El presente trabajo ha sido enfocado desde una perspectiva garantista-eficaz que todo proceso penal debe tener por el modelo de Estado Constitucional de Derecho (interpretación conforme a la constitución) que el ordenamiento jurídico peruano ha adoptado. El objetivo de esta investigación ha sido determinar cuál es la justificación constitucional de la figura de la desvinculación en el proceso penal. Para ello, se debe analizar dos cosas: primero, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que se desvincule procesalmente de la pretensión procesal punitiva a un imputado debido a que no se logró acreditar el tipo penal atribuido; y, segundo, si se encuentra justificado constitucionalmente, bajo el argumento fáctico de la no impunidad del hecho ilícito, de la no satisfacción y de la reparación del daño a la víctima, que a una persona imputada pueda atribuírsele una nueva pretensión (alternativa a la primera atribuida por el fiscal) correspondiente a una nueva figura penal del mismo bien jurídico del tipo penal establecido inicialmente. Conforme se vayan leyendo las bases teóricas pertenecientes a los sujetos procesales intervinientes, el lector irá dilucidando que, efectivamente, la figura de la desvinculación en el proceso penal es inconstitucional e incompatible con el postpositivismo. En ese sentido, no existe razón de existencia ni justificación constitucional de la figura de la desvinculación procesal dado que el juez no debe romper la imparcialidad judicial que tanto profesa para recalificar la imputación deficiente del Ministerio Público por una adecuada e idónea. Ello vulneraria tanto aquellos principios constitucionales establecidos en la norma constitucional, así como los derechos y las garantías procesales del imputado. / Trabajo académico

El acto de cancelar la inscripción de una hipoteca derivada de la adjudicación de un inmueble en un remate judicial para satisfacer el crédito de un acreedor embargante desprotege la posición de rango, preferencia y persecutoriedad del que goza un acreedor hipotecario, pues le resta oponibilidad. Cabe señalar que el rango y preferencia de la hipoteca nacen desde su inscripción en registros y no desde el nacimiento de la hipoteca, a razón de que tales derechos se dan en el ámbito de los derechos inscritos. En cambio, al nacimiento de la hipoteca — constituida en escritura pública— se tiene inherente su persecutoriedad que le otorga un carácter real. De ahí, que debe destacarse el carácter persecutorio de la hipoteca desde su constitución y no necesariamente desde su inscripción como si es el caso del embargo judicial. Asimismo, la cancelación de la inscripción antes descrita sitúa al remate judicial en la clasificación de los modos de adquisición de la propiedad originarios cuando la doctrina lo reconoce en el modo derivativo, dado que la hipoteca se sustenta en el crédito otorgado al deudor, titular del bien inmueble hipotecado. En tal sentido, la justificación de la presente investigación se materializa en el hecho de dotar con seguridad jurídica al acreedor hipotecario que no será desposeído de su garantía cuando el mismo esté siendo subastado; así como, al adjudicatario para que su adquisición sea legitima. / Tesis

El presente trabajo parte de la constatación de diversos problemas que se presenta al derecho del contribuyente de poder solicitar un fraccionamiento tributario Art 36° ante la SUNAT cuando existe una falta de capacidad de pago por una deuda tributaria. El objetivo de la tesis es analizar si se están vulnerando aspectos jurídicos de los principios tributarios y administrativos que, son garantías de las que gozan los contribuyentes frente al Estado por requerimientos establecidos en las resoluciones de superintendencia que regulan el fraccionamiento. Asimismo, se analiza los inconvenientes operativos que se presentan al momento de poder acceder al fraccionamiento de forma virtual. La tesis propone mediante una investigación aplicada, soluciones concretas en base al perfil de cada contribuyente además de lo analizado con la legislación comparada de otros países. Además se analiza las mejoras que se han estado realizando ilustrándolo con gráficos estadísticos la evolución de los ingresos antes y durante la reforma del fraccionamiento. La investigación propone explicar el procedimiento tributario del fraccionamiento, en el que se establezcan correctamente requisitos, identifique a cada contribuyente según su cumplimiento de pago y sea eficaz en su atención. Finalmente es poner en evidencia que al existir un equilibrio con los principios tributarios respetando los derechos del contribuyente, éste pueda acceder a pagar su deuda en cuotas mensuales y la Administración pueda también resguardar la recaudación del pago de los impuestos. / Tesis

Con la realización de la presente publicación, nos hemos propuesto tres objetivos. El primero, es contribuir a la comprensión de los pasos evolutivos que ha dado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomando como base el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus decisiones. Nuestro segundo propósito, apunta a colaborar teóricamente con aquellos que tienen la responsabilidad de llevar un asunto ante un órgano internacional de derechos humanos. Por ello, hemos prentendido la identificación de "Postulados", o líneas de pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, queremos colaborar con la difusión de los derechos humanos. La tarea por el respeto y la vigencia de éstos, no estará completa si protección y promoción, no se encaran conjuntamente: protección para reparar las violaciones a los derechos humanos producidas, y promoción para la concientización y práctica de los derechos humanos en el seno de la sociedad. Esta obra, vincula al Derecho Internacional Público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde la perspectiva llevada adelante por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; uno de los tribunales más importantes de protección de los derechos y libertades fundamentales, con que cuenta el Derecho Internacional Contemporáneo.

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Identifica y establece los criterios adoptados por los magistrados al momento de determinar el monto de la reparación civil. La presente investigación versa sobre la institución denominada reparación civil, partiendo básicamente de la forma cómo las Salas Penales con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima vienen fijando los montos por concepto de Reparación civil en las sentencias penales. De esta manera, considera que en una sentencia penal no solo se debe examinar los criterios destinados a determinar la responsabilidad penal, sino analizar los criterios que nos permiten determinar la existencia de una responsabilidad civil, los mismos que se concretizan en el ámbito penal a través de los elementos de la reparación civil: el hecho ilícito, el daño ocasionado, el nexo de causalidad y los factores de atribución; por lo que, luego de realizarse este análisis se debería fijar el monto de reparación civil en atención a los criterios de Responsabilidad civil extracontractual fijados en nuestro Código Civil. / Tesis

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. / Made available in DSpace on 2012-10-17T18:13:48Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / A presente dissertação versa sobre o princípio da proporcionalidade no controle material de constitucionalidade das leis, buscando seu fundamento de validade no Direito Constitucional brasileiro, bem como caracterizá-lo como um princípio orientador das decisões judiciais, capaz de alcançar uma maior racionalidade na fundamentação tanto das decisões judiciais como da dogmática jurídica (ciência do Direito).

El precedente en el ordenamiento colombiano, como principio general en el cual se apoyan los jueces para dictar sus decisiones, tanto en materia constitucional como en materia contencioso administrativa, no es uno solo, corresponde actualmente a dos corrientes, que generan tensión y conflicto, en un permanente «choque de trenes».

La presente investigación se enfoca en el estudio de los pactos prohibitivos de disponer dentro del ámbito contractual y su tratamiento en el Código Civil peruano. Para tal fin, se utiliza una perspectiva plurimetológica que comprende a los métodos exegético, dogmático y funcional, teniendo en consideración, incluso, al Derecho Constitucional y al Análisis Económico del Derecho, así como a la jurisprudencial registral, a una directiva sobre inmovilización de partidas registrales expedida por SUNARP, y a diversos contratos relacionados al tema objeto de estudio. El problema que motiva este trabajo parte de la interpretación que viene realizándose del artículo 882° del Código Civil peruano, que establece la prohibición de estipular pactos prohibitivos de disponer en los contratos. Efectivamente, de la revisión de la doctrina nacional como de la jurisprudencia registral, puede constatarse opiniones y criterios dispares sobre el particular; incluso, en el plano legislativo, existe una propuesta de reforma del artículo acotado que plantea su admisión por un determinado plazo. Sin embargo, en la práctica este tipo de pactos viene siendo utilizado por entidades bancarias y algunas inmobiliarias. En este sentido, se justifica un estudio que aborde esta temática de manera integral y que dé respuesta a las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los alcances de la prohibición contenida en el artículo 882° del Código Civil?, ¿existen diferencias entre los pactos prohibitivos de disponer, las obligaciones negativas disponer y aquellas restricciones pactadas al amparo del artículo 926° del Código Civil?, ¿debería derogarse el artículo 882° del Código Civil o bastaría con una reinterpretación del mismo? Las conclusiones de esta investigación que responden a las cuestiones planteadas son las siguientes: i) el referido artículo 882° es una norma que, en línea de principio, generaría la ineficacia de los pactos prohibitivos de disponer que se estipulen en los contratos, salvo que se cumplan determinados requisitos que se desprenden de una “interpretación conforme” a la Constitución; ii) los pactos prohibitivos de disponer son distintos a los pactos restrictivos de disponer, a las obligaciones negativas de disponer, a los pactos prohibitivos de propiedad y a los pactos restrictivos de propiedad; y, iii) no es necesaria la derogación del artículo 882° acotado para la admisión de los pactos prohibitivos de disponer, pues bastaría únicamente con una reinterpretación del mismo a partir de la Constitución para entender que el principio la libre circulación de los bienes, en tanto norma de orden público, admite excepciones, lo cual es coherente con el régimen económico establecido por la Constitución. / Tesis

En el presente informe nos vamos a centrar en los avances que ha registrado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en el entendimiento de la salud como derecho fundamental y en la delimitación de sus contenidos y exigencias normativas.

Análisis de la calidad jurídica de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que resolvió declarar infundado el recurso de agravio constitucional que había interpuesto la PUCP; se señala el argumento de la sentencia de la mayoría del tribunal como inválido e imposible de ser tomado en cuenta. Además se señala que la determinación de si un acto jurídico privado está sometido a la modalidad de cargo, no es un asunto que compete al Tribunal Constitucional sino a los juzgados ordinarios, que ya tienen conocimiento del proceso respectivo. Del mismo modo, se expone que la  mayoría del Tribunal, por lo dicho, se ha avocado inconstitucionalmente a la resolución de este aspecto del caso por tanto se declara tal opinión como inválida.