El presente documento tiene por objeto exponer y analizar los problemas jurídicos advertidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema contra la ciudadana Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, quien apeló ante el supremo interprete de la constitución porque consideró afectado su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en su variante del Debido Proceso. De ahí la trascendencia de la sentencia del expediente n.º 00728-2008-PHC/TC, que pese a haber sido emitida hace poco más de catorce años sigue vigente, pues la jurisprudencia actual producida por la judicatura y la fiscalía evidencia que los magistrados al momento de resolver sus casos incurren en deficiencias argumentativas y expositivas, lo que produce un alto rechazo social, erosionando la confianza ciudadana en sus operadores jurisdiccionales, lo que precisamente fue advertido por los tribunos del TC. En ese sentido, este trabajo busca profundizar y explicar con detalle los principales temas penales y constitucionales discutidos en el dictamen, destacando los problemas advertidos como la debida motivación de las sentencias judiciales, el estándar probatorio, la rehabilitación del condenado, el análisis de la prueba indiciaria, la presunción de inocencia e in dubio pro reo, entre otros. Así pues, la sentencia en cuestión resulta una fuente valiosa y actual de cómo debe resolverse una litis, pues muestra el derrotero que debe seguir el operador jurídico para no incurrir en vicios de constitucionalidad que afecten los derechos fundamentales de las partes sometidas a juicio y anulan las decisiones

El presente Informe Jurídico contiene la formulación y el análisis de diferentes problemas jurídicos suscitados como consecuencia de la Resolución 1197- 2014-SPC. La mencionada resolución trata del procedimiento administrativo sancionador en materia de Discriminación en el Consumo, iniciado tanto de oficio como de parte por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, y Godfrey Arbulú Grippa, respectivamente; denunciando a la empresa Gothic Entertainment S.A. – Discoteca Gótica. El motivo de la denuncia es que -presuntamente- la Discoteca Gótica intentó disuadir a Godfrey Arbulú Grippa de ingresar al local sin que exista causas objetivas y justificadas para ello, como aumentarle el precio de la entrada y ponerle trabas para que termine desistiendo, debido a su condición de transgénero. Luego de haber realizado una descripción de los hechos, un análisis de tanto los problemas principales como secundarios, se concluye que sí hubo vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en materia de discriminación, además de estar en desacuerdo con la sanción impuesta. Finalmente, se brindan algunas recomendaciones en relación con las conclusiones a las que se han llegado. / The following Legal Report contains the formulation and analysis of different legal problems arising as a consequence of Resolution 1197-2014-SPC. The aforementioned resolution covers the administrative sanctioning procedure regarding Discrimination in Consumption, initiated both ex officio and as a party by the Technical Secretariat of the Consumer Protection Commission, and Godfrey Arbulú Grippa, respectively; denouncing the company Gothic Entertainment S.A. - Discoteca Gótica. The reason for the complaint is that - allegedly - Gothic Discotheque tried to dissuade Godfrey Arbulú Grippa from entering the establishment without the existence of objective and justified causes for it, such as increasing the price of the admission fee and making it difficult for him to desist, due to his transgender condition. After having made a description of the facts, an analysis of both the main and secondary problems, it is concluded that there was a violation of the Code of Consumer Protection and Defense, in terms of discrimination, in addition to disagreeing with the sanction imposed. Finally, some recommendations are provided in relation to the reached conclusions.

El presente informe tiene como objetivo exponer y analizar cuestiones relevantes en materia de protección consumidor contenidas en la Resolución 2188-2011/SC2- INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Como se podrá observar en el contenido del documento, dicho pronunciamiento justifica su trascendencia al poseer dos (2) niveles de análisis: uno de carácter procedimental, relacionado con la evaluación de la calidad de consumidor para microempresarios; y, otro de fondo, relacionado con la valoración fáctica del caso para establecer si existió o no una infracción al deber de información en el marco de la prestación de un servicio de publicidad mediante avisos. Con relación al aspecto procedimental se valorará la pertinencia del criterio adoptado por la segunda instancia administrativa del Indecopi para determinar cuándo un microempresario se encuentra en una situación de asimetría informativa, situación que embarga un debate jurídico incidental hasta nuestros días. Asimismo, respecto al deber de información se verificará si las condiciones esenciales del servicio ofrecido fueron trasladadas de forma clara y oportuna, para así poder estar en condiciones de adoptar una postura favorable o en contra de la decisión emitida en el pronunciamiento materia de evaluación.

El presente Informe Jurídico abordará el tema de la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, a raíz de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si cabía la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronunciara acerca del problema de fondo en su Sentencia (más allá de los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió), que es la interpretación de este “mecanismo de control institucional”, teniendo en consideración el contexto político y social en el cual se encontraba el país en noviembre de 2020; un período de conflicto institucional bastante álgido y complejo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de una crisis política y sanitaria. Y si fuera así -que el Tribunal se hubiera encontrado en el deber de interpretar la Permanente Incapacidad Moral- cómo es que debería haber resuelto el presente caso. En ese sentido, a través del crítico análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del problema principal y de los problemas secundarios, se llegó a concluir que nos encontramos ante una figura de características sumamente complejas y abstractas en demasía. No solo por la amplia tipificación del Art. 113.2 de la Constitución Política del Perú, que da salida a una interpretación subjetiva del parlamentario, sino también por el sistema presidencial atenuado en el que nos encontramos. Del mismo modo, se concluirán posibles lineamientos que el Tribunal debió tomar en cuenta para resolver el caso. / This Legal Report will address the issue of the Presidential Vacancy due to the Permanent Moral Incapacity, as a result of the Judgment issued by the Plenary of the Constitutional Court No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether it was possible for the Plenary of the Constitutional Court to rule on the substantive problem in its Judgment (beyond the singular votes that each of the magistrates issued), which is the interpretation of this "institutional control mechanism", taking into account the political and social context in which the country found itself in November 2020; a period of quite acute and complex institutional conflict between the Executive and Legislative powers, within a political and health crisis. And if that were the case - that the Court had found itself in the duty of interpreting the Permanent Moral Incapacity - how is it that it should have resolved the present case. In this sense, through the critical normative, doctrinal and jurisprudential analysis of the main problem and the secondary problems, it was concluded that we are facing a figure with extremely complex and excessively abstract characteristics. Not only because of the broad classification of Art. 113.2 of the Political Constitution of Peru, which gives a way to a subjective interpretation of the parliamentarian, but also because of the attenuated presidential system in which we find ourselves. In the same way, possible guidelines that the Court should have taken into account to resolve the case will be concluded.

El caso Víctor Taype Zúñiga contra Silvia Gastulo Chávez, Jueza del Quinto Juzgado Transitorio Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., es un expediente de acción de amparo cuya pretensión es la reposición del trabajador despedido y la suspensión del proceso laboral ordinario donde se dilucidaba su reposición por nulidad de despido, contenido en el Expediente 11889-98 por vulneración al derecho a tener un proceso laboral en un plazo razonable. Luego de ser desestimada por los jueces constitucionales ad quo, el Tribunal Constitucional en última instancia declara fundada la acción de amparo concediendo la reposición del trabajador Víctor Taype por vulneración a la libertad sindical y al fuero sindical, además de determinar la violación al derecho fundamental de toda persona a tener un proceso judicial resuelto en un plazo razonable, reprochando la demora del juzgado laboral. Este informe pretende analizar el contenido esencial del derecho a tener un proceso en un plazo razonable, y su interconexión con otros derechos sustantivos en materia laboral, como es el derecho al trabajo, el derecho de libertad sindical y el derecho de fuero sindical. Para ello, se realiza un análisis dogmático basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, la doctrina sobre fuero sindical, libertad sindical y la teoría de los derechos laborales inespecíficos, como también, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los Tratados de Derechos Humanos que desarrollan los derechos humanos laborales. Se concluye que el derecho a tener un proceso en un plazo razonable en materia laboral debe ceñirse a un control de convencionalidad, y de igual forma, debe atender al carácter tuitivo del derecho laboral.

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar los razonamientos del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al caso del desdoblamiento de las legislaturas ordinarias por parte del Congreso de la República. La disolución del parlamento por parte del ex presidente Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo 165-2019-PCM en septiembre del año 2019, trajo como consecuencia la elección de un nuevo Congreso, destinado a completar el período parlamentario 2016 – 2021. Cuando éste estaba por culminar, en junio del año 2021, el Congreso introdujo, mediante Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, una modificación a la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso, creando una cuarta legislatura ordinaria, con el objetivo de aprobar, en segunda votación, proyectos de leyes de reforma constitucional, de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 206 de la Constitución. La Resolución Legislativa fue cuestionada en un proceso de acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e inconstitucionales la Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, así como, por consecuencia, las tres leyes de reforma constitucional aprobadas durante la cuarta legislatura ordinaria irregular, argumentando que el Congreso había cumplido tan solo en las apariencias con los requisitos que la Constitución exige para su reforma en el artículo 206. / The purpose of this paper is to expose and analyze the reasoning of the Constitutional Court in the ruling on the case of the division of ordinary legislatures by the Congress of the Republic. The dissolution of parliament by former President Martín Vizcarra through Supreme Decree 165-2019-PCM in September 2019, resulted in the election of a new Congress, intended to complete the 2016-2021 parliamentary period. When it was about to end, in June 2021, Congress introduced, through Legislative Resolution 021-2020-2021-CR, a modification to the third transitory provision of the Regulations of Congress, creating a fourth ordinary legislature, with the objective of approving, in second vote, constitutional reform bills, in accordance with the requirements established in article 206 of the Constitution. The Legislative Resolution was questioned in an unconstitutionality action process. The Constitutional Court declared the lawsuit founded and Legislative Resolution 021-2020-2021-CR unconstitutional, as well as, consequently, the three constitutional reform laws approved during the irregular fourth ordinary legislature, arguing that Congress had complied only in the appearances with the requirements that the Constitution demands for its reform in article 206.

En el presente trabajo se estudia la ausencia de uniformidad en la deducción de los gastos por parte del Tribunal Fiscal, por lo que por medio del estudio de las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema nos da indicios para sostener la necesidad de tener un criterio que dé seguridad a los administrados. Así, se analiza un caso que evidencia la inexistencia de uniformidad en la aplicación del principio de causalidad frente a un caso de gastos de mantenimiento y mejoramiento de carreteras. Así, busca reconocer la causalidad como un concepto amplio y que frente a la ausencia de una postura uniforme del Tribunal Fiscal determine si es correcto mantener dicha contradicción. / This study's further examination of the disparities between the Tax Court's deduction of taxes and tax laws upheld by the Constitutional Court and Supreme Courts underscores the overwelming need for well-defined criteria of expenses for cooperations in order to improve public relations.

El presente expediente sobre terminación laboral por causas objetivas aborda dos temas principales que son desarrollados a lo largo del procedimiento: el ámbito administrativo y, por lo tanto, procedimental, así como el ámbito laboral. Para empezar, la empresa minera Doe Run Perú (en adelante “La empresa DRP”), hacia el año 2003, inició el referido procedimiento sobre terminación laboral debido a la baja de la producción de metales por la baja de precios que ofrecía el mercado debido a la producción en masa de China. Por lo que, se vieron obligados a iniciar el referido procedimiento con la finalidad de evitar una inminente quiebra. Es el caso que, desde el inicio del referido procedimiento, la empresa DRP encontró diversos obstáculos procedimentales en la conducción del procedimiento, obteniendo resoluciones que no conllevaban a la emisión de resoluciones emitidas conforme a derecho. Por lo que en el presente informe jurídico se abordarán las deficiencias procedimentales, es decir, los vicios en los que la Administración incurrió en cada resolución emitida desde el inicio del procedimiento hasta el análisis de cada recurso impugnatorio interpuesto por la empresa DRP debido a la inobservancia de la normativa por parte de la administración. Por último, se emitirán opiniones jurídicas respecto a las resoluciones emitidas de acuerdo con la normativa empleada, en el ámbito administrativo y laboral, para finalmente concluir en la validez de los actos administrativos emitidos por la Autoridad Administrativa durante el procedimiento iniciado por la empresa Doe Run Perú.

El problema principal se enmarca en la errónea interpretación de la Corte Suprema del Perú en el caso de trata de personas, Recurso de Nulidad N° 2349-2014, en donde valoró que no se configuraba tal delito por la falta de probanza de la finalidad de explotación sexual o laboral. Para emitir nuestras críticas nos basaremos en el tipo penal, Protocolo de Palermo, Convención de los Derechos del Niño; con la finalidad de sostener que sí existieron elementos suficientes para probar la finalidad de explotación sexual en el caso, por lo que sí se configuraría el delito de trata de personas. Finalmente, incorporaremos una crítica desde el enfoque de género, para vislumbrar la reproducción de estereotipos de género en la sentencia. / The main problem is framed in the erroneous interpretation of the Supreme Court of Peru in the case of trafficking in persons, Nullity Appeal No. 2349-2014, where it assessed that such a crime was not configured due to the lack of evidence of the purpose of sexual or labor exploitation. To issue our criticism we will base ourselves on the criminal type, Palermo Protocol, Convention on the Rights of the Child; with the purpose of maintaining that there were sufficient elements to prove the purpose of sexual exploitation in the case, for which the crime of human trafficking would be configured. Finally, we will incorporate a critique from the gender perspective, to glimpse the reproduction of gender stereotypes in the sentence.

El presente Informe Jurídico versa en torno a una de las sentencias más relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano: la sentencia 142-2011-AA/TC, también conocida como el caso Minera María Julia. La sentencia estableció los tres únicos posibles casos de procedencia del amparo contra laudo arbitral, definiendo que, para los demás casos, el medio idóneo era el recurso de anulación de laudo. El presente informe analiza lo establecido por el Tribunal Constitucional considerando la naturaleza tanto del recurso de anulación de laudo como de la acción de amparo arbitral. Para ello, se realiza un análisis del recurso de anulación de laudo, observando si se trata de un recurso o de un proceso autónomo. De igual manera, se analiza cuánta capacidad real tiene el recurso de anulación de laudo para proteger derechos fundamentales en reemplazo de la acción de amparo. Posteriormente, se revisa la naturaleza de la acción de amparo, determinando la necesidad de mantener su carácter de urgencia y de proceso residual. Finalmente, se observa el conflicto que surge al querer determinar cómo armonizar el correcto uso del recurso de anulación de laudo con la necesidad de mantener al proceso de amparo como una vía residual, concluyéndose que debe añadirse un criterio adicional. / This Legal Report deals with one of the most relevant judgments issued by the Peruvian Constitutional Court: Judgment 142-2011-AA/TC, also known as the Minera María Julia case. The judgment established the only three possible cases in which an amparo action against an arbitration award could be granted, defining that, for the other cases, the appropriate remedy was the appeal for annulment of the award. This report analyzes the Constitutional Court's ruling, considering the nature of both the appeal for annulment of the award and the amparo action. To this end, an analysis is made of the appeal for annulment of the award, noting whether it is an appeal/recourse or an autonomous process. Likewise, an analysis is made of the real capacity of the appeal for annulment of the award to protect fundamental rights in replacement of the amparo action. Subsequently, the nature of the amparo action is reviewed, determining the need to maintain its character of urgency and residual process. Finally, the conflict that arises when trying to determine how to harmonize the correct use of the appeal for annulment of the award with the need to maintain the amparo process as a residual remedy is observed, concluding that an additional criterion must be added.