Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la vida diaria el cheque se ha transformado en un medio de pago utilizado regularmente.Es más, podríamos aventurarnos a decir que es de los más comúnmente utilizados en la actualidad. Esto es así debido, entre otras características, a la fuerza que otorgan las leyes a este título de crédito. Así es como el cheque, cumplidos ciertos requisitos y/o gestiones puede tener mérito ejecutivo. En otras palabras, si el banco librado rehúsa el pago por alguna de las causales previstas, y se reúnen las demás condiciones para que tenga mérito ejecutivo, podrá exigirse su cumplimiento a través de un juicio ejecutivo, sin perjuicio de las acciones penales a que da lugar. Sin embargo, la ejecución forzada del cheque, en cualquiera de sus fases puede dar lugar a dificultades interpretativas. Esto nos motiva para analizar la jurisprudencia de nuestros tribunales, al menos en el siglo XX y en los inicios del actual. Ello en pos de verificar cuáles son las principales dificultades que se han presentado en estas diligencias y analizar las soluciones que nuestros tribunales superiores de justicia les han dado, contribuyendo así a la formación de criterios uniformes para la aplicación de la normativa en materia de cheques, y por esta vía realizar una aportación concreta a la concreción de la seguridad jurídica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El proyecto de análisis de jurisprudencia, del Departamento de Ciencias Penales, nace a partir de la necesidad de dar una debida actualización y complementación al Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal y sus Leyes Complementarias, en tanto éste constituye una importante herramienta para la interpretación y aplicación de las leyes, siendo de gran utilidad para el ejercicio de la profesión legal y el análisis crítico de las normas. Así, lo que se busca con la revisión de jurisprudencia es una correcta actualización de las discusiones legales que se dan en nuestros tribunales de justicia con el fin de contribuir al debate legal y enriquecer las controversias que ocurren en sede judicial. Con ello, se tiene una visión amplia del devenir jurídico en el siglo XXI, considerando aquellas controversias de importancia en cuanto a la trascendencia de la sanción, el efecto de las modificaciones legales sufridas por un gran número de artículos del Código Penal, así como la aplicación práctica de una serie de normas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Sentencias emanadas de la Corte Suprema contenidas en los Libros de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema de Agosto y Octubre de 2005, y de Sentencias Laborales de la Corte Suprema de Abril y Mayo de 2006. Total de documentos analizados: 335

En el presente artículo, el autor desarrolla y cuestiona el tratamiento jurisprudencial de los derechos fundamentales en escenarios de tensión social y política. Para ello, expone casos emblemáticos en los que el tribunal Constitucional o la Corte suprema han fallado, al parecer, influenciados por el escenario político. Finaliza haciendo una breve reflexión sobre el poder y cómo este puede terminar dirigiendo el curso de los derechos fundamentales. In this paper, the author explores and then questions the jurisprudential treatment of fundamental rights when social and political tension arises. Then, he explores some examples in which the TC or the CS have ruled, seemingly, influenced by the political scenario. Finally, the author makes a brief reflection on power and how it can conclude driving the path fundamental rights follow.

Orientador : Octavio Ianni / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-07-18T23:16:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cortizo_MariaDelCarmen_M.pdf: 4691059 bytes, checksum: b6c975fa54f9dda3f4947b6c00c76417 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Sociologia

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por finalidad entregar un casebook para facilitar el estudio de las obligaciones de medios y resultados. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de las decisiones de los tribunales de justicia del país en el período 2000-2018 y se sistematizaron las mismas para elegir seis casos que fueron desarrollados con mayor profundidad a lo largo del trabajo. Se concluyó que (i) la jurisprudencia reciente acoge la distinción de las obligaciones de medio y resultados de manera expresa y de manera conteste; (ii), las Cortes aceptan la distinción en el contenido de ambas obligaciones, al diferenciar entre aquellas obligaciones donde se asegura un resultado determinado y donde un resultado no se encuentra asegurado, sino el deudor se encuentra obligado a poner a disposición su conocimiento y destreza para que por medio de un actuar diligente se intente arribar a dicho resultado; (iii) los Tribunales no suelen justificar normativamente la recepción de la clasificación de obligaciones de medio y resultados; (iv) En relación con los criterios que permiten determinar si estamos frente a una obligación de medios o resultados, la jurisprudencia le entrega un alto valor a la voluntad de las partes; (v) La carga de la prueba no tiene una postura clara al respecto en la jurisprudencia en los juicios de responsabilidad civil

Los grupos de empresas constituyen una realidad empresarial que se ha consolidado como una de las figuras jurídicas que conforman el fenómeno de concentración empresarial, cuyo auge ha ido incrementándose hasta la actualidad. Esta forma de organización empresarial se caracteriza por estar conformada por diversos sujetos jurídicos, formalmente independientes y revestidos de personalidad jurídica propia que, no obstante, actúan bajo una dirección económica común. Pues bien, pese a que se trata de un fenómeno cotidiano en nuestros días, la legislación peruana no ha previsto una norma especial que regule a los grupos de empresas en todos sus aspectos; en efecto, si bien se cuenta con normas sectoriales que los regulan de acuerdo con su naturaleza, en materia laboral opera una laguna jurídica. Precisamente, debido a la ausencia normativa antes expuesta, la jurisprudencia ha tomado un rol protagónico en lo que respecta a la solución de controversias que se presentan en el marco de este fenómeno empresarial. En virtud de lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como punto de partida la laguna jurídica existente respecto a los grupos de empresas en el Derecho del Trabajo peruano (ámbito individual y colectivo). En adición, se aspira abordar los principales problemas jurídicos advertidos de índole individual y colectivo en el marco de los grupos de empresas; así como efectuar una sana crítica sobre los fallos judiciales que abordan estos últimos. Ello, con el propósito genuino de brindar una solución pragmática ─y esperamos acertada─ que pueda ser bien recibida por nuestros operadores de justicia. / Groups of companies constitute a business reality that has been consolidated as one of the legal figures that make up the phenomenon of business concentration, whose boom has been increasing until today. This form of business organization is characterized by being made up of various legal subjects, formally independent and covered with their own legal personality that, however, act under a common economic direction. Even though it is a daily phenomenon in our days, Peruvian legislation has not provided for a special law that regulates groups of companies in all their aspects; indeed, although there are sectoral rules that regulate them according to their nature, in labor matters there is a legal gap. Precisely, due to the absence of regulations described above, jurisprudence has taken a leading role in the resolution of disputes that arise within the framework of this business phenomenon. By virtue of the above, the present research work has as its starting point the existing legal gap with respect to groups of companies in Peruvian Labor Law (individual and collective scope). In addition, the aim is to address the main legal problems identified as individuals and collectives in the context of group of companies; as well as to make a healthy criticism of the judicial decisions issued. This, with the genuine purpose of providing a pragmatic solution –and we hope wise– that can be well received by our justice operators.

Uno de los debates en el mundo del arbitraje es si el laudo arbitral debe ser controlado judicialmente por cada Estado nacional o, por el contrario, el Estado no debe ejercer control alguno sobre la autonomía de la voluntad empleada para pactar un arbitraje que escape del control estatal. El control judicial sobre el laudo se ejerce en muchos lugares del mundo, también en el Perú por supuesto. Ha sido previsto legislativamente desde las anteriores Leyes de Arbitraje y sigue estando regulado en la actual ley, de manera conforme con tendencias internacionales. Pero, ¿cuál debe ser el objeto del control, con particular referencia a la motivación del laudo? Este es el problema central que aborda la presente investigación.

La presente investigación gira entorno a la Resolución Nº 152-2018-OEFA/TFASMEPIM, resolución de segunda instancia emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA en donde se resuelve confirmar la imputación de responsabilidad administrativa y la medida correctiva impuesta a la empresa Compañía Minera Colquirrumi S.A. por haber incumplido con los Límites Máximos Permisibles de efluentes mineros y con lo establecido en su Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, en cuanto no logró neutralizar dichos efluentes. En este informe se analiza la fundamentación que realiza el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) del OEFA respecto del incumplimiento de compromisos del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de la empresa en mención y su relación con la medida correctiva impuesta. El TFA al argumentar cuál sería la medida que aseguraría la reparación del ambiente de la zona en la que se realizó la actividad minera, no realizó un adecuado razonamiento respecto de cuál sería la medida idónea que logre el objetivo de protección ambiental. Como consecuencia del análisis realizado a la resolución materia de este informe, se concluye que todas las medidas administrativas, en especial, las correctivas que impone el OEFA deben estar relacionadas con las obligaciones y/o compromisos señalados en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros de Colquirrumi. En ese sentido, el tema de discusión en el presente trabajo es la crítica que se realiza a los fundamentos que utiliza el TFA al confirmar lo resuelto por el órgano de primera instancia. / This investigation revolves around Resolution No. 152-2018-OEFA/TFASMEPIM, second instance resolution issued by the OEFA Environmental Control Court where it is resolved to confirm the imputation of administrative responsibility and the corrective measure imposed on the company. Colquirrumi S.A. Mining Company for having failed to comply not only with the Maximum Permissible Limits of mining effluents in sectors 4 and 8, but also with the provisions of its Mining Environmental Liabilities Closure Plan, since it failed to neutralize said effluents in the same sectors. This report analyzes the justification made by the OEFA Inspection Court regarding the breach of commitments of the Closure Plan of the company in question and its relationship with the corrective measure imposed, finding that when arguing about what would be the measure that would ensure the repair of the environment of the area in which the mining activity was carried out, an adequate reasoning was not carried out as to what would be the ideal measure, since this should be a specific one that achieves the objective of environmental protection. As a result of the analysis of the resolution that is the subject of this report, it is concluded that all the administrative measures, especially the corrective measures imposed by the OEFA must be related to the obligations and/or commitments indicated in the Colquirrumi Mine Environmental Liability Closure Plan. In this sense, the subject of discussion in this paper is the criticism of the grounds used by the TFA when confirming the decision of the first instance body.