las demandantes, basada en argumentos que parecen eludir la cuestión fundamental de la igualdad en el acceso al matrimonio, se interpreta como una limitación injustificada de sus derechos fundamentales. Este caso subraya la necesidad de revisar y fortalecer el marco normativo para asegurar que el matrimonio igualitario reciba igual protección y reconocimiento legal, acorde con el principio de igualdad y no discriminación como base. El presente informe se fundamentó en la revisión de fuentes doctrinales, el uso de jurisprudencia de países de la región, y el análisis de las diversas normativas que integran nuestro sistema jurídico. / The legal report seeks to examine the Constitutional Court's decision that deemed inadmissible the writ of amparo filed by Susel Paredes and Gracia Aljovín, who sought the registration of their marriage conducted overseas by the National Registry of Identification and Civil Status (RENIEC). A key legal issue we address is that the Court's decision seems to circumvent recognition of non-heterosexual marriage, directly impacting a homosexual relationship. This raises questions about the consequences of such reasoning from the perspective of equality as a fundamental principle of the Peruvian constitutional order. Likewise, we argue that the objective of this investigation is to assert that the notion of marriage should not exclude samesex couples, as they are entitled to legal and constitutional protection of their rights. Furthermore, we support this stance by demonstrating that there is no constitutional impediment stipulating marriage must exclusively be between a man and a woman. As a conclusion, we note that it is imperative to reflect on the impact of the Court's decision regarding equality. The denial of recognition of the petitioners' marriage, based on arguments that seem to evade the fundamental issue of equal access to marriage, is interpreted as an unjustified limitation of their fundamental rights. This case underscores the need to review and strengthen the policy framework to ensure that equal protection and legal recognition are afforded to same-sex marriage, in accordance with the principles of equality and non-discrimination as a basis. This report is grounded in the review of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the exhaustive analysis of the diverse regulations comprising our legal system.

El presente informe jurídico busca determinar si la aplicación de las disposiciones del Decreto de Urgencia N°012-2010 produce una vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica de los titulares de concesiones mineras en el Departamento de Madre Dios con procedimientos de Certificación Ambiental en Trámite. Para tal objetivo, se ha empleado un análisis y cuestionamiento de las disposiciones del referido decreto a la luz de las normas aplicables al caso específico, así como jurisprudencia constitucional y doctrina vinculada al derecho a la seguridad jurídica. A partir de dicho análisis, se pudo identificar la afectación del derecho a la seguridad jurídica desde diferentes aristas, a partir de la aplicación de las disposiciones del decreto de urgencia a los procedimientos de certificación ambiental que ya se encontraban en trámite; específicamente, de la aplicación de la prohibición de uso de dragas y equipos similares, como nuevo requisito para el otorgamiento de dicha certificación. En virtud de ello, dado el rango constitucional del derecho a la seguridad jurídica, corresponde la evaluación de la constitucionalidad de la disposición de la norma cuestionada. Así, tras un test de proporcionalidad, se puede llegar a la conclusión que efectivamente se genera una vulneración a la seguridad jurídica y a la Constitución Política del Perú, puesto que la disposición analizada no llega a superar el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. / This legal report pretends to determine if the application of the provisions of the Urgency Decree N°012-2010 produce a violation of the right to legal security of the owners of mining concessions in the department of Madre de Dios that have environmental procedures on track. In that sense, has been used an analysis and questioning of the provisions of the mentioned decree, in the light of the regulations applicable to this case, as well as the constitutional case law and the legal doctrine linked to the right to legal security. From the said analysis, has been identified different injuries to the legal security, produced by the application of the provisions of the urgency decree to the environmental certification procedures that were already on track; specially, the prohibition of the use of dredgers and similar equipment, as a new requirement to obtain de mentioned certification. Consequently, due to the constitutional rank of the right to legal security, there should be a constitutional evaluation of the disputed urgency decree provision. Therefore, after a test of proportionality, it can be concluded that there has been a violation of the legal security and the Peruvian Constitution, because the analyzed provision cannot overcome the principle of necessity and the principle of proportionality in the strict sense.

El presente informe jurídico tiene como objetivo general analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°00413-2022-PHC/TC, la cual resulta de gran relevancia ya que mediante esta se establecen parámetros y límites a las atribuciones de la policía en la realización del control de identidad, mediante el cual, sin necesidad de un mandato judicial, el policía puede requerir la identificación de una persona con fines de prevención o investigación de un delito. En ese sentido, se analizará de manera crítica la sentencia considerando que, si bien la decisión del máximo intérprete constitucional es acertada en declarar fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez y Katya Karina Vilca Jaramillo; no obstante, el caso plantea cuestiones más amplias que deben ser abordadas, las cuales incluyen el delimitar parámetros objetivos para determinar qué se entiende por “actitud sospechosa”, categoría usada usualmente en las actuaciones u operaciones policiales para justificar su labor en la prevención del delito. Por ello, consideramos que el máximo intérprete de la Constitución ha perdido una valiosa oportunidad de crear criterios jurisprudenciales más sólidos respecto a esta problemática, la cual es común y cotidiana en la práctica. Particularmente, debió haber considerado los parámetros ya delimitados por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. En dicha sentencia, se establecieron criterios respecto a la exigencia de elementos probatorios concretos que fundamenten la actividad del control y prevención policial para el resguardo de la libertad personal. / Constitutional Court in Exp. N°00413-2022-PHC/TC, which is of great relevance, as it establishes parameters and limits to the powers of the police in carrying out identity checks, whereby, without the need for a warrant, the police can request the identification of a person for the purpose of preventing or investigating a crime. In this sense, we will critically analyse the sentence considering that, although the decision of the highest constitutional interpreter is correct in declaring the habeas corpus petition in favour of Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez and Katya Karina Vilca Jaramillo to be well founded; nevertheless, the case raises broader issues that must be addressed, which include the delimitation of objective parameters to determine what is understood by "suspicious attitude", a category usually used in police actions or operations to justify their work in crime prevention. For this reason, we consider that the highest constitutional court has missed a valuable opportunity to create more solid jurisprudential criteria with respect to this problem, which is common and everyday in practice. In particular, it should have considered the parameters already established by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Fernández Prieto and Tumbeiro v. Argentina. In this judgment, criteria have been defined with respect to the requirement of concrete evidence to support the activity of police control and prevention in order to safeguard personal liberty.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código E-2493, en el cual se encuentra en debate la determinación de la legitimidad negocial de SITENTEL, un sindicato conformado por trabajadores de la empresa Telefónica del Perú y de la rama de telecomunicaciones, frente a cuatro empresas que forman parte de la cadena de productividad de la empresa principal, así como si las emplazadas forman parte del ámbito de las telecomunicaciones y por tanto, si es válido entablar una negociación colectiva a nivel de rama con estas. El objeto del presente trabajo pretende demostrar cómo es que la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta finalmente (de una manera evolutiva) la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En tal sentido, podemos afirmar que no sólo el legislador tiene la obligación constitucional de fomento de la negociación colectiva, sino que esta obligación compromete a todo el Estado, incluyendo las instancias administrativas, pues así lo ordena la Constitución también los Tratados Internacionales que el Perú ha ratificado. La investigación es esencialmente bibliográfica, consistente en la revisión de libros, revistas y publicaciones en internet. Para ello, se utilizará como fuentes, opiniones y doctrina de diversos autores, los cuales nos darán una definición de conceptos como legitimidad negocial, representatividad, descentralización productiva y principio de primacía de la realidad. Además, se examinará la normativa peruana laboral, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, específicamente los artículos que conciernen a la negociación colectiva, los niveles y requisitos de legitimidad negocial, así como normativa constitucional e internacional (Convenios de la OIT) y las opiniones de organismos internacionales como la del Comité de Libertad Sindical. Hay que tener en cuenta que tras la Opinión Consultiva 27 2022 de la Corte Interamericana de Justicia, los pronunciamientos de organismos internacionales como el CLS forman parte del corpus iuris internacional que regula este derecho, con lo que sus pronunciamientos se han visto fortalecidos en su esfera aplicativa Asimismo, se usará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar la restricción de la libertad de negociación que anteriormente establecía el artículo 45 de la LRCT y cómo este es declarado inconstitucional por el mismo órgano. Para ello usará la sentencia del expediente N°03561-2009-PA/TC (Caso Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao contra ASPPOR, APAM y ASMARPE).

El presente informe se centra en los aspectos jurídicos clave de la Resolución del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre No 00005-2023-OSINFOR/02.1. El proceso se inició con un PAU en 2010, donde OSINFOR determino la comisión de infracciones por parte de la empresa Maderera Barrios S.R.L. en su concesión forestal, resultando en la declaración de caducidad de dicha concesión. Tras ello, la empresa solicito una apelación en sede administrativa, y a su vez inicio un proceso en sede judicial contra OSINFOR. la Corte Superior de Justicia de Loreto revisó el caso y emitió un pronunciamiento de fondo. TFFS-OSINFOR, que había suspendido su respuesta a la apelación hasta la conclusión del proceso judicial, finalmente emitió un pronunciamiento reconociendo el análisis de fondo realizado por la Corte. El análisis crítico del caso revela tres problemas sustanciales en la Resolución. En primer lugar, se cuestiona el inicio del cómputo de la prescripción de una infracción continuada, destacando la necesidad de definirlo desde la última acción constitutiva para asegurar un control efectivo sobre las actividades extractivas. En segundo lugar, se examina si el colegiado respetó el principio non bis in ídem al no llevar a cabo una prueba de triple identidad. Finalmente, se aborda la naturaleza de la caducidad como una consecuencia del incumplimiento contractual o como una medida sancionadora, debatiendo si debe fundamentarse principalmente en el daño ambiental o ser evaluada desde una perspectiva contractual. / The present report focuses on the key legal aspects of Resolution No 00005-2023- OSINFOR/02.1 from the Forest and Wildlife Tribunal. The process began with an Administrative Sanctioning Procedure (PAU) in 2010, where OSINFOR determined that Maderera Barrios S.R.L. had committed infractions within its forest concession, resulting in the declaration of the concession's expiration. Subsequently, the company appealed administratively and initiated a judicial process against OSINFOR. The Superior Court of Justice of Loreto reviewed the case and issued a substantive ruling. TFFS-OSINFOR, having suspended its response to the appeal pending the conclusion of the judicial process, eventually issued a statement recognizing the substantive analysis conducted by the Court. The critical analysis of the case reveals three significant issues in the Resolution. Firstly, there is a question regarding the start of the prescription period for a continuous infraction, emphasizing the need to define it from the last constitutive action to ensure effective control over extractive activities. Secondly, it examines whether the collegiate body respected the non bis in idem principle by not conducting a triple identity test. Finally, it addresses the nature of expiration as either a consequence of contractual noncompliance or a punitive measure, debating whether it should primarily be based on environmental damage or evaluated from a contractual perspective.

El presente informe jurídico examina la sentencia recaída en el expediente N.º 3563-2019, en la que el Tribunal Constitucional determina la nulidad del despido de una trabajadora como consecuencia de su embarazo. Para ello, el autor examina los instrumentos jurídicos que fundamentan el privilegio de protección especial de las madres trabajadoras, así como la evolución jurisprudencial en esta materia, así como los tratados internacionales de Derechos Humanos y Convenios. En el informe se analiza la resolución señalada, que establece la protección reforzada de este sujeto de derecho, incluso en el caso de contratos a plazo fijo. Para lograr este objetivo, la autora examina los instrumentos jurídicos que sustentan la protección especial a las madres trabajadoras, así como los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia. El propósito del informe es atender consultas sobre el alcance de la estabilidad laboral de las trabajadoras gestantes, el tipo de protección que reciben los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) frente al despido nulo y las restricciones a la reincorporación en los contratos a plazo fijo en el sector público. La protección restitutiva, que comprende la reincorporación efectiva y el pago de las remuneraciones devengadas, es la salvaguarda adecuada frente al despido de una servidora pública en estado de embarazo o lactancia que se encuentre contratada bajo el régimen CAS, según las conclusiones del trabajo. Sin embargo, es importante señalar que el TC no aborda la estabilidad laboral de la trabajadora en el caso específico de la sentencia bajo análisis. Ello debido a que defiere a la discrecionalidad de la entidad pública la determinación del periodo de contratación luego de hacerse efectiva la reincorporación. / In case No. 3563-2019-PA/TC, the Constitutional Court declared the dismissal of a civil servant on the basis of pregnancy to be null and invalid. This ruling established the increased protection of this subject of law, even in the case of impermanent contracts. This report analyzes the ruling. In order to achieve this objective, the author examines the legal instruments that underpin the special protection of working mothers, as well as the international human rights treaties and conventions and the jurisprudential development on this matter. The report aims to address inquiries regarding the extent of labor stability for expectant workers, the nature of protection against unlawful dismissal for workers in the Administrative Contracting of Services regime, and the restrictions of reinstatement in fixed-term contracts in the public sector. With regard to the report's conclusions, it is feasible to assert that restitutive protection, which encompasses the effective reinstatement and payment of accrued remuneration, is the appropriate safeguard against dismissal of a public servant who is pregnant or breastfeeding and employed under the CAS regime. In the specific case of the judgment under analysis, it is observed that the Constitutional Court does not intervene in the worker's labor stability, as it defers to the public entity's discretion in determining the hiring period upon the reinstatement's effective date.

En el presente artículo se busca analizar la pieza publicitaria del producto "Maggi Cubito de Carne de 100g" a partir de la siguiente pregunta: ¿constituye dicha pieza publicitaria un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño? Para responder a esta cuestión, será necesario abordar la siguiente interrogante: ¿debe la frase "Mezcla deshidratada sabor carne", que figura en la parte frontal del producto, ser considerada parte de la publicidad, a pesar de estar incluida en el rotulado registrado ante la Dirección General de Salud Ambiental (“DIGESA”)? Para delimitar el mensaje publicitario, será esencial llevar a cabo un análisis tanto superficial como integral de la publicidad de empaque del producto. Este análisis debe realizarse conforme al artículo 21 del Decreto Legislativo N.º 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal (“LRCD”), con el objetivo de determinar la interpretación que el destinatario (consumidor) tendría de la publicidad sin requerir un análisis exhaustivo ni razonado. Este enfoque debe basarse en la experiencia general de consumo en el mercado de productos saborizantes. De esta forma, se podrá evaluar si la Sala Especializada en Defensa de la Competencia realizó un análisis adecuado de la pieza publicitaria y si esta constituye o no un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño, según lo regulado en el artículo 8 de la LRCD. / This article seeks to analyze the advertising piece of the product "Maggi Cubito de Carne de 100g" based on the following question: does such advertising constitute an act of unfair competition in the form of deception? In order to answer this question, it will be necessary to approach the following question: should the phrase "Meat flavor dehydrated mixture", which appears on the front of the product, be considered part of the advertising, despite being included in the labeling registered before DIGESA? In order to delimit the advertising message, it will be essential to carry out a superficial as well as an integral analysis of the product packaging advertising. This analysis must be carried out in accordance with Article 21 of Legislative Decree No. 1044 - Law for the Repression of Unfair Competition ("LRUC"), with the objective of determining the interpretation that the addressee (consumer) would have of the advertising without requiring an exhaustive and reasoned analysis. This approach should be based on the general consumer experience in the market for flavoring products. In this way, it will be possible to evaluate whether or not the Specialized Antitrust Court conducted an adequate analysis of the advertising piece and whether or not it constitutes an act of unfair competition in the form of deception, as regulated in article 8 of the LRUC.

El informe jurídico aborda la aplicación del silencio administrativo negativo en la emisión de la Resolución Final N° 3390-2023/SPC-INDECOPI por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en ausencia de un pronunciamiento de primera instancia previo. Se evalúa si la mencionada resolución se ajusta al marco normativo vigente del ordenamiento jurídico peruano, con especial atención al Código de Protección y Defensa del Consumidor y al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. El análisis considera el impacto de la figura jurídica del silencio administrativo negativo en el principio de legalidad, que exige que los actos administrativos estén en concordancia con las leyes; y en el derecho a la pluralidad de instancias, que mediante el cual los administrados puedan apelar decisiones ante una instancia superior. Se concluye que la Sala tiene el deber de pronunciarse sobre la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador de iniciativa de parte en materia de consumo. Ello con el objetivo de otorgar seguridad jurídica tanto en la protección de los derechos de los consumidores como de los proveedores frente al uso del silencio administrativo negativo. Adicionalmente, el informe subraya la relevancia de que los proveedores no deben brindar información que como consecuencia induzca a error en la denominación de los productos destinados al consumo de mascotas. Este aspecto es fundamental para salvaguardar la salud de los animales. / The legal report examines the application of negative administrative silence in the Final Resolution No. 3390-2023/SPC-INDECOPI by the Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI, in the absence of a prior first-instance ruling. The report assesses whether the resolution in question complies with the prevailing regulatory framework within the Peruvian legal system, with particular emphasis on the Consumer Protection and Defense Code and the Consolidated Text of Law No. 27444, Law of General Administrative Procedure. The analysis considers the impact of the legal figure of negative administrative silence on the principle of legality, which requires that administrative acts align with the law, and on the right to a plurality of instances, which ensures that administrative decisions can be appealed before a higher authority. It concludes that the Specialized Chamber for Consumer Protection is obligated to issue a ruling regarding the nature of sanctioning administrative procedures initiated by private parties in the realm of consumer protection. This is to ensure legal certainty in both protecting consumer rights and safeguarding providers against the application of negative administrative silence. Additionally, the report underscores the importance of avoiding the provision of misleading information in the labeling of products intended for pet consumption. This aspect is crucial for safeguarding animal health.

El presente informe jurídico analiza la operación realizada por Enel S.P.A. consistente en la adquisición de la totalidad de acciones de Endesa S.A., ejecutada en territorio extranjero, así como los razonamientos realizados por la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia No.1 de INDECOPI para justificar la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por la comisión de una infracción al Artículo 6 de la Ley 26876. Se proporcionará una respuesta frente a los tres problemas jurídicos principales identificados, vinculados a la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración empresarial perfeccionada en territorio extranjero, la determinación correcta de la sanción administrativa impuesta en virtud de los criterios que concretizan el principio de razonabilidad en materia sancionadora, y la correcta adecuación de la actuación administrativa en el presente caso frente a los principios de debido procedimiento y de tipicidad que fundamentan el procedimiento administrativo sancionador. Las conclusiones del análisis establecen la utilidad de la effects doctrine para identificar el elemento que habilita la aplicación de la Ley 26876 frente a una concentración perfeccionada en el extranjero, la fundamentación insuficiente de la cuantía de la sanción establecida en base a los criterios de graduación vigentes, y la adecuación por parte de la Comisión y la Sala a los principios de debido procedimiento y tipicidad. / This report analyzes Enel S.P.A.’s shares acquisition of Endesa S.A. executed in foreign territory, and INDECOPI’s Comisión and Sala de Defensa de la Competencia No.1 reasonings to inititate an administrative sanctioning procedure for the infringement of Article 6 of the Ley 26876. A solution to the three principal legal problems identified will be given regarding the application of Ley 26876 against a foreign economic concentration, the correct establishment of an administrative sanction in virtue of the principle of reasonableness’s criteria, and the adequacy of the actions in the present case in virtue of the administrative due process and principle of typicality. The main conclusions of this analysis establish the usefulness of the effects doctrine regarding the identification of the elements that enable the application of Ley 26876 against an economic concentration perfected abroad, the insufficient substantiation of the quantum of the imposed sanction in virtue of the existing criterias, and the adecuacy of the actions of the Comisión and Sala regarding the administrative due process and principle of typicality.